Nota
Juicio y castigo
La gente contra el Estado Nacional, Monsanto y las corporaciones agrotóxicas.

Los abogados y Salaberry
La justicia admitió una demanda colectiva contra los responsables del modelo agrotóxico. Se trata de un proceso inédito que demanda justicia para toda la sociedad argentina que padece los efectos de la contaminación sin control, además problemas sociales, económicos, culturales y territoriales. ¿Será justicia?
“Iniciamos proceso colectivo urgente, autónomo y definitivo por daño ambiental, daño moral y punitivo”. Así comienzan las 101 páginas de una demanda inédita para la historia judicial argentina. Un grupo de víctimas y familiares de víctimas de los efectos de la aplicación de agrotóxicos inició un juicio contra el Estado Nacional y once corporaciones productoras de transgénicos, que se está ampliando al sumar demandantes con el correr de las semanas.
El proceso colectivo en la causa caratulada «Giménez Alicia Fany y otros» fue declarado admisible el 17 de junio por la titular del Juzgado Nacional nº 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal, quien lo había recibido de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda no busca el beneficio particular de las personas que la iniciaron, sino que el daño es considerado “común a todos los habitantes del territorio argentino”. Daniel Sallaberry, uno de los abogados que promueve la causa, explica a Mu: “En términos jurídicos esto se llama una acción de clase, que habilita a juicios masivos. La clase, en este caso, es toda la comunidad. La resolución reconoce entonces a los demandantes idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la población argentina como afectados por las fumigaciones, pero también en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos, por ejemplo, entre otros derechos humanos básicos que resultan afectados por este modelo”.
Los demandados:
- El Estado Nacional (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo).
Provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y el COFEMA. (Consejo Federal del Medio Ambiente). - Todas las empresas biotecnológicas, semilleras y compañías químicas productoras y comercializadoras de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), según una lista que abarca a once corporaciones instaladas en el país: Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera, Ciba Geigy, Novartis Agrosem, Agrevo, Syngenta Seeds, Syngenta Agro, Pioneer Argentina y Bayer.
- Y todos los que sean considerados “responsables por acción u omisión, conforme resulte la prueba por producir”.
Quiénes demandan
Los demandantes son Alicia Fany Giménez (su hija Julieta Sandoval falleció a los 7 meses de edad, en 2010, en Santiago del Estero “producto de sus múltiples malformaciones a causa de los agroquímicos”); Viviana Gauna (su hija Selena de seis meses recibió diagnóstico presuntivo de epilepsia, anemia hipocrónica y pelvis renal derecha bífida según la historia clínica del Hospital Garrahan); José Milesi y Silvina Picchioni (su hijo menor Juan Estanislao sufrió “leucemia linfoblástica aguda luego de ser bañado por la fumigación de una avioneta en Mercedes, provincia de Buenos Aires, cuando tenía 2 años”); Fabián Tomasi (aplicador de agrotóxicos con múltiples secuelas en su físico y su salud), Roberto Oscar Lescano y Julia Villarreal.
“Los daños individuales de los que son víctimas se tramitan en otras causas” explica el abogado Santiago Kaplun: “Pero en este juicio ellos están representando a toda la ciudadanía, y todo el que se considere con interés legítimo para sumarse a la demanda puede hacerlo. Todos los demandantes integran lo que se llama un frente activo, que lo que busca es un beneficio para toda la comunidad”.
¿Quiénes se puede sumar a ese frente activo? “Fundamentalmente organizaciones o instituciones. Sería inmanejable si fuesen personas individualmente, a las que además se considera representadas por el grupo demandante. Pero pueden agregarse al frente activo oenegés, asociaciones civiles, comunidades originarias, grupos de defensa del consumidor, gremios, y toda organización que se considere afectada por esta situación”.
Además de Sallabery y Kaplun integran el grupo de abogados Jorge Mosset Iturraspe, Graciela Vizcay Gómez, Horacio Belosi y Miguel Araya quienes plantean en la presentación que “tanto el Estado como las empresas demandadas, conocedoras de la realidad y del imperio de la relación costo-beneficio, idearon un sistema perverso que posibilitó externalizar el costo de la degradación y contaminación ambiental”, combinando la ineficiencia de los controles públicos, la conveniencia fiscal, y la falta de información pública y de recursos “que por lo general aqueja a los afectados (víctimas y consumidores) para acudir a la Justicia para hacer valer sus derechos”.
Las condenas
La demanda busca condenar al Ejecutivo Nacional, en particular a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, por incumplimiento del deber de control, y al grupo de empresas multinacionales por su acción contaminante.
¿Qué busca la demanda?
- Que se ordene al PEN suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de OGM, y la comercialización de la soja RR2PRO (Monsanto) y la Liberty (Bayer, Syngenta, Agro, Pioneer y Dow) por cuyas patentes se pretende cobrar regalías a los productores agropecuarios, “en franca violación a la Ley de Semillas vigente”.
- Que se suspenda la resolución 167/96 que autorizó la introducción de los transgénicos en el país y todas las posteriores “que impliquen autorizaciones de eventos transgénicos (OGM) en vegetales y animales”.
- Como medida precautoria, que se suspendan provisionalmente las autorizaciones de eventos transgénicos hasta tanto exista una determinación científica sobre la inocuidad de los OGM y los paquetes químicos agrícolas y ganaderos.
- Que se disponga el etiquetado obligatorio “perfectamente visible y destacable al ojo humano” de los productos que contengan derivados de OGM o transgénicos.
- Otra medida precautoria: que se suspenda en todo el país la aplicación de los agrotóxicos utilizados para el cultivo de transgénicos hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural y la sostenibilidad de dicho modelo de producción, “en mira a las generaciones futuras”.
- Que se exhorte al Poder Legislativo a dictar una leyes de Bioseguridad y de Presupuestos Mínimos “para el uso y manejo sostenible del recurso suelo”. La elaboración de esas leyes debe incluir a especialistas (biólogos, médicos, genetistas) junto a expertos en medio ambiente, ecólogos, científicos sociales, juristas, representantes de actores sociales, organizaciones involucradas en esta temática, y especialistas en ética aplicada.
Sallaberry: “El objeto procesal no es solamente el tema de las fumigaciones, la contaminación y la salud, sino cómo se afecta todo el medio ambiente, los ecosisistemas, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de la población rural a los centros urbanos y el vaciamiento de los campos, el daño al patrimonio cultural cuando las comunidades pierden el modo de vida, y el tema alimentario que, si no me quedo corto, abarca al 90% de lo que comemos”.
¿Y las empresas?
Los demandantes piden que se condene a las once multinacionales biotecnológicas, semilleras y químicas, productoras y comercializadora de OGM.
- A la recomposición “de la totalidad de hectáreas sembradas con OGM” (…) mediante la contratación de personas o instituciones especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de recuperación y regeneración”.
- En los casos en que no sea posible la recomposición de bienes dañados (suelo, agua, fauna, flora), se las obliga a contribuir monetariamente a un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, que se podrá calcular de acuerdo a los sistemas de monetarización internacionales del daño ambiental para compensar las pérdidas por un período mínimo de 50 años. La demanda propone destinar el fideicomiso a poner en marcha Planes Agrarios Integrales del INTA, como el de 2001/2003, que no se llevaron a cabo y que contemplan la “sostenibilidad ecológica y social”.
- Frente al daño moral colectivo se propone un resarcimiento mediante una obra directamente relacionada con el patrimonio social-cultural colectivo, para lo que se propone un Plan Maestro Ferroviario que reconstruya toda la red ferroviaria nacional, renovar sus edificios, estaciones, vías y trenes. Beneficios: miles de empleos; incorporación y creación de nuevas áreas productivas alejadas de los centros de consumo; mejora con respecto al sistema de transporte terrestre anacrónico, riesgoso y altamente contaminante; integración efectiva del territorio nacional; generación de una elevada rentabilidad social al reducir los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes un 20% y acortar un 30% los tiempos de viaje.
- Se propone también una condena en concepto de “daño punitivo” equivalente en monto al daño moral, una especie de multa o indemnización que “transmita un mensaje de reprobación a las violaciones de derechos humanos y a evitar que estos hechos se repitan” dice Sallaberry.
¿De cuánto dinero se está hablando? “Nosotros no hacemos el cálculo. Ya nos pasó en la causa Riachuelo (en la que intervinieron los cinco abogados varones que promueven ésta) que la Corte nos pidió no una cantidad de dinero sino una equivalencia, y nosotros propusimos crear un corredor verde desde el Riachuelo a Ezeiza. En este caso, para cuantificar, cuando se largó el proyecto del Tren Bala, se calculaba que su construcción era equivalente a la reinstalación de toda la red ferroviaria argentina: 4.000 millones de dólares”.
Si la condena acepta este criterio, el cálculo sería de 8.000 millones por daño moral sumado al daño punitivo, más lo que signifique la recomposición de hectáreas sembradas con OGM, más el fideicomiso para, por ejemplo, planes agrarios.
“O sea, es incalculable, no en el sentido de que sea mucho” explica Kaplun “sino que entran muchas variables de acuerdo a lo que surja del juicio y de la sentencia, incluso sobre qué mecanismos utilizar para recaudar los fondos para esos resarcimientos”.
Hay antecedentes en Costa Rica, en Bolivia, y un caso notorio ocurrió en Ecuador, donde se condenó a la petrolera Chevron al pago de 9.000 millones de dólares por daño ambiental y moral y otro tanto por daños punitivos: 18.000 millones de dólares.
Se viene el juicio
Casi ningún medio se ha ocupado por esta demanda inédita: “Claro, La Nación, Página 12 y Clarín no van a publicar nada porque promueven el modelo” describe Sallaberry. Hacia fines de septiembre la resolución judicial quedará publicada no sólo en el Boletín Oficial sino también en el diario La Nación. “A partir de eso, pasan 10 días en los que las organizaciones interesadas pueden presentarse a formar parte de la causa. Y después se notificará a los demandados y comenzará el juicio que, como es inédito, todavía no sabemos qué características tendrá, cuándo, tipo de audiencias. todo lo definirá el juzgado”. Las organizaciones que deseen sumarse pueden presentarse en el juzgado o consultar al mail [email protected]
¿Cuánto ganan los abogados? Kaplun: “Hasta sólo pusimos, y ya nos ocurrió en la causa Riachuelo donde la Corte planteó que las costas tendrían que pagarlas las víctimas. Por supuesto que entonces no cobramos. Es algo totalmente incomprensible, así como los 7 años de indefiniciones que te muestran que la Corte innovadora y moderna entró en la misma burocracia que prometió doblegar. Para nosotros se trata de mostrar la función social de esta profesión, movilizar herramientas y acciones que pueden beneficiar a la comunidad”.
Sallaberry: “Vivimos de nuestro trabajo privado, pero esta causa implica un desafío profesional, ni qué hablar al hacerlo como una figura importantísima del Derecho como es Mosset Iturraspe. El trabajo de ingeniería de la causa fue de investigación y de creatividad para lograr que no tenga fisuras, que no la puedan rechazar. La Corte de hecho se desembarazó y la mandó al juzgado. Pero en un documental llamado Desierto Verde, sobre las Madres de Ituzaingo, Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte) dice que hay dos maneras de encarar la cuestión de las enfermedades y la contaminación. Una es reactiva, cuando ya se produjo el daño. Y la otra, la que él dice que apoya, es proactiva: sirve para anticiparnos al daño y prevenir. Pero él ya tenía esta causa, y sin embargo la mandó al juzgado, lo que hace perder una enorme cantidad de tiempo y multiplica el peligro para mucha gente: eso no es muy proactivo”.
Entre las investigaciones locales que menciona la demanda se citan trabajos de médicos y científicos como Jorge Kaczewer, Andrés Carrasco, Argelia Lenardón, Alejandro Oliva, Darío Gianfelici, Rodolfo Páramo, Hugo Gómez De Maio, Horacio Lucero y organizaciones como el Grupo de Reflexión Rural.
Sallaberry: “Toda esa gente y las comunidades están hace años denunciando lo que ocurre. Este año la Organización Mundial de la Salud reconoció como cancerígeno al glifosato. Mientras tanto la gente se enferma o se muere sin saber por qué. Creyendo que es una fatalidad. Es la naturalización de un genocidio, no puedo llamarlo de otro modo. Se está enfermando gente a sabiendas, innecesariamente. El silencio frente a estos temas es difícil de calificar. Creo que lo único que no se puede hacer, es no hacer nada”.
Hacia adelante: “Lo que estamos cuestionando es la matriz productiva de los agronegocios y todos sus efectos. En el transcurso de 15 años, de seguir así, vamos a haber malgastado todo el dinero ingresado pero el monocultivo va a dejar un desierto y un enorme problema para recuperar eso” dice Sallaberry. “El derecho es una herramienta importante, que está disponible. Pero no es un maná que nos llega. Desde que nacemos tenemos reconocidos una cantidad de derechos. Pero si no lo ejercés, el derecho no existe. Es un papel”.
¿No es desproporcionado el elenco a enfrentar? “Hay una desigualdad, estamos hablando del Estado y de corporaciones poderosas, que manejan el mundo económico y financiero. Pero cuando uno presenta pruebas irrefutables, la razón y la verdad pueden equilibrar las cosas. La Secretaría de Medio Ambiente dijo que el monocultivo transgénico de soja es perjudicial para el ambiente, produce deforestación, desertificación, despoblamiento. El propio Estado lo reconoce, y todos lo sabemos. A partir del momento en que nos contactamos con la gente afectada, no podemos dejar de actuar, porque tienen la razón. Tenemos el derecho a un ambiente sano, y el deber de defenderlo: en ese sentido, la Constitución no puede ser letra muerta”.
Nota
Histórico: la Ley de Equidad en Medios de Comunicación ya está reglamentada

A 2 años de su sanción el Estado convocó a sellar la reglamentación de la Ley que plantea la equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación, obligatoria para el Estado y con incentivos para los privados que la adopten, a nivel federal y con participación de instituciones educativas y gremios. La subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, Cecilia Cross, entre otras funcionarias, aprobaron hoy la conformación de una mesa de trabajo que dará curso a la aplicación de la norma a través de foros participativos en las tres regiones del país. Los detalles de una reunión histórica y por qué hoy cambió el futuro de la profesión.
El Estado saldó una deuda con el oficio: reglamentó la Ley de Equidad en Medios de Comunicación que llevaba casi dos años de espera, luego de la sanción, en 10 de junio de 2021. La reglamentación fue publicada hoy jueves 8 de junio en el Boletín Oficial bajo el decreto 304/2023 con la firma del presidente Alberto Fernández; el Jefe de Gabinete, Agustin Rossi; y la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Raquel Cecilia «Kelly» Kismer de Olmos.
Así se avanzó hacia el segundo paso clave que sucedió apenas once horas después de estar publicada: se conformó una mesa de trabajo encargada de avanzar en su aplicación. La reunión fue en el salón del último piso del Ministerio de Trabajo: en la antesala está el escritorio donde trabajaba Eva Duarte de Perón.
Convocada por la Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, Cecilia Cross, participaron las organizaciones fundadoras de la Red Federal y las funcionarias Rosaura Audi, Subsecretaria de Medios Públicos en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Antonia Portaneri, Subsecretaria de Coordinación Política e Institucional; y Miriam Lewin a cargo de la Defensoría del Público de Argentina.

Voces de la reunión
La convocatoria fue urgente, y así lo expresó Cecilia Cross cuando sostuvo que la principal deuda que se tuvo desde el Poder Ejecutivo fue la demora de la reglamentación. Además, dejó claro que la intención del Ministerio es generar espacios de intercambio para escuchar todas las dema das dela implementación, “que el decreto de reglamentación no sea una excusa para cerrar el debate sino para mantenerlo abierto”, sostuvo. El objetivo es que de acá a 90 días se generen foros en tres regiones del país (norte, centro y sur) donde se establezca la hoja de ruta de acción. También, como la ley es obligatoria para los medios públicos, la mesa analizará en particular los medios de RtA, Telam y Contenidos.
Periodistas Argentinas señaló que el compromiso el impacto federal: «Nuestra prioridad es que se cumpla en todo el país, empezando por las provincias más alejadas de los centros de decisión. Los procesos que hemos conquistado los impulsa la necesidad social. Esta ley es hija de la lágrima: su raíz es contra las violencias y su objetivo, fortalecer nuestras herramientas de defensa”.
Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA, explicitó el papel formativo en el que pueden aportar las universidades, pero también el de producción de conocimiento y dato duro que permita el despliegue de políticas públicas.
Rosaura Audi, Subsecretaria de Medios Públicos en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, definió a la reglamentación y a la conformación de la mesa de trabajo como el “inicio de un camino” en el que se va a tener que trabajar en desafíos tales como abordar las diversidades de las distintas provincias del país.
Finalmente, la directora Cecilia Cross sintetizó la propuesta del plan de trabajo. «¿Estamos de acuerdo con la moción?», resumió. La respuesta fueron aplausos.


El compromiso: que el proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil no se extienda más allá del 31 de agosto. Se hará mediante foros que contemplen distintos mecanismos de participación, en distintas regiones del país, bajo tópicos de trabajo específicos: inclusión, formación, violencias, políticas pública y futuro del trabajo.
Sobre la base de las opiniones y reclamos escuchados se redactarán los puntos pendientes de la implementación.
La ley
La ley tiene por objeto promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada. A su vez, consagra un régimen obligatorio para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y un régimen de promoción para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada con y sin fines de lucro.
En el texto del Boletìn Oficial la reglamentación se fundamenta en:
- La Constitución Nacional que establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y que destaca la importancia de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos.
- Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados y aprobados por nuestro país: el Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración; el Convenio 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; y el Convenio 190 sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Más información sobre la Ley de Equidad en Medios se Comunicación:
Nota
Sentencia agrotóxica en Corrientes: el segundo asesinato de Kili Rivero

“Este hombre mató a un niño inocente y recibió menos condena que una persona que usurpó un predio municipal» dice Eugenia, la madre de Kili. «Es una sentencia de terror, totalmente injusta” plantea el abogado Hermindo González. Este jueves se conoció el fallo por el crimen de José «Kili» Rivero, un chico que tenía cuatro años de edad cuando falleció en 2012 víctima de agrotóxicos fumigados a 15 metros de su vivienda por el productor tomatero Oscar Antonio Candussi.
La sentencia del Tribunal Oral de Goya condenó al acusado a 3 años de prisión condicional por homicidio culposo. Traducción: no irá a la cárcel, y se omitieron las pruebas que muestran que Candussi conocía la peligrosidad de los químicos que iba a aplicar y lo que podían provocar en las personas. Sin embargo llevó adelante esta conducta sin interesarse en esos efectos en la salud y la vida humana. El rol sinuoso del fiscal Guillermo Barry. El antecedente casi idéntico de Nicolás Arévalo (también muerto a los 4 años, por envenenamiento fumigador): la tendencia a la impunidad. La investigación en la revista MU, y un video con el ambiente, el paisaje, el abogado y la madre de Kil. La nota y el informe completo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, confirmando la situación de contaminación y enfermedades que el organismo corroboró durante su investigación en Lavalle, Corrientes.
Diciembre de 2020. “Corrientes: condenan a productor por la muerte de un chico por agrotóxicos, pero no irá a la cárcel”.
El título de esa nota informó sobre el juicio que acababa de terminar para determinar la responsabilidad del productor tomatero Ricardo Prieto. En aquella sentencia, el Tribunal Oral de Goya dictaminó la pena de tres años de prisión condicional por el “homicidio culposo” de Nicolás Arévalo, un chico de cuatro años de edad, ocurrido en 2011.
8 de junio de 2023. Se puede copiar y pegar el párrafo anterior. Se reemplaza Ricardo Prieto por Oscar Antonio Candussi.
Nicolás Arévalo por José “Kili” Rivero.
Y 2011 por 2012.
Lo que no se reemplaza es la impunidad.

El contexto de la casa familiar en el Paraje Puerto Viejo en Lavalle, Corrientes: quintas de producción tomatera, donde se fumiga con venenos junto a casas y escuelas. (Fotos: lavaca/MU/ Sebastián Smok).
El leve arte de matar
Este jueves el Tribunal Oral de Goya condenó a 3 años de prisión condicional por homicidio culposo al productor tomatero Oscar Antonio Candussi, por la muerte del nene de 4 años José “Kili” Rivero, en la localidad correntina de Lavalle. El crimen ocurrió en mayo de 2012. Los fundamentos serán leídos el 15 de junio de 2023.
Se encontró culpable a Candussi de fumigar con pesticidas organosfosforados en su plantación de tomates distante a 15 metros de donde vivía Kili Rivero.
Sin embargo, el productor condenado no irá a prisión por tratarse de una pena en suspenso, que establece que no deberá cumplir privado de la libertad.
«La verdad es que siento que no fue el resultado que nos hubiera gustado porque este hombre mató a un niño inocente y recibió menos condena que una persona que usurpó un predio municipal» dijo a lavaca Eugenia Sánchez, la madre de Kili, tras conocer el fallo.
“Es una sentencia injusta, una sentencia de terror. Vamos a esperar los fundamentos y a presentar el recurso de casación para que el Tribunal Superior de Justicia provincial revoque el fallo”, planteó el abogado querellante Hermindo González ante la consulta de esta agencia.

Kili y su hermana murieron por enfermedades asociadas a los agrotóxicos. En la foto, su madre, Eugenia, en la huerta familiar donde cultivan diversidad, sin venenos: allí cuelga una parra sembrada por Kili: “Él era mi ayudante; cultivaba, tenía las manos del papá, la mano de las plantas”, cuenta en la entrevista concedida a MU. (Fotos: Lavaca/ MU/ Sebastián Smok).
El (in)cumplimiento efectivo
¿Por qué considera que Candussi debió ser juzgado por homicidio simple? Responde el abogado: “Porque la acción encuadra dentro de la figura de dolo eventual. Quiere decir que conociendo la peligrosidad de los químicos que iba a aplicar y lo que podía provocar en las personas, llevó adelante esta conducta sin interesarse en la salud y la vida humana. Sin dudas, merece una pena de cumplimiento efectivo”.
El fiscal del juicio se llama Guillermo Barry y en sus alegatos sostuvo que el imputado tuvo la culpa por estar acreditada la existencia del hecho y porque si tomaba los recaudos necesarios para realizar esa actividad, no hubiera provocado el daño. Sin embargo, pese a que su actividad provocó la muerte de Kili Rivero Guillermo Barry solicitó que se lo condene por el delito de homicidio culposo, con una pena de tres años en suspenso.
“El fiscal acreditó casi lo mismo que yo, sin embargo pidió sólo tres años y en suspenso. Habría que preguntarle a Barry cuál es su criterio para sostener ese pedido, porque no se entiende cómo si hizo una construcción muy similar a la mía, pida eso; es algo increíble” dice el abogado.
En el último número de la revista MU publicamos una investigación sobre el estado de las cosas en Lavalle, Corrientes.
Desde lavaca intentamos comunicarnos con el fiscal Barry pero no respondió los reiterados llamados.
Asesinato x 2
Hermindo González expresó así su indignación ante el fallo: “No es una condena, es casi un beneficio, un privilegio. Y para toda la comunidad una burla; es ratificar que hay sectores protegidos para cometer este tipo de hechos y abre la puerta a que se continúe de la misma manera, sin que importe la vida de los pibes de Corrientes”.
El abogado traza una distinción: “Desde el punto de vista objetivo y profesional me sorprende el fallo porque los elementos probatorios marcan otra cosa; ahora, desde el punto de vista subjetivo y de comprender el funcionamiento del poder judicial y el modo en que ayuda a estos sectores, no me sorprende para nada”.
La sensación: “Es muy mala, no es la sensación de haber obtenido justicia. La familia está muy mal, el padre se descompuso dos veces; vinieron con la esperanza de que pudieran tener algo de esa justicia tan anhelada durante 11 años, pero se van con lo mismo o peor, porque vinieron con su hijo asesinado y se van con su hijo asesinado por segunda vez. Esta sentencia lo vuelve a matar a Kili”.
Aquí acompañamos la nota de lavaca, publicada por la periodista Anabel Pomar, que incluye el informe completo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, confirmando la situación en Lavalle, Corrientes.
Nota
Teatro & alrededores: las chicas de rojo dan abasto en el barrio

Cinematique Abasto es una expresión que combina teatro, música y cine, y forma parte de Abasto in situ, un ciclo de obras realizadas en el espacio público que busca fortalecer los vínculos entre las artes escénicas y el barrio. La obra es un intento por frenar en público el curso de los acontecimientos. Un grupo de chicas vestidas de rojo, nos invitan a transitar un momento “fuera del tiempo”: con la actuación, las melodías, las imágenes y con nuestra complicidad, es altamente probable que se logre el objetivo.
¡Hola mundo! ¿Cómo estás? Saluda desde la ventana. Y ese mundo abarca al grupo de chicos que cruzan por Gallo en dirección a Tucumán, a la señora que pasa con su changuito semilleno, a la pareja que camina de la mano, al papá con su pequeña hija y también a quienes estamos sentadxs en cuatro filas de sillas que dejan libre la vereda de la fachada de Roseti Espacio y arrancan justo detrás del cordón amarillo. Y ese mundo no solo saluda a las personas, sino a un entramado de vivencias, gestos, recuerdos, a eso que somos más allá de nuestras ropas, a lo que no podemos dejar en casa sino que siempre viene con nosotrxs. Cuando arranca Cinematique Abasto, el presente adquiere el peso contundente de la atención puesta delante de los ojos y la liviandad de los momentos en que ruedan sobre las espaldas los pensamientos inútiles. Los sábados a las cuatro de la tarde, en el barrio del Abasto, sucede lo extraordinario: el tiempo se detiene.

Teatro filma barrio para hacer cine (foto gentileza Festival Abasto in Situ).
El arte del recreo
Dos chicas se asoman por las ventanas, una por la puerta. Otra toca el piano dentro de la casona pero no la vemos, todavía. Todas visten de rojo. Nos dan la bienvenida y entonan ese tipo de canciones que son producto de un momento determinado, de algo que sucedió, nos sacudió y la euforia nos lleva a expresarlo en una frase contenida en una melodía. Cantan y también hablan con la gente que pasa por allí. Entonces aparece lo inesperado. Las personas abordadas responden las preguntas, sonríen, saludan. Algunas continúan su marcha, otras se quedan. Una es recibida con una historia surgida de la imaginación de una de las chicas de rojo. Quizás algo de lo que cuenta sea cierto o quizás no, pero eso nunca lo sabremos. La mujer ríe y sigue camino.
Cinematique Abasto es un recreo, una manera de mirar el mundo, un método para celebrar el juego. El cine también tiene su lugar dentro de la casona. Y lo que vemos no es una película ya filmada sino la filmación de una película. Una forma de intuir que cada vida puede ser tomada como un film en constante “Rec”, con un director/a/e que tendrá que tener en cuenta la magia de lo imprevisible. En esta ocasión, una hora y media después, nos espera un final. “Si este fuera el final ¿con quién te gustaría estar?”. Queda flotando en el aire la pregunta que nos hace la chica que antes tocó el piano y ahora toca la guitarra, a un par de cuadras de Roseti Espacio, porque la vida no es quedarse quietx, entonces a esta altura ya estamos en otro lugar.

Foto gentileza Festival Abasto in Situ.
Fundirse con la calle
Las actrices son Dana Crosa, Denisse Van der Ploeg, Micaela Tapia y Delfina Oyuela, dirigidas por Juan Coulasso y Francisco Castro Pizzo, con dramaturgia de todes, sumadxs Milva Leonardi y Gonzalo Bao. Dana cuenta: “El objetivo desde el principio fue que el teatro se mezcle y se funda con la calle. Todo lo que sucede con la gente es lo más rico y más vivo de la obra, porque es lo que está pasando en el barrio en ese momento y es el gesto que también tiene la obra hacia el afuera, que es transformar la realidad. Es un intento de detener el mundo y el mundo se suele detener, aunque sea breve, fugaz pero se detiene y cuando pasa es espectacular”.
Delfina, quien se dedica a la música y en esta obra se descubrió pianista, aporta: “En algún punto es una historia que podrÍa no ser contada. Habla de un montón de cosas y de nada a la vez. No se ocupa de algo grandioso, intenta agarrar lo pequeño y que a la vez es lo más grande de la vida. La obra no está hablando de ninguna gran hazaña, ni drama, no se ocupa de grandes tareas, es una especie de gran celebración, de reflexión, de juego. No sabemos quiénes son las chicas, si existen, si son seres fantásticos que logran entrar en algo del interior del ser humano”.
Roseti Espacio
Gallo 760, CABA
Sábados, 16 hs, hasta el 15 de julio

Las actrices de de Cinematique Abasto (foto, y foto de portada: Francisco Castro Pizzo).
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