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Fracking y un desastre anunciado: Neuquén después del derrame

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Pese al ocultamiento y silencio que rodearon al tema, la Confederación Mapuche de Neuquén y organismos de derechos humanos, presentaron este martes una denuncia ante la Justicia para investigar las responsabilidades penales de los funcionarios públicos y los empresarios de YPF y la estadounidense Schlumberger por el derrame de hidrocarburos en Vaca Muerta. Las zonas inundadas de barros tóxicos (se observan en la foto satelital distribuida por Greenpeace) equivalen a 10 estadios de fútbol, y desde el Observatorio Petrolero Sur subrayaron que el hecho ocurrido el 18 de octubre último es uno de los desastres “más grandes de los últimos tiempos”. Las empresas, sabiendo del derrame pero sin informar sobre el mismo, habían pedido un “blindaje penal” que frene las protestas sociales. El fracking como técnica extractiva: la contaminación ambiental y social. Los efectos para la salud. Los países que lo prohibieron. Y el pedido de Naciones Unidas para reconsiderar la actividad en Vaca Muerta.
La Confederación Mapuche de Neuquén, organismos de derechos humanos y abogados ambientalistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía general de Neuquén para que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber tanto a funcionarios públicos como a los empresarios de YPF y la estadounidense Schlumberger por el derrame de petróleo y barros tóxicos ocurrido en el yacimiento Bandurria Sur, Vaca Muerta.
“No hay información oficial que indique cómo van a solucionar el daño que han hecho”, explicó a lavaca Jorge Nahuel, werken de la Confederación.
El subsecretario provincial de Ambiente, Juan de Dios Luchelli, habló en un comienzo de “algunas hectáreas” afectadas, pero las organizaciones Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calcularon algo muy distinto:

  • Según imágenes satelitales, detectaron “un mínimo de 85 mil metros cuadrados impactados directamente por el crudo”, cifra que equivale a “10 canchas de fútbol aproximadamente”.
  • Hay implicadas alrededor de 77 hectáreas contaminadas, “a sólo 11,5 kilómetros de la localidad de Añelo y del río Neuquén”.

Según Greenpeace, fue el segundo desastre ambiental que protagonizó YPF en poco tiempo: el 17 de octubre denunció “el mayor derrame de petróleo en Chile en los últimos 20 años”, que provocó la fuga de 720 mil litros de hidrocarburos, que afectaron 6 mil metros cuadrados.
Blindaje penal
Nahuel describe al poder judicial como un “testigo pasivo” en este caso. “Van cuatro denuncias penales que hacemos por diferentes casos como este, pero no encontramos una respuesta judicial acorde al daño que se está causando”.
Al contrario, el fiscal general de Neuquén, José Gerez recibió el 24 de octubre último a Alejandro Domínguez presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), y a Martín Kindl, director de relaciones institucionales del IAPG (el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas que congrega a las empresas petroleras). Ambas entidades impulsan un llamado “blindaje penal” frente a las protestas sociales que genera la actividad, idea que mostró muy receptivo al fiscal Gerez.
Es curioso. 6 días antes del encuentro se había producido el desastre ambiental de Bandurria, del cual los funcionarios nada informaron al fiscal Gerez, se supone. La noticia apareció 6 días después de lobby por el blindaje.
La multa indolora
La decana de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue, Graciela Silva, dijo al diario Río Negro que “no existe ningún tipo de remediación que deje el suelo igual a como estaba antes”.
Fernando Farinaccio, del laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y Semiáridos de la facultad: “En estos terrenos la vida del suelo no es tan diversa y es más lenta en sus procesos de recuperación. La materia orgánica es poca y es muy baja en nutrientes. Estamos hablando de áreas de 1% de materia orgánica, entonces el suelo es muy frágil. Estamos afectando flora y fauna que ya de por sí es muy frágil, su recuperación es muy lenta, y su resistencia es muy baja”.

Fracking y un desastre anunciado: Neuquén después del derrame

Gentileza Observatorio Petrolero Sur.


La subsecretaría de Ambiente de Neuquén anunció que la sanción económica a YPF sería la “más grande de la historia”. El subsecretario Lucchelli remarcó que, si bien aún están en el medio del proceso de medición de impacto, la pena podría llegar a los 28 millones de pesos, aunque es posible pensar que frente a las ganancias extraordinarias, la suba del dólar, la suba del precio de las naftas, y las remesas de capitales al exterior, esa cifra resulte ínfima para las empresas.
Martín Álvarez Mullally, del Observatorio Petrolero Sur, apunta a lavaca que el impacto real del derrame, “uno de los más grandes de los últimos tiempos”, requiere un gran y delicado estudio. “De todas formas, lo que hay que decir es que el impacto va a quedar. Fueron ríos de lodo que provienen de subsuelo: podés encontrarte desde hidrocarburos hasta metales pesados. Hay que hacer un estudio serio. Lo que no hay, sin embargo, es acceso a información pública ambiental. Hay un hermetismo muy grande”.
¿Y sobre las sanciones? “Las sanciones son muy particulares. En 2014, después del derrame en Loma La Lata, pagaron multas en cómodas cuotas. En otros casos ni eso ocurre, porque hay un mecanismo a través de causas judiciales por el cual el Estado, al no activarlas, las deja caer. Entonces, más que sancionar, se trata de calmar el impacto mediático social. El Estado hoy no es más que un garantista del extractivismo petrolero”.
Fracking y un desastre anunciado: Neuquén después del derrame
Fracking y muertes
El reciente derrame de hidrocarburos en Bandurrias Sur, Neuquén, demuestra que el sistema de fracking para la extracción de gas y petróleo no representa solo una amenaza a futuro, sino un daño actual y cotidiano. En este caso, llevará al menos ocho meses para una remediación siempre incompleta, frágil y de resultados inciertos.
¿Qué es el fracking? El petróleo y gas tal como se conoce (como fluido) ya prácticamente no existen en el país, ni en buena parte del mundo. Los hidrocarburos que quedan están atrapados en la llamada roca madre, a la que hay que fracturar con trépanos –taladros gigantes- a más de 3.000 metros de profundidad. La excavación genera temblores y sismos que son los que provocaron la prohibición del fracking en países como Gran Bretaña. Bajo tierra, la perforación se ramifica horizontalmente con 5 o 6 caños según el caso que se extienden bajo tierra en distintas direcciones a lo largo de 3 o 4 kilómetros en cada caso. Se inyectan hasta un total de 30 millones de litros de agua a alta presión en cada pozo, cóctel que incluye arenas de sílice y alrededor de 600 químicos para mantener abierta cada grieta, disolver los hidrocarburos, y extraerlos luego a la superficie como un reflujo de barro tóxico, gas y petróleo, de donde proviene buena parte de la contaminación ambiental que genera.
“Es un nuevo cambio de paradigma en la explotación”, explica Álvarez Mullally. “Neuquén tiene una lógica por la cual toda su economía gira en torno a la renta petrolera. El fracking para extraer hidrocarburos no convencionales cambió todas las reglas del juego dentro del mundo. Hace que los costos sean más grandes. Recorta el salario de los trabajadores y flexibiliza, generando más inseguridad para los trabajadores en este año (tres muertos y dos heridos sólo en la cuenca neuquina). Y a la contaminación ambiental se le suma un agravante: todo el desarrollo de Vaca Muerta se hace sin la infraestructura adecuada del Estado: no hay una política de control y fiscalización. Entonces las petroleras hacen lo que quieren. Así ocurren los accidentes”.
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Gentileza Observatorio Petrolero Sur.


Causas y efectos
Como en Argentina no hay estudios sobre el impacto ambiental ni en la salud humana, hay que recurrir a los datos surgidos de investigaciones en las zonas de fracking de los Estados Unidos realizadas por entidades como la Sociedad Médica de Massachusetts, el Concerned Health Professionals, o el Physicians for Social Responsibility):

  • El 75% de los 600 químicos inyectados a la tierra son tóxicospara piel, ojos, sistema gastrointestinal y respiratorio.
  • Más de la mitad de esos químicos puede producir daños en el cerebro y en el sistema nervioso central.
  • El 25% pueden desarrollar en el ser humano algún tipo de cáncer o mutaciones. Las investigaciones detectaron elementos cancerígenos como benceno y formaldehido (el benceno especialmente ligado a las leucemias), neurotóxicos en dosis letales, hidrocarburos también cancerígenos, disruptores y perturbadores hormonales (tolueno además del benceno) que provocan malformación del esperma, reducción del crecimiento fetal, padecimientos cardiovasculares, problemas respiratorios y asma.Detectaron además emisiones radiactivas, 40 % de aumento de nacimientos prematuros, malformaciones, contaminación de los suelos, del agua, del aire.
  • Todo coincide con lo que describen desde el punto de vista de la salud pública las comunidades argentinas cercanas a las explotaciones. En ningún caso se aplica el principio precautorio según el cual actividades con tal poder de daño deberían demostrar su inocuidad antes de ser permitidas.

La fractura hidráulica está prohibida en Alemania, Francia, Bulgaria, Reino Unido, España, Irlanda, Italia, Suiza, Austria, Sudáfrica, República Checa y  estados norteamericanos como el de Nueva York.
En Argentina, la provincia de Entre Ríos ya lo prohibió en todo su territorio y hay grandes movilizaciones en Mendoza que buscan impedir la instalación de la actividad.
Efectos: ambiente, salud, sociedad y economía
El problema del fracking en la Argentina está encendiendo alarmas a nivel internacional. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó este mes al país “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el ‘fracking’ en la región de Vaca Muerta” ya que sus efectos contradicen los compromisos firmados por el Estado en el Acuerdo de Paris “con un impacto negativo sobre el calentamiento global y el disfrute de los derechos, económicos y sociales de la población mundial y las futuras generaciones”. Además, alienta a que Argentina “fomente energías alternativas y renovables”.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó el 3 de octubre la primera de sus audiencias para determinar si el fracking está poniendo en riesgo los derechos humanos en la región, en la cual hay 5.000 pozos: 2.000 se encuentran en Argentina.
La extracción de hidrocarburos mediante el fracking y los combustibles fósiles resulta además anacrónica desde lo energético, y antieconómica: cada pozo implica una inversión de 20 millones de dólares, con una vida útil que no excede los 6 años. Con esa cifra se puede desarrollar un parque eólico con seis aerogeneradores, que producen cuatro veces más energía en ese lapso de tiempo, según lo ha difundido el OPSur. Pero como los generadores eólicos tienen una capacidad productiva de 20 años, terminan brindando 70 veces más energía. Todo con la misma inversión, sin contaminar, y generando más empleo que el fracking.

Fracking y un desastre anunciado: Neuquén después del derrame

Gentileza Observatorio Petrolero Sur.


La contaminación social
La fractura hidráulica genera además empobrecimiento social ya que establece enclaves en los que el beneficio económico se concentra en un pequeño sector técnico trasladado a las zonas de explotación, ajeno a las comunidades que no obtienen siquiera el beneficio de empleos, mientras el único derrame que se comprueba no es el económico sino el de los hidrocarburos.
Añelo, en pleno corazón de Vaca Muerta, no tiene hospital, muchos de los nuevos barrios son hechos con containers y el edificio de la Municipalidad es una construcción prefabricada.  La actividad provoca lo que las comunidades llaman contaminación social. La llegada de contingentes de técnicos y trabajadores a Añelo triplicó su población de 2.500 a 8.000 habitantes (principalmene hombres) e hizo nacer tres industrias: hoteles, casinos y prostíbulos.
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Gentileza Observatorio Petrolero Sur.


Otra realidad que denuncian las comunidades es el crecimiento del comercio y consumo de drogas ilegales. El propio secretario del gremio petrolero de Neuquén y actual senador, Guillermo Pereyra, informó que el 40% de los trabajadores en la zona de Vaca Muerta son adictos. El problema se atribuye tanto al trasplante de trabajadores y técnicos a lugares inhóspitos con salarios por encima de la media y sin posibilidad de desarrollo de una vida social, como a la creciente presión que las empresas ejercen para maximizar ganancias a costa de ellos. El dato no sirvió para crear mecanismos de contención y tratamiento del problema, sino que varias empresas lo usaron para justificar reducciones de personal.
Los pueblos originarios de las áreas de explotación están viendo vulnerados el derecho a ser consultados y dar su consentimiento cuando se realizan actividades que puedan afectar su territorio, según consta en el Artículo 75 de la Constitución Nacional y en el convenio 169 firmado por el país ante la OIT. Al contrario, sus reclamos tienden a ser criminalizados, siendo que son ellos quienes están exigiendo el cumplimiento de la ley.
Se puede sumar a los impactos relevantes la crisis y desempleo que produce el fracking en economías regionales como la frutihortícola en la zona del Alto Valle, que ve su territorio invadido por las perforaciones.
La falta de información y el hermetismo alrededor de la actividad impide que se conozca fehacientemente la cantidad real de accidentes, derrames y explosiones que se producen. Una excepción es el registro del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, que da cuenta de 14 explosiones, incendios, derrames y accidentes producidos en las explotaciones de fracking en Allen, Río Negro, en los últimos cuatro años.
Además, solo en este año, hubo tres muertos y dos heridos por accidentes de trabajo en yacimientos de Neuquén, lo cual muestra la precariedad e inseguridad a la que están sometidos los propios obreros petroleros.
Las empresas lograron, además, un “blindaje sindical” firmado por los  sindicatos del sector y el gobierno neuquino a comienzos de octubre, para impedir medidas de fuerza y protestas en los yacimientos, vulnerando derechos constitucionales. Dicho blindaje se suma al “blindaje penal” reclamado por las empresas multinacionales al fiscal Gerez. Se suma, en el análisis de esta avanzada, el proyecto de instalación de una  base militar estadounidense en la zona de Vaca Muerta, para una declamada “ayuda humanitaria”.
Un dato: Gerez es el mismo fiscal a quien la Confederación Mapuche de Neuquén y organismos de derechos humanos exigieron que active la causa contra funcionarios y empresarios.
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Imagen: Greenpeace.


 

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos. 

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para  relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós. 

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Sabrina Ortíz presentó una iniciativa para frenar la Ley del Cáncer.
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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

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Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Celeste Fierro al llegar a Ezeiza. Fue recibida por decenas de personas que se acercaron a apoyarla y recibirla.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.

La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.

Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.

Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.

Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.

Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.

Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?

Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.

Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?

Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.

¿Les iban informando qué harían con ustedes?

Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

¿Por qué Italia primero?

Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.

¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?

Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.

¿Cómo es un ataque con drones?

Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.

En altamar también siguieron las intimidaciones

Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.

¿En algún momento temiste por tu vida?

Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.

Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?

Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.

¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?

Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.

¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?

Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.

¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?

En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.

Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?

No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.

El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…

Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.

¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?

Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.

Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.

¿Qué edad tiene tu hija?

9 años.

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Nota

9 años sin Lucía Pérez

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La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.

Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

9 años sin Lucía Pérez

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.

La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.

En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.

“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.

En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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