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Una niña wichi de 13 años, internada en grave estado por un embarazo: “Se vulneraron todos sus derechos”

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Una nena wichí de 13 años está internada en el Hospital Perrando de Resistencia, Chaco, por complicaciones derivadas de un embarazo. Es oriunda de un paraje campesino alejado de la ciudad: “Lo que sabemos del contexto en el cual vivía es que es de extrema pobreza y no estaba escolarizada, es decir que estaba realmente fuera del foco del sistema», relata a lavaca Liliana Ensisa, médica pediatra y Coordinadora Provincial de salud integral en la Adolescencia de la provincia. Las presunciones sobre lo que pasó, los altos índices de embarazo adolescente y mortalidad materna y el estado crítico del interior del Chaco.
Una nena wichi de 13 años está internada en grave estado de salud en el Hospital Perrando, en Chaco. Llegó presentando un cuadro de desnutrición crónica, anemia, neumonía y un embarazo de casi siete meses. Le realizaron entonces una cesárea de urgencia. El bebé, que pesó un kilo y trescientos gramos, murió unas horas después.
“El estado de salud de la niña sigue en estado muy grave, el pronostico es sumamente reservado”, informa a lavaca Liliana Ensisa, médica pediatra y Coordinadora Provincial de Salud integral en la Adolescencia de Chaco. “Además de la infección respiratoria grave se suma algo que se denomina fallo multiorgánico, entonces el manejo, la evolución y el pronóstico se vuelven mucho más graves”.

El caso

La niña de 13 años provino del paraje wichi “El Sauzal” y su primer acercamiento a un centro de salud fue en la ciudad de Castelli, en el Hospital Bicentenario. Dado su cuadro de complejidad fue derivada rápidamente a Resistencia: “Por edad entra al hospital pediátrico pero nuevamente se la deriva al hospital Perrando, que es el centro de mayor complejidad que tiene la provincia, precisamente porque contaba con una gestación evaluada en ese momento de 27 semanas. Ingresa directamente a la terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro respiratorio. En el día de ayer se produce el parto por cesárea, evaluado al nacer un recién nacido de 30 semanas, de un kilo trecientos, que a las pocas horas de nacer fallece debido a la infección”, relata Liliana Ensisa.
La noticia apareció en redes sociales a través de un comunicado de Católicas por el Derecho a Decidir. Soledad Deza -abogada del caso Belén y parte de la guardia de abogadas feministas de la organización- le llegó la noticia por medio de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Así, en red, activaron para visibilizar. Dice Soledad a lavaca: “Teniendo en cuenta que Chaco tiene índice de mortalidad materna muy alto, la idea era que este caso no se oculte”.
La pediatra Ensisa ilustra el contexto en el que vivía la niña: “Vino de este paraje en una localidad muy distante de centros que tengan atención médica. Hay centros de salud pero con visitas médicas que son cada tanto; entonces directamente la traen a la localidad de Castelli con las dificultades geográficas y climáticas en esta época del año: hay muchas lluvias y las calles no están asfaltadas. Las dificultades de acceso real a un centro asistencial se vuelven más difíciles”.
La niña llegó acompañada por una tía y su padre; los médicos precisaron un traductor wichí para poder comunicarse. “Lo que sabemos del contexto en el cual vivía es que es un contexto de extrema pobreza, no estaba escolarizada, es decir que estaba realmente fuera del foco del sistema, digamos”.
Ensisa denuncia que el programa que llegaba con políticas socio sanitarias a parajes como el de esta niña wichí fue desarticulado por el gobierno. “Nosotros teníamos un sistema de llegada a través de políticas socio sanitarias con camiones que se instalaban en determinadas zonas de todo el impenetrable al cual he concurrido personalmente durante varios años. Este programa dejó de funcionar. No obstante hay centros de salud en esa zona, en cada paraje hay un centro de salud. Ahora, el paraje no es una ciudad, hay una distancia que a veces es entre 10 y 20 km para llegar al centro de salud. Y la verdad es que muchas veces estas personas no ocupan la oferta. La realidad es que uno debe llegar con ellos y hacer mayor propaganda, lo cual existía en el momento en el que se hacía este abordaje sanitario. Estábamos como en una campaña permanente. Hoy en día no hay porque en los recursos del Estado entendió que eso no era necesario. La realidad de ese sector de la provincia hasta que la accesibilidad de rutas en mejores estados no cambie, la realidad no va a cambiar. Hay personas que hacen relevamiento no solo desde la salud, sino por parte de desarrollo social y de la justicia, pero son muchos los casos. Si bien este es el caso que sale, que ocupa, que es una situación terrible, estas situaciones están crónicamente establecidas y agravadas por la situación económica. Ahora hay mayor desnutrición: esa es la realidad. Ellos están en situaciones muy complicadas porque viven pobres, pero ahora están en extrema indigencia”.

La provincia

Según trascendió en Chaco hubo quince muertes maternas en lo que va del año. Ensisa responde: “Las cifras concretas se cierran en enero. Puede ser (sobre la cifra de 15), lo que sí puedo afirmar que sí es el número de muertes maternas que solemos tener por año. En algunos años no tenemos muertes adolescentes y este año sí”.
A pesar de que la provincia fue una de las primeras en adherir al protocolo de aborto no punible, aborto al cual debería haber accedido la niña, la mitad de los representantes en el parlamento votaron este año en contra del aborto legal. Dos senadores y una senadora representan a la provincia en la Cámara, Ángel Rozas (UCR), votó en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, Eduardo Alberto Aguilar (PJ) y María Inés Pilatti Vergara (FPV), votaron a favor. De los siete diputados y diputadas de la provincia, 4 votaron en contra.
Cuando Soledad Deza y las abogadas se enteraron del caso, la nena ya estaba en terapia intensiva por lo que no pudieron contactarla. “Creo que lo más crudo es el abandono. La desnutrición en una criatura de 13 años no es en una semana, es desnutrición crónica. El abandono es crónico también”
La periodista Mariana Iglesias puso en números la ausencia del estado en la provincia: según el Indec, en Gran Resistencia el 39,2% de su población vive bajo de la línea de pobreza, el 8,8% es indigente. Otra alarma: la provincia tiene los índices de embarazo adolescente y mortalidad materna más altos que la media del país, según informe del Ministerio de Salud el 15% de los nacidos vivos son de madres adolescentes. De las chaqueñas menores de 20 años, el 10% son analfabetas o con primaria incompleta, el número duplica la media nacional.
Soledad abre la pregunta: “¿Qué tipo de políticas sanitarias tenemos? ¿Qué pasa cuando vos te alejás, te retirás, unos cuantos kilómetros del tejido urbano? Se reproduce la política que se da en nuestro país: centralista. No sé si acá lo que hay es una reacción de los sectores patriarcales conservadores fundamentalistas y un recrudecimiento de las posiciones radicalizadas frente al tema o es una impotencia estatal para llegar a lugares que no sean de fácil acceso, para llegar a todas las personas”.
La pediatra Ensisa remata: “Es un caso donde todos sus derechos han sido vulnerados. Uno no puede hablar que técnicamente haya sido una situación de abuso pero es una niña muy pequeña y conviviendo con una pareja desde muy chica. Ahora sí hay una denuncia hecha. Pero es como que nos quedamos muy cortos: no es sólo que hay un varón responsable de un abuso; en realidad el contexto general que uno tiene que rescatar es que están vulnerados todos sus derechos”.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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