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Justicia por María Julieta en Paraná: una movilización de barbijos para que el femicidio no quede impune

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El femicidio de María Julieta Riera en Paraná llevó a una movilización hasta los tribunales de la capital entrerriana, con barbijos y en plena cuarentena, para exigir justicia por la joven de 24 años. La Justicia detuvo a su pareja, Jorge Christe, acusado de arrojarla desde un octavo piso. La autopsia reveló que antes la había golpeado. La familia exigió un “proceso claro” para llegar a un “juicio justo”, y dejar así en claro que el vínculo del sospechoso no se convierta en un “blindaje” del caso: Christe es hijo de una excamarista de la ciudad. La mamá de María Julieta afirmó: “Pedimos justicia por ella, por la familia y por todas las demás, por todas las mujeres que atraviesan esta situación, no es solo Julieta: hay muchas más”.

Justicia por María Julieta en Paraná: una movilización de barbijos para que el femicidio no quede impune

En la puerta de los tribunales de Paraná, el primer sábado de mayo en plena cuarentena, con barbijos y a distancia, hubo una manifestación.

“Que nos escuchen y sepan que estamos acá”, se oye decir en un video

Entonces suenan los aplausos.

Así se pidió justicia por María Julieta Riera, 24 años, que el 30 de abril fue asesinada arrojada desde un octavo piso, a diecinueve metros de altura. Mientras la manifestación gritaba desde la calle, adentro de edificio, el juez Mauricio Mayer dictaba la prisión preventiva por sesenta días en la Unidad Penal de Paraná a Jorge Julián Christe, pareja de María Julieta, luego de que el fiscal Ignacio Aramberry lo imputara por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género”.

Christe, de 31 años, hijo de la ex camarista de Paraná María Victoria Stagnaro, se abstuvo de declarar. Sus abogados solicitaron la prisión domiciliaria con una tobillera, a cumplir en la casa de su madre, pero el pedido fue rechazado. La noche del femicidio, Christe fue primero en su moto a lo de la ex jueza. Después, a la comisaría en el centro de la ciudad y denunció que su novia se había caído. En ese momento fue revisado por los médicos: su cuerpo tenía signos de pelea.

Aramberry presentó al juez Mayer los resultados de la autopsia que realizó el Cuerpo Médico Forense: María Julieta, entre las 2:20 y 2:50 de esa noche, sufrió maltrato físico y falleció por los golpes al caer. En la audiencia el fiscal relató: “Jorge Julián Christe le dio muerte a su pareja María Julieta Riera, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas. Para producir su muerte, Christe agredió físicamente a Riera y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón”.

La familia de María Julieta, que espera las pericias de celulares, computadoras y las psicológicas, exigió en diálogo con medios de comunicación que la justicia inicie “un proceso claro” y que ejecute “un juicio justo, que la pertenencia familiar del sospechoso de cometer este terrible hecho, no sea un blindaje”. En la puerta de tribunales Ana, la mamá de María Julieta, manifestó sin quitarse el barbijo: «Pedimos justicia por ella, por la familia y por todas las demás, por todas las mujeres que atraviesan esta situación, no es solo Julieta. Hay muchas más”.

Justicia por María Julieta en Paraná: una movilización de barbijos para que el femicidio no quede impune
Jorge Christe (a la derecha, barbijo blanco), pareja de María Julieta e hijo de una excamarista de la ciudad, es el principal sospechoso.

Salir a la calle

Nina Brugo, abogada, histórica referente feminista y “entrerriana hasta la médula”, como ella misma se define, expresó que “todo femicidio conmueve”, después de enterarse del asesinato de María Julieta Riera, a quien Nina llama Juli porque era la nieta de un primo hermano. Les habitantes paranaenses conocen a la perfección el edificio donde María Julieta fue asesinada, en plena calle peatonal, dice Nina que “uno de los más altos y antiguos” del centro de la ciudad.

La familia de Nina, por madre y padre, están hace varias generaciones en Paraná. La referente vive en Buenos Aires pero suele ir recurrentemente a su ciudad natal. Es la abuela de Juli, Carmen, con quien Nina habla conmovida para acompañarla al igual que lo hacen las organizaciones de su ciudad, “la familia se sintió muy acompañada por el movimiento de mujeres”, cuenta a lavaca. Y agrega que cada vez más “la sociedad en Entre Ríos sale a la calle”.

El sábado 2 de mayo, familiares, amigos y amigas de María Julieta, y organizaciones del movimiento feminista que conforman la Asamblea de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná esperaron desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde que la abogada saliera a contar qué había sucedido dentro de tribunales. La prensa no pudo ingresar y la audiencia tampoco fue transmitida por YouTube como suele hacerse: la explicación oficial fue que había poco personal.

“Nos enteramos – del femicidio de María Julieta- por los medios de comunicación el viernes a la mañana. Los titulares decían que se cayó y que su novio era el que había ido a dar aviso a la policía. Esa fue la acción que más nos hizo dudar porque no entendíamos cómo es posible que una persona pueda irse del lugar en moto y no llamar al 911 por ejemplo”, dice a lavaca Nadia Burgos, de la agrupación Juntas y a la izquierda, con la que participa de la Asamblea. “Fue muy duro acompañar en una situación de extremo dolor, y no poder dar un brazo, no poder sostener desde el cuerpo. Era muchísima la familia y los amigos y amigas de Julieta, de la familia, de los hermanos, que habían ido a acompañar. Había claridad absoluta de quienes estábamos. Ni la calle ni el reclamo pudieron esperar ni un segundo. Necesitábamos estar ahí. El tapaboca no nos silencia”. Cuando la abogada de la familia Riera salió de la audiencia, se enteraron de la imputación: homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género. “Algo muy importante que los medios también destacaron tiene que ver con que su madre es ex jueza y fue la primera persona a quien vio luego de que la tirara por el balcón”, recalcó Nadia.

En medio del aislamiento por coronavirus, cuenta Nadia que salir a la calle para protestar lo pensaron desde el cuidado. “Hay algo que desde el movimiento feminista hacemos siempre: cuidarnos entre nosotras. Sabemos las medidas que hay que tomar para no ponernos en riesgo de ningún tipo, esas medidas las evaluamos, las llevamos delante de manera colectiva. No vamos a hacer algo que nos ponga en riesgo pero tampoco vamos a quedarnos en nuestras casas calladas porque esto no se tolera más”.

El quiebre

El último 9 de marzo Nina Brugo marchó en la Ciudad de Buenos Aires junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Antes de subir al escenario una mujer se acercó, le dijo que era de su provincia y le entregó un brazalete negro que llevaba inscripto “Fátima”. Nina no volvió a ver a esa mujer, pero en diálogo con lavaca recuerda que por eso se sentó muy conmovida junto a Nora Cortiñas. El día anterior, 8 de marzo, habían hallado el cuerpo de Fátima Acevedo, de 25 años, también en Paraná, que sufría violencia en manos de su ex pareja, Nicolás Martínez, de 35 años, que fue imputado por «homicidio agravado por vínculo». Fátima, que tenía con él un hijo pequeño, lo había denunciado a la policía y al juzgado cuando Martínez intentó quemarla con ácido. Nadie lo detuvo, el Estado no dispuso ninguna medida tajante para ayudarla. En un mensaje de texto Fátima les dijo a sus amigas que ya no sabía qué hacer y anticipó: “Cuando termine muerta, puede ser que la Policía y el juzgado hagan algo”. Desapareció el 1 de marzo y siete días después encontraron su cuerpo en un aljibe. Paraná se movilizó pidiendo justicia con una vigilia frente a los tribunales.

Cincuenta días después del hallazgo de Fátima, con aislamiento social obligatorio en todo el país, el 27 de abril, Jonathan Eduardo Rivero asesinó con un cuchillo a Romina Roda en esa misma provincia; lo hizo delante de una de sus tres hijas. Romina, al igual que Fátima, también había denunciado a su ex y la noche anterior a ser asesinada publicó en sus redes sociales el hostigamiento que sufría. Nadie la escuchó.

El 8 de febrero, Viviana Barreto también fue asesinada a puñaladas, delante de sus hijos, por su ex pareja Maximiliano Alejandro Delgado de 31 años, en la ciudad entrerriana Villaguay. La última hermana, nieta, amiga, hija, prima, compañera que mataron en esa provincia fue María Julieta Riera, tirada por el balcón luego de una golpiza el 30 de abril en Paraná.

En lo que va del año son cuarto los femicidios cometidos en Entre Ríos.

“En la provincia cuando sucedió lo de Fátima hubo un quiebre”, cuenta Nadia Burgos. “En ese momento estuvimos toda una noche de vigilia frente a tribunales. Un día después del hallazgo, el 9 de marzo, la movilización en Paraná del Paro Internacional de Mujeres tomó otra dimensión, históricamente la más grande del movimiento de mujeres. Fue impresionante. Mucha gente que iba por primera vez”.

Así, en la ciudad, se produjo un antes y un después: “Podrá haber cuarentena pero hay algo en la gente que se modifica con esas movilizaciones masivas que no tiene vuelta atrás. Entonces ante cada femicidio ahora algo de eso que va a volver a surgir. Esa es la presión que tiene el Gobierno y la Justicia de Entre Ríos en este momento: gran parte de la sociedad está atenta”.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios

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Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro

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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

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Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.

por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta

Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.

En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:

  • Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
  • Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
  • Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.

Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.

¿Qué vimos?

En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.

Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.

El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.

Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.

La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.

En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?

Es urgente: enfrente está la muerte.

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