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Alerta Jujuy: entrevista a la mamá de Iara, de Palpalá

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Iara Rueda fue desaparecida y asesinada y su familia se revela frente a la trama femicida. Las sospechas sobre el poder jujeño. La falta de búsqueda estatal: el protocolo que no se usó y el falso “cerrojo”. La (in) actividad de la policía. Y la organización creciente de las víctimas en una provincia que lleva al menos 13 femicidios en este 2020, que este domingo movilizó en Abra Pampa, Tilcara y Humahuaca. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Fotos: Julia Carrizo

Esta nota forma parte de la MU 152 y fue posible gracias al aporte de nuestres cómplices. #HaceteCómplice acá para seguir apoyando el periodismo sin patrón.

Mónica Cunchila tiene 47 años. Nació, se crió y formó su familia junto a su compañero, Juan José Rueda, en Palpalá, una localidad de 50 mil habitantes, a 13 kilómetros de San Salvador de Jujuy. “Soy de Palpalá desde siempre, nunca me fui a ningún lado. Trabajo en la sala de técnicos profesionales de un ministerio, y como estatal estoy afiliada a la Asociación Trabajadores del Estado”, se presenta. Es mamá de Rocío, 21 años; Mariel, 15 años; Candela 12 años; y lo era de Iara, que tenía 16 años. 

El miércoles 23 de septiembre su vida cambió para siempre. Iara salió de su casa para ir al gimnasio –como era su costumbre– en su bicicleta verde, con su mochila y una botella de agua. Después de su rutina deportiva, volvió a su casa, se bañó, se cambió de ropa y fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Esa tarde fue la última vez que su familia la vio con vida. “Yo creo que a mi hija la venían estudiando desde hacía tiempo”, cuenta Mónica, a un mes de su asesinato. 

Iara tenía 16 años, una vida por delante y muchos sueños que concretar. Vivía con su mamá, su papá y sus hermanas, con quienes compartían el fanatismo por Freddy Mércuri, a quien homenajeaban en largas tardes de guitarreada. Por esos días de septiembre, Iara y sus hermanas planeaban cambiarse el color de su pelo, y también querían dibujar y pintar las paredes de su habitación. Estaba en cuarto año del secundario, y quería ser perito criminalista. “Ella era muy buena alumna, muy responsable y muy solidaria. Tanto Iara como sus hermanas nos dicen dónde y con quién están. Con mi marido calculamos los tiempos, las llevamos y traemos, las llamamos siempre al fijo o al celular”, cuenta Mónica. 

El 23 de septiembre a la tardecita cuando Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta supo que algo le había pasado. Inmediatamente fueron a la Brigada de Investigación de Palpalá: “Ellos tenían que activar el operativo cerrojo, que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, pero en lugar de eso dijeron que ya iba a volver, que debía estar en lo de un noviecito, que era adolescente, rebelde”. Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes. Mónica y Juan José presentaron luego una denuncia penal por “abandono de persona” contra los funcionarios judiciales y policiales que no buscaron a la joven como lo indican las legislaciones vigentes. 

Como tantas madres en la historia de nuestro país, a sólo un mes de la desaparición seguida de asesinato de su hija, Mónica se convirtió en una luchadora: mientras volantea por las calles de San Salvador de Jujuy reclamando la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia de Género (la familia Rueda Cunchilo y la Multisectorial de Mujeres de Jujuy proponen que se llame Iara), escucha a otras víctimas de violencia, las contiene e impulsa la organización de las familias de toda la provincia para pedir justicia por sus hijas.   

¿Qué fue lo primero que hicieron cuando se dieron cuenta de la ausencia de Iara?

Fuimos directamente a hacer la denuncia a la Brigada de Investigación de Palpalá. 

¿Y qué les dijeron?

Ellos lo único que decían era ‘se ha ido con el noviecito’; y yo les decía que más allá de que se hubiera ido con el noviecito, la tenían que buscar igual: es una menor de edad. Pero en ese momento yo no conocía la resolución firmada por el propio ministro de Seguridad Ekel Meyer, que dice que si desaparece un menor o una menor de 18 años debe activarse un código rojo, que es un operativo cerrojo por el que en dos horas se tienen que cerrar todos los ingresos a la ciudad y usar todos los elementos que se tengan para la búsqueda de esa persona: infantería, caballería, drones, perros. Pero acá no se usó nada. 

¿Conocías esa resolución?

No, la conocí después de que apareció Iara. Eso estaba cajoneado, guardado, pero tiene que ser público para que a cada papá o mamá que busca a su hija o hijo, no le digan que tiene que esperar 24 horas, porque son menores de edad y corren riesgo sus vidas. Esas primeras horas son fundamentales; en la misma resolución lo dice, corre riesgo la vida de esa persona. Por eso ahora estamos tratando de que todo el pueblo conozca esa resolución. Yo me enteré por los abogados y también dice que tienen que rastrear los celulares. A pesar de que les insistí a los de la Brigada que siguieran el registro del celular de Iara, nunca lo hicieron. Ella salió con el celular porque contestó a una llamada en la que le pedían un trabajo práctico. A ella la engañaron y no volvió más. Ahí la agarraron, cuando fue a llevar el trabajo de la escuela. Mi sobrino la buscó por el número y me dijo “la tienen acá”, y fuimos y les dimos ese dato a la Brigada, pero en vez de hacer cerrojo y buscarla casa por casa, no han hecho nada. Tienen esa resolución firmada por el Ministro de Seguridad de la provincia, pero el mismo ministro después se lavó las manos. Si hubiera sido la hija o la nieta del gobernador, o la hija de Ekel Meyer, hubiesen rascado las piedras, hasta encontrarla. 

¿Y qué hizo el gobierno provincial?

El lunes 28 informaron que apareció Iara asesinada y esa noche el gobernador Morales dijo en cadena que, ante una desaparición, tenían que buscar inmediatamente, pero la resolución ya estaba y no la buscaron. Quieren quedar bien con la sociedad, pero no, ya está. Acá parece que tiene más autoridad Ekel Meyer que el propio gobernador. Sale siempre en los informes del Comité Operativo de Emergencias (COE). Ni Meyer hizo cumplir la resolución que él mismo firmó; cómo puede ser que los comisarios de toda la provincia no sepan de esta resolución. ¿Para qué está? Tiene que irse.  

¿Por qué creés que toda la comunidad ayudó a buscarla?

Acá todos nos conocen, somos gente de trabajo, hemos empezado vendiendo sándwiches cuando mis hijas eran chiquitas. Empezamos con dos gaseosas y un kilo de pan y fuimos creciendo. Las nenas iban diciendo “sándwich, sándwich” y los vecinos las vieron crecer, salíamos como los patitos en fila, todos juntos. La gente nos conoce bien y nos dice “no puedo creer que les haya pasado a ustedes”, porque si a alguien le faltaba algo o necesitaba una mano, siempre estábamos. Una vez, en pleno invierno, mi marido se encontró con un señor que vivía en la calle y se sacó la campera nueva y se la dio porque iba a dormir en el piso para que al menos estuviera abrigado. 

¿Iara era solidaria como ustedes?

Sí, así era Iara, igual que mi marido. ¿Sabés lo que hizo mi hija el año pasado? Vino Sebastián Yatra, un famoso que les gusta a los chicos. Ella ahorró peso por peso el dinero que le dábamos para cosas de la escuela y le compró la entrada a la mejor amiga para que pudiera ir a verlo. Así era ella. Iba a comprarle la entrada a la amiga y ella no iba a ir, entonces le dimos la plata para que también fuera. Ella era muy solidaria, muy querida. Por eso Palpalá la buscó, y por eso la llora Jujuy. Creo que mi hija estuvo en el corazón de cada jujeño. 

¿Cómo se llevaba con sus hermanas?

Todas son así de solidarias. Sabes lo lindo que era verlas a todas juntas tocando la guitarra. Ella era muy fanática de Freddy Mercury. Y ahora se juntan a tocar y lloran: la quieren ver. 

Mónica, ¿vos qué creés que pasó con Iara?

Yo creo que a mi hija la estaban estudiando. Creo que fueron las dos personas que están detenidas, pero también hay más gente porque mi hija es alta, para que te des una idea, su bici es rodado 29. ¿Cómo puede ser que a la hora que desapareció, justo en ese momento se cortó la luz durante 20 minutos? Y qué casualidad que cuando apareció el cuerpo también se cortó la luz en un barrio donde los vecinos nos cuentan que jamás se corta la corriente. Y una hora y media después de iniciado el rastreo, apareció el cuerpo en un lugar donde ya habíamos buscado… 

¿Y quién maneja la electricidad en Palpalá?

Yo espero que se averigüe quién maneja la electricidad. Pero tiene que ser alguien que sabe. Da para pensar. A mi hija la mataron en otro lado y después plantaron el cuerpo. Mi hija estuvo muerta 4 días a la intemperie en otro lado, y apareció justo cuando pusieron la caballería y todo para la búsqueda. Cuando me llamaron y me dijeron “tenés que ser fuerte”, a mí el corazón me empezó a latir aceleradamente. ¿Sabés cuántas horas duermo por día? Dos horas. Cuando me quiero dormir escucho su voz, la escucho pedir ayuda y no puedo creer que no esté con nosotros. 

¿Cómo siguen ahora? 

No van a lograr que yo deje de pelear por justicia, se tienen que hacer responsables. Esto tiene que cambiar, esta gente tiene que irse. ¿Por qué el pueblo les tiene que pagar un sueldo para que calienten la silla? Mi hija está muerta y recién ahora se ha abierto la Legislatura, recién ahora se ponen a trabajar. Meyer no para de abrir secretarías. Quieren que lo vean bien pero es tarde. Ponen a amigos en esas secretarías, y es gente incompetente, que no sabe ni prender una computadora. Tienen que poner gente que quiera trabajar, que tenga compromiso, que les importe el pueblo. Seguiremos marchando para que las cosas cambien: que los diputados trabajen como corresponde, para defendernos, para cuidarnos. Si dicen que hay drones y perros: tienen que ser para el pueblo, no para estar guardados. No hay que esperar a que pasen estas cosas para salir, tiene que ser algo de todos los días. Además las cámaras tienen que funcionar, porque en la tele dicen “pusimos cien cámaras” y después resulta que no andan. 

¿Cómo es la organización con las otras familias?

Nos estamos juntando con otros papás y mamás para ayudarnos mutuamente. Porque este dolor no nos lo saca nadie, pero nos apoyamos mutuamente para reclamar justicia. Estamos todas juntas. Esto no es partidario, estamos pidiendo que se encuentren a los asesinos de nuestras hijas. Queremos justicia. Yo antes no sabía nada de todo esto, porque estaba muy metida en mis cosas, en mi trabajo, en mis hijas. Por ahí no veía las noticias y no me enteraba. Pero con las marchas, mucha gente se nos acercó y nos dicen “yo sufro violencia, yo sufro acoso laboral y no sé qué hacer porque me da miedo quedarme sin trabajo”. Hoy viene alguien y te cuenta “a mi hermana el novio le pega”. Hay un montón de casos así, que yo desconocía. Entonces ahora vamos a empezar a reunirnos, para cuidarnos. Tenemos que contenernos entre nosotras. Ya tenemos un grupo de whatsapp porque somos de distintas partes de la provincia de Jujuy: de Tilcara, de Alto Comedero, de Palpalá, de Maimará, de San Salvador. No tenemos que dejar de juntarnos, y seguiremos haciendo marchas y reclamando justicia.

¿Alguien del entorno de Meyer te llamó?

No, nadie. Ekel Meyer me debe odiar. 

Hicieron la marcha de las velas a un mes del asesinato, ¿cómo sigue la lucha?

Sí, y acá marchamos todos los martes, y lo vamos a seguir haciendo, aunque seamos sólo mi marido, mis hijas y yo: vamos a seguir pidiendo justicia. Son marchas pacíficas, tranquilas, porque mi hija era pacífica. Pero atrás nuestro nos sigue la policía con los palos. Acá nos conocemos todos, en las marchas al Comité Operativo de Emergencias siempre hay infiltrados. En otra marcha, íbamos muy tranquilos todos los papás y mamás y apareció un infiltrado, de la nada, a saltar las vallas. Están esperando que pase lo que pasó en Tucumán: que busquemos a los asesinos y que los matemos. Lo hacen para perjudicar las marchas, para decir que somos problemáticos. Pero vamos a seguir más unidos que nunca, reclamando justicia. 

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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