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#EsTortura: datos, testimonios y casos desde el colapso del sistema penitenciario

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El Registro Nacional de Casos de Tortura elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios Sobre Sistema Penal y Derechos Humanos releva una realidad alarmante. En Argentina hay un total de 1408 víctimas que padecieron más de 5000 tipos de tortura y malos tratos en cárceles federales y provinciales. Alcira Daroqui, una de las expertas que realizó el informe, explica por qué la prisión no puede ser el argumento del Poder Judicial para gestionar la penalidad. Por qué la cárcel sólo produce delincuencia. De qué forma la tortura se convirtió en el elemento constitutivo del encierro penal. La subordinación estratégica del Poder Judicial a las policías. Y el caso de M., tan sólo una demostración de la selectividad del sistema penal. Datos y testimonios que permiten describir las dimensiones del horror.
El informe anual 2017 del Registro Nacional de Casos de Tortura relevó 5328 tipos de tortura y malos tratos sobre un total de 1408 víctimas. Ese es el principal -y alarmante- dato que desprende de la investigación que todos los años realizan el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh) en conjunto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad”, sentencia, cuyos resultados permiten establecer una preocupante cartografía del sistema penitenciario argentino, tan solo un perverso eslabón del funcionamiento del sistema penal.
La magnitud de los datos del informe se explicitan en el despliegue del relevamiento:

  • 10 unidades penales de la provincia de Buenos Aires.
  • 6 unidades y una alcaidía del Sistema Penitenciario Federal.
  • 14 cárceles federales.
  • 1 alcaldía federal.
  • 6 unidades de servicios penitenciarios provinciales.
  • 3 institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.
  • 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.
  • 7 centros cerrados del organismo provincial de niñez y adolescencia bonaerense.

De esa manera, les investigadores detectaron que ca si el 88 por ciento de las víctimas son varones, 167 son mujeres y tres son personas trans. Que el 64 por ciento de las víctimas tiene entre 18 y 34 años. Y que  el 54,5 por ciento solo entre 22 y 34 años.

Las dimensiones del horror

El registro divide la cantidad de hechos según tipo de tortura:

  • Agresiones físicas: 866.
  • Falta o deficiente asistencia de la salud: 830.
  • Aislamiento: 823.
  • Malas condiciones materiales de detención: 772.
  • Falta o deficiente alimentación: 586.
  • Amenazas: 354.
  • Impedimentos de vinculación familiar y social: 340.
  • Requisa personal vejatoria: 325.
  • Robo y/o daños de pertenencias: 188.
  • Traslados gravosos: 137.
  • Traslados constantes: 107.

La agresión física es el tipo de tortura más frecuente en el sistema penitenciario, cuya regularidad implica una sistematicidad de la violencia física penitenciaria, que incluye “actos combinados” de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones modalidades como gas pimienta o lacrimógeno, el criqueo/motoneta (acto de esposar violentamente a las personas detenidas, con los brazos atrás y levantados más allá de la cabeza) y el plaf plaf (golpes simultáneos con las dos manos en los oídos). Hasta balazos de goma.
El 29 por ciento de esas agresiones se deben a represiones ante pedidos o reclamos. El 17,5 por ciento, a torturas durante la circulación en la unidad.
El informe combina datos duros con testimonios. Compartimos algunos de ellos:

  • “El día 2 de febrero de 2017 un detenido alojado en la Unidad 12 entregó al Encargado de Pabellón un escrito dirigido a la Defensoría General porque se encontraba en el sector de aislamiento (‘buzones’) desde hacía 28 días esperando traslado a otra unidad. Refirió que el SPF no quiso certificarle dicho escrito, motivo por el cual inició una huelga de hambre. Luego de una audiencia con las autoridades por la medida de fuerza, manifestó que –entre el Encargado y el Jefe de Turno- le dieron palazos en los brazos, la zona de las costillas y cintura, produciéndole varios hematomas. A ello agregó: ‘estoy recibiendo amenazas por el Servicio y sigo siendo golpeado’”.
  • “El detenido relató que el día 13 de enero lo llamaron a una audiencia con el psiquiatra. Luego de ser asistido, fue trasladado hacia un pasillo de ingreso al Pabellón K, donde aproximadamente 6 agentes penitenciarios de Requisa comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas en rostro y costillas. Seguido de ello, le quitaron su vestimenta y entre todos los agentes comenzaron a penetrarlo analmente mientras que uno de los agresores le dijo: ‘callate tuerto de mierda, estás re cogido’”.
  • “El detenido relató que el día 15 de noviembre dos Jefes de Turno intentaron abusarlo sexualmente por haberse declarado homosexual. Volvía de la facultad y lo dejaron último y cortaron el tránsito. Allí en el pasillo, le dijeron ‘sos gay, chúpame la pija’ mientras lo manoseaban. Se resistió y lo redujeron, le tocaron sus genitales e intentaron introducirle un dedo en el ano. Frenaron cuando llegó la Requisa. Al mismo tiempo le pisaron la cabeza y lo amenazaron con no cambiarle el alojamiento como solicitó. Por último, lo dejaron 3 horas en una celda solo y esposado”.
  • “La requisa apenas llegás ya te pega. Me dieron la ‘bienvenida’. Me dijeron ‘Poné las manos arriba, con los puños juntos, mirando a la pares’. Respiré y me dieron una banda de piñas (…) Me golpearon con guantes de cuero para que no me queden marcas”.
  • “El día 12 de enero el detenido reclamaba realizar un llamado a su familia dado que era el cumpleaños de una de las hijas. El personal penitenciario le negó esta posibilidad y, al continuar reclamando, ingresaron al pabellón entre 7 y 8 agentes penitenciarios. Allí, lo golpearon con los escudos y le arrojaron gas pimienta. Luego, lo esposaron, lo tiraron al piso, lo inyectaron en forma compulsiva, al tiempo que le propinaban cachetadas, piñas, patadas y palazos. Además, señaló que lo cortaron y lo golpearon en los oídos [Plaf-Plaf] y pies [PataPata]. Al finalizar la agresión, le tiraron agua fría y orinaron sobre su cuerpo. Lo relatado ocurrió mientras el detenido se encontraba desnudo y con los ojos tapados”.

El informe apunta que el 90 por ciento de las agresiones se corresponden con acciones grupales por los penitenciarios. “Los hechos en los que intervienen más de 10 agentes se corresponden mayormente con procedimientos de requisa ordinaria o extraordinaria, en las que la cantidad de penitenciarios puede alcanzar los 50, entre los que participan agentes de requisa, personal de seguridad interna y jefes. Frente a ello, el total de hechos de agresión física por parte de un solo funcionario resulta ser minoritario (9,8%)”.
El desagregado de los hechos descriptos en cárceles provinciales aporta otras dimensiones del horror:

  • Salud: “En promedio las víctimas sufren la falta o deficiente asistencia de salud 1 año y 2 meses”.
  • Aislamiento: “Un 23% de las víctimas permaneció aislado 60 días o más, con casos extremos de 2 o 3 años”.
  • Condiciones materiales: “Las víctimas indicaron 5017 deficiencias materiales, un promedio de 11 por persona”.
  • Alimentación: “Un 63,2% de los entrevistados sufrió dolencias físicas por la mala alimentación”.
  • Requisa: “El 81,2% de las víctimas fueron forzadas al desnudo total y en 3 casos se describieron abusos sexuales”.

La investigación subraya que la tortura, con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención. “Por un lado son sistemáticas las violencias que impactan de manera particular y selectiva sobre determinadas personas en un momento dado: el aislamiento y las agresiones físicas por parte de funcionarios públicos (picana eléctrica, submarino seco o húmedo, abusos sexuales, golpizas). Por otro lado, también las vulneraciones generalizadas de derechos son persistentes y asfectan de manera extensiva a la población detenida: las malas condiciones materiales de detención, la falta o deficiente alimentación, los impedimentos para la vinculación familiar y social, y la falta o deficiente asistencia de la salud. Estas prácticas se insertan en el programa de gobierno carcelario produciendo y gestionando la degradación y la sumisión de los presos y las presas. El registro de estos hechos evidencia el carácter multidimensional, generalizado y sistemático de la tortura como elemento constitutivo de encierro penal”.

La maquinaria

“El encierro no puede ser el argumento del Poder Judicial para gestionar la penalidad”, afirmó Alcira Daroqui, directora del Gespydh, en el debate Cárcel y justicia: qué pena, realizado en MU con la presencia de Vanesa Orieta –hermana de Luciano Arruga y referente de derechos humanos-, Waldemar Cubilla –sociólogo, docente, director de la biblioteca popular La Carcova e integrante del Equipo de Reflexión y Aplicación Jurídico Penal de la UNSAM- y Verónica Heredia, abogada experta en derechos humanos (https://www.lavaca.org/notas/que-pena-apuntes-desde-el-colapso-del-sistema-penitenciario-y-por-una-nueva-agenda-de-derechos-humanos/).
Daroqui sustentó su afirmación no sólo con los datos previamente citados sino, también, con recorrido histórico. “En 2007, cuando hicimos la investigación sobre torturas, en Argentina no se hablaba de tortura. Si ocurría, era un como parte del pasado, de la dictadura, o algo específico de la provincia de Buenos Aires, que siempre es el patito feo, con la Bonaerense. Allí teníamos representantes del sistema federal que les daban clase a los bonaerenses como si éstos respetaran los derechos humanos. Entonces apareció una campaña muy fuerte del Poder Judicial, desde fiscales, jueces y la defensoría general, diciendo que no había tortura”.
Para la investigadora, es la expresión más clara del Poder Judicial como “garante, encubridor y legitimador” de las prácticas que garantizan la impunidad. La defensa cerrada continuó en medios progresistas y en funcionarios del kirchnerismo -gobierno de entonces-, que afirmaban que no había tortura en las cárceles federales. En consecuencia, el Gespydh lanzó el Registro Nacional, “no para contar torturados o cantidades sino para construir una masa de información que nos permita decir que la tortura se aplica, en forma sistemática y regular, en todas las cárceles, tanto del sistema federal como de la provincia de Buenos Aires”.
Las cifras y los testimonios también contrastaban con cualquier tipo de discusión sobre “seguridad democrática” que se pretendiera instalar, al menos, desde un montaje discursivo. “Que no me vengan a decir que puede haber un programa de seguridad que tenga que ver con el respeto de derechos”, apuntó Daroqui. “Eso ha sido perverso, y produjeron sentido político en todos esos años. No olvidemos que el Ministerio de Seguridad se creó en 2010, y después del conflicto en el Indoamericano (la toma que terminó con dos personas muertas y decenas de heridos tras la represión de la Policía Federal y la Metropolitana). Yo prefiero hablar de política criminal. Nos cambiaron el discurso: el neoliberalismo nos despojó de todas las seguridades y nos remarca que la única que nos tiene que preocupar es la del delito”.
Daroqui subraya que lo mismo pasó en 2013 cuando el Gobierno lanzó la Campaña contra la Violencia Institucional. “Un concepto perverso, porque diluye la violencia estatal. Entonces no hablamos más de tortura”.
Allí entra en juego la prisión. “La cárcel está solo para producir delincuencia, no para producir otra cosa. Violencia entre los pobres”. Daroqui menciona el registro del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que permite un acercamiento a la caracterización sociodemográfica de quienes ingresan a la maquinaria penitenciaria: varones, de entre 18 a 34 años, solteros, sin escolaridad obligatoria, sin trabajo formal, sin capacitación laboral. “Son todos pobres: está clarísimo que es una justicia de clase”.
La tendencia del Poder Judicial, además, es producir condenas cada vez más cortas. “Los jueces están mandando a gente a la cárcel por 15 días. ¿Por qué delito? Por resistencia a la autoridad, la figura que utiliza la policía para gobernar a los pobres”.
¿Qué puntos de fuga se pueden trazar ante este esquema perverso? “Que la justicia deje de producir daño. Hay que poner un límite al aparato judicial, que produce mucho más daño que la policía. El Poder Judicial, en su articulación con la policía y los servicios penitenciarios, siempre ha tenido más impunidad para la sanción social. Ellos otorgan impunidad a las fuerzas de seguridad y, luego, la sociedad les otorga impunidad en sus prácticas. No se habla del daño que producen y que legitima a la policía para actuar. Garantiza la reproducción de un orden clasista, porque no es cierto que la policía es el auxiliar de la Justicia, sino al revés: la criminalidad que le llega al Poder Judicial es la que decide la Policía. Están subordinados, pero no es un problema de mero sometimiento: es una subordinación estratégica. Por eso, nosotros sostenemos que no es que el poder funciona mal. Funciona, y muy bien”.

Los términos en los que hay que hablar

M. es un joven de 26 años que fue condenado recientemente a 6 años y 8 meses de prisión por un hecho ocurrido en 2013. Durante el proceso, M. estuvo en libertad; ahora, el Poder Judicial pretende encarcelarlo. “¿Para qué va a ir preso? Durante este tiempo M. no pasó ni un semáforo en rojo”, ilustra su abogada Verónica Heredia. El caso fue el puntapié de la jornada de debate Cárcel y justicia: qué pena, ocurrida en MU, y es tan solo una demostración del funcionamiento del sistema penal, una máquina que se pone en marcha desde la selectividad de la policía y continúa con un proceso cuyo último eslabón es la prisión.
Por esa razón, se reunieron referentes y especialistas para presentar datos y casos concretos que revelan el colapso del modelo penitenciario que impulsa el actual sistema judicial. “Lo que queremos evitar es que M. cumpla el ultimo eslabon de esta cadena, que va a garantizar no sólo la prisión, sino la tortura y la permanencia en el sistema”, explica a lavaca Heredia, experta en derechos humanos, que recurrió la sentencia a la Corte Suprema de Justicia.
En ese escrito, la doctora no sólo apunta que M. llegó a su condena a través del testimonio de un único testigo perteneneciente a una fuerza de seguridad, sino que argumenta que la “inseguridad descripta que padecen los jóvenes en Argentina” se agrava ante su consecuencia: la tortura en el sistema penitenciario. Allí cita el examen periódico que realizó en Argentina el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) (entre el 26 y el 27 de abril del año pasado), en cuyas observaciones finales destacó su profunda preocupación por “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. (https://www.lavaca.org/notas/el-informe-del-horror-la-onu-denuncia-la-violencia-estatal/)
En ese sentido, Heredia subraya la necesidad crucial de señalar esa política criminal del Estado, con sus consecuentes eslabones que ponen en marcha la máquina penitenciaria de la tortura, para explicar lo que parece obvio pero no lo es: “El error del sistema modificó el proyecto de vida del joven M. durante estos 5 años y 6 meses, generándole el padecimiento de desconocer su destin, impidiéndole soñar y concretar su vida amorosa, laboral, educativa. Sin embargo, el joven M. no ha infringido durante todos estos años, ni antes, la más mínima norma, ni contravencional, ni social, menos penal”.
¿Por qué, entonces, enviar a un jover a la maquinaria? ¿Qué hacer con la prisión? Daroqui ofrece una respuesta: “Que el Estado se haga cargo que, mientras tengan estas cárceles,  no vaya gente a la cárcel. Que el Estado, al menos, se haga cargo de eso. Vos no podés retener a nadie mientras están violando derechos humanos. La cárcel nació para violar derechos. Mientras no hablemos en estos términos, nadie tiene que ingresar a esta maquinaria”.

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Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

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En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.  

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación.  Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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Hasta siempre, Mirta

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Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

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Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

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Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

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A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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