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Femicidio de la periodista Griselda Blanco: “Pedimos seguridad y recursos”

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El hijo de Griselda Blanco, la periodista correntina asesinada en mayo en Curuzú Cuatiá, brindó una conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación junto a su abogada. Acompañado de referentes de Fatpren, Periodistas Argentinas y Familiares Víctimas de Femicidios, contó a diputadas nacionales el estado de la causa: la negativa de la fiscal a tratar el caso como un femicidio, la participación de la policía local en la investigación, y las sospechas en torno al crimen. “Lo que pido es justicia”, exigió.

Fabián Cesani cruza el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación y se sienta en el centro de la mesa. Es uno de los dos hijos de Griselda Blanco, la periodista correntina asesinada el 20 de mayo en Curuzú Cuatiá y viajó más de 600 kilómetros para denunciar las trabas en la investigación, que la causa sigue caratulada como “homicidio simple” y no como femicidio, que la policía sospechosa sigue implicada en la investigación, y que no entiende cómo pudieron asesinar así a su madre, trabajadora de prensa, en democracia.

Femicidio de la periodista Griselda Blanco: “Pedimos seguridad y recursos”

Marta, la madre de Lucía Pérez, la abogada Andrea Tribbia y Fabián Cesani, el hijo de la periodista correntina Griselda Blanco, durante la conferencia en la Cámara de Diputados. Fotos Lina Etchesuri.

Lo acompaña su abogada Andrea Tribbia y juntos llegaron en la tarde del martes al centro porteño para realizar una conferencia de prensa en la Cámara Baja, junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa de la Argentina (FATPREN), la colectiva Periodistas Argentinas, y el movimiento Familiares Víctimas de Femicidios.

La fundadora de Periodistas Argentinas (PA) y de Lavaca, Claudia Acuña, subrayó que Fatpren y Periodistas Argentinas están comprometidas para esclarecer el crimen. Acuña y la periodista Nancy Pazos conformaron la delegación de PA que viajó a Curuzú y se entrevistó con la fiscal María José Barrera Sahagun y los jefes de la Policía Federal y Provincial. «Cuando nuestra comisión llega a Curuzú Cuatiá, el panorama que teníamos era de un periodista preso con una causa armada y una periodista asesinada», recordó. Describió que, al momento de entrevistarse con la fiscal, la policía local estaba presente en el lugar: «Seguimos preguntándonos qué hace la policía implicada en la causa del femicidio de nuestra colega». También apuntó que ninguna de las pistas que dejó Griselda (denuncias y amenazas por su actividad periodística) fue indagada por la Justicia, mientras que la fiscal caratuló el crimen como un «homicidio simple», lo que abrió la posibilidad al sospechoso de pedir un juicio abreviado para obtener una pena menor. «El fiscal general, por suerte, lo rechazó», sostuvo.

Femicidio de la periodista Griselda Blanco: “Pedimos seguridad y recursos”

César, durante su conferencia en la Cámara de Diputados. Dijo sobre Griselda: «Mi madre decía verdades que pasaban en el pueblo y que lamentablemente a mucha gente le molestaba.» Fotos Lina Etchesuri

Y cerró: «Estamos preocupadas por el estado de la investigación. Seguimos preguntando por qué la policía sigue involucrada. Pedimos que se haga efectivo su apartamiento. No nos sorprende cómo la fiscal trató a la víctima. Queremos que lo conozcan por boca de su hijo».

“Mi madre no tenía miedo”

Fabián tomó el micrófono: «Desde el lado humano les puedo hablar de mi madre como persona. Era una persona muy tierna, simpática y sobre todo empática. Se comprometía a resolver muchas causas sociales de Curuzú. Mucha gente humilde del día a día que mi mamá se comprometía a ayudar. Juntaba comestibles, ropa. Y algo muy importante: resaltar las irregularidades que pasaban en el pueblo. Mi madre no tenía miedo. Decía verdades que pasaban en el pueblo y que lamentablemente a mucha gente le molestaba. Qué loco hablar de democracia hoy cuando en lo que le pasó a mi madre no hay nada de democracia. Siento que la callaron. Ella decía muchas verdades que pasaban en el pueblo a fin de resolverlas».

Fabián también puso el foco sobre la fiscal: «Estamos en plena investigación, pero no entiendo la postura de la fiscal: inició bien su trabajo y, de un día a otro, imputa a este señor (Darío Holzweissig, único detenido) como homicidio simple. ¿Por qué cambia? Hay muchas cosas que no entiendo. Lo que sigo pidiendo es que se haga justicia y se esclarezca el caso de mi madre. Tenemos trabas y no entiendo por qué. Yo le dije a mi hermano, cuando la despedimos: lo que nos queda hacer es pedir justicia por ella. Vamos a ir hasta las últimas».

Fabián también reclamó por un perito que investigue las irregularidades. Mencionó que en Curuzú se «corrió la voz» que Griselda era una «extorsionadora»: «Estuvimos averiguando y a lo largo de todo el material no pudimos escuchar un audio, un mensaje de extorsión. Es falso. Mi mamá no era ninguna extorsionadora. Esto se estaba instalando para mantener la figura de homicidio simple. Pero esto no fue un homicidio simple. Fue un femicidio y no vamos a parar hasta que tomen carácter de esto».

“Fue víctima de un femicidio atroz”

Luego, habló la abogada: «Griselda fue atrozmente asesinada por su femicida en su hogar. Venimos a suplicarles que se investigue como se tiene que investigar. Hay mucho material, muchas líneas de investigación. Y se tiene que terminar el tema que Griselda era una extorsionadora. Jamás extorsionó a nadie: fue víctima de un femicidio atroz. No se puede decir que acá no hubo femicidio. Que quede bien claro. Hoy necesitamos muchas cosas. La primera es seguridad para estas dos criaturas que quedaron huérfanas». A su vez, destacó la necesidad de recursos: «Necesitamos recursos técnicos idóneos para analizar el perfil del femicida. El vínculo que tenía con el femicida. Expertos técnicos para analizar si se ha borrado o alterado material, porque tenemos sospechas que haya ocurrido. Necesitamos recursos que no podemos pagar y pedimos a las autoridades para que puedan apoyarnos».

También pidió a la fiscal que cambie el tipo de imputación: «Necesitamos que la fiscal reconsidere la figura que se está atribuyendo a la causa. Que se tome el tiempo de escuchar. Que analice los 2 terabytes de información que tiene. No puede decir que hay un homicidio siemple si simplemente escucha. Tiene que escuchar. No más».

Sobre el detenido: «Necesitamos saber si el que está detenido es autor material e intelectual, o si fue simplemente material. Si hay cómplices. Acá hay información que Griselda manejaba y espero que la estén investigando. No sé si, por su naturaleza, corresponde a la fiscal de Curuzú o corresponde a otra instancia».

Y cerró: «Pedimos justicia, claridad y objetividad. Que haya líneas de investigación. Esto no puede seguir pasando. Van más de 3700 víctimas de femicidios y transfemicidios. No se pueden olvidar de mirar una causa con perspectiva de género. Que la fiscal tenga empatía. Pedimos justicia para que nunca más haya una Griselda Blanco por miedo a contar lo que esté contando. Y que funcionen también los organismos de control porque, si no, tenemos que salir a hacer esto: pedir justicia».

“Queremos que alguien haga algo porque nadie hace nada”

A continuación, habló Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, que durante la mañana había estado acompañando a la familia de Luna Ortiz en los Tribunales de San Isidro: “Estamos acompañando a los hijos de Griselda como si fueran mis hijos. Cómo no los vamos a acompañar si son ellos los que quedan solos, tristes y desamparados de todo. Fíjense todo lo que tenemos que hacer las familias cuando esto debería funcionar como corresponde. ¿Qué es lo que se tiene tanto miedo? ¿Por qué los fiscales están tan adoctrinados? Cuando hay policía en el medio, droga, corrupción, cuesta tanto. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto para poder tener lo que corresponde, que es, ni más ni menos, que justicia por nuestro ser querido?”.

Luego fue el turno de Susana Reyes, mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en 2020. Su familia fue recibida la semana pasada por el Fiscal General de Córdoba y están impulsando un juicio político a la exfiscal del caso: “Vemos que todos los casos son iguales: está la policía, la fiscalía, el poder judicial y el político. No respetan la vida de nadie. Queremos que alguien haga algo porque nadie hace nada. Hay que andarles atrás todo el tiempo. Nuestras hijas merecen respeto. Nadie es dueño de quitarle la vida a nadie”. Miró a Fabián y le dijo: “Queremos acompañarlos y gracias por luchar. No vamos nunca a bajar los brazos”.

Susana le pasó el micrófono a la secretaria de Mujeres y Género de Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA, integrante de Fatpren), Micaela Polak: “Griselda sufrió una muerte violenta. Un femicidio. Y claramente tuvo una vida laboral violenta porque antes fue víctima de la precarización laboral. Solo tuvo un acompañamiento por parte del sindicato de prensa de Corrientes, que acompañó el reclamo de una investigación profunda”. Y subrayó la necesidad de una investigación que agote todas las hipótesis del caso.

La última en hablar fue la diputada nacional del Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá: “No están solos y es importante que quede muy en claro. Estuvimos acompañando a la familia de Luna Ortiz y miren qué paradoja: allá familiares que se movilizan por el femicidio de sus hijas y aquí hijos que se movilizan por el femicidio de sus madres. Esta situación de violencia hacia mujeres y trabajadores es muy seria en todo el país. Por más que hayamos tenido un 3J, esto no significó que se hayan resuelto los problemas sino todo lo contrario. Aparecen los estados involucrados en estos crímenes. Y aparecen todo tipo de obstáculos, donde se trata de enchastrar a la víctima en lugar de ir por los femicidas”.

Al terminar la conferencia, Fabián y su abogada recibieron la invitación para concurrir a la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Fueron recibidos por la presidenta de la Comisión, la diputada Mónica Macha (Frente de Todos), junto a representantes de Periodistas Argentinas, Fatpren y Familiares Víctimas de Femicidios.

Macha se comprometió a velar por la seguridad de la familia en Curuzú Cuatiá.

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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños 

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El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

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Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Por Claudia Acuña

El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y  familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación:  es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.

Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.

¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.

A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.

Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.

El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.

Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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