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El poncho no se negocia: 12 detenidos en Catamarca por denunciar la entrega a las mineras

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En la última Fiesta Nacional e Internacional del Poncho catamarqueña detuvieron e imputaron a doce personas por mostrar una bandera que decía “El poncho no se negocia. No a la megaminería” durante el discurso de la gobernadora Lucía Corpacci. Los policías a cargo les dijeron que se trataba de una “orden política”. Los detenidos son integrantes del grupo Yaguar Mayu, -que articula acciones en la Capital con las asambleas mineras del interior de la provincia, como Andalgalá o Belén-, a quienes acusaron de “alterar el orden público” y “manifestarse sin previo aviso”, según dos artículos del Código Contravencional provincial.

El poncho no se negocia: 12 detenidos en Catamarca por denunciar la entrega a las mineras

Foto: Fabián González / Diario El Esquiú


Poncho vendido
Este año, la tradicional fiesta, que ya lleva 43 ediciones, tuvo una fuerte carga minera:
• Las jornadas tuvieron lugar en el Espacio Catamarca Minera, construido con fondos de las empresas que explotan la provincia e inaugurado el año pasado
• Como parte de la propuesta cultural se instaló una muestra fotográfica sobre “la minería antigua”, denominada Andalgalá de Ayer, que mostraba de manera positiva actividades mineras pasadas en esa localidad, que tiene una de las asambleas ambientales más fuertes a nivel nacional.
• Se generó un espacio didáctico destinado a los chicos para que “ellos mismos pudieran conocer la minería desde el dibujo, un rompecabezas y coloreando maquinarias”, según informa sobre el evento la página www.massmininig.com.ar.
• También se colocaron dos simuladores de máquinas pesadas “para que la vente pudiera conocer el manejo de esta nueva tecnología en la minería”.
• Rumores indican que, además, la fiesta amagó a llamarse este año directamente “Poncho Minero”.
Poncho minero
Desde hace 43 años que en Catamarca se celebra la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que reúne a artistas regionales, nacionales y extranjeros, fundamentalmente músicos. En teoría, el festival tiene un fuerte anclaje en la cultura regional, ofreciendo los escenarios a artistas del interior. La mezcla del poncho con la minería parecer ser la nueva cara de la provincia norteña. Este año el festival inauguró el 12 de julio, con la gobernadora Corpacci a la cabeza, el espacio Catamarca Minera, construido y sostenido con los fondos de las empresas que explotan en la provincia, firmas de servicios, proveedoras y – según confiesan- “algunas que están explorando”. Además, entre los artistas, se programaron una serie de jornadas bajo el lema “Catamarca minera” que incluyeron exposiciones y charlas sobre “las fortalezas y desafíos de la minería argentina”, las acciones del “plan social minero” o sobre la “policía minera”, a cargo de “especialistas”. Estos espacios fueron organizados por el gobierno de Catamarca y representados por la Secretaría de Minería y el Ministerio de Producción. “En el mismo se muestra el potencial geológico-minero que cuenta la provincia, los emprendimientos productivos mineros en marcha y se informa sobre distintos aspectos”, dicen en la convocatoria. La detención En este marco, la gobernadora Lucía Corpacci dio el discurso de inauguración.
Agustina Machado, integrante del colectivo Yawar Mayu, calcula que en ese momento había unas 500 personas. Ella y una veintena de compañeros tenían preparado una intervención pacífica que constaba de:
• Repartir volantes informativos sobre los daños de la actividad minera.
• Una bandera de 6 metros por 2 que decía: “El poncho no se negocia. No a la megaminería”.
Pareció suficiente para los policías que ya los miraban atentos, porque los conocían. “El año pasado también habíamos sacado unos carteles sobre la actividad minera, y en ese momento vimos cómo un policía nos sacó una foto. Nos ubican y hasta nos conocen por apodos”, relata Machado. Esta vez no hubo fotos: hubo aprietes y empujones. “Se nos acercaron policías uniformados y de civil y empezaron a amenazar a los compañeros; nos vimos obligados a bajar la bandera. Nos corrieron a empujones, nos pusieron sobre un costado, y mucha gente empezó a aplaudir y a gritar por qué dejaban las banderas de los partidos políticos y no la nuestra”. Gracias a ese apoyo, Agustina y los suyos volvieron a desplegar la bandera – esta vez sobre un costado- por unos 30 minutos más. Cuando terminó el discurso, la gente se fue dispersando.
Machado: “Teníamos organizado que nos íbamos a reencontrar en una carpa, pero resulta que a un grupo de compañeros los retuvieron y a cuatro los golpearon”. Las víctimas fueron Irina Castro, Mariana Heredia, Aníbal y Facundo Nuñez. Estos fueron los primeros detenidos. “Otros compañeros, cuando se estaban yendo, fueron agarrados, les quisieron sacar la bandera y meterlos en un móvil”, relata.
La Fiesta del Poncho ya había terminado. Agustina iba hacia a la entrada: “Cuando estábamos caminando para irnos se acercó la policía nos pidieron documentos. Yo y dos personas más no teníamos, y nos dijeron que nos iban a demorar y nos llevaron a la sección de policía del festival”. Ahí se acercó otro grupo de compañeros a ver qué pasaba: en total terminaron 12 personas detenidas, trasladadas a la comisaría 3° y dos de ellas a la comisaría de mujeres de Catamarca capital.
Manifestación con previo aviso
Antes de quedar incomunicada, Agustina alcanzó a mandar un mensaje que alertó a amigos y familiares, que llegaron enseguida a la comisaría 3°; se juntaron más de 20 personas que exigían la libertad de los detenidos, que salieron dos horas después, cerca de las diez y media de la noche, una vez labradas las actas contravencionales por dos insólitos artículos del código provincial que dicen:
• Art. 70. b) El que anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes, provocare alarma en lugar público o abierto al público, de modo que pueda llevar a la población intranquilidad o temor, siempre que el hecho no constituya delito.
• Art. 74. – Los que omitiendo dar aviso previo y fehaciente con una antelación de 24 hs. a la autoridad policial, promovieren la realización de reuniones, asambleas fuera de recintos privados y/ o manifestaciones en la vía pública ocasionando perturbaciones al orden público, serán sancionados con arresto de quince (15) días corridos o instrucciones especiales.
Dentro de la comisaría los policías los trataron “bien”. “Ni sabían porque nos habían detenido”, cuenta Machado. Y relata que explicitaron lo que se lee entre líneas en esta historia: “Nos dijeron: esto es una orden política”.
La bandera quedó como prueba del delito. En serio.
En defensa del poncho
“Es triste ver cómo la minería se apodera de una fiesta cultural icónica para nuestra provincia, y se nos reprima por manifestarnos”, se lamenta Machado. Y explica por qué los detenidos, justamente, defienden el poncho: “La actividad minera imposibilita el desarrollo de la actividad agrícola, la actividad ganadera, que es la historia del poncho”. La provincia fue cambiando. Sus fiestas populares ya no lo son. El poncho es sólo un símbolo. “Es triste ver que la respuesta positiva de la gente que nos apoyó era la de otras provincias, la que estaba de visita en el festival. Acá falta mucha reflexión, mucha conciencia sobre la magnitud de la megaminería”, sostiene Agustina.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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