A tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la movilización que reclamó justicia fue dedicada a las víctimas de los tres sismos que azotaron a México durante septiembre. Los familiares de los estudiantes apuntaron las cuatro pistas de investigación que están estancadas. Y remarcaron la hipótesis de la desaparición vinculada a la cuestión narco. Quién busca a los 43, por Eliana Gilet desde Ciudad de México.
Fotos de Ernesto Álvarez
En la marcha que conmemoró los tres años de la desaparición forzada de los normalistas, las consignas se mezclaban. Además de las organizaciones de izquierda y estudiantiles que acompañan al comité de padres de los 43 desde hace tiempo, se sumaron personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre y gente solidaria que colaboró en la extenuante semana que pasó.

El comité de padres de los 43 decidió que “donaría” esta acción global (que es como se llama a la convocatoria que lanzan el 26 de cada mes, a movilizarse en todo rincón del mundo que se desee) para las víctimas de los tres sismos que han asolado la República mexicana durante septiembre: el 7, el 19 y el sábado 23, que terminó por destruir lo que quedaba en pie en el sur del país, en Oaxaca sobre todo, en la región del Istmo de Tehuantepec.
La marcha fue en silencio desde el Ángel de la Independencia hasta el llamado Anti-monumento, que es un “+43” grandote, que desde abril de 2015 ocupa el cruce de las avenidas Bucareli y Reforma. Cuando la cabecera de la marcha llegó a ese punto, un grito resonó desde el estrado:
-“¡Porque vivos se los llevaron!”.
-“¡Vivos los queremos!” – respondió la multitud.

Las pistas

Cristina Bautista Salvador, la madre de Benjamín Asencio Bautista uno de los normalistas que continúan desaparecido, tomó el micrófono y dijo unas palabras en su lengua originaria. Agradeció a los presentes, «porque si se han logrado avances, ha sido por la lucha de los padres y del pueblo de México», dijo. Y siguió: “El gobierno no protege nuestros derechos, nuestras tierras, nuestra agua, y es importante para nosotros defenderlos, porque es luchar por la vida de nuestros hijos. Este caso no puede quedar en la impunidad, aunque el gobierno apueste al paso del tiempo y a nuestro cansancio.”
Cristina Bautista dijo que el gobierno los pone contra la pared estancando las líneas de investigación del caso, que son cuatro:
– La participación del Ejército, que también estuvo presente en Iguala la noche en que se llevaron a los normalistas. Ningún militar ha declarado en la causa y se sabe, indicó Cristina Bautista, que ellos tomaron fotos, videos y elaboraron documentos sobre su accionar, que no han aparecido aún. El Ejército manejó además el C4 esa noche, que es el centro de video vigilancia, que monitoreó todo el tiempo los movimientos de los estudiantes, lo que descarta una versión inicial que decía que los atacaron por confundirlos con sicarios de una banda de narcos llamada “Los Rojos”.
– El rol de la policía de Huitzuco, que es una localidad vecina a Iguala, en donde un testigo señaló que al menos 25 de los estudiantes fueron llevados, luego de su secuestro en el centro de Iguala. Vale recordar que fueron los policías los que se llevaron a los estudiantes. En un momento, se señaló sólo a la corporación policial de Iguala, pero luego se supo también que participaron agentes de Huitzuco, de Cocula, policías federales, soldados del 27 batallón de infantería de Iguala, policía militar y del servicio de inteligencia, según demostró el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que trabajó hasta abril de 2016 en el caso, enviados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

– La pista de los teléfonos celulares de los estudiantes, que fueron utilizados después del 26 de setiembre de 2014. En la primera versión que dio el Estado mexicano sobre los normalistas, que fue falseada por el GIEI y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dijo que todos los pibes y sus pertenencias habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Esa versión ya se descartó ampliamente, un año atrás.
– El motivo de la agresión hacia los estudiantes que fue planteada por el GIEI, que tiene que ver con el trasiego clandestino de droga en camiones de pasajeros, siguiendo una ruta que nace en Iguala y termina en Chicago, Estados Unidos.

Qué se sabe

Para entender este punto, hay que repasar los hechos: un grupo de más de cien normalistas estaban tomando colectivos de transporte, sobre la ruta, para trasladar a sus compañeros a la Ciudad de México el 2 de octubre, día en que se conmemora la masacre de 1968. Esto es algo que los normalistas hacen desde hace décadas y está tan extendido y aceptado que las empresas de transporte indican a sus choferes que se queden viviendo en la Normal mientras los jóvenes usan el transporte. Son los mismos chóferes de las empresas los que los manejan. Eventualmente los devuelven, liberándolos en una estación de transporte y toman otras unidades cuando precisan y así. No usan armas, no usan la fuerza. Suben, se presentan y se los llevan.
El 26 de Setiembre de 2014, un grupo de jóvenes hizo esto, pero el chofer les dijo que le permitieran llevar al pasaje que traía hasta Iguala. Los normalistas aceptaron. En vez de dejarlos sobre la ruta, antes de ingresar a la ciudad, el chofer los metió en la terminal de autobuses de Iguala. Los estudiantes pensaron que era buena idea llevarse una de las unidades que estaba estacionada en la terminal y así hicieron. El ataque policial comenzó una vez que salieron de la terminal: acabó con 43 estudiantes desaparecidos (los que entran sentados en un ómnibus de estos); y otros seis ejecutados extrajudicialmente: tres estudiantes de Ayotzinapa y tres personas (entre ellas, un menor de edad) que se encontraron azarosamente en medio de las varias balaceras de la policía, además de al menos 40 heridos, uno de ellos es un estudiante que sigue en estado vegetativo tras recibir una bala en la cabeza en la primera emboscada policial.

La hipótesis narco

Según la hipótesis de los expertos internacionales para explicar por qué tanto exceso y coordinación represiva, los estudiantes habrían interferido, sin saberlo, en un sistema de distribución  – protegido institucionalmente – de cocaína y heroína, que las saca de Iguala y las lleva a Estados Unidos.
De las 129 personas que han sido detenidas por el caso Ayotzinapa, ninguna está acusada por el delito de desaparición forzada. Se les acusa de “secuestro”, una figura penal que convenientemente deja de lado la responsabilidad del Estado mexicano en lo sucedido, a pesar de que buena parte de los detenidos también eran policías en actividad.  “La procuraduría se niega a corregir las irregularidades en su investigación. El Estado no profundiza ni dilucida estas 4 líneas, que son el último reducto de esperanza que tenemos. No hay resultados concretos porque ellos se han negado a avanzar”, dijo Cristina Bautista al terminar la marcha. “El gobierno mantiene un pacto de impunidad que ha hecho desangrar más la herida causada por la desaparición”
Todo cambió en México el 26 de setiembre de 2014. No hay un colectivo de familiares, o madre de un desaparecido que no diga que fue a partir de Ayotzinapa, y la búsqueda de esos 43 padres, que decidieron que ya no esperarían más para buscar a los suyos. La misma lección pareció replicar en las calles desde el sismo. Las familias, los vecinos y la gente solidaria tuvieron que movilizarse para impedir que las búsquedas de sobrevivientes se detengan, hasta que no concluyan de manera exhaustiva.
«Vivos o muertos no somos desechos», decían las pancartas con las que se manifestaron las familias de un edificio sobre la Avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, el domingo 24 por la noche, para exigir que continúen las tareas de búsqueda.
Si la gente no busca y reclama por los suyos, el Estado no lo hará.
Y eso fue algo que Ayotzinapa les enseñó.