Nota
Juicio por el asesinato de Neuquén: Fuentealba, perpetua a Poblete
El policía que mató al maestro Carlos Fuentealba fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua por la Cámara Criminal de Neuquén. Quedó probado que fue Poblete quien disparó, por la espalda, con un arma lanzagases, contra ese docente que estaba en total estado de indefensión dentro de un auto. Detalles del juicio oral y público, la movilización social en torno al caso, y la posibilidad de otro juzgamiento, por las responsabilidades de quienes dieron las órdenes.
El cabo policial de Neuquén Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua como autor material del crimen del maestro Carlos Fuentealba. Poblete disparó con una escopeta lanzagases, a menos de 7 metros, contra el vidrio trasero del Fiat 147 en el que Fuentealba estaba indefenso. Fue el 4 de abril de 2007. Al día siguiente Fuentealba murió. El testimonio de algunos docentes que vieron a Poblete fue crucial, como en el caso de Marcela Roa. Lo vieron, además, porque Poblete levantó la visera de su casco, con la obvia intención de apuntar mejor. La sentencia fue recibida en la sala neuquina con un aplauso.
Lo que vino ocurriendo
Alberto Rodríguez es el cuñado de Carlos Fuentealba el docente asesinado en Neuquén. En medio de la represión, el 4 de abril de 2007, el cabo Darío Poblete le disparó por la espalda cuando Carlos estaba dentro de un automóvil. Al día siguiente Fuentealba murió.
Rodríguez, hermano de Sandra, la esposa de Fuentealba, es además uno de los integrantes de la Comisión Carlos Presente, que ha impulsado la movilización que fue capaz de garantizar que se hiciera el juicio y que a un año y tres meses del homicidio (velocidad casi inaudita para el sistema judicial argentino), pueda haber una sentencia.
Alberto conversó con lavaca un día antes de conocerse la sentencia, revelando detalles del juicio y del trasfondo económico que hay en derredor de todo debate sobre lo que ocurre en Neuquén. Estos son los principales tramos de esa entrevista.
-¿Por qué la comisión vino a Buenos Aires a tan poco de la sentencia?
-Para que se sepa lo que está pasando. Durante el juicio hubo una cobertura bastante pobre, salvo Canal 7. Estuvimos reunidos además con el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el abogado Rodrigo Borda del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana.
Lo que surgió de la conversación es ver que se están abriendo muchas perspectivas al haberlo convocado a Jorge Sobisch (el ex gobernador neuquino) a raíz de los testimonios que explicaban cómo es el modo de proceder policial, siempre obedeciendo órdenes de arriba. Y cuando no hay órdenes claras, esos policías están formateados para reprimir como lo hicieron.
Sobisch tirando la pelota
Rodríguez cuenta que Sobisch, en su declaración ante el tribunal, reconoció que se había reunido con el jefe de la policía provincial, Carlos Salazar un día antes. “Salazar en cambio no declaró en este juicio porque está imputado en la causa Fuentealba II. Por eso pudo evitar declarar ahora, como un modo de evitar autoincriminarse frente a un futuro juicio por las responsabilidades políticas y policiales del crimen”. Sobisch no está imputado en ese posible futuro juicio, “pero además lo que hizo fue tirarle la pelota a la policía. Se la pasó diciendo que gobernó durante 12 años la provincia, pero justo en esto no tuvo nada que ver ”. Puede recordarse, además, la desairada salida del entonces gobernador ante las manifestaciones de indignación tras el asesinato, escapando de la casa de gobierno disfrazado de policía.
Los familiares rechazaban en principio que hubiera dos juicios. “En un primer momento tendría que haber sido una sola causa, porque el asesinato de Carlos fue en el marco de una movilización de una protesta social, dirigida por un sindicato, por un conflicto gremial salarial en el marco de un operativo y en ese marco fue asesinado Carlos. No fue un gatillo fácil en las barriadas, pero la justicia neuquina dividió las causas. En este contexto, ahora con la experiencia concreta del juicio, no se si fue malo ese contexto. ¿Por que? Porque hubiera sido un juicio de muchísimo tiempo, muy desgastante, los testimonios, hubo 67 testigos, la mayoría docentes: unos 50. Y esos docentes también fueron victimas, fueron gaseados, con simulacros de fusilamiento, reprimidos con balas de goma, perseguidos por el campo. Una verdadera cacería a lo largo de 5 kilómetros”.
El corte había ocurrido en el Puente de Arroyito, sobre la ruta 22. Fuentealba fue asesinado a 5 kilómetros de allí, cuando la represión ya había logrado que los manifestantes volviesen hacia Neuquén. “Sobisch era candidato presidencial y quería oponerse a la política de Kirchner. Quería mostrar más mano dura, aliado con (Mauricio) Macri y (Juan Carlos) Blumberg. Del otro lado el sindicato docente (ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén) era y sigue siendo en la práctica una de las pocas organizaciones opositoras en la provincia, donde hay un partido como el Movimiento Popular Neuquino que gobierna hace décadas. Más que oposición, en Neuquén hay internas de un partido único”.
-¿Qué reclamaban los docentes?
-Aumento salarial, pase a planta de muchos trabajadores porteros que estaban con planes de 150 pesos, en condición de precariedad. Era una lucha unificadora. Creo que Sobisch quiso hacer el trabajo sucio de dejar la provincia ordenada para la continuidad del MPN, que ganó las elecciones con Jorge Sapag. Mientras trataba de proyectarse a nivel nacional, Sobisch dejaba la provincia disciplinada en manos de su propio partido, que tiene que haber sabido lo que tramaba. Jorge Sapag no se hubiese disgustado que descabezaran la lucha del sindicato docente con un hecho tan aleccionador y tan traumático, porque todos los años había conflicto apenas empezaban las clases, era el caso testigo para fijar los marcos salariales de otros sindicatos dado que el docente empieza en marzo y arrancaban los conflictos.
El juicio se realizó en la vieja legislatura de Neuquén: “Durante la era Sobisch se hizo una obra faraónica, una legislatura inmensa, algo que esta muy cuestionado, porque se gastó cualquier cantidad de plata. Para esas cosas aparece el dinero”. La vieja legislatura quedó como monumento histórico. Las salas judiciales donde se había propuesto al principio juzgar a Poblete fueron descartadas. “Ese lugar daba garantía de mayor presencia de público, fundamentalmente docentes, como una forma de lograr justamente la publicidad de todo lo que se dijera. Hay que recordar que la justicia neuquina esta hecha a imagen y semejanza de Sobisch, que fue un fenómeno bastante paralelo al menemismo”.
La Comisión convocó a diversas personalidades, “vinieron las Madres de Plaza de Mayo de las dos corrientes, el fiscal Hugo Cañón de Bahía Blanca que actuó en los juicios a los militares, estuvo Silvia Irigaray de las Madres del Dolor, la madre de Maxi de la Masacre de Floresta, cantantes, la Comunidad Mapuche de Neuquén. Para nosotros era una garantía de que se supiera lo que pasaba”
Cambio institucional o irse al Caribe
Otro elemento que Alberto considera crucial fue la marcha, a un año de la muerte de Fuentealba, que reunió unas 30.000 personas en Neuquén. “Vino gente de todo el país, sindicatos, organizaciones sociales, gente independiente, los obreros de Zanón. Fue una marcha tan contundente que logró algo impensado: dos meses antes del juicio hubo una serie de cambios políticos entre los cuales se empezó a enjuiciar y renovar el Tribunal Superior de justicia , que sería como Corte Suprema provincial, porque hubo un incidente con uno de los jueces, Eduardo Badano, sospechado de toda una maniobra para evitar que ATEN fuera querellante en esta causa. Badano le dio una licencia psiquiátrica a un camarista (Hëctor Rimaro) que iba a fallar a favor de ATEN, una maniobra muy turbia. Todo terminó con el pedido de juicio político a Badano”.
Así, la movilización social (y acaso cierto ejercicio de aggiornamiento impulsado por parte del nuevo gobierno del viejo partido neuquino) precipitó otros juicios políticos contra el Tribunal Superior. “Eso derivó en un cambio institucional que nunca había ocurrido en la provincia”. Badano ha dicho que preferiría estar de viaje por el Caribe antes que ser víctima de un juicio político, compitiendo así para el libro Guiness de las obviedades.
El obrero maestro
Alberto relata que la Comisión Carlos Presente busca difundir la memoria de Fuentealba, “a través de los videos que hicieron sus alumnos, y también recordando su vida, su militancia ya en el sindicato de la construcción de Neuquén, o en política en el viejo MAS (Movimiento al socialismo) que se fracturó en los 90. Carlos estudió de grande para maestro, estaba sin trabajo, y tomó eso con pasión y como una nueva forma de participar por los derechos de las personas”.
Para Sandra, Alberto y los demás integrantes de la comisión, hay una línea divisoria en la represión, que implica pararse del lado de la vida o del lado de la muerte. “Durante una represión no andan preguntando de qué afiliación política es cada uno, sino que se busca aleccionar, atemorizar, dañar e incluso, asesinar. El paralelismo con el caso de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki es muy obvio
¿Quién te cuida?
Otro tema de comentario en la carpa que los familiares armaron frente a la Legislatura durante el juicio es el de quiénes son los encargados de protegerlos. “Hay que recordar que muchos testigos son policías de los GEOP (Grupo Especial de Operaciones) de Zapala, Cultral Co, y otros lugares, y que la misma policía que custodia ahí es la policía neuquina, y guardia cárceles de la Unidad 11. A fin de año hay un juicio muy resonante en Neuquén por casos de torturas y apremios ilegales en la U 11, donde están imputados 28 guardia cárceles y muchos de esos guardia cárceles que no están condenados todavía son los que nos están custodiando. Supuestamente. Así es la política”.
-¿Cuál es la diferencia entre Fuentealba l y Fuentealba II?
-En Fuentealba I se juzga al autor material, al que lo ejecutó y fusiló a Carlos y en Fuentealba II abarca las responsabilidades políticas. Hay que recordar que en estos testimonios de este primer juicio y en los videos lo que se vio fue realmente terrible por la continuidad de la represión, el método. Ahí se veían a los jefes de policía. Y se pudo reconstruir que también estuvo el entonces subsecretario de seguridad, Jorge Pascuareli. Varios lo conocían porque también fue docente. El único antecedente de tanta policía reunida allí había sido el de diciembre de 2001, en un marco de conmoción social nacional que obviamente no lo había en Neuquén de 2007, donde simplemente había un corte de ruta de un sindicato que hacia huelga.
Detalles del juicio
Se calcula que 100 efectivos para 700 manifestantes llevaban 400 kilos de gases lacrimógenos más toda la artillería de balas de goma, carros hidrantes y toda la parafernalia represiva usual en estos casos.
En el juicio se calculó también que el impacto del gasaso en la cabeza de Fuentealba fue equivalente a una caída de un 9º piso. El juicio también probó que Poblete es un experto tirador y disparó apuntándole a la cabeza. Los testigos contaron que se levantó la visera del casco, con toda intención de apuntar al blanco (el vidrio trasero de un Fiat 147) del modo más diáfano posible. “Para colmo, mientras estuvo en la sala siempre miraba a mi hermana Sandra de un modo desafiante”.
Curioso desafío, otro elemento que se supo es que Poblete venía de ser condenado en 2006 por vejaciones agravadas por el abuso de armas durante sus actividades policiales. “Una sospecha es que le lavarían esa condena, a cambio de hacer lo que hizo” dice Alberto. Sin necesidad de sospechas, lo inconcebible es que alguien con esa causa probada en su contra, siguiese operando en funciones policiales represivas. Quizás el drama sea que en Argentina esas cosas no son inconcebibles, sino cotidianas.
En el juicio declaró también otro ex policía, Omar Hurtado, quien llegó con una valija llena de cartuchos de gases para explicar sus características intentando exculpar a Poblete. Dos detalles que revelan cómo funcionan las fuerzas de seguridad neuquinas.
1) Hurtado había sido dado de baja en la misma causa por vejaciones en la que se había condenado a Poblete.
2) Pese a eso, aún anda de aquí para allá, y se presenta en juicios, como perito en balística y portando valijas con cartuchos.
Actualmente Hurtado es jefe de seguridad en un casino, cosa que no debería tranquilizar a los apostadores.
Los testimonios de Marcela Roa y Alejandra Meravila fueron cruciales, ya que vieron lo que hizo Poblete y lo siguieron hasta que el cabo consiguió guarecerse tras una cortina de policías que lo cubrían, y encubrían. Esas declaraciones más las pericias balísticas que demostraron que el cartucho partió del arma de Poblete, dejan prácticamente en evidencia la posibilidad de concretar la pena a prisión perpetua que piden los querellantes y la fiscalía.
Alberto cree que hay algo más que ganar en esta instancia: “Que nos vayamos contactando personas y organizaciones sociales y de derechos humanos para que se haga un marco legislativo y jurídico, que determine que no puede resolverse el conflicto social de esta manera. No puede haber grupos especiales encargados de reprimir y matar, que no se puede reprimir con balas de gases, que ya esta probado que pueden tener un alto grado de letalidad, que antes se suponía muy tenue.
-Un dilema perpetuo en Neuquén: siempre hay un alto grado de movilización, pero a la vez siempre gana el MPN- ¿Cómo viven esa paradoja?
-El MPN es una cultura, hace cuarenta años que gobierna… Hace poco leí un libro de Ariel Petrucheli, profesor de la Universidad del Comahue, llamado Docentes y Piqueteros, donde hablaba de la experiencia en Neuquén, del Cultralcazo del 96′, piquetes, cortes de ruta, el asesinato de Teresa Rodríguez en 1997 en el marco de una huelga docente, la situación de ATEN, cómo es la movilización popular. El libro plantea que se ha dado tanta combatividad por la confluencia de exiliados políticos de Chile de otras épocas, la iglesia con Jaime De Nevares, las madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, y el surgimiento de muchísimas experiencias como la de Zanón. Todo un rompecabezas, una cultura. Entonces hay dos culturas en pugna desde hace bastante tiempo, que es esta ligada a los derechos humanos y la otra ligada al MPN que es más patriarcal, asistencialista, ligada al peronismo pero luego al menemismo y al neoliberalismo, derivando a algo mucho mas represivo mas precarizado antes daba una casa, ahora te dan una bolsa de comida. En esa cultura entra todo el elemento represivo, y el miedo. Mucho más con Sobisch. Entre ese temor y la falta total de oposición, y que los que podemos pensar distinto andamos siempre separados, gana el MPN. Entonces, en este gran movimiento que se hizo por lo de Carlos está la gente mas progresista del kirchnerismo, se acerca también la gente de Zanon, los partidos de izquierda, hay tironeos, acusaciones, nosotros bancamos distintas cosas pero seguimos bregando por una consigna unificadora que eso va a abrir instancias para que se vaya resquebrajando este poder omnímodo del MPN sino es muy utópico todo lo demás, hacer una política de consignas acusadoras, y nada más.
El trasfondo del poder neuquino, según Alberto huele a petróleo. “El fondo de toda la pelea que pueda haber es por la caja. El MPN no quiere que entre ni el kirchnerismo ni nadie. Por eso Sobisch, que no lo votaba nadie, tenía empapelado el país y hacía las propagandas de televisión más caras. El gobierno de Sapag está más abierto, aprendió de Sobisch pero también de Kirchner. Dan cosas, dejan que algo cambie, para garantizar seguir gobernando”.
Más allá de estas descripciones, se conoció la sentencia. Se empezó a hacer justicia. Aunque en muchos sentidos esta historia seguirá escribiéndose a partir de esta condena.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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