Nota
La Defensoría del Pueblo viajó a Salta: «El desalojo de los kolla-guaraníes es un error judicial grosero»
Víctimas de la justicia, que viven en estado deplorable. Errores judiciales imperdonables que no se han reparado. Indefensión de una comunidad avasallada. Tal es el panorama que se encontró la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación tras viajar a Salta para conocer de cerca la situación de los kolla-guaraníes expulsados de su tierra, en Río Blanco. La violación de los derechos humanos y una posible desaparecida: la justicia.
«El desalojo de la comunidad kolla-guaraní es un error judicial grosero».
«La situación más clara que se ha podido obtener del viaje de la comisión de la Defensoría del Pueblo a Salta, es un reconocimiento expreso de la jueza, dicho verbalmente en la audiencia ante nuestros enviados, de que ella se equivocó. Y si se equivocó, significa que el desalojo fue un error, y esas personas tendrían que volver a ocupar esas tierras».
Anselmo Sella, subsecretario de Administración de la Defensoría del Pueblo de la Nación fue el encargado de recibir el lunes 29 de marzo a la delegación de la comunidad kolla-guaraní que viajó a Buenos Aires desde Salta, y motorizó el veloz envío -el jueves 1ª de abril- de una comisión a la provincia formada por el abogado Juan Pablo Jorge (asesor legal) y Adriana Viñas (del área de derechos humanos). Ya están preparando un informe que servirá al Defensor Eduardo Mondino para decidir qué medidas impulsar. Sobre la situación en que encontró a los integrantes de la comunidad de Río Blanco, el doctor Juan Pablo Jorge reconoce:
«Como ser humano, me duele muchísimo que seres humanos vivan en esas condiciones. Es hiriente».
«Hay una cantidad de personas, que no pude precisar, viviendo en cuatro carpas, al borde de la ruta, en condiciones deplorables. No hay ninguna infraestructura que pueda albergarlos mínimamente. No hay baños, sólo palanganas. Las condiciones son inimaginables. Preguntamos si han tenido alguna contención a nivel municipal o provincial, pero no: sólo han contado con el apoyo de una institución aborigen local».
Sobre este tema, Sella pronuncia una frase impresionante:
-En este tema ha sido muy importante la falta de apoyo a estos aborígenes, de todo el mundo.
Sella explica, sin perder el asombro, que la comunidad, sencillamente no tendría que estar desalojada.
–¿Cuál fue el error de la jueza Cristina del Valle Barbará de Morales?
-El error, que ella misma ha reconocido, consistió en haber librado órdenes de lanzamiento sin un acto judicial previo que las hubiera autorizado («Lanzamiento» significa, en términos judiciales, la expulsión de alguien de un lugar: desalojo).
–¿El desalojo fue sin una orden judicial válida?
-La sentencia de desalojo ya se había ejecutado hace cuatro años, en 1999. No se sabe cómo se hizo, ni a quién se desalojó, ni por qué. Pero lo cierto es que los propios jueces reconocen que se había ejecutado. No obstante, esta comunidad permanecía ocupando el campo. Entonces, no se puede modificar la nueva situación de hecho sin un nuevo proceso. Ese no es un pequeño error judicial. Es un error grosero.
-La jueza lo reconoce ante la Defensoría. Pero ¿qué hizo al respecto?
-Suspendió la medida después de haber producido los desalojos, pero quedó a mitad de camino. Lo normal es que si alguien reconoce su equivocación, vuelva las cosas a su estado anterior. Eso no significa simplemente que no rompan las viviendas ni hagan daños en las pertenencias de los desalojados, sino que éstos vuelvan a estar donde estaban antes. Desde el punto de vista institucional es gravísimo. No puede desalojarse tranquilamente a tanta gente en base a un error judicial que además es reconocido por la jueza. Es de una gravedad institucional inusitada.
A la vez, Sella explica que hubo aspectos de la visita que la Defensoría aún no tiene claros: «Nos habían dicho que había 40 familias dentro del campo, pero no lo hemos podido confirmar. Eso modificaría las cosas. Si hubiera 40 familias adentro yo llegaría a la conclusión de que el desalojo fue parcial y la tenencia corresponde a la comunidad. Pero si el desalojo se concretó, aunque esté mal jurídicamente, la tenencia por ahora correspondería a la empresa».
–¿Cómo podría cambiar la situación?
-Si la jueza dicta la nulidad de lo que ella misma ordenó hacer.
–¿Cuándo?
-En el lapso que ella decida.
-Pero si la jueza reconoce que se equivocó, tendría que retrotraer ya mismo las cosas, sobre todo cuando hay gente que vive en condiciones deplorables, según lo ha comprobado la propia comisión de la Defensoría.
-La situación es tan grave que amerita que alguien intervenga. El gobierno provincial, o quien sea. No se puede seguir mirando para otro lado. Apenas esté el informe, el Defensor decidirá qué medidas tomar porque acá hay violaciones a los derechos humanos.
–¿Qué violaciones?
-Primero, habría que analizar la cuestión de la propiedad comunitaria de las comunidades aborígenes. Si es como ellos manifiestan, si ha habido un juicio irregular y han sido privados de forma ilegal de sus posesiones, podrían verse afectado este derecho que tiene rango constitucional en la Constitución del 94.
Además se violan los derechos humanos si nos informan que hay decenas de personas viviendo en una banquina junto a una ruta en medio de la selva donde no tienen un baño, comida, ni nada. Es evidente que se está violando el derecho a la dignidad.
–¿Cómo calificaría a la actitud de la empresa?
-La empresa se maneja con sus propios intereses, no sé si cabe calificarla en términos éticos o morales. No puedo poner como culpable al que intenta defender su derecho, sino más bien a quienes tienen que dar a cada uno lo suyo, hacer justicia. En este caso son las autoridades de la administración o del Poder Judicial. Respecto del Poder Judicial lo que se puede decir es que hubo un ostensible error que aparentemente no se está dispuesto a subsanar. La actitud de la jueza al reconocer su error, llevaría necesariamente a volver las cosas a su estado anterior. Pero ella no lo va a hacer de oficio porque dice que la única forma de resolver una cosa así es procesalmente, cuando se resuelva el incidente de nulidad.
Un buen abogado
Juan Pablo Jorge describe que hay otra piedra en ese camino: «La jueza nos dijo que esas presentaciones pidiendo la nulidad eran extemporáneas (presentadas fuera de término) salvo en un caso. Lo que habría que determinar es si una eventual nulidad beneficiaría solo a esa persona o a toda la comunidad afectada por la misma medida». Esto empalma con la situación de desprotección legal que parecen sufrir los miembros de la comunidad. Dice Sella: «Con un buen abogado, el desalojo no hubiera ocurrido. Y con una justicia normal, tampoco»
La comisión que viajó a Orán presentó ante el juzgado civil y comercial número 1 un pedido de informes. La jueza recibió a Jorge y a Viñas. «Mostró su preocupación por el tema y se comprometió a contestar rápidamente el pedido» cuenta Jorge.
Luego se trasladaron al lugar del conflicto, conocieron a los miembros de la comunidad allí acampados, y caminaron hasta la tranquera donde un suboficial retirado de apellido González oficia como custodia.
«Estuvimos también con el padre Auletta, de la capilla San José, que es un poco quien hace las veces de soporte espiritual de los aborígenes lanzados», dice Jorge. El informe de todo este periplo y estos contactos estará listo en pocos días. Al abogado de la comunidad no pudieron encontrarlo, ya que estaba en Tartagal. «Si me preguntan a mí, creo que es demasiado trabajo para una sola persona» opina Jorge sobre las posibilidades judiciales futuras «ya que hay demasiados frentes abiertos, recursos de nulidad, revocatorias, causas penales. Pero parece que hay inconvenientes para encontrar a otro profesional que pueda dar una mano al actual abogado. No me precisaron las razones, pero no encuentran a nadie».
En Salta, la razón es clara: hasta que se demuestre lo contrario, ningún abogado quiere hacerse cargo porque vería peligrar, supuestamente, su relación futura con el poder político y las empresas.
Cuando la jueza frenó el desalojo (hecho que simplemente consistió en que detuvieran la destrucción de bienes y viviendas de los kolla-guaraníes) la empresa se sintió agraviada y presentó una revocatoria ante la Cámara de Apelaciones de Salta. «La Cámara tiene la facultad de ordenar a la jueza que reencamine la causa».
Nadie puede profetizar en qué sentido podrían dictar tal orden. «Tal vez pueda echar luz sobre un expediente que está demasiado convulsionado» especula Jorge.
Perder terreno
Jorge cuenta que «extraoficialmente se dicen muchas cosas, como que la intendencia local no quiere ocuparse del tema. Pero son comentarios que se escuchan, y que no constan». Un detalle nada menor es que la jueza, casualmente, es la hija del intendente de Orán de quien se dice que no quiere ocuparse del tema. En la Defensoría ya consta este dato.
Sella considera que «ha sido importantísima la falta de asesoramiento que fue consolidando situaciones en las que los aborígenes han ido perdiendo terreno», frase que puede tomarse literalmente.
-Ellos nunca cuestionaron el dominio de la propiedad. Si hacía 30 años que estaban ahí, tendrían que haber ido a la ofensiva con medidas administrativas y judiciales que fijaran su posesión de las tierras. Ha habido una enorme falta de capacidad de gestión en la defensa de sus derechos. Con esto no estoy justificando ni por muchísimo que lo parezca la actitud ni de la empresa, ni de la justicia.
-Los pueblos originarios cumplen así con el arquetipo del «pobre y ausente».
-Ni más ni menos.
–¿Qué hará la Defensoría del Pueblo?
-Nosotros tenemos limitaciones, pero no quiero escudarme en limitaciones legales para evitar defender derechos humanos que están claramente vulnerados. Nuestras limitaciones son que la jurisdicción es provincial, y que está interviniendo la justicia. No obstante el defensor además de poder dictar resoluciones, advertencias, recomendaciones y demás, también es un gestor. Y en ese sentido, aún cuando interviene la justicia, pedimos un informe a la jueza diciendo que no queremos invadir su jurisdicción ni sus funciones, pero que intervenimos ante la gravedad de la situación. Ahora el Defensor va a evaluar toda la situación y resolverá algunas acciones que no quiero adelantar hasta que hablemos con él. No hay un procedimiento reglado de antemano. Se actúa de acuerdo a cada circunstancia. Puede hacer un informe, hablar con el gobernador, con la jueza: muchas cosas.
Mientras se termina de dilucidar el futuro, decenas de personas siguen viviendo en una banquina en condiciones deplorables.
Y otros están dentro del terreno esperando esa especie de milagro laico que en idioma argentino se sintetiza en una palabra bella, incierta y siempre lejana: justicia.
Nota
Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.
Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo
El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.
El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
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Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
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