Pese al ocultamiento y silencio que rodearon al tema, la Confederación Mapuche de Neuquén y organismos de derechos humanos, presentaron este martes una denuncia ante la Justicia para investigar las responsabilidades penales de los funcionarios públicos y los empresarios de YPF y la estadounidense Schlumberger por el derrame de hidrocarburos en Vaca Muerta. Las zonas inundadas de barros tóxicos (se observan en la foto satelital distribuida por Greenpeace) equivalen a 10 estadios de fútbol, y desde el Observatorio Petrolero Sur subrayaron que el hecho ocurrido el 18 de octubre último es uno de los desastres “más grandes de los últimos tiempos”. Las empresas, sabiendo del derrame pero sin informar sobre el mismo, habían pedido un “blindaje penal” que frene las protestas sociales. El fracking como técnica extractiva: la contaminación ambiental y social. Los efectos para la salud. Los países que lo prohibieron. Y el pedido de Naciones Unidas para reconsiderar la actividad en Vaca Muerta.
La Confederación Mapuche de Neuquén, organismos de derechos humanos y abogados ambientalistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía general de Neuquén para que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber tanto a funcionarios públicos como a los empresarios de YPF y la estadounidense Schlumberger por el derrame de petróleo y barros tóxicos ocurrido en el yacimiento Bandurria Sur, Vaca Muerta.
“No hay información oficial que indique cómo van a solucionar el daño que han hecho”, explicó a lavaca Jorge Nahuel, werken de la Confederación.
El subsecretario provincial de Ambiente, Juan de Dios Luchelli, habló en un comienzo de “algunas hectáreas” afectadas, pero las organizaciones Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calcularon algo muy distinto:

• Según imágenes satelitales, detectaron “un mínimo de 85 mil metros cuadrados impactados directamente por el crudo”, cifra que equivale a “10 canchas de fútbol aproximadamente”.
• Hay implicadas alrededor de 77 hectáreas contaminadas, “a sólo 11,5 kilómetros de la localidad de Añelo y del río Neuquén”.

Según Greenpeace, fue el segundo desastre ambiental que protagonizó YPF en poco tiempo: el 17 de octubre denunció “el mayor derrame de petróleo en Chile en los últimos 20 años”, que provocó la fuga de 720 mil litros de hidrocarburos, que afectaron 6 mil metros cuadrados.
Blindaje penal
Nahuel describe al poder judicial como un “testigo pasivo” en este caso. “Van cuatro denuncias penales que hacemos por diferentes casos como este, pero no encontramos una respuesta judicial acorde al daño que se está causando”.
Al contrario, el fiscal general de Neuquén, José Gerez recibió el 24 de octubre último a Alejandro Domínguez presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), y a Martín Kindl, director de relaciones institucionales del IAPG (el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas que congrega a las empresas petroleras). Ambas entidades impulsan un llamado “blindaje penal” frente a las protestas sociales que genera la actividad, idea que mostró muy receptivo al fiscal Gerez.
Es curioso. 6 días antes del encuentro se había producido el desastre ambiental de Bandurria, del cual los funcionarios nada informaron al fiscal Gerez, se supone. La noticia apareció 6 días después de lobby por el blindaje.
La multa indolora
La decana de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue, Graciela Silva, dijo al diario Río Negro que “no existe ningún tipo de remediación que deje el suelo igual a como estaba antes”.
Fernando Farinaccio, del laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y Semiáridos de la facultad: “En estos terrenos la vida del suelo no es tan diversa y es más lenta en sus procesos de recuperación. La materia orgánica es poca y es muy baja en nutrientes. Estamos hablando de áreas de 1% de materia orgánica, entonces el suelo es muy frágil. Estamos afectando flora y fauna que ya de por sí es muy frágil, su recuperación es muy lenta, y su resistencia es muy baja”.

La subsecretaría de Ambiente de Neuquén anunció que la sanción económica a YPF sería la “más grande de la historia”. El subsecretario Lucchelli remarcó que, si bien aún están en el medio del proceso de medición de impacto, la pena podría llegar a los 28 millones de pesos, aunque es posible pensar que frente a las ganancias extraordinarias, la suba del dólar, la suba del precio de las naftas, y las remesas de capitales al exterior, esa cifra resulte ínfima para las empresas.
Martín Álvarez Mullally, del Observatorio Petrolero Sur, apunta a lavaca que el impacto real del derrame, “uno de los más grandes de los últimos tiempos”, requiere un gran y delicado estudio. “De todas formas, lo que hay que decir es que el impacto va a quedar. Fueron ríos de lodo que provienen de subsuelo: podés encontrarte desde hidrocarburos hasta metales pesados. Hay que hacer un estudio serio. Lo que no hay, sin embargo, es acceso a información pública ambiental. Hay un hermetismo muy grande”.
¿Y sobre las sanciones? “Las sanciones son muy particulares. En 2014, después del derrame en Loma La Lata, pagaron multas en cómodas cuotas. En otros casos ni eso ocurre, porque hay un mecanismo a través de causas judiciales por el cual el Estado, al no activarlas, las deja caer. Entonces, más que sancionar, se trata de calmar el impacto mediático social. El Estado hoy no es más que un garantista del extractivismo petrolero”.

Fracking y muertes
El reciente derrame de hidrocarburos en Bandurrias Sur, Neuquén, demuestra que el sistema de fracking para la extracción de gas y petróleo no representa solo una amenaza a futuro, sino un daño actual y cotidiano. En este caso, llevará al menos ocho meses para una remediación siempre incompleta, frágil y de resultados inciertos.
¿Qué es el fracking? El petróleo y gas tal como se conoce (como fluido) ya prácticamente no existen en el país, ni en buena parte del mundo. Los hidrocarburos que quedan están atrapados en la llamada roca madre, a la que hay que fracturar con trépanos –taladros gigantes- a más de 3.000 metros de profundidad. La excavación genera temblores y sismos que son los que provocaron la prohibición del fracking en países como Gran Bretaña. Bajo tierra, la perforación se ramifica horizontalmente con 5 o 6 caños según el caso que se extienden bajo tierra en distintas direcciones a lo largo de 3 o 4 kilómetros en cada caso. Se inyectan hasta un total de 30 millones de litros de agua a alta presión en cada pozo, cóctel que incluye arenas de sílice y alrededor de 600 químicos para mantener abierta cada grieta, disolver los hidrocarburos, y extraerlos luego a la superficie como un reflujo de barro tóxico, gas y petróleo, de donde proviene buena parte de la contaminación ambiental que genera.
“Es un nuevo cambio de paradigma en la explotación”, explica Álvarez Mullally. “Neuquén tiene una lógica por la cual toda su economía gira en torno a la renta petrolera. El fracking para extraer hidrocarburos no convencionales cambió todas las reglas del juego dentro del mundo. Hace que los costos sean más grandes. Recorta el salario de los trabajadores y flexibiliza, generando más inseguridad para los trabajadores en este año (tres muertos y dos heridos sólo en la cuenca neuquina). Y a la contaminación ambiental se le suma un agravante: todo el desarrollo de Vaca Muerta se hace sin la infraestructura adecuada del Estado: no hay una política de control y fiscalización. Entonces las petroleras hacen lo que quieren. Así ocurren los accidentes”.

Causas y efectos
Como en Argentina no hay estudios sobre el impacto ambiental ni en la salud humana, hay que recurrir a los datos surgidos de investigaciones en las zonas de fracking de los Estados Unidos realizadas por entidades como la Sociedad Médica de Massachusetts, el Concerned Health Professionals, o el Physicians for Social Responsibility):

• El 75% de los 600 químicos inyectados a la tierra son tóxicospara piel, ojos, sistema gastrointestinal y respiratorio.
• Más de la mitad de esos químicos puede producir daños en el cerebro y en el sistema nervioso central.
• El 25% pueden desarrollar en el ser humano algún tipo de cáncer o mutaciones. Las investigaciones detectaron elementos cancerígenos como benceno y formaldehido (el benceno especialmente ligado a las leucemias), neurotóxicos en dosis letales, hidrocarburos también cancerígenos, disruptores y perturbadores hormonales (tolueno además del benceno) que provocan malformación del esperma, reducción del crecimiento fetal, padecimientos cardiovasculares, problemas respiratorios y asma.Detectaron además emisiones radiactivas, 40 % de aumento de nacimientos prematuros, malformaciones, contaminación de los suelos, del agua, del aire.
• Todo coincide con lo que describen desde el punto de vista de la salud pública las comunidades argentinas cercanas a las explotaciones. En ningún caso se aplica el principio precautorio según el cual actividades con tal poder de daño deberían demostrar su inocuidad antes de ser permitidas.

La fractura hidráulica está prohibida en Alemania, Francia, Bulgaria, Reino Unido, España, Irlanda, Italia, Suiza, Austria, Sudáfrica, República Checa y  estados norteamericanos como el de Nueva York.
En Argentina, la provincia de Entre Ríos ya lo prohibió en todo su territorio y hay grandes movilizaciones en Mendoza que buscan impedir la instalación de la actividad.
Efectos: ambiente, salud, sociedad y economía
El problema del fracking en la Argentina está encendiendo alarmas a nivel internacional. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó este mes al país “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el ‘fracking’ en la región de Vaca Muerta” ya que sus efectos contradicen los compromisos firmados por el Estado en el Acuerdo de Paris “con un impacto negativo sobre el calentamiento global y el disfrute de los derechos, económicos y sociales de la población mundial y las futuras generaciones”. Además, alienta a que Argentina “fomente energías alternativas y renovables”.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó el 3 de octubre la primera de sus audiencias para determinar si el fracking está poniendo en riesgo los derechos humanos en la región, en la cual hay 5.000 pozos: 2.000 se encuentran en Argentina.
La extracción de hidrocarburos mediante el fracking y los combustibles fósiles resulta además anacrónica desde lo energético, y antieconómica: cada pozo implica una inversión de 20 millones de dólares, con una vida útil que no excede los 6 años. Con esa cifra se puede desarrollar un parque eólico con seis aerogeneradores, que producen cuatro veces más energía en ese lapso de tiempo, según lo ha difundido el OPSur. Pero como los generadores eólicos tienen una capacidad productiva de 20 años, terminan brindando 70 veces más energía. Todo con la misma inversión, sin contaminar, y generando más empleo que el fracking.

La contaminación social
La fractura hidráulica genera además empobrecimiento social ya que establece enclaves en los que el beneficio económico se concentra en un pequeño sector técnico trasladado a las zonas de explotación, ajeno a las comunidades que no obtienen siquiera el beneficio de empleos, mientras el único derrame que se comprueba no es el económico sino el de los hidrocarburos.
Añelo, en pleno corazón de Vaca Muerta, no tiene hospital, muchos de los nuevos barrios son hechos con containers y el edificio de la Municipalidad es una construcción prefabricada.  La actividad provoca lo que las comunidades llaman contaminación social. La llegada de contingentes de técnicos y trabajadores a Añelo triplicó su población de 2.500 a 8.000 habitantes (principalmene hombres) e hizo nacer tres industrias: hoteles, casinos y prostíbulos.

Otra realidad que denuncian las comunidades es el crecimiento del comercio y consumo de drogas ilegales. El propio secretario del gremio petrolero de Neuquén y actual senador, Guillermo Pereyra, informó que el 40% de los trabajadores en la zona de Vaca Muerta son adictos. El problema se atribuye tanto al trasplante de trabajadores y técnicos a lugares inhóspitos con salarios por encima de la media y sin posibilidad de desarrollo de una vida social, como a la creciente presión que las empresas ejercen para maximizar ganancias a costa de ellos. El dato no sirvió para crear mecanismos de contención y tratamiento del problema, sino que varias empresas lo usaron para justificar reducciones de personal.
Los pueblos originarios de las áreas de explotación están viendo vulnerados el derecho a ser consultados y dar su consentimiento cuando se realizan actividades que puedan afectar su territorio, según consta en el Artículo 75 de la Constitución Nacional y en el convenio 169 firmado por el país ante la OIT. Al contrario, sus reclamos tienden a ser criminalizados, siendo que son ellos quienes están exigiendo el cumplimiento de la ley.
Se puede sumar a los impactos relevantes la crisis y desempleo que produce el fracking en economías regionales como la frutihortícola en la zona del Alto Valle, que ve su territorio invadido por las perforaciones.
La falta de información y el hermetismo alrededor de la actividad impide que se conozca fehacientemente la cantidad real de accidentes, derrames y explosiones que se producen. Una excepción es el registro del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, que da cuenta de 14 explosiones, incendios, derrames y accidentes producidos en las explotaciones de fracking en Allen, Río Negro, en los últimos cuatro años.
Además, solo en este año, hubo tres muertos y dos heridos por accidentes de trabajo en yacimientos de Neuquén, lo cual muestra la precariedad e inseguridad a la que están sometidos los propios obreros petroleros.
Las empresas lograron, además, un “blindaje sindical” firmado por los  sindicatos del sector y el gobierno neuquino a comienzos de octubre, para impedir medidas de fuerza y protestas en los yacimientos, vulnerando derechos constitucionales. Dicho blindaje se suma al “blindaje penal” reclamado por las empresas multinacionales al fiscal Gerez. Se suma, en el análisis de esta avanzada, el proyecto de instalación de una  base militar estadounidense en la zona de Vaca Muerta, para una declamada “ayuda humanitaria”.
Un dato: Gerez es el mismo fiscal a quien la Confederación Mapuche de Neuquén y organismos de derechos humanos exigieron que active la causa contra funcionarios y empresarios.