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El Salvador: prohíben la minería con cianuro y otros químicos

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El parlamento de El Salvador aprobó una ley sin precedentes en el mundo: prohibió totalmente la minería metálica y el uso de cianuro y otros químicos tóxicos en esa actividad. “Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó uno de los especialistas que redactó el proyecto al que pudo acceder Brecha. El rol de la iglesia y el cuidado del agua como claves para cambiar la historia.

Por Marcelo Aguilar para Brecha

Las noticias sobre El Salvador generalmente vienen manchadas de sangre. En 2016, según datos oficiales, se registraron 5.278 asesinatos en este país que desde hace varios años es uno de los más violentos del mundo, y que vive un crudo conflicto interno cuyos principales actores son las maras (pandillas) trasnacionales M-13 Salvatrucha y Barrio 18, y el Estado salvadoreño. Pero el miércoles 29 de marzo El Salvador se destacó por una razón muy diferente: aprobó una ley que prohíbe la minería de metales en todo el país. Una amplia mayoría de legisladores –70 de 84 diputados, tanto oficialistas como de la oposición– votaron a favor del proyecto de ley. El texto definitivo aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, pero Brecha accedió al documento aprobado. La nueva ley, única en el mundo, prohíbe las actividades de “exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos”, así como el uso de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”, y se aplica a la minería “terrestre, marítima y subterránea”. Todas las solicitudes de licencias o concesiones para estas actividades quedan sin efecto.
“Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó a Brecha Andrés McKinley, especialista en aguas y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), uno de los redactores de la ley.

Trasnacionales

El Salvador no es un país con fuerte tradición minera, y mucho menos a gran escala. La minería comenzó a preocupar a la sociedad en 2002, cuando empezaron a conocerse las solicitudes de explotación minera que se estaban presentando. Uno de los principales proyectos en cuestión era el de la empresa Pacific Rim –subsidiaria de la canadiense-australiana Oceana Gold– en el departamento de Cabañas, y otro de la empresa canadiense Martinique, en Chalatenango, ambos en el centro-norte del país.
Según Alejandro Labrador, miembro de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica –un frente de movilización que reúne a varias organizaciones sociales en El Salvador–, el proyecto de Pacific Rim, llamado El Dorado, fue la expresión más concreta de que las empresas trasnacionales estaban apostando por la minería a gran escala en el país. El proyecto “se convirtió en una amenaza real, porque (Pacific Rim)avanzó fuerte a través del lobby, y presionó para obtener los permisos”, aseguró Labrador a Brecha.
Cabañas es uno de los departamentos más pobres del país centroamericano y con menos disponibilidad de agua, según McKinley. Además fue muy afectado por los años de guerra civil (1981-1992). “Ahí hay familias de ex patrulleros –que hacían el trabajo sucio de las fuerzas armadas–, viviendo a la par de familias de ex guerrilleros. Entonces, este ya era un terreno de polarización. Antes de llegar esa empresa el pueblo estaba luchando para sanar las heridas de doce años de guerra civil, trabajando para aprender a vivir y construir un futuro juntos. Pero cuando entró Pacific Rim se volvieron a generar divisiones. Ahora entre los que creían que podían obtener beneficios de la minería y quienes pensaban en preservar el agua y los recursos naturales. El tema de la minería volvió a hacer de Cabañas un departamento conflictivo y violento”, relató el especialista.
Paralelamente, en Chalatenango, explicó Labrador, las comunidades contaban con una mayor experiencia organizativa: “La persecución militar (durante los años de guerra civil) las había obligado a gestionar sus propios recursos y diseñar sus propios mecanismos para hacer andar la vida comunitaria”. Esto permitió, según Labrador, que la presencia de las empresas mineras fuera “detectada, desnudada y señalada como una amenaza, a tal grado que les cerraron el paso”.

Lucha sangrienta

No obstante, en un principio las comunidades carecían de información suficiente sobre la minería para determinar si representaba una oportunidad o una amenaza. “Tuvieron que entender qué podía significar una mina en su territorio, para organizarse, y para eso miraron hacia el resto de los países de Centroamérica que ya estaban sufriendo las consecuencias de la explotación minera. Visitaron minas como la San Martín, en Valle de Siria, Honduras, y conocieron de primera mano la experiencia de los pobladores, que les mostraron cómo conviven con explosiones periódicas de dinamita, cómo sus aguas están contaminadas, y cómo se han quedado enfermos y sin sus tierras”, relató McKinley.
De este trabajo nació la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y también la resistencia de las comunidades salvadoreñas a la industria minera. Una larga lucha que le costó la vida a Dora Sorto, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Francisco Durán, líderes comunitarios de Cabañas que se oponían al proyecto minero y fueron asesinados por pandilleros contratados como sicarios, según la Fiscalía General.
De a poco se fue construyendo, desde la sociedad civil y la academia, una opinión pública que cuestionaba la minería como un sector viable, explicó a Brecha Ricardo Navarro, que integra el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta-Amigos de la Tierra) y que recibió el premio Goldman (conocido como el “Nobel del ambiente”) por su trabajo en la reconstrucción ambiental de El Salvador después de la guerra civil. Según Navarro, llegó un momento en que la lucha antiminera se estaba dando en todos los niveles de la sociedad salvadoreña, y generó consenso también en los círculos políticos, lo cual hizo posible la aprobación de la ley.

Tiro por la culata

Un hecho que contribuyó a consolidar ese consenso fue la demanda presentada en 2009 por la empresa Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La minera denunció ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –órgano del Banco Mundial– supuestas “pérdidas de beneficios” por la no concesión de permisos de explotación de El Dorado. En caso de perder el arbitraje, El Salvador debía pagar unos 250 millones de dólares a la empresa, algo que generó mucho rechazo entre los salvadoreños y provocó varias movilizaciones.
En octubre del año pasado el Ciadi determinó que no le daría la razón a la empresa y le ordenó a Pacific Rim pagar 8 millones de dólares al Estado por gastos de representación, algo que todavía no ha hecho; pero la decisión de la institución significó un triunfo para la causa antiminera. En opinión de Silvia Quiroa, de Cesta, el diferendo y su desenlace “alertaron y dieron valor al gobierno y a las instituciones del Estado”, al tiempo que terminaron demostrándole a El Salvador que no era conveniente apostar por la minería.
Cabe señalar que en este país la minería no genera simpatía desde hace tiempo. Un estudio de opinión realizado por la Uca en 2007 mostró que 62 por ciento de la población “potencialmente amenazada por la minería metálica” pensaba que el país no es apropiado para esta industria. En 2015 ese estudio fue replicado y mostró que el rechazo había aumentado a un 75 por ciento. Otro dato que generó ese estudio, no menos importante, es que en estas comunidades 85 por ciento de las personas encuestadas dijo que no querría trabajar en un proyecto minero.

Iglesia antiminera

La Iglesia Católica jugó un papel determinante en la aprobación de la ley antiminera, a través de un trabajo importante de campaña y de presión en diferentes niveles de la sociedad. En marzo organizó una gran marcha encabezada por el arzobispo de San Salvador para exigir una ley que prohibiera la minería, y logró convocar a unas 2 mil personas que marcharon rumbo al parlamento. También organizó campañas de oración y recogió 30 mil firmas en apoyo de dicha ley. “La Iglesia es un enorme poder en el país, y siempre se ha venido oponiendo a la minería”, apuntó McKinley. “Con el proyecto de ley en la mano (que había redactado la Uca) se puso más beligerante en sus demandas frente al Estado, y cuando además de denunciar pasó a acompañar a las comunidades (en sus movilizaciones) eso cambió la correlación de fuerzas en el país” y generó presión en los sectores políticos.
Enfrentados ya a una propuesta concreta para reformar la ley sobre minería, las empresas intentaron convencer al gobierno y a los legisladores de que aprobar dicha reforma significaría rechazar un botín fiscal y económico. Sin embargo, un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mostraba que el impacto de esta regulación sería “poco significativo en cuanto a pérdida de ingresos públicos”, ya que en 2016 la minería había aportado a las arcas públicas cerca de 600 mil dólares, lo que equivale al 0,001 por ciento del presupuesto público de ese año. En otras palabras, el funcionamiento del Estado salvadoreño no estaba en juego. Además, señaló el Icefi, en el mediano plazo la aprobación de la ley “elimina los riesgos fiscales asociados con la recuperación futura del ambiente, atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por actividades mineras en el país, que pudieran haber sido ejecutadas al amparo de un débil marco legal e institucional”.

Visita filipina

En un acto simbólico, en la semana en que se aprobó la ley, Carlos Padilla, gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en Filipinas, donde se suspendió el permiso de operar de la empresa Oceana Gold, visitó El Salvador y fue recibido en el parlamento salvadoreño y por el propio presidente, Salvador Sánchez Cerén. Padilla hizo varias intervenciones públicas y le dedicó una carta al pueblo salvadoreño, donde relató cómo el proyecto minero de Oceana Gold profundizó las divisiones sociales y “ha violado los derechos humanos”. Una comisión filipina que investigó denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidos por Oceana Gold contra la comunidad concluyó que la empresa violó “el derecho a la residencia, a una vivienda digna, a la libre circulación y libertad, a la seguridad e integridad personal, y el derecho de la comunidad indígena a manifestar su cultura e identidad”. También señaló un incremento en la “incidencia de robos y hurtos” y “enfermedades pulmonares entre los residentes”.
Ante la presión social y la proximidad de las elecciones legislativas y municipales, programadas para marzo de 2018, la mayoría de los sectores políticos respaldaron la propuesta. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), actual fuerza de gobierno, ya había apoyado una iniciativa similar –cuando era oposición– promovida por los movimientos sociales en 2006, pero no consiguió los votos necesarios para aprobarla por el parlamento. Esta vez la prohibición de la minería logró reunir el apoyo tanto del oficialismo como de la derecha. “El agua le ha ganado al oro”, declaró el diputado Johnny Wright, del partido ultraconservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo himno partidario incluye la frase “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”.

Desafíos

“Quizás los diputados no se han dado cuenta de lo que han firmado”, comentó Navarro. “Creo que de pronto surgió una histeria colectiva positiva, todos nos inspiramos, y hasta monseñor (Oscar Arnulfo)Romero puso algo de su parte”, dice en referencia al sacerdote y defensor de los derechos humanos y de los pobres asesinado mientras celebraba misa, el 24 de marzo de 1980, en los orígenes de la guerra civil.
La ley todavía deberá ser firmada por el presidente, Sánchez Cerén, y reglamentada. Pero más allá de eso el gran desafío es asegurar su cumplimiento. En este sentido, McKinley señaló la importancia de que la empresa Oceana Gold abandone el país, “porque no es cierto que hay cien por ciento de acuerdo en este país sobre la prohibición, hay sectores a los que no les gusta, y no queremos darle oportunidad de consolidar esfuerzos y acciones junto a esta empresa que ha demostrado ser una entidad tan sucia y deshonesta”, opinó. Otro gran reto para El Salvador es acabar con la minería artesanal en pequeña escala, que también contamina el agua con su drenaje ácido. La nueva ley votada establece un plazo de dos años para que los trabajadores dedicados a esta actividad se reconviertan a otra, para lo que contarán “con el apoyo, asesoramiento, asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño”.

Una oportunidad

Pero el primer paso ya está dado. “Esta victoria representa una oportunidad de repensar nuestra existencia como territorio, abre una brecha que nos obliga a pensar una nueva relación con los bienes naturales y con el mundo globalizado, un país más sustentable, equitativo y justo. Si se hubiera permitido la minería, la escasez de agua hubiera generado espirales de violencia mucho más complejas de las que tenemos actualmente”, evaluó Labrador.
McKinley está de acuerdo: “Si superponemos un mapa mundial de los conflictos sobre el agua y el ambiente y un mapa de conflictos mineros a nivel mundial, hay una coincidencia exacta; donde hay minería hay conflicto, y donde hay conflicto siempre está el peligro de la violencia, algo que El Salvador no se puede permitir seguir alimentando”.
El próximo objetivo del movimiento social que generó la resistencia a la minería es elevar a nivel constitucional la noción del agua como un derecho humano. Según el experto de la Uca, “hay intenciones de privatizarla para llevarla a las leyes del mercado, ya que en un país donde escasea, el agua se convierte en un bien con un gran valor”. Navarro y Quiroa, de Cesta, coinciden en que es vital que en su país no se sigan deteriorando los territorios más empobrecidos, y que es necesario repensar la gestión de los residuos y el avance del cambio climático, así como también buscar la soberanía alimentaria. “Tenemos muchos desafíos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestro país. El proceso es lento, pero avanza. Esta ley es un ejemplo que nos da más esperanzas y ganas de seguir luchando”, concluyó Quiroa.

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Hasta siempre, Mirta

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Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

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Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

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Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

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A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

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La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.

Por Francisco Pandolfi

En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política. 

Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.

No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Arrasa-miento

Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.

El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.

El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Jenefes, el patrón

De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.

Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Una peli de terror

El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la  ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.

Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.

Un puñado de kollas

La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.

La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”. 

Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.

Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

Fotos: comatoconvocada.jujuy

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