Un grupo de abogados argentinos demandó a las mayores corporaciones transgénicas, junto al Estado nacional y tres provincias, en una acción de clase que involucra a toda la población argentina por daños ambientales. Desde mayo, el expediente aguarda la resolución del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Después de dos años de trámite judicial, los expertos, que en marzo ampliaron las demandas de la medida cautelar, esperan la resolución se conozca en agosto. Cómo impactan las tres condenas a Bayer-Monsanto que probaron que el herbicida Roundup (glifosato) provocó el cáncer a productores, y que motivó que las acciones de la corporación se derrumbaran en un 12 por ciento en las bolsas del mundo. Qué significa esta denuncia.
Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones productoras de semillas transgénicas y fabricantes de agrotóxicos fueron denunciadas en una inédita demanda colectiva en 2012 por daños ambientales y morales –entre otros- de OGM (organismos genéticamente modificados, o transgénicos), en una causa donde también se encuentran denunciados el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero. Después de dos años y de que el equipo de abogados ampliara las demandas de la medida cautelar en marzo último, la expectativa es que la Corte Suprema falle después de la feria judicial, a comienzos de agosto, ya que el expediente pasó por todos los jueces y desde mayo se encuentra en manos de su presidente, Carlos Rosenkratz.
“La expectativa está puesta a principios de agosto: por los plazos, tiene 3 meses para resolver y el expediente está allí desde el 17 de mayo”, explica a lavaca Daniel Salaberry, uno de los abogados que impulsa la causa, que representa a toda la ciudadanía argentina a través de la llamada “acción de clase”, una figura que habilita juicios masivos.
Salaberry afirma que el escenario internacional permite ubicar la resolución en un momento histórico. Por un lado, las tres condenas a Monsanto en Estados Unidos. “En el mundo no sólo se está abandonando la producción de transgénicos, sino también el uso de agroquímicos”.
Por otro, Salaberry subraya uno de los puntos del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Según trascendió, el acuerdo incluye un “principio de precaución”, en el que las autoridades europeas podrán “actuar para proteger la salud humana, animal, vegetal o medioambiental frente a riesgos incluso si los análisis científicos no son concluyentes”. En ese sentido, el abogado guarda las expectativas respecto al fallo: “Por ese lado es posible que decante una sentencia favorable. Luego, lo que sigue es la reparación de los daños: esto ya se produjo, y entonces tendrían que pensar qué hacer para reparar de algún modo todos los perjuicios cometidos contra los territorios y las comunidades”.
La pregunta inquietante
El equipo de abogados amplió las demandas de la denuncia en marzo.
El texto apunta: “Conforme lo acreditan los distintos y más importantes portales de noticias de Internet a nivel nacional e internacional que como anexo con el presente escrito se acompañan, una vez más una Corte Judicial de los Estados Unidos de Norteamérica ha ratificado el carácter cancerígeno de Roundup y/o glifosato, -tal como previera mucho antes la OMS- y condenado a la empresa Bayer que recientemente adquiriera a Monsanto, -ambas demandadas en estos autos hace seis años vista- a resarcir económicamente a dos ciudadanos norteamericanos por sumas millonarias en dólares, circunstancia que acredita la verosimilitud del derecho de la medida que se solicita”.
La demanda también se hace eco de un hecho objetivo: tras la segunda sentencia contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos en ese entonces, las acciones de la mega corporación se derrumbaron un 12 por ciento en las bolsas del mundo. “Mientras las acciones de la empresa caen en 28 mil millones de euros y los tribunales exigen resarcir económicamente a dos personas, aquí estamos hace dos años a la espera de la resolución de la Corte Suprema”, subrayó Salaberry.
La ampliación de la denuncia, a su vez, dejó una pregunta inquietante:

• “Si el sólo hecho de que dos demandas individuales por resarcimiento del daño a la salud fueron acogidas favorablemente por los Tribunales americanos y su posibilidad de replicarse hicieron que impactaran en la economía de las empresa demandada derrumbando el valor de sus acciones en un 12% de un día para el otro, que cabe esperar cuando VVEE tenga que resolver «la acción de clase» en trámite por ante el Juzgado Federal Contencioso Administrativo n° 3, donde «la clase» está conformada por millones de argentinos, donde además del resarcimiento del daño a la salud se solicita el resarcimiento del daño ambiental y moral colectivo”.

La clase argentina
La demanda se inició ante la Corte Suprema de Justicia, que la derivó al Jugado Nacional Nº 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, encabezado por la jueza Rodríguez Vidal. Los abogados solicitaron una medida cautelar para que se suspendan las fumigaciones en todo el país, lo cual fue rechazado por la jueza. Pero en diciembre de 2016, el fiscal federal Fabián Canda apeló y ratificó el pedido de la demanda: suspensión total de las fumigaciones. Y aclara que si no se hiciera lugar a la cautelar, se solicita que se suspendan provisoriamente todas las fumigaciones aéreas mientras se resuelve el juicio, y que las fumigaciones terrestres de todo producto con glifosato se realicen a más de 5.000 metros de las zonas urbanas, municipios, asentamientos, poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, así como de pozos de extracción de agua para consumo humano.
Los demandados son:

• El Estado Nacional (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo). Provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y el COFEMA. (Consejo Federal del Medio Ambiente).
• Todas las empresas biotecnológicas, semilleras y compañías químicas productoras y comercializadoras de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), según una lista que abarca a once corporaciones instaladas en el país: Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera, CibaGeigy, NovartisAgrosem, Agrevo, SyngentaSeeds, Syngenta Agro, Pioneer Argentina y Bayer.
• Y todos los que sean considerados “responsables por acción u omisión, conforme resulte la prueba por producir”.

El abogado explicó: “Cuando iniciamos la demanda, el objeto era un resarcimiento económico contra todas las empresas. Y, respecto al Estado nacional, la reglamentación del uso del suelo, el etiquetado, una ley de presupuestos mínimos. Eso consiguió una medida cautelar que, en principio, tenía dos partes: el etiquetado, por un lado, y la suspensión de fumigaciones, por otro, porque todas las semillas llevan el paquete químico atado al uso”.
-¿Qué es lo que motivó la ampliación?
-Pasó el tiempo y hace dos años la medida cautelar está en la Corte, que no la resuelve. Pero en Estados Unidos salieron estos fallos en los que ya condenaron a Bayer al pago de un resarcimiento. Es decir, estos dos ciudadanos lograron que bajaran las acciones en un 12 por ciento. Nosotros entonces vimos que las medidas cautelares quedaron desactualizadas. Acá hicimos una demanda que nadie conoce, que es de clase: esta causa representa a los 42 millones de argentinos. ¿Qué pasaría con estas empresas? ¿Cómo nos aseguramos un posible fallo favorable por resarcimiento en materia ambiental y daño a la salud pública?
-¿Hay antecedentes de una demanda de estas características?
-La única que conozco de importancia, en cuanto a la cantidad de actores o demandantes, es una que se hizo en Estados Unidos por el asbesto, que estaba en el cemento, y comprendía a 12 millones de personas. Aquí la “clase” está compuesta por toda la población argentina, lo cual la convierte en una de las más importantes en cuanto al número. Lo terrible es que esto no se conoce. Si te digo que vos mismo sos parte de una acción así, descubrís que está invisibilizado totalmente.
Salaberry subraya que en el plazo en el que se demoró la resolución, en Estados Unidos desarrollaron los juicios que llevaron a tres condenas millonarias, y a la espera de 11.000 más. “Acá están pensando si van a hacer de 5 km o 1 km el perímetro de fumigación, cuando una cautelar requiere una urgencia específica. Mientras tanto, las empresas buscan instalar que sigamos discutiendo una ley de semillas”.