Nota

Juicio y castigo

Publicada

hace 11 años

25/09/2015

La gente contra el Estado Nacional, Monsanto y las corporaciones agrotóxicas.

Los abogados y Salaberry

La justicia admitió una demanda colectiva contra los responsables del modelo agrotóxico. Se trata de un proceso inédito que demanda justicia para toda la sociedad argentina que padece los efectos de la contaminación sin control, además problemas sociales, económicos, culturales y territoriales. ¿Será justicia?
“Iniciamos proceso colectivo urgente, autónomo y definitivo por daño ambiental, daño moral y punitivo”. Así comienzan las 101 páginas de una demanda inédita para la historia judicial argentina. Un grupo de víctimas y familiares de víctimas de los efectos de la aplicación de agrotóxicos inició un juicio contra el Estado Nacional y once corporaciones productoras de transgénicos, que se está ampliando al sumar demandantes con el correr de las semanas.
El proceso colectivo en la causa caratulada «Giménez Alicia Fany y otros» fue declarado admisible el 17 de junio por la titular del Juzgado Nacional nº 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal, quien lo había recibido de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda no busca el beneficio particular de las personas que la iniciaron, sino que el daño es considerado “común a todos los habitantes del territorio argentino”. Daniel Sallaberry, uno de los abogados que promueve la causa, explica a Mu: “En términos jurídicos esto se llama una acción de clase, que habilita a juicios masivos. La clase, en este caso, es toda la comunidad. La resolución reconoce entonces a los demandantes idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la población argentina como afectados por las fumigaciones, pero también en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos, por ejemplo, entre otros derechos humanos básicos que resultan afectados por este modelo”.
Los demandados:

El Estado Nacional (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo).
Provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y el COFEMA. (Consejo Federal del Medio Ambiente).
Todas las empresas biotecnológicas, semilleras y compañías químicas productoras y comercializadoras de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), según una lista que abarca a once corporaciones instaladas en el país: Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera, Ciba Geigy, Novartis Agrosem, Agrevo, Syngenta Seeds, Syngenta Agro, Pioneer Argentina y Bayer.
Y todos los que sean considerados “responsables por acción u omisión, conforme resulte la prueba por producir”.

La nota, en la Mu 92

Quiénes demandan

Los demandantes son Alicia Fany Giménez (su hija Julieta Sandoval falleció a los 7 meses de edad, en 2010, en Santiago del Estero “producto de sus múltiples malformaciones a causa de los agroquímicos”); Viviana Gauna (su hija Selena de seis meses recibió diagnóstico presuntivo de epilepsia, anemia hipocrónica y pelvis renal derecha bífida según la historia clínica del Hospital Garrahan); José Milesi y Silvina Picchioni (su hijo menor Juan Estanislao sufrió “leucemia linfoblástica aguda luego de ser bañado por la fumigación de una avioneta en Mercedes, provincia de Buenos Aires, cuando tenía 2 años”); Fabián Tomasi (aplicador de agrotóxicos con múltiples secuelas en su físico y su salud), Roberto Oscar Lescano y Julia Villarreal.
“Los daños individuales de los que son víctimas se tramitan en otras causas” explica el abogado Santiago Kaplun: “Pero en este juicio ellos están representando a toda la ciudadanía, y todo el que se considere con interés legítimo para sumarse a la demanda puede hacerlo. Todos los demandantes integran lo que se llama un frente activo, que lo que busca es un beneficio para toda la comunidad”.
¿Quiénes se puede sumar a ese frente activo? “Fundamentalmente organizaciones o instituciones. Sería inmanejable si fuesen personas individualmente, a las que además se considera representadas por el grupo demandante. Pero pueden agregarse al frente activo oenegés, asociaciones civiles, comunidades originarias, grupos de defensa del consumidor, gremios, y toda organización que se considere afectada por esta situación”.
Además de Sallabery y Kaplun integran el grupo de abogados Jorge Mosset Iturraspe, Graciela Vizcay Gómez, Horacio Belosi y Miguel Araya quienes plantean en la presentación que “tanto el Estado como las empresas demandadas, conocedoras de la realidad y del imperio de la relación costo-beneficio, idearon un sistema perverso que posibilitó externalizar el costo de la degradación y contaminación ambiental”, combinando la ineficiencia de los controles públicos, la conveniencia fiscal, y la falta de información pública y de recursos “que por lo general aqueja a los afectados (víctimas y consumidores) para acudir a la Justicia para hacer valer sus derechos”.

Las condenas

La demanda busca condenar al Ejecutivo Nacional, en particular a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, por incumplimiento del deber de control, y al grupo de empresas multinacionales por su acción contaminante.
¿Qué busca la demanda?

Que se ordene al PEN suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de OGM, y la comercialización de la soja RR2PRO (Monsanto) y la Liberty (Bayer, Syngenta, Agro, Pioneer y Dow) por cuyas patentes se pretende cobrar regalías a los productores agropecuarios, “en franca violación a la Ley de Semillas vigente”.
Que se suspenda la resolución 167/96 que autorizó la introducción de los transgénicos en el país y todas las posteriores “que impliquen autorizaciones de eventos transgénicos (OGM) en vegetales y animales”.
Como medida precautoria, que se suspendan provisionalmente las autorizaciones de eventos transgénicos hasta tanto exista una determinación científica sobre la inocuidad de los OGM y los paquetes químicos agrícolas y ganaderos.
Que se disponga el etiquetado obligatorio “perfectamente visible y destacable al ojo humano” de los productos que contengan derivados de OGM o transgénicos.
Otra medida precautoria: que se suspenda en todo el país la aplicación de los agrotóxicos utilizados para el cultivo de transgénicos hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural y la sostenibilidad de dicho modelo de producción, “en mira a las generaciones futuras”.
Que se exhorte al Poder Legislativo a dictar una leyes de Bioseguridad y de Presupuestos Mínimos “para el uso y manejo sostenible del recurso suelo”. La elaboración de esas leyes debe incluir a especialistas (biólogos, médicos, genetistas) junto a expertos en medio ambiente, ecólogos, científicos sociales, juristas, representantes de actores sociales, organizaciones involucradas en esta temática, y especialistas en ética aplicada.

Sallaberry: “El objeto procesal no es solamente el tema de las fumigaciones, la contaminación y la salud, sino cómo se afecta todo el medio ambiente, los ecosisistemas, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de la población rural a los centros urbanos y el vaciamiento de los campos, el daño al patrimonio cultural cuando las comunidades pierden el modo de vida, y el tema alimentario que, si no me quedo corto, abarca al 90% de lo que comemos”.

¿Y las empresas?

Los demandantes piden que se condene a las once multinacionales biotecnológicas, semilleras y químicas, productoras y comercializadora de OGM.

A la recomposición “de la totalidad de hectáreas sembradas con OGM” (…) mediante la contratación de personas o instituciones especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de recuperación y regeneración”.
En los casos en que no sea posible la recomposición de bienes dañados (suelo, agua, fauna, flora), se las obliga a contribuir monetariamente a un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, que se podrá calcular de acuerdo a los sistemas de monetarización internacionales del daño ambiental para compensar las pérdidas por un período mínimo de 50 años. La demanda propone destinar el fideicomiso a poner en marcha Planes Agrarios Integrales del INTA, como el de 2001/2003, que no se llevaron a cabo y que contemplan la “sostenibilidad ecológica y social”.
Frente al daño moral colectivo se propone un resarcimiento mediante una obra directamente relacionada con el patrimonio social-cultural colectivo, para lo que se propone un Plan Maestro Ferroviario que reconstruya toda la red ferroviaria nacional, renovar sus edificios, estaciones, vías y trenes. Beneficios: miles de empleos; incorporación y creación de nuevas áreas productivas alejadas de los centros de consumo; mejora con respecto al sistema de transporte terrestre anacrónico, riesgoso y altamente contaminante; integración efectiva del territorio nacional; generación de una elevada rentabilidad social al reducir los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes un 20% y acortar un 30% los tiempos de viaje.
Se propone también una condena en concepto de “daño punitivo” equivalente en monto al daño moral, una especie de multa o indemnización que “transmita un mensaje de reprobación a las violaciones de derechos humanos y a evitar que estos hechos se repitan” dice Sallaberry.

¿De cuánto dinero se está hablando? “Nosotros no hacemos el cálculo. Ya nos pasó en la causa Riachuelo (en la que intervinieron los cinco abogados varones que promueven ésta) que la Corte nos pidió no una cantidad de dinero sino una equivalencia, y nosotros propusimos crear un corredor verde desde el Riachuelo a Ezeiza. En este caso, para cuantificar, cuando se largó el proyecto del Tren Bala, se calculaba que su construcción era equivalente a la reinstalación de toda la red ferroviaria argentina: 4.000 millones de dólares”.
Si la condena acepta este criterio, el cálculo sería de 8.000 millones por daño moral sumado al daño punitivo, más lo que signifique la recomposición de hectáreas sembradas con OGM, más el fideicomiso para, por ejemplo, planes agrarios.
“O sea, es incalculable, no en el sentido de que sea mucho” explica Kaplun “sino que entran muchas variables de acuerdo a lo que surja del juicio y de la sentencia, incluso sobre qué mecanismos utilizar para recaudar los fondos para esos resarcimientos”.
Hay antecedentes en Costa Rica, en Bolivia, y un caso notorio ocurrió en Ecuador, donde se condenó a la petrolera Chevron al pago de 9.000 millones de dólares por daño ambiental y moral y otro tanto por daños punitivos: 18.000 millones de dólares.

Se viene el juicio

Casi ningún medio se ha ocupado por esta demanda inédita: “Claro, La Nación, Página 12 y Clarín no van a publicar nada porque promueven el modelo” describe Sallaberry. Hacia fines de septiembre la resolución judicial quedará publicada no sólo en el Boletín Oficial sino también en el diario La Nación. “A partir de eso, pasan 10 días en los que las organizaciones interesadas pueden presentarse a formar parte de la causa. Y después se notificará a los demandados y comenzará el juicio que, como es inédito, todavía no sabemos qué características tendrá, cuándo, tipo de audiencias. todo lo definirá el juzgado”. Las organizaciones que deseen sumarse pueden presentarse en el juzgado o consultar al mail daniel@sallaberry.com.ar
¿Cuánto ganan los abogados? Kaplun: “Hasta sólo pusimos, y ya nos ocurrió en la causa Riachuelo donde la Corte planteó que las costas tendrían que pagarlas las víctimas. Por supuesto que entonces no cobramos. Es algo totalmente incomprensible, así como los 7 años de indefiniciones que te muestran que la Corte innovadora y moderna entró en la misma burocracia que prometió doblegar. Para nosotros se trata de mostrar la función social de esta profesión, movilizar herramientas y acciones que pueden beneficiar a la comunidad”.
Sallaberry: “Vivimos de nuestro trabajo privado, pero esta causa implica un desafío profesional, ni qué hablar al hacerlo como una figura importantísima del Derecho como es Mosset Iturraspe. El trabajo de ingeniería de la causa fue de investigación y de creatividad para lograr que no tenga fisuras, que no la puedan rechazar. La Corte de hecho se desembarazó y la mandó al juzgado. Pero en un documental llamado Desierto Verde, sobre las Madres de Ituzaingo, Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte) dice que hay dos maneras de encarar la cuestión de las enfermedades y la contaminación. Una es reactiva, cuando ya se produjo el daño. Y la otra, la que él dice que apoya, es proactiva: sirve para anticiparnos al daño y prevenir. Pero él ya tenía esta causa, y sin embargo la mandó al juzgado, lo que hace perder una enorme cantidad de tiempo y multiplica el peligro para mucha gente: eso no es muy proactivo”.
Entre las investigaciones locales que menciona la demanda se citan trabajos de médicos y científicos como Jorge Kaczewer, Andrés Carrasco, Argelia Lenardón, Alejandro Oliva, Darío Gianfelici, Rodolfo Páramo, Hugo Gómez De Maio, Horacio Lucero y organizaciones como el Grupo de Reflexión Rural.
Sallaberry: “Toda esa gente y las comunidades están hace años denunciando lo que ocurre. Este año la Organización Mundial de la Salud reconoció como cancerígeno al glifosato. Mientras tanto la gente se enferma o se muere sin saber por qué. Creyendo que es una fatalidad. Es la naturalización de un genocidio, no puedo llamarlo de otro modo. Se está enfermando gente a sabiendas, innecesariamente. El silencio frente a estos temas es difícil de calificar. Creo que lo único que no se puede hacer, es no hacer nada”.
Hacia adelante: “Lo que estamos cuestionando es la matriz productiva de los agronegocios y todos sus efectos. En el transcurso de 15 años, de seguir así, vamos a haber malgastado todo el dinero ingresado pero el monocultivo va a dejar un desierto y un enorme problema para recuperar eso” dice Sallaberry. “El derecho es una herramienta importante, que está disponible. Pero no es un maná que nos llega. Desde que nacemos tenemos reconocidos una cantidad de derechos. Pero si no lo ejercés, el derecho no existe. Es un papel”.
¿No es desproporcionado el elenco a enfrentar? “Hay una desigualdad, estamos hablando del Estado y de corporaciones poderosas, que manejan el mundo económico y financiero. Pero cuando uno presenta pruebas irrefutables, la razón y la verdad pueden equilibrar las cosas. La Secretaría de Medio Ambiente dijo que el monocultivo transgénico de soja es perjudicial para el ambiente, produce deforestación, desertificación, despoblamiento. El propio Estado lo reconoce, y todos lo sabemos. A partir del momento en que nos contactamos con la gente afectada, no podemos dejar de actuar, porque tienen la razón. Tenemos el derecho a un ambiente sano, y el deber de defenderlo: en ese sentido, la Constitución no puede ser letra muerta”.

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Protesta social

Marcha de jubilados: medias, bochinches y ningún dólar en las orejas

Publicada

hace 6 horas

23/09/2026

Un miércoles tranquilo en la ronda de jubilados en Congreso, que despierta dudas ante la necesidad de hacer “un poco más de bochinche”. Como homenaje al Día del Jubilado (domingo pasado) hubo un puesto de hamburguesas y choripanes de la UTEP. “El hambre es desesperante” dijo una de las mujeres que servía a esa cola ampliada con gente de la calle en busca de qué comer. Historia de cómo sobrevivir a una jubilación hiper mínima (porque encima se arrastra una deuda). Los alfajores, las medias, y la salud encontrada en el gesto de movilizarse.

Por Lucas Pedulla Fotos Juan Valeiro/lavaca.org

A sus 76 años, Luis Relinque tiene que vender medias para llegar a fin de mes.

–Si no trabajo, no como.

Y para comer tiene que trabajar, aunque hace once años que está jubilado. El único día que no sale a vender por la zona de Once es el miércoles, cuando camina las diez cuadras que separan su casa –Remedios de Escalada, sur del conurbano bonaerense– de la parada del 37 que lo deja en el Congreso de la Nación.

Marcha de jubilados: medias, bochinches y ningún dólar en las orejas — **Luis y la batalla cultural.**

El dato, que solo en esta Argentina pareciera naturalizarse, lo explica fácil:

–Soy jubilado de la mínima. Cobro $400.000 limpios, justos. El mismo día de cobro pago la luz, el gas, el agua y con todo lo que tengo me quedan limpios, justos, $210.000. Si no trabajara, son $7.000 por día hasta el mes siguiente. ¿Cómo hacés?

La pregunta flota mientras alrededor se dispone la movilización de cada miércoles. La Rama de Trabajadoras y Trabajadores de Espacios Públicos de la UTEP (gremio de la economía popular), llamada “Lxs Parrillerxs”, puso un puesto para regalar choripán y hamburguesas por el Día del Jubilado, que fue el domingo. Se sumó mucha gente de la calle: “El hambre es desesperante”, dice una señora mientras corta el pan. Sobre la vereda se acomodan trabajadoras y trabajadores de la ANSES, que denuncian una “sangría por goteo” en el organismo encargado de las jubilaciones y pensiones: el Gobierno abrió un plan de retiros voluntarios, el segundo del año. Un trabajador dice a lavaca: “En el anterior se fueron más de 1.000 personas. Muchos agarran porque están muy endeudados. La idea es que quede un ANSES chico, si es que queda”.

Por su parte, Luis tendría que estar cobrando un poco más: en septiembre la mínima llegó a $498.633,20, contando el bono de $70.000, congelado hace 30 meses: según el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA), si fuera por movilidad Luis y cinco millones de jubilados y jubiladas más tendrían que percibir un bono de $223.148. Pero Luis cobra solo $400.000 limpios porque está endeudado: hace ocho años sacó un crédito.

–Se me cayó un árbol del fondo de casa en la cabeza. Tuve derrame cerebral. También me hizo pelota la rodilla: hoy tengo una prótesis. Mirá vos, es la misma rodilla que la policía me reprimió en una marcha el año pasado: la tengo peor. Me queda este año de crédito, así que espero para fin de año terminar de pagarlo y poder cobrar un poquito más.

Por eso todos los días –salvo los miércoles– sale a vender tres pares de medias a $1.000: camina mirando a todos lados para que los “parásitos con uniforme” no le decomisen la mercadería, como viene ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Jorge Macri. Antes Luis vendía alfajores y podía hacerle algún regalo a su nieta de 13 años, o darse un gustito como ir al teatro. Pero los alfajores subieron tanto que ya no es negocio. Cuenta que la idea de las medias le llegó mirando la televisión.

–Veía a tanto operador político en la tele que pensé: si las medias me salen lo mismo que un chupetín, quizá la salida a esta crisis sea chupar medias, en serio te digo.

Luis habla y piensa con mucho humor, pero siempre aclara que lo dice en serio. Cuenta que fue la primera persona que puso un boliche gay en provincia de Buenos Aires – “Chelovecos, en 1974”–, que también tuvo una tanguería y que por muchos años se dedicó a cocinar en su casa para geriátricos o centros de jubilados. Como siempre trabajó por su cuenta, pudo jubilarse con una parte de aportes y otra de moratoria.

–Hoy el Gobierno la cortó, pero la moratoria ayudó mucho. Conozco gente que nunca aportó y ahora te dice: “Cristina chorra”. Bueno, entonces devolvé la jubilación o donala a un comedor.

A diferencia de lo que dijo el presidente Javier Milei tras su discurso en Naciones Unidas en Nueva York, a Luis –como argentino– no le salen dólares por las orejas. Es una de las tantas razones por las que no se pierde ningún miércoles.

–Hace unos años me quedé viudo. Me pasaron todas, pero yo le aconsejo a la gente mayor que venga a la marcha. No sólo como protesta, sino porque es bueno para uno. Es una cuestión de salud. A mí me ayudó mucho porque me olvidé de mí: me acuerdo más de la madre de Milei que de mí. En serio, te digo. Algunos jubilados me dicen: “No, mejor me voy a hacer un estudio al médico”, pero es como un coche en el mecánico: algo siempre te van a encontrar. No digo que esté mal, ojo, pero hay gente que está todo el día en la casa mirándola por televisión y pensando en sí mismo. Con hacer un cartel o pensar alguna cosita, ya la cabeza se me despeja.

La semana pasada, Luis trajo el “Desodorante Javo”, con una característica premium: “Te deja seco las 24 horas”. ¿Qué significa ese humor en la lucha de cada miércoles?

Luis es crítico:

–Yo vengo porque la jubilación me alcanza nomás para diez días. Me gustaría que hagamos un poco más de bochinche. Acá nos encerraron. Venimos y damos una ronda: no tenemos nada para festejar pero damos la vuelta olímpica como si fuéramos campeones. Luego, a casa. Hay que ir al Obelisco, a Corrientes. Acá no nos ve nadie. No estoy en contra, porque nos encontramos, pero haría un poco más de calle. Lo único que falta es que nos pongan mesas y nos hagan jugar a las damas: para eso voy a la plaza de mi barrio. En Lanús me preguntan: “¿Luis, no marchan más?”.

La marcha –la ronda a la que Luis pide más bochinche– está por empezar.

¿Qué espera?

–Mirá, el día que no pueda caminar más ni vivir a medias, me amenazo al Presidente así me vienen a buscar: ya averigué que no me sacan la jubilación, me llevan en cana, y al menos tengo una lamparita para leer algún libro y amigos que me traerán algún sanguchito de miga. Lo mismo que haría en casa lo hago allá. En serio, te digo.

¿Hay opción B?

–Que cambie el Gobierno. Eso daría un poquito de esperanza. La primera medida tendría que ser darnos un aumento. De mínima. Esta lucha que hacemos va a pasar a la historia como algo que era necesario hacer. El que no labura ni lucha, no come.

Hincha de Independiente y fanático de Manal, Luis se despide y se mete a la marcha.

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Revista Mu

MU 216: Qué, cómo y cuándo cambió todo

Publicada

hace 4 semanas

26/08/2026

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Viaje a la vida en el Paraná II: En modo Costa Pobre

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 4 meses

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.