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Iara Rueda: comienza en Jujuy el juicio por su femicidio

Por qué el juicio por el femicidio de Iara Rueda es un antes y un después en la provincia

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Iara Rueda (16 años) estuvo desaparecida 5 días y, ante la inacción policial, su familia inició la búsqueda por su cuenta que se replicó con una red de apoyo en todo Jujuy. Su cuerpo apareció atado de pies y manos. Dos años y medio después llegan este jueves tres hombres a juicio, y la familia presentó además una denuncia contra 8 policías por “abandono de persona”. Cómo se logró el inicio del proceso, los sentimientos encontrados de cara a las audiencias, y por qué el caso de Iara destapó una olla en la provincia. Su madre Mónica Cunchila dice desde Palpalá: “Es importante el apoyo de la sociedad, porque no queremos que le suceda a nadie más”. 

Iara Rueda: comienza en Jujuy el juicio por su femicidio

El próximo jueves 13 de abril comienza en Jujuy el juicio por el femicidio de Iara Rueda, la jóven de 16 años asesinada en septiembre de 2020. La fecha estaba prevista para agosto de este año pero la familia Rueda junto al fiscal Alejandro Bossatti presentaron un recurso de queja por «retardo y denegación de justicia» ante Superior Tribunal de Justicia local que logró adelantar el inicio del proceso. 

“Hace rato veníamos pidiendo fecha de juicio”, dice Mónica Cunchila, mamá de Iara, del otro lado del teléfono. Es que el pedido lo renovaban en cada movilización, la última el 8 de marzo: mientras marchaban, fueron reprimidos. “Por eso hicimos otra marcha exigiendo más fuerte la fecha, y salió que nos la daban para el 17 de agosto”. Además del reclamo callejero presentaron el recurso judicial y la respuesta llegó rápido: el pasado 4 de abril les informaron que en 9 días tenían la primera audiencia. 

¿Cómo se llega al juicio? “Con muchas emociones juntas. Todo este tiempo no tuve problemas de sueños, pero ahora que me toca a mí me quitó el sueño: estoy ansiosa”, dice Mónica. 

Se estima que el proceso a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 3 se extenderá hasta el 8 de mayo, aunque Mónica advierte que en los últimos juicios se fueron moviendo fechas claves. “Es relativo. Ojalá que se termine el 8 de mayo. Ellos no se dan ni idea lo que a uno le pasa cuando cambian fechas o las horas: es matar a la familia cada día más”. 

Si el cronograma se cumple la última audiencia estaría prevista para un día después de las elecciones en la provincia de Jujuy donde se elegirá además de gobernador y vice, 24 diputadxs provinciales, intendentxs, concejalxs y vocales de comisiones municipales. 

Iara Rueda: comienza en Jujuy el juicio por su femicidio

La primera audiencia 

Al juicio llegan tres acusados: Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, ambos imputados de «homicidio doblemente agravado calificado por alevosía y por ser cometido en contra de una mujer»; y Tomás Fernández -que hoy tiene 19 años y en el momento del femicidio tenía 16- imputado por «homicidio triplemente agravado, por el vínculo, alevosía y por ser cometido contra una mujer».

La audiencia de inicio está citada a las 8.30 horas en los Tribunales de San Salvador de Jujuy. Se estima que hablará primero la mamá de Iara, Mónica, y su papá, Juan José Rueda. “Va a ser durísimo, es revivir cada momento. Desde que nos dijeron la fecha todos los días es como el día antes de que Iara desaparezca, sentimos esa angustia”, dice su ella. Durante la jornada se escucharán a 10 testigos, incluidos peritos de la causa. 

“Estamos pidiendo que los padres y madres de otros casos puedan asistir, porque es muy importante el apoyo entre familiares y víctimas.Este dolor de que te han arrancado a alguien de esa forma solamente lo sentimos los familiares. En este momento me hace falta mucho ese apoyo. Estarán también muchas organizaciones, los gremios, la Multisectorial de la Mujeres y Disidencias de Jujuy; muchos familiares, vecinos, amigos, nos dijeron: vamos a estar con ustedes. Es importante el apoyo de la sociedad, porque no queremos que le suceda a nadie más”. 

El caso

Palpalá es una localidad de 50 mil habitantes, a 13 kilómetros de San Salvador de Jujuy, Iara nació y vivió ahí junto a su familia: Mónica Cunchila, su mamá, Juan José Rueda, su papá, y sus tres hermanas: Rocío, Mariel y Candela.   

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz. 

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda. Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz. En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

Su cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de piés y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Iara Rueda: comienza en Jujuy el juicio por su femicidio
El altar que la familia le construyó a Iara en el lugar del hallazgo del cuerpo: la tapa de MU hace 2 años.

La otra denuncia

Mónica y Juan José presentaron también una denuncia penal por “abandono de persona” contra los funcionarios policiales que no buscaron a la joven como lo indican las legislaciones vigentes. De esa causa se espera la elevación a juicio. “Son 8 policías imputados. Estamos esperando que el juez regrese de su licencia médica, y ponga fecha. Este juicio se va a complementar con el del femicidio de Iara”. 

La lucha de la familia junto a las organizaciones locales logró una conquista fundamental: la declaración de la Emergencia en Violencia de Género, denominada “Ley Iara”. Dice Mónica: “Se logró una ley que le falta pero que no queremos que se vaya. Si no hubiéramos gritado tan fuerte las cosas no hubiesen cambiado”.

¿Qué cambió?

Cambiaron algunas cosas pero falta muchísimo todavía, les cuesta ver lo que está pasando en la provincia: y lo que no se ve es que pasaron 16 femicidios en estos años. A medida de que iban pasando las marchas me enteré que había muchas mujeres muertas que no se conocían: ahora las conocemos. Y ahora las mujeres denuncian la violencia. Acá en Palpalá hay 5 denuncias de violencia de género por semana, para el día de la madre estaba llena la comisaría. Eso cambió: hay muchas cuestiones que ya no se callan las mujeres. 

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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores». 

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11  y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos. 

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo. 

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero. 

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa. 

www.observatorioluciaperez.org

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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

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Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.

Por Lucas Pedulla

El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:  

“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.

El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.

Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.

La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.

Avon, papel & toma

Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.

En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:

  • “Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”. 
  • “Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”. 
  • “En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.

La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.

Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.

Gris de espera

Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.

Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.

Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.

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Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

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Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro. 

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.

Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.

Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.

En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”. 

El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas. 

Ataques

El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo

Absurdos

La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.

En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.

¿Qué despropósitos?

Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer. 

A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.

Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.

Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.

Truchos

En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”. 

Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.

Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.

Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.

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