Además del secuestro a la docente Corina de Bonis, las y los docentes sufrieron al menos otras diez amenazas. Cómo fueron. De dónde se sospecha que vienen. Cuál fue la reacción del gobierno provincial. Y cómo sigue la organización, entre ollas populares y acompañamientos pedagógicos para que no se pierda el año. POR EZEQUIEL SCHER
Luján no sabía que el infierno puede existir los viernes a la tarde. Salió de una reunión a eso de las 18.30, llegaba a su casa y vio que del portón sobresalía un papel. El último mes había sido un sacudón imposible: luego de años de denuncias, una escuela finalmente había explotado por un escape de gas y habían muerto Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. El relato de quien encontró el cuerpo de la vicedirectora en el patio de su casa, a más de treinta metros de la escuela 49, después de haber volado por el aire, le rompió la cabeza hasta al más apolítico. La comunidad iba a asambleas y a marchas y a lo que fuera. Desde el 2 de agosto del dolor, las escuelas estaban cerradas: con escapes de gas, con cielo rasos en riesgo, con paredes electrificadas o con pozos ciegos rebalsados, no se abrían. Luján, entonces, miró la entrada de su casa y supo que la perversidad no había terminado: “Seguí jodiendo en las Asambleas de papis. Sabemos dónde vivís”.
El sábado fue a la fiscalía de Moreno y le caratularon la denuncia como “amenaza agravada”. Tenía miedo. Pidió custodia y le pusieron un policía en la puerta de la casa.
Sentía que ahí no se terminaba y exigió que cuidaran su escuela. Al lunes siguiente, cuando salía de la Rosario Vera Peñaloza, la 38, su lugar de trabajo, vio a un señor sacándole fotos con un celular desde enfrente. Tuvo más miedo. Pero no le pasó a ella sola. Al menos otras diez denuncias más están radicadas en la fiscalía número 5 de Moreno.
Un docente del Profesorado José Hernández manejaba, llegó a la esquina y se le cruzó un transeúnte. Bajó la ventanilla para pedirle que prestara atención, el otro se acercó y le dijo su nombre, sus horarios y que se dejara de joder.
En el jardín 906, dejaron un cartel que decía: “Métanse la continuidad pedagógica en el culo y cuidencen. Veso” (SIC).
Por el jardín 925, una camioneta sin patente se detuvo y le sacó fotos a un encuentro docente.
La escuela secundaria Nº36 -construida por familias de la zona- se hizo llamas durante una madrugada. Se incendiaron la preceptoría, la biblioteca y un salón. No hubo heridos, pero se perdieron documentos, boletines y legajos.
Para apretar a un docente llamaron a la casa de su expareja y lo amenazaron.
Jóvenes militantes llegaban a una manifestación por Sandra y Rubén, la policía los frenó, pidió documentos, uno no tenía y lo hicieron ponerse contra la pared.
“Moreno no puede ser tierra liberada”, pidió Mariana Cattaneo, de SUTEBA, en un acto en la Plaza Fuentealba, bajo el Acceso Oeste.
Difícil.
El infierno tampoco es sólo de los viernes a la tarde y la realidad anda tan sin piedad que, el 26 de septiembre, entraron a robar a la escuela 47, la escuela donde trabaja Mabel, la compañera de Rubén.

¿Quién amenaza?

Del 2 al 12 de agosto, no bajaron comida. El Estado se paralizó después de las muertes de Sandra y de Rubén. María Eugenia Vidal y Gabriel Sánchez Zinny, gobernadora y director de Cultura y de Educación en la Provincia de Buenos Aires, pidieron respeto para las víctimas y deslizaron el discurso de que los docentes “hacen política” con estos eventos. El gasista que había revisado el día anterior a la explosión en las instalaciones de la escuela Nicolás Avellaneda estuvo detenido unos días y después quedó en libertad. Sebastián Nassif, interventor del Consejo Escolar de Moreno, renunció. Las escuelas se inhabilitaron. Pero no dejaron de cumplir sus funciones básicas: es que en el oeste del oeste si las escuelas no dan de comer, las niñas y niños no morfan.
Entonces, las ollas populares.
Las amenazas empezaron apenas empezaron a hacer las comidas comunitarias. Sobre las veredas se hacían pirámides de fideos. Como los comedores están dentro de las escuelas y éstas no están en condiciones, las familias se llevaban su parte en platos o bandejitas. Al día siguiente del secuestro de Corina -la maestra a la que subieron a un auto, le pusieron una bolsa en la cabeza y le escribieron con un punzón en la panza “Ollas no”-, ese fue el sector apuntado por las voces del gobierno provincial: los comedores y los punteros políticos.
Más osados, algunos instalaron versiones relacionadas con el narcotráfico. Un testigo de identidad reservada declaró en la causa que las empresas proveedoras de alimentos podían estar vinculadas a las amenazas. La fiscalía que conduce Emiliano Buscaglia le pidió al gobierno provincial que le entregara los nombres de esas entidades: Blue catering, O.A.C y Komaku Catering. Aunque esa es una sola de las hipótesis que circulan.
Luego de que apareciera una pintada contra las tomas, con el mismo trazo que se usa en la política de San Miguel, se sembró la sospecha contra algunas referencias partidarias de otras municipalidades. Un histórico dirigente apunta a San Miguel por su tradición fascista: desde la gestión de Aldo Rico al elogio público del intendente Joaquín de la Torre a Martínez de Hoz. A la gestión de Cambiemos se la responsabiliza por no (no) proteger las calles. Es decir: por la inseguridad. Lo mismo se le exige a Walter Festa, intendente peronista de Moreno. Las culpas van y vienen a un y otro lado de las fronteras partidarias: la voluntad política es la de no quedar pegados.
Por el incendio de la escuela 36, el 28 de septiembre se entregó un joven en La Plata, asumiendo haber sido quien prendió fuego el establecimiento. Su testimonio fue extraño: aseguró haber entrado a buscar golosinas y, como no encontró, volvió llamas un cartón.
El reclamo de las y los docentes es que la Justicia ponga a disposición toda su tecnología para encontrar a las y los responsables. Muchas calles tienen cámaras de seguridad y las llamadas telefónicas debieran ser rastreables. Lo más extraño de eso fue lo que declaró mediáticamente Julio Conte Grand, Procurador de la Provincia de Buenos Aires: “Algunos datos del testimonio de Corina no coinciden con las imágenes que tenemos”. Esa declaración, enmarcada en una entrevista donde se hablaba de otras causas, fue la más divulgada periodísticamente por los medios comerciales en una historia con, al menos, otras diez denuncias. Aunque eso no debiera ser algo fiable. Jocosamente, desde la Dirección de Educación la Provincia, aseguran que Jorge Lanata dice al aire lo que ellos quieren o los entrevistan con las preguntas que ellos desean.
“Lo más importante es que la Justicia investigue lo que pasó con Corina y con el resto de las amenazas”, pide Cecilia Pustlinik, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA Moreno. Llegó a su cargo para poder hacer memoria y trabajar contra el olvido de lo que fue la última dictadura. La realidad le cambió la perspectiva: ahora acompaña a cada víctima a hacer las denuncias a la policía. Ella, como otras quince personas entrevistadas por MU vinculadas con ésta causa -del gobierno, de la Justicia, del sindicato, de las familias- no logran entender de dónde vienen tantos agravios. Mucho menos logran entender cómo desde el 2 de agosto en adelante la vida se les volvió un infierno.
“Lo que tiene que quedar en claro es que esto lo hace un grupo de tareas. Hacen inteligencia. Han demostrado que tienen información sobre cómo son nuestros movimientos y así han actuado. Eso preocupa mucho porque pensamos que era un capítulo de la historia argentina que estaba terminado”, sintetiza Cattaneo.

Cálculos combinados

Un niño se acerca con una hoja cuadriculada y unos cálculos combinados resueltos. Marcela Corvalán, maestra de sexto grado de la escuela 49, le pregunta si le salieron bien. Dice que casi todos, pero que con uno no pudo. Sobre la vereda de la Asociación Cristiana que usan mientras reconstruyen el edificio explotado, revisan juntos la resta que no funcionó. Eso se llama acompañamiento pedagógico. Cada semana, dejan las tareas en la fotocopiadora de la esquina. El plan busca que no olviden lo aprendido. Funciona desde el 2 de agosto, la última vez que hubo clases.
El espanto está tan empeñado que a una maestra de la escuela 36 -la que se incendió- la encerró una moto cuando estaba llegando al acompañamiento pedagógico. Le quisieron robar. Ella se resistió. Le tiraron con una pistola de balines y terminó hospitalizada. Aún así, el plan sigue.
Hay un sólo establecimiento educativo que funciona normalmente en Moreno. Es el jardín 960. Por ser el último construido, todas las partes aceptaron su habilitación. El 3 de agosto, en el cementerio donde enterraron a Sandra y a Rubén, Roberto Baradel, Secretario de SUTEBA, dijo que las escuelas no se abrían hasta que no estuvieran en condiciones. La comunidad educativa tomó el Consejo Escolar, hizo un acampe en el medio de la avenida Victorica y desde ahí resistió. Hasta que el 18 de septiembre la gobernadora aceptó que se conformara el Comité de Crisis.
“Hay que hacerle marca personal a los funcionarios”, dio como consigna Cattaneo. Familiares de Rubén, estudiantes de terciarios, miembros del sindicato, madres, padres, maestras y maestros y representantes del gobierno se reúnen para seguir de cerca las promesas: 240 obras, 140 que ejecuta la Provincia de Buenos Aires y 100 la intendencia de Moreno. La presión de parte del Estado por abrir las escuelas es muy alta. Vidal sigue las reuniones de ocho horas desde un teléfono. Forma parte de la negociación con voceros de por medio. No lo hace sin presionar. Sumado a la inflación y a que decretó la paritaria docente con un aumento apenas de 19%, en estos meses sin clase ha retenido más de dos mil pesos de cada salario como sanción por las medidas tomadas.
El riesgo de que se pierda el año es muy alto. Recién comenzaron a abrirse algunas escuelas de los distritos vecinos. La muerte de Sandra y de Rubén se abrió como un antes y un después. Las y los docentes y las familias decidieron plantarse para que, de una vez por todas, esas escuelas estén en condiciones. Aunque fue un sacudón, el gobierno no se modificó demasiado tras el contexto: Sánchez Zinny sobrevive en su cargo. Parece no sufrir el impacto de que 70 mil jóvenes no puedan educarse y de que una escuela cargue para siempre con dos muertes.
El Morenazo. Así le dice la jerga popular a este movimiento de maestras y maestros que dijo basta. Las madres y los padres también son la clave para que se sostenga. Dan legitimidad. Participan de las actividades constantemente: desde las maratones de lectura, hasta las charlas abiertas de filosofía, pasando por las marchas y hasta por las ollas populares. “Podrían haber llovido pibitos por todo Moreno. Imaginate, en serio, lo que hubiera sido si la explosión del 2 de agosto pasaba veinte minutos más tarde. Yo lo pienso y me da miedo. Cómo no vamos a reclamar. Yo no quiero que pierda el año, pero menos quiero perderlo”, cuenta un padre, soñando que, ojalá, de una vez por todas, lo peor haya pasado.