U.C.E.P. es la sigla de la Unión de Control del Espacio Público, ideada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Su director general es Jorge Cristián Polini. Gracias al decreto Nº 1232/08 de fecha 21 de octubre de 2008, la U.C.E.P. tiene sostén administrativo, y depende de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. Sus prácticas tuvieron poco revuelo en los medios – a excepción del asalto a la Huerta Orgázmica de Caballito y el procedimiento en el edificio de la avenida Paseo Colón al 1588 (donde vivían más de cien familias)- y su objetivo principal es, según su propia definición: “…el mantenimiento del espacio público libre de usurpadores…”, argumento que utilizan sus integrantes para desalojar, golpear, robar y amenazar a personas y familias en situación de calle. Su modus operandi finaliza con la destrucción de los –pocos- documentos de estos individuos. Las pertenencias que sustraen son arrojadas a camiones recolectores de basura que pertenecen a PANIZA, una empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad y que siempre acompaña estos “operativos”.

Hasta la fecha hay más de doce denuncias en la Defensoría del Pueblo de la ciudad que involucran a este organismo. A su vez, también hay una denuncia en el juzgado criminal de instrucción N°49, secretaría 169, con carátula “Macri Mauricio, Piccardo Pablo, U.C.E.P., sobre amenazas y otros delitos” efectuada por la legisladora porteña Liliana Parada.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires acompañó esta acusación con un video que da cuenta de cinco casos testigos sobre el accionar de la U.C.E.P. Carlos Pisoni, miembro del Observatorio y uno de los fundadores de la asociación H.I.J.O.S conversó con lavaca sobre este tema, y cuenta: “Lo que esperamos con esta denuncia es que el Gobierno disuelva este organismo, porque consideramos que es ilegal, funciona de forma violenta, y además, clandestina. De hecho, si uno ve el video, comprueba que todas las actividades las hace en horarios que van desde las 23 a las 4 de la madrugada; cuando las normas explicitan que los operativos se tienen que hacer en horarios diurnos, corrientes. Por otro lado, dormir en la calle no es un delito, ni siquiera una contravención. En todo caso podría ser una contravención, según el Código vigente, obstruir el espacio público, pero no habitarlo.”
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El desalojo de estas personas, en términos legales, tendría que ser acreditado por la justicia, pero ninguna de las acciones de la U.C.E.P tuvo este aval. El jefe espiritual y rostro invisible del organismo es Luis Savoiardo, alias “El Tano”. Savoiardo recurrió a la leva familiar para armar el equipo de la UCEP: su hermano Jonathan -árbitro de las Divisiones Inferiores de la A.F.A-; Marcelo, también hermano, y Romina, sobrina y única mujer de la unidad. Son casi treinta personas las que conforman esta patota que reciben un sueldo de aproximadamente 1200 pesos mensuales. Los otros miembros son: Claudio Apecetche, Alejandro Maximiliano Arismendi, Ramón Adrián Barroso, Carlos Alberto Cabrera, Rodrigo Maximiliano Carrizo, Sebastián Andrés Castillo, Alfredo Javier Cuadrelli, Victorio Pedro De Cillis, Carlos Alberto Failde, Gustavo Fabián Fernández, Marcelo Damián Fernández, Juan Pablo Motta, el comerciante gastronómico Gustavo Adrián Ordóñez, Daniel Francisco Pagano, Daniel Héctor Pizarro, Marcelo Alejandro Reina, Ramón Alejandro Rodríguez, Gabriel Epifanio Romero, Gabriel Angel Ruiz, Diego Emiliano Sansanelli, Juan Manuel Superno, Eduardo Oscar Tassano y Damián Vieitez. Todos estos personajes, cuentan sus víctimas, visten de negro y usan una gorrita oficial con visera y las siglas U.C.E.P estampada, descripción que los hace fácilmente distinguibles. Supuestamente, habrían comenzado a trabajar para la ciudad durante el gobierno de Aníbal Ibarra, y su situación es hoy más estable gracias a que Macri los puso en regla: ocupan una oficina en el quinto piso del Edificio del Plata, ubicado en Carlos Pellegrini 291.
Sobre todo este accionar se recolectaron varios testimonios. Uno de ellos lo dio a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el señor Jorge Enrique Alonso, párroco de la iglesia de Constitución: “El día 7 de octubre de 2008 en la zona de su domicilio (Constitución al 1000 de la Ciudad de Buenos Aires), siendo la 1 hora de la madrugada, fue testigo ocular de una agresión en la persona de Ángel Cabrera Cánepa, de 66 años de edad, quien se encontraba viviendo desde hacía ocho meses debajo de la Autopista 9 de Julio, contigua al edificio de su parroquia. El señor Alonso contó que entre veinte o veinticinco personas jóvenes y vestidas de negro quisieron sacar violentamente de su lugar de asiento al señor Cánepa, pateando su endeble vivienda y propinándole un puñetazo en el estómago, al tiempo que lo amenazaban con cortarle el cuello con un instrumento cortante. También indicó que junto a esas acciones, el señor Cánepa fue amenazado y hostigado verbalmente. Por último, expuso que esas personas no presentaban ninguna identificación particular y que uno de los integrantes del grupo dijo pertenecer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. en tanto otro de ellos dijo que eran de la policía. A su vez, manifestó que el señor Cánepa fue advertido de que debía salir del lugar en veinticuatro hora,s so pena de ser incendiado su lugar de asiento, llevándose el grupo todas sus pertenencias”.
Increíblemente, el gobierno de la ciudad cuenta con un organismo que se entendería como la antítesis de la U.C.E.P: el Programa Buenos Aires Presente (B.A.P.) es el encargado, vía profesionales de áreas diversas (psicólogos, trabajadores sociales) de dar contención y vivienda a los indigentes. Queda en evidencia que el programa no está tan presente, que su tarea se les escapa de las manos como un fluido incontrolable y que lejos de ser antagónicos, la U.C.E.P y el B.A.P conviven necesariamente.
La U.C.E.P goza de las loas de sus diputados y subordinados, que incluso pretendieron archivar la causa contra el organismo. Esos diputados fueronDiego Santilli, Cristian Ritondo y Oscar Moscariello. Pisoni especifica penalmente a la U.C.E.P: “está cometiendo delitos que están tipificado en los artículos del código penal, 89, 149 bis, 149 tercero y 248, que tienen que ver con lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Lo que nosotros pedimos al Gobierno de la Ciudad, es que disuelva el organismo e investigue, no solo los hechos ilícitos que denunciamos, sino también todos los violatorios a los derechos humanos que la UCEP cometió.”
Más info en
www.observatorioddhh.org.ar