Nota
La barbarie de la civilización: Lorena Cañuqueo

La activista y antropóloga mapuche repasa las raíces históricas del enfrentamiento permanente del Estado argentino con su pueblo y puntualiza por qué se perpetúan la persecución y el hostigamiento. La relación entre racismo y extractivismo. La desigualdad social y económica como trasfondo. La especulación inmobiliaria y política. El poder fascista que se teje en la zona de Bariloche. Y una pregunta: ¿a quién le sirve el “conflicto mapuche”? Por Francisco Pandolfi.
De fondo, el lago Nahuel Huapi, azul, imponente. Lo rodea un turismo que no para en ningún momento del año; edificios lujosos; hoteles ostentosos. A trescientos metros de ese espejo de agua bellísimo que atraviesa Río Negro y Neuquén, se levanta, bien escondido, el Centro Mapuche Bariloche. Allí están encerradas como presas políticas cuatro mujeres mapuche, luego de la represión y desalojo del 4 de octubre pasado a la Lof Lafken Winkul Mapu, ejecutado por obra y gracia del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación, tras la orden de allanamiento de la jueza subrogante Silvana Domínguez, del Juzgado Federal de Bariloche.
¿Qué hay de fondo, además de ese paisaje cautivante, en aquel violento desalojo y en la actual prisión domiciliaria? A orillas del Nahuel Huapi, y luego de haber visitado a Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan Nahuel, procesadas por el delito de “usurpación por despojo”, charla con MU Lorena Cañuqueo, activista mapuche, docente, licenciada en Comunicación Social y doctoranda en Antropología, para intentar deshilvanar los porqués, los quiénes y los cómos de un hostigamiento histórico y permanente.
(EX)TRACCIÓN A SANGRE
«No se puede entender la densidad de los conflictos territoriales sin focalizar en el modelo extractivista”, arranca, como un primer eje a desarrollar. “Desde hace mucho tiempo viene instalándose este sistema; acá, antes había experiencias como la industria forestal, la inmobiliaria, que en esta región siempre fueron súper importantes para el sostenimiento del neoliberalismo. A partir de los noventa se profundiza la extranjerización de la tierra, y eso se conjuga con que hoy en el marco global se demandan recursos que están en la Patagonia: agua, aire, tierras que no están pobladas y minerales”.
Lorena es miembro de la Lof Mariano Epulef, del paraje Anecón Chico, Río Negro, emplazado a 120 kilómetros al este de San Carlos de Bariloche. “En la zona de mi comunidad hay proyectos de extracción de oro, uranio, plata; como en otras regiones de la meseta también las hay de litio. Y como sucede en Catamarca, San Juan, en tantas otras provincias de la Argentina y en América Latina.
El extractivismo sin el racismo, sin la estigmatización de las poblaciones que se oponen a ese modelo, no es viable”.
Ahí, la también integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina verbaliza otro eje insoslayable: el racismo. “Acá somos los mapuche, pero en otras regiones son otros pueblos indígenas, los campesinos, los ambientalistas, los colectivos que sufren la sanción del poder y que se construyen así como enemigos de la modernidad, del desarrollo; es un cuento repetido. Así como el extractivismo significa la profundización de un modelo neoliberal, también se profundizan las tensiones sociales. O sea, es necesario reforzar el estigma de las poblaciones para que se genere mayor polarización”.
Agrega: “La sociedad en Bariloche siempre fue muy racista. Tiene un modelo local imaginario muy arraigado a la civilización y la barbarie, y a la selección bien fina de qué tipo de migrantes se busca, replicando el modelo hegemónico nacional. Acá el chileno es la peor mierda que hay. Es el migrante menos deseado, porque el deseable responde al ideal europeo civilizado. El modelo extractivista refuerza las desigualdades y también profundiza esos modelos que ya existen. Porque no es de ahora la idea de que el indio es extranjero, peligroso, terrorista; tiene un arraigo histórico. Desde la colonización a esta parte nos moldearon de una manera: hay indígenas y no indígenas, con lo que se potencian las arbitrarias condiciones de identidad que se les asignan a los grupos. Cierra la idea: “Que somos indios salvajes, violentos, atrasados es un discurso re viejo, que hoy se reactiva porque tiene arraigo en el sentido común social, ahora reforzado por el encasillamiento de indio flojo, vago, borracho. Una descripción cercana más a la barbarie que a la civilización, que viene a horadar los cimientos de la Nación. Entonces, para mí lo que está sucediendo con la comunidad Lafken Winkul Mapu condensa todo este escenario, porque en ese territorio hay proyectos inmobiliarios muy grandes”.
TIERRA, AVIONES Y EL GOLF
Las hectáreas desalojadas del territorio ancestral –que habían sido recuperadas por la comunidad en noviembre de 2017, en medio del asesinato de Rafael Nahuel– son alrededor de 30. Lorena compara: “Cualquier persona que transite por Bariloche ve la cantidad de emprendimientos inmobiliarios que hay, uno tras otro, a los cuales ni la clase media argentina puede acceder, porque es económicamente imposible. Sin embargo, los únicos cuestionados somos los indios”.
Profundiza: “Hay un sistema desigual en términos de la distribución de la tierra, que refuerzan los modelos económicos que vienen de larga data. Testaferros, magnates como Joe Lewis que son la cara visible de corporaciones muchísimo más grandes que exceden la imaginación de cualquiera sobre el capital, que mueven en el mundo, y que tienen incidencia política dentro de los gobiernos latinoamericanos. Además, hay un modelo de Estado que en sus discursos habla del cuidado del ambiente y en la práctica no es así”.
La Lof desalojada está dentro del territorio enmarcado como Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyo intendente, Horacio Paradela, aún no accedió al pedido de entrevista realizado por MU en noviembre pasado. Lorena sí prefiere hablar: “Nos venden que están preservando el medioambiente a través de los Parques Nacionales cuando vemos a diario la cantidad de emprendimientos turísticos que dentro de los Parques violan permanentemente cualquier tipo de preservación, porque extraen material, talan bosques, contaminan el lago, no tienen un cuidado armonioso con la naturaleza. El bosque nativo está lleno de hosterías, hoteles, cuartos privados, helipuertos, miles de hectáreas en manos extranjeras donde en áreas de frontera no debería suceder… pero después los extranjeros somos nosotros. Los que venimos a degradar la soberanía somos nosotros, no las corporaciones ni las sociedades anónimas. Acá hay gente que viene de sus países de origen a pasar algunas horas una vez al año, y hay comunidades que fueron desplazadas de esos lugares para que pudieran hacerse campos de golf”.
Para ejemplo, un caso testigo: “Mientras estaban desalojando la comunidad, llegó un mega avión con el emir de Qatar, que tiene tierras en la naciente del río Chubut, cuando las nacientes de agua son del pueblo argentino, según rige en la Constitución Nacional. Pero lo cierto es que si querés entrar a la naciente, no podés. Entonces, ¿la soberanía la violan los mapuche?”
Lorena está sentada sobre la arena, repleta de piedritas. Delante, el esplendoroso Nahuel Huapi. Detrás, un edificio. Se da vuelta, lo señala y parece hablarle: “Este mega edificio no son módulos habitacionales, sino turísticos. Hace seis años había familias campesinas que habían venido a Bariloche buscando otra oportunidad económica de vida y andá a saber dónde fueron a parar tras ser desalojadas. Esto pasa todo el tiempo y nadie lo desnaturaliza. Un caso similar es la comunidad Lafken Winkul Mapu, formada por gente que se fue de Bariloche y que era la clase, ni siquiera proletaria, sino de lumpenaje para la visión de la sociedad moderna. Fueron a recuperar la tierra y resulta que esa comunidad es la violenta… ¿Y todo este modelo en que se cimienta el turismo patagónico? Por eso no se pueden buscar las explicaciones de lo que está sucediendo con la comunidad solamente en las condiciones coyunturales del presente; hay que buscarlas en términos históricos y dentro de lógicas globales”.
PLAN TRANSNACIONAL
El Pueblo Mapuche es uno solo, tanto en Gulumapu (Chile) como en Puelmapu (Argentina). A todo el territorio ancestral preexistente a ambas naciones se lo denomina Wall Mapu. Al hablar de lo global, Lorena suma complejidad a la situación. Y hace una ligazón indispensable: “A Rafa (Nahuel) lo matan en noviembre de 2017, y en septiembre había venido a Bariloche el subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy, quien coordinaba el permanente estado de excepción que hay en la región de la Araucanía. Allí está nuestra gente luchando contra las forestales, la industria maderera extractivista que es terrible, como la soja en Argentina. Es una máquina de chupar hasta lo más ínfimo que tiene un árbol y destrozarlo en mil partes para vender. Ese tipo se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a los muy poquitos días se publicó el informe RAM, que era un chiste, un recorte arbitrario donde se muestran hechos sin demostrar autoría; una payasada. Lo mismo que pasaba en Chile, lo hicieron acá en 2017 y ahora lo volvieron a hacer: armaron fuerzas de seguridad especiales para intervenir, hostigar, violentar a un grupo de gente desarmada que estaba huyendo cerro arriba; inflaron un conflicto e inventaron una imagen, un imaginario, lo mismo que en la Araucanía.
Lamentablemente, la comunidad está siendo utilizada para crear ese imaginario, el encapuchado peligroso, el terrorista, sin ningún elemento contundente”.
Las relaciones no terminan ahí. La organización Consenso Bariloche, constituida por empresarios del poder concentrado, con fuertes vínculos en Juntos por el Cambio y en el gobierno de Río Negro, viene fomentando un clima antimapuche. “En la Araucanía hay un referente que se colocaba en lugar de la víctima del ‘conflicto mapuche’, y eso mismo están haciendo acá, con el empresario Diego Frutos, cercano al PRO. Se trata de la versión bizarra de una película que ya se contó en otro lugar. Este modelo no lo inventó el servicio de inteligencia argentino ni tampoco el chileno; se creó con los pueblos indígenas de Colombia y Ecuador, se importó hacia la Araucanía y ahora lo están llevando a cabo en la Patagonia. Se ve bien cómo funciona en el imaginario social la construcción del enemigo interno a la Nación, un enemigo que además tiene rasgos indígenas. Ese vocero de la Araucanía, que se presenta como víctima del conflicto mapuche, representa un conglomerado de empresarios madereros, que se articularon como empresarios víctimas. Y que no solamente consiguen que haya un estado de militarización permanente en la región, sino que logran que se les bajen los cánones de exportación, que haya ciertas garantías que otros empresarios no tienen; o sea, un montón de beneficios que van ligados a ese mote de víctima a cambio de una serie de cosas. Es un negocio redondo. Entonces, es importante pensar: ¿a quiénes les sirve el conflicto mapuche? Si mataron por la espalda a un pibe de 22 años (Rafael Nahuel) que estaba en un proceso de recuperación de tierras; y al poco tiempo matan a otro pibe jovencito (Elías Garay) y hieren a su compañero (Gonzalo Cabrera) en otro proceso de recuperación; si nosotros tenemos dos muertos y un intento de asesinato, ¿a quién le beneficia ‘el conflicto mapuche’? Si ahora tenemos gente que anda escapando de la represión de las fuerzas federales de seguridad y no podemos acceder al rewe, ¿a quién le beneficia el ‘conflicto mapuche’? Cada vez que se activa la idea del fantasma del terrorismo mapuche, de la violencia y qué sé yo cuánto, nosotros vemos retroceder nuestros derechos. Entonces insisto con esta pregunta: ¿a quién le sirve el ‘conflicto mapuche’? A nosotros, seguro que no.
INSUMOS INDÍGENAS
Además del empresariado, ¿quiénes son los accionistas de ese “negocio redondo”? ¿Quiénes son los cómplices, por acción u omisión? Lorena amplía el mapa: “Se alimenta de una maquinaria de propaganda muy importante. Sin los medios de comunicación hegemónicos esto no funcionaría, son parte esencial. El Grupo Clarín tiene sus articuladores locales, como Bariloche 2000 y El cordillerano, que son los diarios que leen mis vecinas. También tiene Canal 6, que es el único de aire que hay acá. Ellos son los responsables de la construcción de una imagen, de la cara tapada, vestido con ropa oscura como símbolo del extremismo mapuche. Es la misma imagen que utilizan en Chile, es la misma imagen que utilizaron en Colombia; ni siquiera renuevan el vestuario”.
¿Qué otros actores son insoslayables?
Si esta serie de emprendimientos inmobiliarios se sigue haciendo, así como la persecución a nuestro pueblo, es porque hay leyes que les aseguran la impunidad. Hay un Estado que no solo no devuelve las tierras que nos robaron, sino ni siquiera la pequeña parte que estamos demandando, y que calan en lo más hondo de la espiritualidad mapuche, que es un pueblo que se está re armando, que viene de un proceso de genocidio. ¿La respuesta son balas? ¿En serio? ¿Balas en vez de una política de reparación a largo plazo? Es grave lo que está pasando y la decisión política debe estar enmarcada dentro de la retórica de memoria, verdad y justicia que a este país tanto le costó conseguir. Muchas de esas personas víctimas del terrorismo de Estado están en el poder ahora, tienen lugares de decisión. No estamos pidiendo que se entienda una historia ilegible, incomprensible. No. Acá hay suficiente proceso de movilización política, social y de plasmar en políticas reales el proceso de reparación de la dictadura que pueden servir como insumos para asimilar las demandas indígenas.
¿Qué se reclama con el lema Memoria, Verdad y Justicia?
Se pide la reparación al genocidio de los indígenas y políticas concretas como la restitución del rewe (altar donde la Machi, autoridad ancestral mapuche, puede ver enfermedades y tratarlas). Reconocer que hubo un genocidio no solo sirve para que la historia no se repita, sino porque hay consecuencias y efectos bien concretos. Ese genocidio no incide solo para los pueblos originarios, sino para el conjunto de la sociedad, porque nadie acá se puede comprar un lote de tierra si no tenés un ingreso exorbitante en dólares. Entonces, parte de la desigualdad estructural del genocidio tiene que ver con quién puede y quién no acceder a la tierra que nos robaron a nosotros.
En cuanto a la decisión política, Lorena Cañuqueo describe un laberinto que parece no tener salida: “A la decisión política no puede acceder cualquiera; sus marcos son sumamente elitistas y eso tiene un origen. No hay que olvidar que la Conquista del Desierto no solamente significó la anexión de la Patagonia a lo que todavía no era Estado argentino, sino que creó un modelo económico profundamente extractivista. Y cuando se quiso hacer una reforma al impuesto sojero este país colapsó por impulso de la Sociedad Rural. Cada vez que la sociedad argentina se cuestiona los modelos, se les saltan los tapones a los dueños reales del país”.
¿Cuál creés que es el rol del Pueblo Mapuche, en este contexto y pensando a futuro?
Seguir tensionando a partir de nuestra sola existencia y la enunciación del proceso histórico, visibilizando los orígenes de una sociedad profundamente desigual. Porque si la gente común empieza a entender que hay condiciones estructurales de su vida cotidiana, falta de acceso a derechos que tienen relación directa con el despojo a los pueblos indígenas, ya está: ahí se jodió al actual modelo y podremos vivir mejor.
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El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
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Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
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