Víctimas de la justicia, que viven en estado deplorable. Errores judiciales imperdonables que no se han reparado. Indefensión de una comunidad avasallada. Tal es el panorama que se encontró la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación tras viajar a Salta para conocer de cerca la situación de los kolla-guaraníes expulsados de su tierra, en Río Blanco. La violación de los derechos humanos y una posible desaparecida: la justicia.

«El desalojo de la comunidad kolla-guaraní es un error judicial grosero».
«La situación más clara que se ha podido obtener del viaje de la comisión de la Defensoría del Pueblo a Salta, es un reconocimiento expreso de la jueza, dicho verbalmente en la audiencia ante nuestros enviados, de que ella se equivocó. Y si se equivocó, significa que el desalojo fue un error, y esas personas tendrían que volver a ocupar esas tierras».
Anselmo Sella, subsecretario de Administración de la Defensoría del Pueblo de la Nación fue el encargado de recibir el lunes 29 de marzo a la delegación de la comunidad kolla-guaraní que viajó a Buenos Aires desde Salta, y motorizó el veloz envío -el jueves 1ª de abril- de una comisión a la provincia formada por el abogado Juan Pablo Jorge (asesor legal) y Adriana Viñas (del área de derechos humanos). Ya están preparando un informe que servirá al Defensor Eduardo Mondino para decidir qué medidas impulsar. Sobre la situación en que encontró a los integrantes de la comunidad de Río Blanco, el doctor Juan Pablo Jorge reconoce:

«Como ser humano, me duele muchísimo que seres humanos vivan en esas condiciones. Es hiriente».
«Hay una cantidad de personas, que no pude precisar, viviendo en cuatro carpas, al borde de la ruta, en condiciones deplorables. No hay ninguna infraestructura que pueda albergarlos mínimamente. No hay baños, sólo palanganas. Las condiciones son inimaginables. Preguntamos si han tenido alguna contención a nivel municipal o provincial, pero no: sólo han contado con el apoyo de una institución aborigen local».


Sobre este tema, Sella pronuncia una frase impresionante:

-En este tema ha sido muy importante la falta de apoyo a estos aborígenes, de todo el mundo.

Sella explica, sin perder el asombro, que la comunidad, sencillamente no tendría que estar desalojada.

–¿Cuál fue el error de la jueza Cristina del Valle Barbará de Morales?

-El error, que ella misma ha reconocido, consistió en haber librado órdenes de lanzamiento sin un acto judicial previo que las hubiera autorizado («Lanzamiento» significa, en términos judiciales, la expulsión de alguien de un lugar: desalojo).

–¿El desalojo fue sin una orden judicial válida?

-La sentencia de desalojo ya se había ejecutado hace cuatro años, en 1999. No se sabe cómo se hizo, ni a quién se desalojó, ni por qué. Pero lo cierto es que los propios jueces reconocen que se había ejecutado. No obstante, esta comunidad permanecía ocupando el campo. Entonces, no se puede modificar la nueva situación de hecho sin un nuevo proceso. Ese no es un pequeño error judicial. Es un error grosero.

-La jueza lo reconoce ante la Defensoría. Pero ¿qué hizo al respecto?

-Suspendió la medida después de haber producido los desalojos, pero quedó a mitad de camino. Lo normal es que si alguien reconoce su equivocación, vuelva las cosas a su estado anterior. Eso no significa simplemente que no rompan las viviendas ni hagan daños en las pertenencias de los desalojados, sino que éstos vuelvan a estar donde estaban antes. Desde el punto de vista institucional es gravísimo. No puede desalojarse tranquilamente a tanta gente en base a un error judicial que además es reconocido por la jueza. Es de una gravedad institucional inusitada.



A la vez, Sella explica que hubo aspectos de la visita que la Defensoría aún no tiene claros: «Nos habían dicho que había 40 familias dentro del campo, pero no lo hemos podido confirmar. Eso modificaría las cosas. Si hubiera 40 familias adentro yo llegaría a la conclusión de que el desalojo fue parcial y la tenencia corresponde a la comunidad. Pero si el desalojo se concretó, aunque esté mal jurídicamente, la tenencia por ahora correspondería a la empresa».

–¿Cómo podría cambiar la situación?

-Si la jueza dicta la nulidad de lo que ella misma ordenó hacer.

–¿Cuándo?

-En el lapso que ella decida.

-Pero si la jueza reconoce que se equivocó, tendría que retrotraer ya mismo las cosas, sobre todo cuando hay gente que vive en condiciones deplorables, según lo ha comprobado la propia comisión de la Defensoría.

-La situación es tan grave que amerita que alguien intervenga. El gobierno provincial, o quien sea. No se puede seguir mirando para otro lado. Apenas esté el informe, el Defensor decidirá qué medidas tomar porque acá hay violaciones a los derechos humanos.

–¿Qué violaciones?

-Primero, habría que analizar la cuestión de la propiedad comunitaria de las comunidades aborígenes. Si es como ellos manifiestan, si ha habido un juicio irregular y han sido privados de forma ilegal de sus posesiones, podrían verse afectado este derecho que tiene rango constitucional en la Constitución del 94.
Además se violan los derechos humanos si nos informan que hay decenas de personas viviendo en una banquina junto a una ruta en medio de la selva donde no tienen un baño, comida, ni nada. Es evidente que se está violando el derecho a la dignidad.

–¿Cómo calificaría a la actitud de la empresa?

-La empresa se maneja con sus propios intereses, no sé si cabe calificarla en términos éticos o morales. No puedo poner como culpable al que intenta defender su derecho, sino más bien a quienes tienen que dar a cada uno lo suyo, hacer justicia. En este caso son las autoridades de la administración o del Poder Judicial. Respecto del Poder Judicial lo que se puede decir es que hubo un ostensible error que aparentemente no se está dispuesto a subsanar. La actitud de la jueza al reconocer su error, llevaría necesariamente a volver las cosas a su estado anterior. Pero ella no lo va a hacer de oficio porque dice que la única forma de resolver una cosa así es procesalmente, cuando se resuelva el incidente de nulidad.

Un buen abogado

Juan Pablo Jorge describe que hay otra piedra en ese camino: «La jueza nos dijo que esas presentaciones pidiendo la nulidad eran extemporáneas (presentadas fuera de término) salvo en un caso. Lo que habría que determinar es si una eventual nulidad beneficiaría solo a esa persona o a toda la comunidad afectada por la misma medida». Esto empalma con la situación de desprotección legal que parecen sufrir los miembros de la comunidad. Dice Sella: «Con un buen abogado, el desalojo no hubiera ocurrido. Y con una justicia normal, tampoco»

La comisión que viajó a Orán presentó ante el juzgado civil y comercial número 1 un pedido de informes. La jueza recibió a Jorge y a Viñas. «Mostró su preocupación por el tema y se comprometió a contestar rápidamente el pedido» cuenta Jorge.

Luego se trasladaron al lugar del conflicto, conocieron a los miembros de la comunidad allí acampados, y caminaron hasta la tranquera donde un suboficial retirado de apellido González oficia como custodia.

«Estuvimos también con el padre Auletta, de la capilla San José, que es un poco quien hace las veces de soporte espiritual de los aborígenes lanzados», dice Jorge. El informe de todo este periplo y estos contactos estará listo en pocos días. Al abogado de la comunidad no pudieron encontrarlo, ya que estaba en Tartagal. «Si me preguntan a mí, creo que es demasiado trabajo para una sola persona» opina Jorge sobre las posibilidades judiciales futuras «ya que hay demasiados frentes abiertos, recursos de nulidad, revocatorias, causas penales. Pero parece que hay inconvenientes para encontrar a otro profesional que pueda dar una mano al actual abogado. No me precisaron las razones, pero no encuentran a nadie».

En Salta, la razón es clara: hasta que se demuestre lo contrario, ningún abogado quiere hacerse cargo porque vería peligrar, supuestamente, su relación futura con el poder político y las empresas.

Cuando la jueza frenó el desalojo (hecho que simplemente consistió en que detuvieran la destrucción de bienes y viviendas de los kolla-guaraníes) la empresa se sintió agraviada y presentó una revocatoria ante la Cámara de Apelaciones de Salta. «La Cámara tiene la facultad de ordenar a la jueza que reencamine la causa».

Nadie puede profetizar en qué sentido podrían dictar tal orden. «Tal vez pueda echar luz sobre un expediente que está demasiado convulsionado» especula Jorge.

Perder terreno
Jorge cuenta que «extraoficialmente se dicen muchas cosas, como que la intendencia local no quiere ocuparse del tema. Pero son comentarios que se escuchan, y que no constan». Un detalle nada menor es que la jueza, casualmente, es la hija del intendente de Orán de quien se dice que no quiere ocuparse del tema. En la Defensoría ya consta este dato.

Sella considera que «ha sido importantísima la falta de asesoramiento que fue consolidando situaciones en las que los aborígenes han ido perdiendo terreno», frase que puede tomarse literalmente.

-Ellos nunca cuestionaron el dominio de la propiedad. Si hacía 30 años que estaban ahí, tendrían que haber ido a la ofensiva con medidas administrativas y judiciales que fijaran su posesión de las tierras. Ha habido una enorme falta de capacidad de gestión en la defensa de sus derechos. Con esto no estoy justificando ni por muchísimo que lo parezca la actitud ni de la empresa, ni de la justicia.

-Los pueblos originarios cumplen así con el arquetipo del «pobre y ausente».

-Ni más ni menos.

–¿Qué hará la Defensoría del Pueblo?

-Nosotros tenemos limitaciones, pero no quiero escudarme en limitaciones legales para evitar defender derechos humanos que están claramente vulnerados. Nuestras limitaciones son que la jurisdicción es provincial, y que está interviniendo la justicia. No obstante el defensor además de poder dictar resoluciones, advertencias, recomendaciones y demás, también es un gestor. Y en ese sentido, aún cuando interviene la justicia, pedimos un informe a la jueza diciendo que no queremos invadir su jurisdicción ni sus funciones, pero que intervenimos ante la gravedad de la situación. Ahora el Defensor va a evaluar toda la situación y resolverá algunas acciones que no quiero adelantar hasta que hablemos con él. No hay un procedimiento reglado de antemano. Se actúa de acuerdo a cada circunstancia. Puede hacer un informe, hablar con el gobernador, con la jueza: muchas cosas.


Mientras se termina de dilucidar el futuro, decenas de personas siguen viviendo en una banquina en condiciones deplorables.

Y otros están dentro del terreno esperando esa especie de milagro laico que en idioma argentino se sintetiza en una palabra bella, incierta y siempre lejana: justicia.