Sigamos en contacto

Nota

La fruta prohibida: Corrientes, de las fumigaciones a la agroecología

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Una familia fumigada. Una niña muerta por comer una mandarina. Vecinos que cuentan que la escena se encubrió. La voz del único imputado. Una historia que conecta con otra localidad donde se está empezando a transformar el dolor en vida. ▶ FRANCO CIANCAGLINI
Rocío Milagros Pared (12 años) y su sobrino Damián(10 años) salen de su casa rumbo a la clase de catequesis de todos los sábados. Viven con sus 11 hermanos y padres al lado de una chacra de limones que se fumiga día tras día.
La capilla de Santa Librada, a donde los esperan las catequistas Soledad y Ayelén, queda a unos 500 metros de distancia. En el camino, más quintas: limones, arándanos, sandías, mandarinas.
Los tractores pasan y levantan la tierra colorada; no hay vereda. Sólo pueden caminar pegaditos al paredón que marca la propiedad de Luis Ángel Brest, dueño de todas esas quintas. Es un sábado caluroso, son las 14:30, y Rocío y Damián deciden jugar una carrera.
Rocío va ganando, pero se detiene. A la altura del portón de los Brest encuentra una mandarina. La agarra. Damián, que llega desde atrás, le pregunta: “¿Me das un pedazo?”. Rocío la parte al medio y muerde su mitad.
Rocío queda paralizada. Se agarra la panza; se retuerce de dolor. Damián muerde la mandarina, pero le da asco el sabor: escupe. Luego, vomita. Con las fuerzas que le quedan, ayudado por un palito, desanda los 90 metros hasta su casa, para pedir ayuda.
La madre, Vicenta, se queda con Damián, mientras Ricardo y Ramona salen corriendo a buscar a Rocío. La escena: “Estaba paralizada, como borracha. La respiración se le iba. La cáscara de mandarina estaba ahí al lado. Y yo le dije ¿qué tomaste, Rocío? Me responde en guaraní “ha´u mandarina”. Tomé una mandarina”.
Ramona, hermana de Rocío, cuenta que se cansó de llamar a la ambulancia que nunca llegó. La explicación: “La ambulancia no está en el hospital: hace de remís”. Entonces llamaron a Laura, la remisera, que ahora recuerda: “Cuando llego veo que van saliendo con el nene y después veo a Rocío, que la llevaban en brazos. Ahí me desesperé: nunca manejé tan rápido”.
En el centro de salud de Mburucuyá los hacen esperar. Vicenta: “Eran las 3 y el doctor estaba durmiendo la siesta. Se lo fue a despertar recién cuando puse a los chicos en la camilla. Y ahí les pusieron suero, pero no les hicieron lavado de estó- mago. Dijo que no hay elementos para hacerlo. ¿Cómo no va a haber? Nos dijo que la trasladaban a Saladas. Volvimos a buscar ropa para ella y los documento. Pensamos que se iba a salvar”.
Ramona: “Llegamos a Saladas y no nos dejaron entrar. Le dije a una doctora que si no me dejaba ver a mi hermanita, que me diga qué tenía. Ahí me dice: falleció”.
Silencio.

La fruta prohibida: Corrientes, de las fumigaciones a la agroecología

Las mujeres Pared, en el camino a la altura donde Rocío mordió la mandarina.
Foto: Nacho Yuchark


La pared
Ese es el relato que la familia Pared reconstruye recuerdo por recuerdo, sentados todos juntos a la sombra de un árbol, en su terreno en el paraje El pago, Mburucuyá. Son 13: Evaristo, Vicenta, Rita, María, Ramona, Armando, Damián, Mariana, Abigaíl, Fermín, Luana, Mariana y Caterina. Y los perros, Diablo y Pulqui. Falta Rocío.
Son padres, hijos y nietos de generaciones mezcladas: todos le dicen “mamá” a Vicenta. Los padres de los más más pequeños no viven en ninguna de estas dos casas.
Vicenta se crió en la zona, en Manantiales, probó dos veces suerte en Buenos Aires, pero regresó a El Pago para formar familia con Evaristo. Tiene la cara arrugada. Ha criado hijos de nariz repingada, pelo negrísimo, facciones que parecen delicadamente talladas y cuerpos esbeltos: guaraníes. “Les digo que tienen que hablar castellano, pero entre nosotros hablamos mucho en guaraní”. En esa lengua fue que Rocío le dijo a su madre sus últimas palabras: “Ella era muy guaranga. Le pregunté ahí en el portón qué había pasado. Ahí nomás le levanté el pelo, esperando que venga la ambulancia. Nunca llegó. Ya en el remís, cuando iba alcanzando la mitad del camino, yo la tenía con la cara en mi pecho y empezó a salirle espuma de la boca”. Vicenta hace un gesto de asco, o de bronca, o de todo eso junto, y concluye: “Ni aunque me paguen 50 mil dólares ni aunque me compren una estancia, yo lo que perdí no lo voy a recuperar: mi chinita”.
Evaristo, el padre, fue el encargado de limpiar el terreno hace 10 años para empezar a levantar una casa y una familia que aún se siguen edificando. Años después, el monte correntino del que estaba rodeado –palmeras, lagunas, animales- pasó a ser monocultivo de frutas y verduras con altas dosis de agroquímicos. “Justo acá se pusieron, con todo el monte que hay. No podés estar del veneno”. Una de las hijas, cuenta, se desmaya seguido. Otra acaba de perder un embarazo. ¿Por qué pasó lo que pasó? “Eso es lo que hasta ahora pienso y me está doliendo a mí. Tengo mis hijos, mis nietos, van a catecismo, salen por la calle y agarran frutas. ¿Cómo no van a agarrar?”. ¿Qué reclaman? “Justicia: eso es lo que estamos pidiendo”. ¿Cuál sería la justicia? “Que no vuelva a pasar”.
Evaristo trabajó en la cosecha gran parte de su vida, pero ahora ya no puede “por un problema de cintura”. Conoce muy bien a todos en la zona. “Que vengan a poner la cara, que digan qué pasó, qué fue. Nunca más aparecieron”.
La mitad de la familia Pared es de River, y la otra mitad es de Boca. Ambas hinchadas se lamentan que el fútbol ahora es pago y sacan cuentas ficticias sobre cuánto les saldría poder seguir viendo a sus ídolos por televisión. Rocío no era la excepción: “Le gustaba mucho ver televisión”.
Sus hermanos apuntan más recuerdos:
“No le gustaba salir mucho, le gustaba mirar novelas”.
“Sus novelas preferidas eran El Zorro y Pasión de gavilanes”.
“A mí me peleaba el control remoto de la cama”.
“Era de Boca”.
“Jugábamos a la pelota, a la escondida, a la rayuela. Ahora la extrañamos”.
La fruta prohibida: Corrientes, de las fumigaciones a la agroecología

Los niños Pared, hermanos y sobrinos de Rocío, en su casa en Mburucuyá. Detrás, la quinta de limones que es fumigada todos los días.
Foto: Nacho Yuchark


El veneno
Damián, remera de Pokemón, jean largo y en patas, es el testigo de la muerte de su tía y el paciente de distintos hospitales correntinos, cuyos estudios viajaron al hospital Gutiérrrez de Buenos Aires, especializado en toxicología. La madre alcanza un exámen realizado en Hospital Pediátrico Juan Pablo II, de Corrientes capital, que certifica un primer diagnóstico: “Intoxicación con carbofluorado”.
La autopsia que le hicieron a Rocío le puso nombre al veneno: Furadán. Fue encontrado por el cuerpo médico forense correntino en su mano y también en su estó- mago, junto a restos de mandarina. “Damián se salva porque escupe la mandarina y vomita tres veces”, interpreta su madre, Rita. Rocío ingirió con un mordisco una cantidad fatal.
El Furadán está prohibido en la Unión Europea, Canadá y también en Corrientes, según la resolución provincial Nº 1246/12. Es un pesticida altamente tóxico que si bien se utiliza para el control de plagas, tiene otra antigua función: se le suele inyectar a las frutas para dejarlas como carnadas de veneno en las cosechas y matar así a las aves que se acercan a picotear. El abogado de la familia Pared, Francisco Pisarello, relata el método: “Con tal de evitar los gastos se utiliza esta técnica retrógada de inyectarle con jeringa a la mandarina para poner debajo de las plantas, y después encontrar el tendal de pájaros muertos”.
Esto explicaría por qué la mandarina tenía un veneno prohibido, pero no por qué estaba allí, en el portón de los Brest, al alcance de Rocío. El fiscal de instrucción de Saladas Osvaldo Ojeda coincide con la hipó- tesis del abogado Pisarello: la fruta se habría caído en el traslado de mandarinas envenenadas de una quinta a otra.
La familia también conoce ese relato desde adentro: una de las seis peones de chacra de los Brest que trabajaron ese día en la quinta donde todo sucedió es Susana Pared, 29 años, una de las hermanas de Rocío. “Costó mucho que hable, porque tiene miedo a perder el trabajo”, dice el abogado Pisarello.
La fruta prohibida: Corrientes, de las fumigaciones a la agroecología

La quinta de limones donde se cayó la mandarina durante un traslado. Está al lado de la casa de los Pared, en el paraje rural de Mburucuyá, camino a la parroquia.
Foto: Nacho Yuchark


La investigación
La causa judicial que investiga la muerte de Rocío fue recaratulada: de “muerte por envenanamiento” a “homicidio culposo”. El único imputado es el capataz de la estancia del paraje El Pago, Faustino Mendoza, a quien la familia conoce bien: viven al lado. Incluso después de la muerte de Rocío, las familias se siguen saludando.
El fiscal Ojeda tomó las riendas de la investigación, sin la participación de la querella familiar durante los primeros 30 días. Ordenó la autopsia que confirmó el veneno, imputó a Mendoza y llamó a declarar al empresario Luis Brest, empleador de Mendoza, como testigo. También allanó la quinta de los limones, tres días después de la muerte de Rocío.
La única casa que queda en diagonal al portón de los Brest es la de Ayelén, la profesora de catequesis que esperaba a Rocío aquel 9 de septiembre: “El lugar donde murió Rocío ya no es el mismo. Se pusieron carteles que no habían, candados que no estaban, alambres que no tenía. Es más: esa misma noche sacaron cosas. En el peritaje que se hizo hay cosas que no van a estar porque las asacaron. Los dueños de la empresa mandaron a desmantelar el escenario”.
El encubrimiento que describe Ayelén sigue la línea del relato de los hechos que intenta imponer el patrón Brest: que Rocío cruzó el alambrado.
A lo lejos, irrumpe un tractor. Vicenta y sus dos hijas tienen una enorme capacidad de ver desde lejos y anticipan: “Ahí viene Faustino”.
Faustino Mendoza es el único imputado en la causa que investiga la muerte de Rocío. Es un hombre mayor, de piel curtida por el sol y una forma de hablar que se asemeja a un ronroreo. Sin apagar el motor del tractor, y con pocas, pero precisas palabras, accede a responder las preguntas que aún no le hizo la justicia.
¿Qué pasó el 9 de septiembre?
La criatura entró a la quinta. Afuera no había nada.
¿La mandarina de dónde la agarró?
De adentro.
¿Por qué tenía Furadán?
Porque hay muchas ratas. Para las ratas. Para matar las ratas del galpón, ahí adentro.
¿Se usa Furadan para matar a las ratas?
Sí.
¿Entonces, según usted, la mandarina no estaba en la puerta?
No, no. No había nadie, los sábados salimos temprano. Ya a las 12 nos fuimos todos.
La familia dice que estaba del lado de afuera
No, no. El portón estaba abierto.
También los vecinos dicen que los carteles de “prohibido pasar” se pusieron después
Tenía cartel. Había carteles. Y había una cadena.
La familia de Rocío también cuenta que fumigan en el campo de al lado de su casa, ¿eso no puede traerles problemas?
Pero ahora fumigamos con otras máquinas.
¿Hace cuánto?
Hace un tiempo ya.
¿Qué pesticidas utiliza?
Cobre y Mango-C.
¿Usted para quien trabaja?
Para el encargado.
¿Luis Brest?
Sí.
¿Tiene miedo por la causa judicial que lo tiene como imputado?
No.
La fruta prohibida: Corrientes, de las fumigaciones a la agroecología

En el centro, Damián, el sobrino de Rocío que se salvó porque escupió y vomitó la mandarina.
Foto: Nacho Yuchark


Los Brest
Cuentan que los Brest arrancaron hace menos de 10 años con una estación de servicio en Saladas, a 50 kilómetros de Mburucuyá, y así –o más o menos así- edificaron una fortuna que se tradujo en tierras en éste y otros departamentos correntinos. Los Brest son “una generación de nuevos empresarios con viejas mañas”, según la definición del abogado de Pisarrello, en referencia al uso de técnicas como la del Furadán en mandarinas como cebo para espantar aves.
Los Brest son una hermana y tres hermanos de alto perfil: un ingeniero agrónomo; un abogado y político que acaba de ser electo presidente del Colegio de Abogados del departamento de Goya; y Luis Ángel Brest, el más conocido por los parajes rurales, que figura como propietario de las quintas de Mburucuyá.
Mburucuyá es un pueblo de 7 mil habitantes famoso en Corrientes por ser la tierra del chamamé. Si en Corrientes capital se hace el Festival del Chamamé, en Mburucuyá le dieron otra vuelta al marketing: La Fiesta del Auténtico Chamamé. La diferencia, explicada por un autóctono: “Acá no se enchufa nada”.
Mburucuyá es un casco urbano rodeado por distintos parajes rurales como El Pago, donde viven dispersas familias campesinas como los Pared. “En Mbucurucyá la mayoría de los habitantes trabajan en la cosecha”, relata el propio Evaristo Pared. “Limones, sandía, mandarinas, arándanos”, enumera.
Según el sindicato UATRE, el sueldo oficial de un peón rural es de 12 mil pesos al mes, a razón de 556 pesos por jornal. Pero se sabe: la gran mayoría de los peones trabajan en negro. Evaristo calcula que así el sueldo desciende hasta la mitad. Una de las hermanas de Susana, la Pared que trabaja en la cosecha, precisa: “Pagan mil quinientos por semana”. Otra cosa que no especifica el convenio son las horas y días de trabajo: “Lunes a sábado, de 7 a 12 y de 2 a 6”.
¿No hay inspecciones ni control? Todos coinciden: “Les avisan que va a venir el Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) un día antes, y te dicen: mañana no vengas”.
Desde que murió Rocío, en la chacra vecina a los Pared pasaron de trabajar 10 personas a sólo 3. “Allá están trabajando Arnaldo y José”, alcanzan a ver los Pared desde la medianera.
Los guardianes
Con un mapa de la provincia de Corrientes de fondo, Emilio Spataro traza con el dedo líneas imaginarias que conectan Mburucuyá con la localidad de Lavalle. La coincidencia no es imaginaria: es la trama que une la muerte de Rocío con la de otros casos de niños muertos por agroquímicos. Y también a los Brest: uno de los hermanos fue el abogado de Ricardo Prieto, el productor absuelto por la muerte por agrotóxicos de Nicolás Arévalo (4 años) y los daños irreversibles a Celeste Estévez (5 años), en Lavalle.
Allí estamos ahora.
Cuenta Spataro: “Lo que encontrás en Lavalle y Mborucuyá es la continuidad de ese viejo modelo en el que la familia que es dueña del establecimiento tiene nexos locales. Y el campesinado son sus peones que trabajan en negro”. El otro ingrediente que completa el paisaje del interior correntino: “El modelo de agrotóxicos acá es de altas dosis por las temperaturas. Altas dosis y de exposición muy directa a gente en poblaciones socialmente muy vulnerables”.
Emilio es parte de Guardianes del Iberá, un grupo de jóvenes que se agrupó, primero, en defensa de los esteros que atraviesan la parte noreste de la provincia, enfrentándose a magnates extranjeros y mafias locales. Luego extendieron sus redes a otras localidades del interior correntino. Los Guardianes fueron una de las organizaciones que acompañaron -junto a la organización Infancia Robada, dirigida por la hermana Marta Pelloni- los juicios por la muerte de Nicolás Arévalo, los daños a Celeste. Luego, otro juicio por otra muerte agrotóxica: la de José Carlos Rivero (4 años), en mayo de 2012, también en Lavalle. “Los productores correntinos asumieron una defensa totalmente corporativa, que se expresa en la sentencia del caso de Nicolás Arévalo, donde absuelven a Prieto por falta de mérito: dicen que no se puede establecer que la contaminación fue la causal de la muerte. Lo que les preocupaba más era el impacto corporativo”.
Cortes de ruta, movilización, escraches a empresarios, jueces y políticos. Los Guardianes del Iberá siguieron y siguen gritando “paren de fumigar”. Pero en estos años no sólo han estado a la defensiva. “Después de los juicios que absolvieron a los productores hicimos la lectura de que teníamos que pasar al nivel de la producción, sino la lucha era insostenible”.
La historia puede contarse desde el principio o desde este final: el último fin de semana de octubre, más de 300 delegados de distintas localidades se reunieron en la localidad de Boquerón para discutir el plan de lucha contra las fumigaciones, y para compartir experiencias en agroecología. El encuentro fue la punta del iceberg de la flamante Federación Campesina, una organización que reúne a más de 700 familiares, entre cooperativas agropecuarias y comunidades guaraníes, que representan unas 4 mil personas en toda la provincia. “El 80% produce en forma agroecológica”, cuenta Emilio. La Federación Campesina es la contracara del modelo extractivo y del monocultivo arrocero y sojero, y también de las quintas hortícolas de medianos productores que utilizan agroquímicos.
Corrientes es una de las provincias más bellas del país. “Tiene de todo: monte, tierras altas, bajas, lagos, lagunas, ríos, animales”. Esta descripción –a la que habría que sumarle hasta monos- no es precisamente un anuncio de marketing turístico, sino un tesoro: “Tiene las condiciones perfectas para producir de manera agroecológica”. ¿Qué tiene en contra? “Sin puentes, sin caminos, sin las exenciones impositivos que favorecen a los pooles de siembra. Ahí está la decisión del Estado de favorecer a uno y dejar de forma precarizada la producción que realmente alimenta a la gente. En Corrientes no se come ni arroz ni pinos”, señala Spataro en referencia a las dos actividades fomentadas desde el gobierno: el monocultivo y la deforestación. La propuesta de cambiar el paradigma productivo queda así expuesta, en medio de una provincia azotada con 40% de pobreza, según las cifras del INDEC. “Lo que tenemos en nuestras manos es la decisión de otras formas de vida y de ser protagonistas de esas formas de vida. Eso es lo que defendemos con uñas y dientes”.
La fruta prohibida: Corrientes, de las fumigaciones a la agroecología

En Lavalle, uno de los invernaderos agroecológicos que quieren dar vuelta la historia.
Foto: Nacho Yuchark


Uñas, dientes y agroecología
En Lavalle hay más de 200 familias produciendo de manera agroecoló- gica, casi el 30% de un total de 2.000 habitantes. Josefina y Mauro son una de las parejas que formaron una familia a la vera de un brazo del Paraná, en una zona parecida al paraíso. Ellos son los tíos de Nicolás Arévalo y Celeste, y también una de las familias que se complementan con los vecinos que producen de manera agroecológica: “Nos convidan las chauchas y la lechuga, y nosotros les damos las leñas”. Paradojas de la vida en este paraíso: “Pescamos de noche, porque no dejan”.
Pilar es una de las vecinas que tiene, junto a su compañero Papu, la huerta de las chauchas: “Él trabajó hasta que se quedó rengo. Otro ingreso no teníamos. Ahora hicimos huerta. Primero afuera, ahora con tendal. Y con eso que teníamos vendíamos nomás. Hicimos con la ayuda de Guardianes”. Papu suma: “Le pongo abono de vaca, con eso lo mantenemos. Los que nos vendieron las semillas de melón nos dijeron que sin agroquímicos no iba a salir; y la chaucha, para que sea más grande la vaina, que teníamos que ponerle sí o sí. Y mirá”. El almuerzo está servido: ensalada de chaucha y papa con pescado fresco, del río.
A un costado, un balde muestra un líquido que en cualquier que en otro contexto resultaría peligroso. Checho, uno de los sabios agroecológicos que tiene Guardianes del Iberá, cuenta: “Es el purín de ortiga: sirve como abono orgánico y también como repelente, justamente para suplantar al herbicida. Tiene mucho fósforo. Y esto no es un agrotóxico que te hace daño: son ingredientes naturales”. La pauta es clara: “No usar agroquímicos”. ¿Cuál es el próximo paso? “Plantar pepino”.
Muchas de estas familias han logrado dedicar su tiempo completo a estos emprendimientos gracias a subsidios que le arrancaron al Estado. Josefina cuenta :“Vivo de mi pension”. Su marido Mauro: “de los microemprendimientos”. Y aclara: “Sabemos que va a llegar la temporada en que eso se termina. Y los empresarios siguen”.
En Lavalle, lento pero sin pausa, ha comenzado otro proceso. “Desde hace dos años los vecinos nos apoyan más, porque se dan cuenta que hay una producción que engorda a los patrones, y no al pobre. Ahora con estos microemprendimientos ellos mismos empiezan a comer de lo que producen”, conecta Josefina.
David y Eugenia son los padres del otro niño muerto en esta localidad, José Carlos Rivero (7 años), intoxicado con el agrotóxico endosulfán. En su casa mantienen desde hace años un vivero repleto de plantas originarias de la zona. Chanchos y gallinas aprovechan el resto del terreno. Desde afuera se oyen pasar los autos por la calle que ahora lleva el nombre de su hijo.
A David la tristeza le marca la mirada y las palabras le salen a borbotones para contar cómo su familia es parte de esa nueva generación agroecológica. “Se creó una confianza en el pueblo. Hoy están contando la realidad que tenían miedo de contar. Están con estudios, tienen pruebas de que el veneno les está matando, pero tenían miedo de hablar por perder el trabajo. Salieron muchas cosas a la luz… y lo que queda por salir: falta, pero está”, dice David. Eugenia suma: “Las marchas que vamos haciendo también quitan el miedo. Primero nos miraban, pero nosotros entendimos mal ese silencio: de varios vecinos nos perdimos un abrazo, un apretón de manos porque estaban con nosotros, pero tenían miedo”.
Uno de los impactos notables y concretos que ha tenido esta nueva forma de vincularse con la tierra y entre vecinos fue el electoral: en Lavalle siempre ganaba un intendente dueño de un establecimiento tomatero. En la última elección fue la primera vez que ganó una intendenta que está posicionada en contra de los agrotóxicos. David: “Mucha gente se sintió menos coercionada en su voto, gracias a que hoy ya no dependemos del tomate”. Otro de los candidatos era el productor que está procesado por homicidio por la muerte de José, su hijo. David: “Pagaba 500 pesos cada voto y sacó 133 votos. Todavía lo están buscando para cobrar”.
¿Qué puede ver en el caso de Rocío, en Mburucuyá, que ya haya visto en la muerte de su hijo?
Puedo ver el futuro de lo que va a pasar con ese juicio. Están por meter preso a un inocente, a un capataz. Y los verdaderos responsables siempre quedan libres. Los asesinos de mi hijo se presentan a elecciones y siguen trabajando como si nada hubiese pasado

Nota

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

el

ley bases
Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

Seguir leyendo

Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

Seguir leyendo

Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
Seguir leyendo

LA NUEVA MU. No podrán

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido