Nota

Las presas y presos en Caleta: voces sin libertad

Publicada

hace 20 años

08/10/2004

Después de la feroz represión del fin de semana, lavaca viajó a Caleta como parte de una delegación de la organización de derechos humanos Alerta Argentina y entrevistó a las tres mujeres y los tres hombres que contínuan presos. Están encerrados desde hace más de un mes en los pequeños calabozos de las comisarías del pueblo. Todos tienen menos de 35 años, varios hijos y varios años de desocupados. En esta nota, cada uno narra cómo fueron a reclamar sus derechos, cómo los detuvieron y qué esperan de una justicia que los pretende encerrar durante 16 años por haber pedido trabajo. Estos son sus rostros y sus voces.

31 días, 744 horas, 44640 minutos, 2.678.400 segundos. Cuando, el lunes 4 de octubre, fueron realizadas las entrevistas con Elsa Orozco, Selva Sánchez, Marcela Constancio, Mauricio Perancho, Hugo Iglesias y Federico Mansilla los seis cumplían un mes privados de su libertad en tres de las cuatro comisarías de Caleta Olivia, una localidad que no tiene cárceles ni lugares de detención especiales para mujeres o para menores.
En voz alta, frente al grabador, cada uno trata de armar el rompecabezas de estos tiempos que se les hacen interminables: la manifestación, la detención, el encarcelamiento, la familia y los hijos…
Entre el 19 y el 26 de agosto más 200 manifestantes ocuparon la Municipalidad y la playa de tanques del consorcio petrolero Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP) con un único reclamo: trabajo genuino. Las dos protestas se levantaron luego de un acuerdo con las autoridades, que se comprometieron a crear 250 puestos laborales, (de 840 pesos más salarios familiares y otros derechos garantizados por ley) y a implementar un plan de obra pública que incluye la creación de mil puestos de trabajos por tres años y una inversión de la Provincia de 10 millones de pesos.
El acta, que nunca se cumplió, lleva seis firmas: las de Constancio, Perancho, Orozco y Sánchez -los cuatro ahora están presos-; otra corresponde a María Elena Osses -actualmente procesada-; la última es del intendente Fernando Cotillo, en libertad.

El juez de Caleta Olivia, Marcelo Bailaque, procesó a 44 personas luego de las ocupaciones y -una semana después de terminadas las protestas- ordenó la detención de 21, en una causa que desestimó los testimonios de los implicados -incluso de los que como Iglesias o Mansilla, que ni siquiera estuvieron en las ocupaciones- y tomó como pruebas valederas artículos de los diarios Crónica y La prensa e informes de inteligencia con fotos que no son in situ, sino escaneadas de otros lados.
Así, dictó la prisión preventiva a los tres hombres y las tres mujeres por su «rol determinante y de conducción» en los sucesos. Se los acusa, en el dictamen, de «usurpación, impedimento de funciones publicas, privación ilegítima de la libertad y entorpecimiento de actividad económica». El 14 de octubre el juez Bailaque deberá confirmar o revocar la prisión. Si les niega la libertad y se suman todas las figuras -en lo que los especialistas y los organismos de derechos humanos consideran un forzamiento inaceptable del Código Penal- los detenidos pueden llegar a pasar 16 años en prisión.

A los 6 hombres y mujeres presos les cuesta entender esa insensatez que se empeña en enmarañarles la vida. Se les nota en la cara, en la incredulidad de ciertos gestos, en los rasgos -mínimos- con que intentan salvar la profunda ruptura de su cotidianidad. Y también en la convicción, mamada en una Argentina lejana, de que el trabajo dignifica.
Todos, en algún momento de los quince minutos que duró cada entrevista, sintieron que se les acababan las palabras. Entonces, callaron y lloraron. Mujeres y hombres que lloran, como dice Iglesias, «no por debilidad, sino por impotencia».
Estas son sus voces y sus silencios.

Elsa

Elsa Orozco tiene 32 años, dos hijos, estudios secundarios completos y una tecnicatura en Seguridad e Higiene a medio cursar. Es el único sostén de su hogar y está desocupada desde que la despidieron de la empresa pesquera Barillari por reclamar condiciones laborales de mínima humanidad. Es la primera entrevistada de las tres presas mujeres, detenidas en la comisaría cuarta de Caleta, la misma seccional donde Gabriela Chelme -detenida el sábado 2 de octubre, luego del desalojo de una segunda toma de Termap- identificó detrás del mostrador al suboficial ayudante Pablo Méndez como quien «la encapuchó, la golpeó, la esposó y la amenazó con violarla». Elsa tiene un cigarrillo entre los dedos, y las manos -que le tiemblan por los nervios- contrastan con su discurso claro y firme.
La manifestación. » Yo soy una de las personas que está detenida por manifestar delante del Municipio; peticionábamos trabajo, una fuente laboral genuina. Estuvimos ocho días frente al Municipio, sin ninguna clase de respuesta ni de parte del Municipio ni de la Provincia. El mismo intendente nos dijo que la única forma de conseguir trabajo, hoy por hoy, era que lo dieran las empresas, que era a quienes nosotros teníamos que peticionar. Y fue lo que hicimos. Los 250 compañeros que éramos fuimos a Termap y nos instalamos ahí, pacíficamente, porque en ningún momento hubo ninguna clase de violencia, ninguno de nosotros rompió nada ni agredió a nadie. Nosotros no nos levantamos contra la Gendarmería: fuimos acordonados por los gendarmes que impedían pasar alimentos y abrigos. La gente de Seguridad de Termap nos mojaba con las bombas de agua, y los 250 manifestantes quedamos empapados, de los pies a la cabeza. Y estuvimos así hasta el otro día, cuando se les permitió a nuestros familiares y amigos que nos dieran alguna ropa y bolsas de alimentos. Y fueron ellos los que sufrieron la mayor represión de la Gendarmería; no fuimos los 250 manifestantes sino un grupo de personas que se acercó a solidarizarse: las golpearon, las patearon en el piso, les hicieron de todo, de todo. De ahí en más la represión fue muchísimo más dura, parecía un batalla campal».
La detención. «A mí me detienen en la calle, el viernes a la noche. Yo andaba con mis compañeras, con Selva, que también está detenida. Después de las manifestaciones y la firma del acta de acuerdo, todas nosotras estuvimos una semana libres, lo cual también es llamativo, porque de última si uno comete un delito que es de público conocimiento la detención tendría que hacerse en el momento, en la Municipalidad o en la planta. Pero no. Yo ya había vuelto a mi casa y estaba a la espera del trabajo, porque según la palabra del intendente íbamos a empezar a cobrar desde el 1º de septiembre y se nos iba a insertar en la fuente laboral lo más rápido que se pudiera».
La indagatoria. «El sábado me llevan a declarar y el lunes me citan de nuevo y me anuncian una nueva causa, también por el reclamo de trabajo genuino, iniciada por Pedro Ortiz, gerente de la empresa Barillari, por una protesta ocurrida un año antes. Antes de quedar desocupada yo trabajaba en esa pesquera, que hoy por hoy tiene 600 personas trabajando en negro y en condiciones infrahumanas. Me despidieron por peticionar, en esa empresa donde la mayoría éramos mujeres. Yo he visto cómo hacían trabajar a mujeres con embarazos de ocho o nueve meses, en cámaras frigoríficas, a seis grados bajo cero, sin que le dieran ni siquiera la ropa adecuada».
La comisaría. «Es increíble como un gobierno que dice ser democrático ha llegado a tratarnos como le pasó a tanta gente en aquel tiempo de la última dictadura militar. Si ustedes hubieran escuchado los gritos que nosotras escuchamos en la madrugada del domingo cuando trajeron detenidas a nuevas mujeres, luego de la segunda toma de tanques: compañeras que son madres, que no tienen para darle un pedazo de pan a sus hijos en sus casas y que eran insultadas, agredidas, y nosotras que no podíamos hacer nada. Parecería que la sociedad no termina de darse cuenta de lo que nos está pasando. Nosotras no nos robamos este país, nosotras pedimos una fuente laboral para criar a nuestros hijos, para que nuestros hijos a los 11 años no tengan que salir del colegio porque sus padres no les pueden pagar un estudio, ni siquiera la primaria, porque no pueden costear los libros, porque no pueden comprar un guardapolvo. Por eso peleamos nosotras, ¿entienden?»
Los hijos » Mis chicos están con una amiga mía, Laura, que los está cuidando. Tengo al más chiquito en un estado depresivo. Estaba mal cuando yo caí, vino a verme, había mejorado, pero de pronto al ver que pasan los días y que no hay respuesta tiene una actitud mucho más cerrada, llora todo el tiempo. Por suerte vi ayer a mi otro hijo, el más grande, que tiene 14, y es obvio que también está mal… Toda la vida hemos estado juntos, y esta es la primera vez que nos separamos, así que no es fácil ni para ellos, ni para mí Pero confío en que todo se termine, pero no sólo por mí, sino por todos los obreros».

Marcela

Marcela Sandra Constancio -32 años, 6 hijos- recibe planes sociales desde hace siete temporadas y ya no los quiere más: «yo quiero que den trabajo genuino, que no existan los planes», dice y sabe que, de todas formas, ya no los tiene. Renunció a ellos cuando firmó el acta de acuerdo que prometía puestos laborales. Antes de la entrevista, el abogado que defiende a los seis presos, Ramón Amaya, le avisó que ya pidió que les pusieran un televisor. Ella no ve la tele desde que la encerraron, pero lleva puesta una remera de Canal 2, la emisora local que -voluntariamente- puso a disposición de las autoridades las filmaciones, en las que ahora se basa la justicia para incriminar a los presos.
La manifestación. «Yo tengo un nene que tiene 9 años, con una discapacidad motriz, y está haciendo integración en una escuela común hace cuatro años. Todo esto implica unos costos que nosotros no podemos cubrir. Las cosas están cada vez más caras y tuvimos que dejar de hacerle algunos tratamientos, porque -además- vivimos lejos del centro. Todos los tratamientos (fonoaudiología, gimnasia, terapia ocupacional) se los hacíamos en Comodoro Rivadavia porque me ayudaba mi familia, pero después mis hermanos se fueron quedando sin trabajo. Además, claro, ellos lo hacían por el sobrino y está todo bien, pero la verdad es que soy yo la que tengo que poder darle esas cosas al chico. Esto fue lo que me hizo movilizarme y el hecho de que con los planes nunca voy a poder tener una jubilación».
La detención. «Me fueron a buscar a mi casa, donde yo estaba sola, con los chicos. Llegan, no me muestran ninguna orden de detención, quieren a toda costa que me suba al patrullero. Yo agarré el teléfono y traté de comunicarme con alguien que me dijera qué tenía que hacer. Llegó entonces mi hermano y vinieron también mis vecinos, porque la casa se había llenado de policías. Cuando yo decido venirme a la comisaría, mis vecinos dicen que me van a venir a acompañar. `Vaya con los chicos, señora, allá le dicen lo que tienen que hacer y después se vuelven todos a su casa´. Empezamos entonces a subir a una trafic y ahí se desató el caos: empezaron a pegarle a todo el mundo. Acá en la comisaría recién me notificaron que tenía que quedar detenida».
La comisaría. «Nosotras estamos en una habitación chica, con mucha humedad, encima están las calderas, pero se ve que no andan bien, porque nosotras a veces pedimos que las prendan, y los muchachos que están al lado dicen que las apaguen, porque ellos se mueren de calor y nosotras estamos muertas de frío. Los primeros días fueron los peores porque ellos venían de muy mala manera. Pero después de una denuncia que hicimos, ya el trato cambió, vienen y, por lo menos, cierran las puertas con más suavidad. Recién hace unos días que nos dejan salir una hora al patio. Pero ayer no salimos, como había tanta gente afuera, dijeron que por una cuestión de seguridad no nos dejaban salir».

Selva

Selva Sánchez cobra un plan Jefes de Jefas de hogar de 150 pesos y su marido tiene meses de trabajo temporario, algunos en lo que hace changas y otros en los que no consigue nada de nada. Ella habla de hambre, pero también de salud y de educación. Porque tiene 28 años, tres hijos y algo que no le quitaron ni las miserias económicas ni el encarcelamiento: la dignidad.
La manifestación. «Yo salí a protestar por no poder llegar a pagarles los estudios a mis hijos, por no poder anotarlos en club porque les faltan las zapatillas o el buzo o plata para la cuota, por no poder llegar a fin de mes con el pan en la mesa… La mayoría de las veces terminamos dándole una taza de té sin leche por comida.
Los chicos míos tienen una enfermedad de la piel y a veces tenemos que decidir si compramos los medicamentos o les damos de comer».
La detención. «Estaba con Elsa y con otra compañera cuando nos arrestan en la calle, casi llegando a la comisaría. Nos dicen que estábamos demoradas pero no nos explican nada. Lo único que hacían era gritarnos y decirnos barbaridades. Yo les preguntaba:´¿por qué motivo me venís a decir que tengo que ir a la comisaría?, ¿a dónde decís que estoy demorada? Pero no sabían explicarme nada. Me respondieron: ‘ bueno, ahora te van a elevar un acta¨, y yo en ese momento pensé que en un rato íbamos a volver a casa. Pero cuando la sacan a Elsa dicen: «no, esta chica va a la cuarta». Es decir, que nos trasladaban a esta comisaría. Desde el momento en que llegamos acá nos tuvieron horas sin saber por qué motivo estábamos demoradas. Después de tres horas nos dijeron que estábamos detenidas e incomunicadas. Yo exigí un abogado y un llamado telefónico, que no me permitían. Les tuve que decir: ´yo no te hago la ficha si vos no me permitís llamar a mi marido y decirle que estoy detenida, porque a mis hijos ya van ocho horas que no los veo, tengo una beba de un año, y no sé cómo están, ni con quién´. Mi marido se vino a enterar a las diez de la noche que yo estaba detenida. Vino acá con un tío, les dijeron que yo estaba detenida e incomunicada, así que lo único que pudieron hacer fue pasarme una manta para taparme. Y a partir de ahí fue una primera semana horrible, con maltratos, golpes a la puerta, insultos todo el tiempo, carcajadas… Los policías se reían y nos gritaban barbaridades, desde el pasillo».
La comisaría. «En las visitas hacen las requisas, sin pudor, no les importa nada. Incluso a los chicos, los desnudan. Les saca la ropa gente extraña que no son ni su papá ni su mamá. Yo le dije a mi marido que si para verme le quieren quitar la ropa a los chicos, prefiero que no vengan. Durante todos estos años hemos tratado de hacer lo mejor para ellos, de cuidarlos física y psicológicamente, para que hoy por hoy nos tiren todo por la borda».
Los hijos. «Estoy dándole el pecho a la bebé, me la traen todas las tardes… Es muy doloroso verla porque por ahí se va llorando, por ahí se va dormida. Tengo un nene de de 10 años que no quiere venir y cuando lo hace se va llorando angustiado, quiere que yo me vaya a casa con él o se quiere quedar conmigo. Y el de 11 está con tratamiento psicológico, muy mal. Dice que vio en la tele la gente arriba de los tanques y las nuevas detenciones, que él escuchó que había gente a que la habían golpeado mucho y que la policía le quitaba cosas… Están al tanto de todo».

Hugo

Cuando Hugo Iglesias supo que se había firmado el acta de acuerdo entre los manifestantes y las autoridades, creyó que en Caleta Olivia venía un tiempo de tranquilidad. Y que, como él, otros compañeros empezarían los cursos de capacitación -pagas por las empresas petroleras -que deben hacer en la Universidad antes de ingresar a las firmas a trabajar. Con lo que le dieron por el primer mes de capacitación iba a comprar unos muebles, justo cuando lo detuvieron. El segundo pago se lo alcanzaron a la comisaría donde está detenido.
Hugo hace esfuerzos y se mentaliza para pensar que por lo menos van a estar presos un año más, porque cree que fueron tomados como un caso aleccionador. Pero sigue con ansiedad y esperanza cada movilización que se organiza por los presos de Caleta. Es que tiene que salir cuanto antes: su nueva hija nace en un mes.
La manifestación. «Yo no fui parte de los piquetes; sí estaba para apoyar, llevar cosas, hablar con amigos… Pero no fui parte de la organización. Por esos días estaba con otros amigos haciendo el curso de capacitación porque, con un piquete anterior, habíamos conseguido entrar a trabajar en una empresa petrolera. Me acusan de ser instigador al delito y, según lo que figura en la causa, me han visto reunirme con los voceros individualmente y después con los voceros en su conjunto. Dicen que durante el día estaba como un ciudadano común y a la noche me ponía una capucha y estaba siempre con ellos. En el expediente hay una foto en la que yo estoy apoyado contra el Concejo Deliberante, que ni siquiera es la Municipalidad, hablando con una vocera: esa es la prueba que me incrimina de ser uno de los ideólogos de la protesta».
La detención. «Me agarraron en la calle, yo iba con mi hijo de dos años al hombro y mi señora embarazada. Pasó un auto, tocó bocina y yo me dí vuelta porque acá nos conocemos todos. ´Te señalaron’, me dijo mi señora. E inmediatamente me rodeó la policía. Repetían: ´¿cómo te llamás, cómo te llamás?, no sabían ni quién era. Me dijeron «sacate el pibe de encima», yo les dije que no me lo sacaba nada y que me dijeran que querían. ‘ No sabemos, pero te tenemos que llevar´. Finalmente, vino un oficial, le dí el chico a mi señora, la plata que había cobrado, mis cosas y le dije «avisá a los compañeros que estoy preso». Y como todos los voceros estaban reunidos, se fueron juntos hasta la comisaría y también quedaron presos. Lo mismo Mansilla, que se acercó a ver qué pasaba. Fue una cacería, y así agarraron a muchos. El que zafaba ese día, zafaba porque al otro día no hubo más detenciones. A lo mejor si ese día yo no salía a la calle no me enganchaban, ni estaba preso. Aunque mi señora dice «vos caíste ahora, pero si no hubieras caído igual», porque sabe que de no haber estado preso yo hubiera ido a apoyar la segunda toma».
«Nosotros siempre sospechábamos que nos seguían, pero la detención me sorprendió, bah, no sé si me sorprendió dada mi trayectoria: soy dirigente del Fos, participé en un conflicto pesquero por trabajo en blanco y en la recuperación de una fábrica de harina de pescado que después perdimos y yo era uno de los voceros de esa fábrica. Y es justamente por mis antecedentes que me llevan».
La comisaría. «A mí me trasladaron en condiciones infrahumanas, yo estuve 12 días en la comisaría primera en un cuarto de 2 x 2, con dos compañeros más, y dos colchonetas y media. Ahí no nos dejaban salir ni a tomar aire ni a nada, y la única respiración que había era una mirilla. Al sexto día recién nos dieron un balde de agua para que nos bañarámos. Eran condiciones como para quebrar a cualquiera, y encima veíamos que a los presos comunes estaban mucho mejor que nosotros. No nos dejaban una lapicera para escribir, ni una radio para escuchar lo que pasaba».
«El día que me trasladaron estaban liberando a otros compañeros. A Carrizo lo largaron y a mí me dijeron ´agarrá tus cosas que nos vamos’ . Pero me trajeron para acá. En esta comisaría estamos mejor, por lo menos nos dieron hora de visita, nos dejan la puerta abierta, tenemos ducha, televisión, recibimos llamadas por teléfono directas. Eso ayuda a que se te haga un poco más llevadero. Si muchos de los policías nos dijeron que estaban de acuerdo con nuestra lucha y hasta los hijos de algunos de ellos fueron detenidos luego de la última represión».

Mauricio
Mauricio Perancho es un artesano de 32 años, que hace trabajos en madera. Tiene siete hijos, que no lo van a visitar porque creen que él ya salió y anda de viaje. Comparte la prisión con Iglesias, que trata de darle apoyo, pero a Perancho el encierro se le está haciendo muy difícil de sostener.
La manifestación. «Dijeron que iba a haber un plan de vivienda, que iban a dar una solución, por eso fui. Y me acusan de ser el vocero. Pero el vocero no es más que el que va a hablar porque no van a entrar a las oficinas las doscientas personas, no es que son los dirigentes. Cuando estamos en la plaza, se pregunta ahí ´¿quién quiere ser, quién quiere ser?´y se elige «a vos, a vos, a vos». Lo que pasa es que acá no manda Sergio Acevedo, el gobernador, acá mandan las petroleras y las petroleras dijeron: ´bueno, basta´, y por eso nos agarraron a nosotros. Pero, además, el quilombo que se armó ahora es culpa del gobierno, porque nosotros firmamos un acta donde ellos se comprometían a dar puestos de trabajo y no cumplieron. Por eso la gente empezó a protestar. Dicen que el acta no tiene validez, entonces una chica el otro día le preguntó a un funcionario por radio. ´Ah, entonces los 400 pesos que nos adelantaron -eran para descontar en los meses siguientes- no los tenemos que devolver´. Entonces el funcionario se corrigió y dijo que sí tenía validez. Lo que pasa es que ellos creen que tenemos que agarrar lo que nos tiran, un bolsón de alimentos y listo. Creen que con un bolsón te compran el voto, y Kirchner lo sabe, porque cuando estaba perdiendo las elecciones de gobernador mandó tres camiones con heladeras, televisores y electrodomésticos y si no es así, que lo desmienta Ellos creían que iban a parar la protesta social en Caleta con la represión, pero mientras haya hambre, no lo van a parar».
La detención. «Yo salía de La Anónima con mi señora y llegábamos a la plaza y pasó el patrullero delante nuestro y en forma de joda, ella me dice `uy, te van a buscar´. Después me quedé en mi casa y cuando la policía fue a la casa de Marcela Constancio fui a ver qué pasaba y me metieron de prepo en la Trafic y luego me bajaron a las piedras, me empezaron a golpear en el piso».
Los hijos. «La familia más jodida es la mía, porque mi mujer no tiene trabajo. Ella estaba también en el padrón, así que perdió el plan y se quedó sin nada. A mí me vino a ver un comisario, un subcomisario para ver si los chicos necesitaban algo. Lo único que necesitan es a su padre en libertad. Yo estuve cinco días con huelga de hambre, bajé 6 kilos, mandé un hábeas corpus para ver si me sacaban y nada. Estoy preso yo y está presa mi familia, así que si tiene que pasarnos algo a los que estamos adentro para que reaccionen, no me importa… Tengo a mi nena asmática, si le pasa algo, ¿qué hago? Voy a esperar los quince días que tiene el juez para dictar nuestra excarcelación y si no la da, ya no me importa nada».

Federico

Cuando Hugo Iglesias fue trasladado de la comisaría primera a la tercera, Federico Mansilla se quedó -y se sintió- solo en la más estricta de las cuatro comisarías de Caleta: sin espacio, sin agua y rodeado de siete presos comunes, con los que no se habla. En una construcción sórdida, con pasillos, rejas y candados, donde hasta a las visitas las acompaña un policía si quieren ir al baño. Se supone que ya está dada la autorización para mudar a Mansilla con sus otros dos compañeros. Pero la orden aún no se ha efectivizado.
La manifestación. «Yo no participé de esta toma porque nosotros ya habíamos salido a manifestarnos una vez anterior y habíamos conseguido trabajo. De hecho estábamos en los cursos de capacitación, previos al ingreso a las petroleras -íbamos a la Universidad todos los días de 7 a 10 de la mañana- cuando nos encontramos con la sorpresa de que salieron a cazarnos. Primero lo agarraron a Hugo y después a mí. Lo que hicimos fue acercarnos a ver qué necesitaban porque nosotros sabíamos lo que es pasar días de hambres y de miseria y porque yo tenía mucha gente conocida y demasiado allegada en el grupo de los manifestantes. Una noche pasé frente a la Municipalidad y veo movimiento de policías que se acercaban a los manifestantes, pero no con intenciones de ir a dialogar. Me acerqué entonces y hablé con el subcomisario, y de manera prepotente me sacó de su lado, tuvimos un pequeño entredicho, y entonces traté de hablar con el comisario. Y, en ese momento, se llegó a parar un poco la cosa, porque iba a ser una locura: 300 personas, la mayoría mujeres, y ellos iban directamente con intención de pegar. Ese es el momento en que me sacaron una foto frente a la Municipalidad que ahora se usa como prueba en mi contra en la causa. En tanto, nosotros seguíamos en la nuestra con los cursos y pasábamos de vez en cuando para ver si necesitaban algo. Una de las veces nos acercamos a la Municipalidad y vimos que ya no había nadie: habían tomado de la planta. Al día siguiente, cuando salimos del curso, tomamos la decisión unánime de llevar alimentos y como vimos que la Policía no dejaba pasarlos, nos acercamos a hablar para que eso no se convirtiera en un enfrentamiento de pobres contra pobres. Al intentar llegar fuimos reprimidos por la Gendarmería, nos empezaron a dar palos, nos dieron mal, a mí me dieron en las costillas, a un compañero le pegaron con el garrote en la nariz, a otro compañero le pegaron en las manos, y después la Policía nos salió a dispersar con disparos, nos corrieron por los barrios, y ahí se llevaron a tres compañeros, largaron a dos y uno quedó hasta la tarde. Luego hicimos una nueva reunión y pensamos qué hubiese hecho esa gente para con nosotros: hubiera tratado de romper ese cordón policial y de Gendarmería. Entonces 300 personas decidimos por unanimidad que íbamos a volver a darles nuestra ayuda. Yo personalmente hice de intermediario entre la Policía, la Gendarmería y los que estaban adentro porque la cosa se ponía muy tensa, la gente de adentro ya no daba para más, estaba demasiado alterada y la misma Policía y la Gendarmería también estaban muy alteradas, amenazaban y querían ir al choque directamente. Así que iba de un lado al otro, diciendo lo que pedían. Eso fue lo que hice».
La detención. «Podría decirse que lo mío fue medio gracioso. Yo estuve toda la tarde junto con Hugo. Habíamos cobrado, así que cuando salimos del curso, yo me fui a comprar una zapatillas y Hugo iba a buscar unos muebles. En un momento me llamó la señora de mi compañero y me dijo: ´mirá Negro, al Hugo lo vinieron a buscar recién, lo acaban de llevar a la cárcel´ Me fui a verlo y me metieron acá adentro, me metieron mal, no tenían mi nombre, una dirección que no me acuerdo cuál era y un documento que no era el mío, no tenían nada. A cada rato, me preguntaban el nombre otra vez, me pedían el documento, y después me metieron adentro, me tuvieron incomunicado hasta el sábado que fuimos a declarar».
La comisaría «Después nos metieron a cuatro en un calabozo, luego a uno de los chicos le dieron la excarcelación, se fue, y quedamos tres ahí adentro, en una situación totalmente deprimente con tres colchones en el piso, sin agua. Si nos queríamos bañar teníamos que lograr conseguir un balde de agua y bañarnos con él. Una vez discutí con uno de ellos solicitándole agua y me dijo: ´no te voy a traer nada´. ´Bueno -le contesté- metete el agua en el » y entonces se fue en busca de un oficial, que vino haciéndose el matón, volvimos a discutir y finalmente me trajeron el agua por orden del comisario. Pero después me negaron las visitas por una semana, así que no fue muy alentador tampoco».
«Ahora estoy en un cuarto con siete personas que tienen antecedentes por robo, chicos que están en la droga y todo ese tipo de cosas, que lo único que tienen en la cabeza es salir, volverse a drogar, volver a robar. Y, la verdad, es que yo no estoy tranquilo. Ni siquiera puedo compartir una charla, porque para ellos nosotros somos locos porque salimos a buscar trabajo. A mí me gusta leer, me gusta escribir y no puedo hacer nada, sinceramente cada vez me siento con menos ánimo. No tengo ningún antecedente penal, jamás cometí ningún ilícito y si salir a pedir trabajo es ser delincuente, ese sería mi único delito».
Los hijos. «De ven en cuando recibo visita, lo que pasa es que los horarios de trabajo de mi mujer no coinciden con los horarios de visita. Tengo una nena de 9 meses, va a cumplir 10 ahora. No quiero ni acordarme porque me pone re mal todo eso, sinceramente tengo demasiada bronca. Yo sé que quizás muchos no compartan nuestros métodos, pero nosotros hemos ocupado la planta para conseguir un trabajo, y cuando lo conseguimos, listo. No hemos matado a nadie, no le robamos nada a nadie, no hicimos volar la AMIA».

Temas:rescate

Caso Nudler: Censura en Página/12

Una delegación de Alerta Argentina se hizo presente en Caleta Olivia.

Nota

Continúa el destierro mapuche: Desalojan a otra comunidad para favorecer a un empresario forestal

Publicada

hace 2 días

08/03/2025

La lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, El Bolsón, fue desalojada tras la denuncia del empresario Rocco, que ocupa esas tierras fiscales y goza de impunidad judicial, con aval político. El fallo que da la razón a la comunidad, versus las presiones que reconoció la fiscalía local a la comunidad mapuche. El testimonio de sus integrantes, y la relación con los recientes incendios. La voz de la abogada que desmiente las relaciones con la RAM y el «circo» montado para justificar el despojo con argumentos racistas. El post del gobernador Weretilneck, alineado a la bajada de Nación, y las amenazas a los pobladores locales. Una de terror que sucede en la Patagonia, donde las comunidades originarias se encuentran sin ley y sin derechos, y con cada vez menos territorios. «Vamos a presentar una medida cautelar para volver a nuestro territorio lo antes posible”.

Por Francisco Pandolfi

El 10 de diciembre pasado, Javier Milei derogó la ley de Emergencia Territorial Indígena dando así vía libre a los desalojos de las comunidades originarias y allanando el terreno para el destierro, sobre todo del pueblo mapuche y sobre todo en la Patagonia. Ayer, el Gobierno de Río Negro, mediante un despliegue de más de 150 agentes de la Policía provincial, dio un nuevo paso en ese sentido: desalojó de sus tierras a la comunidad Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, El Bolsón.

El operativo se realizó por orden judicial tras una denuncia del empresario forestal Rolando Rocco, que ocupa esas tierras fiscales desde hace años, gozando de beneficios tanto por parte del Ejecutivo como de la Justicia. En noviembre de 2021, dos empleados de Rocco atacaron a la comunidad y asesinaron a Elías Garay e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera, dos de sus integrantes.

La voz de la comunidad

Romina Jones es integrante del lof Quemquemtrew, pero no habla con lavaca desde ahí. “Nos dejaron sin nada”, comienza.

¿Qué hay detrás de este despojo?

Los intereses de un empresario forestal, Rolando Rocco, a quien la provincia prácticamente le regaló más de 2500 hectáreas en Cuesta del Ternero, en un proceso de muchísimas irregularidades. A un fiscalero (quien ocupa tierras fiscales) se lo obliga a vivir en el lugar, pero él vive incluso en otra provincia (Chubut); a un fiscalero se le otorga un terreno único, pero a él le dieron diferentes porciones de la Cuesta, un montón de parcelas. A un fiscalero también se le exige que tenga buena relación con sus vecinos, pero él tiene denuncias de varios por amenazarlos con armas de fuego y armas blancas. Y ni hablar que él fue quien contrató a las dos personas que entraron al territorio a matar a Elías (Garay, asesinado en noviembre de 2021). La Justicia lo eximió, pero la vinculación es evidente, no sólo por sus amenazas previas de que lo iba a hacer, sino que su abogado es el mismo que defiende a uno de los asesinos de Elías. En ese crimen también estuvo involucrado el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad provincial, ya que los autores materiales eludieron, portando armas de fuego, varios retenes policiales, en un momento donde nadie podía pasar. Hubo una cadena de responsabilidades que nadie las paga, como las hay ahora también con el desalojo de ayer. Hicimos varios reclamos a la Dirección de Tierra de Río Negro, pero es un organismo que ha venido regalando grandes extensiones a distintos empresarios, como es el caso de Joe lewis (el magnate británico que tiene la llave de Lago Escondido). Nosotros teníamos todas las de ganar, pero sin embargo nos desalojaron.

¿Por qué tenían todas las de ganar?

Porque estamos en territorio mapuche y eso fue reconocido por la jueza Romina Martini en la sentencia del juicio. Habló de nuestra ancestralidad, nos reconoció como comunidad mapuche, el derecho a reagruparnos, la necesidad de desarrollar la espiritualidad, pero ni eso alcanzó. El fallo que ordena el desalojo es una gran ironía, que se explica por los aprietes que hay hacia el Poder Judicial, que no es autónomo, sino que se inclina según las presiones políticas. Desde la propia fiscalía nos reconocieron las presiones del gobernador y de su partido Juntos Somos Río Negro.

Circo y mentiras

Andrea Raile integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es la abogada que representa a la comunidad Quemquemtrew. Dice que le gustaría que algo quede bien claro: “Tiene que dejar de hablarse de desalojo porque aunque la sentencia de la jueza sí ordenó la desocupación del predio, lo que hizo la lof fue un cumplimiento voluntario de la sentencia”. Se pregunta y se responde: “¿Qué significa esto? Significa que tanto el operativo que hizo ayer la provincia de Río Negro llevando tantos policías, así como sus discursos que hablan de una vinculación con la RAM, es todo circo y pura mentira. No hay ninguna vinculación con la RAM y lo único que encontraron en la comunidad fueron banderas mapuche y cartelería de Eíias Garay, recordando su asesinato”.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ayer hizo una publicación en sus redes sociales en la que se jacta del magnífico operativo (cuando ya sabían que no habría nadie) y endilga a la comunidad de violenta y desobediencia judicial, así como de ser un sector radicalizado “que pretende imponer sus propios términos, desafiando al Estado y a la Justicia”.

LA LEY SE RESPETA: EN RÍO NEGRO NO HAY LUGAR PARA LA USURPACIÓN NI LA IMPUNIDAD

Río Negro no tolerará la ilegalidad ni el avasallamiento de derechos. Las órdenes de desalojo que se están ejecutando en Cuesta del Ternero no responden a caprichos ni decisiones políticas: son… pic.twitter.com/7lqvIJZ2lo
— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) March 6, 2025

Andrea tiene muchísima bronca. Dice que la provincia siempre se escuda en un privado, pero es la que “tiene que dar la cara, porque es la dueña de la propiedad de la tierra”. Y aclara: “Esta comunidad siempre estuvo abierta al diálogo, aún después de que entraran en la comunidad y asesinaran a uno de sus integrantes, burlando dos retenes policiales. Lof Quemquemtrew siempre estuvo a derecho y cuando quedó firme la sentencia, la comunidad la cumplió y dejó su tierra, sin violencia. El circo que hicieron ayer no sé quién lo pagará, no era necesario”.

Patagonia en venta

El desalojo de ayer se da en un contexto de persecución general al pueblo mapuche. A principios de este año el gobierno provincial desalojó a la comunidad Paillako; hace dos semanas comenzó el juicio a lof Lafken Winkul Mapu; todo en medio de monumentales incendios que desde el poder político buscaron culpabilizar al pueblo ancestral:

La relación entre los incendios patagónicos, las persecuciones y la Ley Bases: la voz de las comunidades mapuche

Romina Jones cuenta lo que percibe que sucede en la Patagonia: “Se están vendiendo todos los recursos naturales que todavía existen, a capitales extranjeros israelitas, cataríes, yanquis, a los amigos del poder. Y se va contra quienes defendemos estos bienes, sean del pueblo mapuche o no. Hace un mes, en el incendio de Mallín Ahogado, detuvieron a brigadistas a partir de mentiras, ensuciándolos, diciendo que en vez de apagar los incendios los prendían. Hoy sale a la luz, a punto de empezar las clases, que una escuela arranca con cuatro hectáreas menos en su predio, por habérselo vendido a terceros. El empresario Rocco tiene una plantación de pino, y justamente el pino es uno de los factores de incendios, porque además de secar la tierra, al prenderse el lugar se expande la pinocha, que vuela y genera distintos focos en poco tiempo. Entonces, el trasfondo de todo es la entrega de la tierra y para eso valen todos los hostigamientos, vale toda la campaña mediática que nos tilda de terroristas e incendiarios. Y esto se está extendiendo a cualquiera que nos acompañe”.

Romper el silencio

Daniela tiene 32 años y desde hace seis que se mudó de Buenos Aires a la Comarca Andina. Es productora hortícola y vive en Mallín Ahogado, paraje rural de El Bolsón. Integra la red de apoyo al lof Quemquemtrew. Daniela, anteayer, no dio más, y necesitó decir. Escribió un comunicado, en el que denunció:

“Cómo es de público conocimiento, hoy jueves 6 de marzo 2025, durante la mañana se llevó adelante el nefasto operativo de desalojo en dicha Lof. Hoy también, alrededor de las 12hs, mientras el ministro de seguridad de la provincia (Daniel Jara) y el jefe de la policía de Río Negro (Daniel Bertazzo) daban una conferencia de prensa en la Comisaría N°12, se presentaron frente a la casa donde vivo junto a una amiga, un móvil y una 4×4, ambos de la policía de Río Negro. Desde hace un mes, en distintos momentos, venimos siendo amedrentadas por la policía. Empezó el 6 de febrero, cuando agentes subidos en tres motos señalaron nuestra casa desde el camino”.

Horas después, Daniela habla con lavaca: “Desde que fue el desalojo a la comunidad Paillako, en el Parque Nacional Los Alerces, comenzó una campaña mediática acusando al pueblo mapuche de terrorista. Empezaron los incendios en Epuyén (noroeste de Chubut) e inmediatamente militarizaron la Cuesta del Ternero, donde está el territorio del Lof Quemquemtrew. Luego se prendió fuego Mallín y la solidaridad que empezó a gestarse entre la comunidad fue impresionante, para gestionar donaciones, armado de viandas. Eso molesta mucho al poder, lo pone en jaque, así que en respuesta arrancó una embestida de medios de comunicación demonizándonos, se escrachó a gente que estaba ayudando a apagar el fuego para generar pánico y divisiones, que detonó en detenciones al voleo y una patota (de Joe Lewis) golpeándonos a quienes reclamábamos por las liberaciones. Ese circo que se armaba era alrededor de un montón de vecinos de a pie que pedían el linchamiento y la muerte de todos los que estábamos ahí. Desde ese día empiezo a notar el hostigamiento policial hacia mí y a otras personas”.

¿Qué tipo de hostigamiento?

Al día siguiente, tres motos de las fuerzas especiales de la Policía rionegrina se apostaron frente a mi casa a señalarla. Yo estaba adentro. Me asusté, me paralicé; sabía que no era algo individual, sino un un mensaje para el conjunto. Para resguardarme, decidí apagar el celular, y a los diez días aproximadamente se me prendió. Estaba muy caliente y tenía la fecha cambiada: decía 24 de marzo, una fecha lo suficientemente sugerente para nuestro país. Una semana después, volviendo a mi casa una noche, me apuntaron con un láser hasta que me perdieron de vista. Y ayer fue el detonante, tras el desalojo de la comunidad, el apostarse en la puerta de mi casa. Primero le resté importancia, pero después uní todo y decidí salir a hablar, y en las próximas horas presentar un hábeas corpus para averiguar qué pasa, qué están haciendo realmente conmigo y por qué merodean mi casa”.

Cuando le pregunto a Daniela cómo está, cómo se siente, su primera respuesta es en llanto. Y después le sale la voz, un poco entrecortada pero le sale, porque decidió decir: “Tengo mucha bronca, mucha impotencia y si estoy así de mal es por mi vieja, que vive en Buenos Aires; ella fue presa en la dictadura, estuvo un año y tres meses detenida en Chaco y todavía no he podido contarle la situación para no asustarla. El llanto, en realidad, es porque no sé cómo abordar la situación con mi mamá. Pero otra enseñanza que nos dejó el periodo de la dictadura es que hay que decir, que si me llega a pasar algo, se sepa el por qué”.

Quemquemtrew, en mapudungún, significa el sonido que se produce con la corriente de un río y las piedras. Romina Jones, integrante de la comunidad, adelanta que presentarán una medida cautelar en resguardo al sitio ceremonial y al rewe (sitio sagrado) y para que la machi (guía sanadora y espiritual) pueda volver al territorio: “Como pueblo originario lo que reclamamos es recuperar nuestros sitios ceremoniales, que son de suma importancia para nuestro físico, para lo espiritual, lo emocional. Entendemos que gran parte de la sociedad no llega a comprenderlo, porque hay un trabajo muy fino del discurso oficial, con expresiones racistas de distintos gobiernos, que reforzado por los medios hegemónicos da como resultado que no haya ni un pequeño interés en nuestra cosmovisión, al punto de banalizarla. Pero quienes menos respeto nos tienen son los que toman las decisiones, y que en realidad están obligados a proteger nuestras creencias, como lo establece la Constitución Nacional. Porque si bien hay leyes que protegían nuestros derechos y que Javier Milei ha derogado, siguen vigentes la Constitución y varios convenios internacionales que nos amparan. Vamos a presionar, porque el objetivo es claro: volver a nuestro territorio lo antes posible”.

Seguir leyendo

Nota

Alerta Lugano: a espaldas de la comunidad, AUSA y el GCBA avanzan con el Máster Plan

Publicada

hace 5 días

05/03/2025

La obra que pretende modificar al barrio sin ningún beneficio vecinal, para colocar entre otras cosas un nuevo peaje, se estima que acabará con 70 mil metros cuadrados de espacio verde. Ayer la empresa concesionaria de la autopista Dellepiane comenzó con la tala, pese a que se había pactado una “mesa de trabajo” previo al inicio de las obras, que la comunidad rechaza. La voz de las y los vecinos, el silencio del gobierno porteño y la postura de AUSA: no dar entrevistas “en on”. Hoy por la tarde el barrio se autoconvoca a una ceremonia de reflexión y concientización: 18.30, en Cañada de Gómez y Riestra.

Por Francisco Pandolfi

Ni el gobierno porteño ni la empresa AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) cumplieron lo que habían prometido: ayer, con la luz verde del Gobierno de la Ciudad, la empresa concesionaria de la Autopista Dellepiane empezó con la tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no comenzar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano, que la vienen exigiendo desde noviembre pasado.

Silencios y engaños

El pedido de diálogo primero fue en una audiencia pública. Ante el silencio como respuesta, se exigió por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. No hubo ninguna respuesta hasta el pasado jueves 20 de febrero, cuando en una reunión en la Junta Histórica de Lugano, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a iniciar las mesas de trabajo previo al inicio de la obra. Los representantes gubernamentales en la reunión fueron Facundo Echeverría, de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, y Jorge Fiorentino, asesor de la secretaría de Ambiente y Espacios Arbolados. “La obra empezó y de las mesas de trabajo no hubo noticias, hasta que hoy vinieron y arrasaron con los primeros siete árboles”, denuncia la comunidad.

Desde AUSA, la semana pasada habían informado que hoy harían la extracción y posterior trasplante de cuatro especies (dos ceibos y dos aguaribay) en Dellepiane Sur, pero el accionar fue otro: no hubo trasplante, sino tala directa, tanto en Dellepiane Sur como en Dellepiane Norte.

‼️ Ahora, urgente. El Gobierno de la Ciudad empezó hace minutos con una tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no empezar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano.
— www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-05T15:20:39.551Z

Sin beneficios

En esta nota publicada la semana pasada (https://lavaca.org/actualidad/lugano-resiste-al-master-plan-que-quiere-imponer-macri/), contamos los pormenores de una obra que modificará al barrio sin ningún beneficio vecinal, y de la que no está enterada (como figura por ley) la mayoría de los frentistas a la Dellepiane. Allí, a metros de la General Paz, el gobierno porteño pretende colocar un nuevo peaje, a sólo 4 kilómetros del ya existente en avenida Lacarra.

El “Máster Plan Autopista Parque Dellepiane” se emplazará sobre la traza de la autopista Dellepiane, desde el cruce de la avenida General Paz hasta el Peaje de Lacarra, y abarcará 4,6 km. La comunidad afirma que en ese tramo se talarán cientos de árboles, entre los cuales hay álamos, ceibos, ombúes, aguaribay, algunos de más de 100 años, que ahora están marcados con una cruz, como señal de la muerte anunciada. Dice Silvina Cammarotta, vecina: “Según un ingeniero de AUSA, 121 árboles los van a arrasar con una máquina y triturar, hasta convertirlos en aserrín”.

El rediseño de la autopista incorporará dos carrilles exclusivos para metrobús y la terminación de las colectoras, por lo que se eliminarán de cada lado diez metros de espacio verde. Dice Néstor Muñoz, vecino de Villa Lugano: “El Gobierno de la Ciudad presentó esta obra de modernización de la autopista para poder cobrar un nuevo peaje, y para hacerlo, la ley obliga que cada camino con peaje debe tener un camino alternativo. La ampliación de las colectoras significa más asfalto, y la destrucción de 70 mil metros cuadrados de espacio verde”.

Policías y más policías

A sabiendas de la extracción que devino en tala, los vecinos autoconvocados fuera de toda bandera partidaria, se convocaron este miércoles a las 6 de la mañana, de manera pacífica, para registrar los movimientos de la empresa. Presagiaban que podía pasar lo que finalmente ocurrió: el aniquilamiento de los árboles. Cuando arribaron –todavía de noche–, ya había una camioneta de la Policía de Ciudad esperándolos. Luego llegó otra. Y luego otra. Y luego una más. 12 agentes uniformados y otros de civil se apostaron frente a la autopista, para garantizar que se llevara a cabo la tala, sin inconvenientes.

Enzo es frentista de la Dellepiane. Le dicen el Tano. Mira la situación, con una docena de efectivos de un lado, con máquinas del otro. Y dice: “Es lamentable que destruyan, en vez de construir”.

Recurso de amparo

Hace dos semanas, los vecinos y vecinas de Villa Lugano presentaron un amparo solicitando que el Gobierno porteño y AUSA detuvieran la obra hasta que se iniciaran las mesas de trabajo conjuntas. El amparo cuenta con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó la Defensora Oficial, Giselle Furlong Pader, que exigió convocar a un proceso participativo institucional y vinculante, previo al desarrollo de la primera etapa de la obra.

Eso ya no se cumplió.

La Defensoría también exhortó a que el gobierno porteño convoque a una audiencia “para facilitar el diálogo entre las distintas partes del proceso judicial”. Y solicita suspender la extracción de los árboles hasta que no se dé cumplimiento “con la obligación de brindar información pública y se otorgue la debida participación en asuntos ambientales”.

Esto tampoco se cumplió.

Alerta Lugano: a espaldas de la comunidad, AUSA y el GCBA avanzan con el Máster Plan — Las y los vecinos se mantienen en alerta ante el comienzo de las obras. Hoy llaman a un encuentro de difusión, para seguir organizándose. / Foto: Elena Gorocito.

Qué democracia

Silvina tiene una angustia que se le nota en los ojos. Y en la voz: “Nos mintieron en todo y en la cara. No hicieron nada de lo que dijeron. Talaron en vez de trasplantar; dejaron los troncos al ras. Vamos a hacer una denuncia penal. Llamamos a Facundo Echeverría, de Vínculo Ciudadano de la Ciudad y nos re boludeó; dijo que la obra se iba a hacer igual y que nosotros éramos unos subversivos. Siento mucha impotencia, dolor, un nudo en el pecho, se manejan con muchísima impunidad. Hicimos todo lo que había que hacer, sin violencia, buscando todos los canales de diálogo y nada. No parece un gobierno democrático, sino una tiranía”.

Néstor: “Seguiremos exigiendo al gobierno un plan integral de ciudad, donde se contemplen espacios verdes necesarios de mantener. Internacionalmente se busca que las ciudades tengan un 12% por ciento de espacios verdes, y nosotros con suerte pasamos los 6. Nosotros no tomamos un camino de violencia para reclamar, pero en cambio, la violencia la está generando este gobierno, vallando los caminos, no conformando las mesas de trabajo y ahora talando los árboles. El artículo 1 de la Constitución lo dice muy claro, y parece que este gobierno no lo sabe: el sistema que desarrollemos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser democrativo y participativo”

Cecilia, también vecina: “Esperamos que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, entre en razón; lo que hicieron hoy es de sinvergüenzas. Hoy se llevaron puestos siete árboles. Hoy asesinaron siete árboles”.

Que en esta nota hablen sólo vecinas y vecinos tiene un por qué. O dos, en realidad. Comunicarse a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano es una tarea titánica, que no da resultado. Nadie atiende.

Con AUSA la cosa es distinta, aunque parecida: el prensa de la empresa le dice a lavaca que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.

Los vecindad organizada sigue en pie y para mañana jueves por la tarde (18.30, en Cañada de Gómez y Riestra) convoca a una ceremonia de reflexión y concientización ante el ombú centenario de Lugano. Es una más de las decenas de movidas que la comunidad viene haciendo desde noviembre, cuando se enteró del Máster Plan. Como la convocatoria casa por casa a los frentistas desinformados; como la repartición de volantes en los corsos de carnaval; como la juntada de firmas en los centros comerciales; como las innumerables reuniones presenciales y virtuales para organizarse; y hasta la creación de dos ideas fuera de lo común, pero bien dentro de lo comunitario: una cumbia que cuenta y canta la problemática (subir video) y un concurso donde se premiará (con una semana en San Clemente del Tuyú, gracias a una vecina que prestará su casa) a la pancarta más llamativa y original. Hay una en donde vuelan dólares, con el lema “Una obra que de verde, sólo tiene los billetes”; otra que muestra una topadora llevándose puesta un árbol; y hay otra que es una cartulina celeste, con letras rojas y negras, que dice:

No hay peor

Jorge Macri

que el que

no quiere ver.

Silvina y Néstor, dos de los guardianes de los árboles. / Foto: Elena Gorocito.

Seguir leyendo

Nota

Megaminería, patotas y Cornejo junto a Milei: la asamblea de Uspallata resiste al proyecto San Jorge

Publicada

hace 6 días

04/03/2025

En la localidad mendocina de Uspallata el gobierno provincial junto a la multinacional Solway -radicada en paraísos fiscales, con denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala- buscan imponer (otra vez) el proyecto minero San Jorge, rechazado por la comunidad desde hace más de 15 años. Esta vez la ofensiva se dio a través de la represión (patota de la UOCRA, un vecino detenido y varios allanamientos), y la censura. El rol de la Justicia, los daños y perjuicios de la megaminería en una zona cordillerana y de glaciares, y la resistencia de un pueblo que sigue de pie: “Sin licencia social no hay minería”. El agua como recurso estratégico, y la figura del gobernador Cornejo, que mientras tanto se encuentra junto a Karina Milei en la «feria minera más importante del mundo en Canadá».

Por Francisco Pandolfi

Uspallata es una localidad del departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza, que está a 120 kilómetros de la capital provincial y a 90 del paso fronterizo con Chile. Es un sitio estratégico: pasa la ruta del Mercosur. E histórico: albergó el Paso Sanmartiniano y el Camino del Inca. Uspallata es el pueblo argentino más grande a menor distancia del cerro Aconcagua (62 km). Y es, también, el epicentro donde el gobierno mendocino junto a la empresa multinacional Solway Holding, buscan imponer (por enésima vez) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin la licencia social y pese a la vigente Ley 7.722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua.

Al proyecto minero San Jorge (PSJ) intentan instalarlo desde 2007, y es desde ese entonces que tiene la resistencia de la población. A inicios de este año volvió la ofensiva gubernamental y empresarial, sostenida en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Volvió con la fuerza de los millones, y también de la censura y la represión.

Megaminería, patotas y Cornejo junto a Milei: la asamblea de Uspallata resiste al proyecto San Jorge — La bandera de la asamblea: «Toda la cuenca del Río Mendoza, protegida».

¿Qué está pasando en Mendoza?

A fines de enero se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros, en un acto al que acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Nora Moyano tiene 73 años e integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Le dice a lavaca: “El intendente, que en un año de gestión no fue nunca a Uspallata para conocer las necesidades de la gente, apareció para este acto acompañado por la patota de la UOCRA. Vinieron a amedrentar a las vecinas y vecinos de Uspallata en contra de la minería. A uno de nuestros compañeros la patota de la UOCRA se le vino encima, le rompió el tabique, y un vecino comerciante, para evitar que le siguieran pegando agarró un matafuegos de un negocio y le tiró el polvito (sic) para que se fueran”. Agrega Nora: “Este vecino se llama Mauricio Cornejo y el lunes 24 de febrero iba caminando por la calle del pueblo y lo detuvieron. Desde ese día está preso. A eso hay que sumarle varios allanamientos a vecinos de las asambleas. Es una locura lo que está pasando. Es tal la ambición y codicia que avanzan y ya no respetan ni las mínimas leyes de nuestras libertades democráticas. Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”.

El artículo 213 bis

Eugenia Segura conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que denuncia la persecución del gobierno provincial con Alfredo Cornejo (UCR) al mando. Alfredo y Mauricio tienen el mismo apellido, pero no son parientes. Uno es el gobernador de Mendoza. Otro, está preso. Eugenia dice que “el foco y el ojo” de lo que pasa en su pueblo “hay que ponerlo en el artículo 213 bis del Código Penal”. Explica el por qué: “La figura penal que se agarran para detener a Mauricio apunta a convertir toda forma de protesta y organización en algo que puede ser tildado de terrorista; no importa si hacés algo que esté contra la ley o no, igual te pueden imputar porque hay un otro que se supone hizo algo ilegal y es de tu organización, lo cual debería ser completamente inconstitucional. Es inadmisible que corran el arco de los derechos humanos como lo están haciendo”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y refiere al delito denominado de “prepotencia ideológica”, y apunta contra quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.

Exclama Nora Moyano: “Estamos sufriendo una persecución y en esta peligrosidad nos encontramos. No puede ser que a tantos años de recuperar la democracia todavía esté en vigencia un artículo que nos quieren aplicar a todos los que somos de las asambleas socioambientales por defender el agua y los bienes comunes”.

Censura

En el marco de un ciclo de cine y ante la ofensiva minera, el 14 de febrero se iba a proyectar en el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el documental “HAM, historia del agua en Mendoza”, sobre cómo el pueblo revirtió la derogación de la Ley 7722 en 2019, que además de la decisión del entonces gobernador Rodolfo Suárez (UCR), también contaba con el apoyo del presidente de la Nación, Alberto Fernández (PJ).

El Mendoaguazo

Se iba a proyectar, hasta que desde parte de la comisión directiva del club la dieron de baja por ser una película “politizada”. Rápidamente se consiguió otro lugar (la radio comunitaria La Mosquitera), pero no cesó el hostigamiento. Bernardo Blanco es el director de HAM y le cuenta a lavaca: “Desde temprano se empezó a presentar la policía y a preguntar si iba a realizarse una manifestación por el agua o qué íbamos a hacer. Primero vinieron dos agentes, luego cuatro y después ya eran nueve. ¡Un montón! Tenían la intención de entrar y pudrirla”. A partir de este nuevo amedrentamiento, se pensó la idea de hacer funciones simultáneas de HAM: el sábado pasado se realizaron 29 en Mendoza y 46 en todo el país. Dice Bernardo: “Fue muy fuerte la respuesta de la gente en todo el país. Esto va más allá de los nombres propios y de la película, lo interesante es el fenómeno social/cultural/político que se pone de manifiesto con tantas proyecciones simultáneas”.

HAM es un documental independiente que “cumple la ley de cine, califica apta para todo público y tuvo su estreno en salas comerciales. Esto lo digo para acentuar aún más los intentos de censura y la presencia policial”, destaca el director.

HAM puede verse de manera gratuita en la plataforma BAFilma.

El fondo de la cuestión

¿A qué se oponen quienes se oponen al proyecto San Jorge?

Nora: “Nuestra provincia tiene agua por el deshielo de los glaciares de la Cordillera de los Andes. Por ella vivimos, cultivamos; por ella ustedes conocen la vid de la que hacemos el vino. Eso defendemos: el agua, nuestros bienes comunes, nuestros glaciares. Con los explosivos que usan en la megaminería van a destrozar las vegas alto andinas (pequeños oasis en el desierto). El polvillo que generan no se auto consume y en esa zona de vientos fuertes irá hacia los glaciares. La contaminación no sólo afectará a Uspallata: el río Mendoza es una cuenca que atraviesa toda la provincia y cuyo cauce desemboca en Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires”.

Eugenia: “Uspallata es un pueblo de montaña que está en un valle. En Mendoza tenemos solamente tres oasis, el norte, el centro que es el valle de Uco y el sur. En el norte, donde está Uspallata, nace el río Mendoza que abastece al Gran Mendoza, donde vive la mayor parte de la población; más de un millón de habitantes beben de ese río, que riega las más de 250 mil hectáreas de malbec y que también sostiene el cuarto polo industrial del país. Uspallata se ubica en las nacientes de este río que el proyecto megaminero va a contaminar. Estamos protegiendo el área natural Uspallata- Polvaredas, patrimonio cultural, natural, paisajístico, un lugar bellísimo. Lo estamos haciendo desde hace más de 15 años de manera pacífica, y así seguiremos”.

Nora Moyano (a la izquierda) y parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, en una de las movilizaciones en Uspallata.

El rol de la Justicia

Otro actor clave en este conflicto es la Corte Suprema de la Nación, que en 2021 se hizo eco de la apelación de la minera San Jorge ante la ley 7.722 y declaró inconstitucional un puñado de palabras del artículo 1, que hacía referencia a la prohibición de “otras sustancias tóxicas similares”.

Este era el Artículo 1° completo:

A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

La Corte Suprema eliminó el “otras sustancias tóxicas” y consideró constitucional el resto de la ley. ¿Qué permite esa eliminación? Detalla Nora: “El fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como el xantato, la poliacrilamida y otras, que están incluidas en la ley de residuos peligrosos y son prohibidas. Son tan graves como el cianuro y el mercurio, así que ahora está abierta la puerta para que revienten nuestra cordillera, nuestra montaña, pasarla por una sopa química por el proceso de flotación a través del xantato o la poliacrilamida”.

Daños y perjuicios

¿Qué perjuicios trae el Xantato? Enumeran desde las asambleas:

-No sólo es altamente tóxico para la salud humana y de animales y plantas, sino que además es muy inflamable, explosivo y reactivo.

-Su combustión produce gases irritantes, corrosivos y/o explosivos.

-Reacciona violentamente al contacto con el agua y el dióxido de carbono, generando disulfuro de carbono, más tóxico aún.

-La inhalación de subproductos gaseosos de sus reacciones al contacto con el agua y el aire puede causar lesiones o la muerte.

-El contacto con la piel u ojos puede causar severas quemaduras.

-Las fugas pueden causar contaminación.

Retoma Nora: “El gobierno mendocino está tocando las leyes ambientales para adaptarlas a este negocio. Por ejemplo, el código de minería lo reformó Cornejo a sus intereses; tampoco cumplen la ley de glaciares, ni de bosque nativo. Sólo arrasan y arrasan. También acaban de presentar el plan maestro donde se revierten las históricas prioridades de la Ley de Agua, (que data de 1884 en Mendoza), y que establece que primero está el consumo humano, el riego agrícola, los árboles, las industrias, no la minería. Si llegaran a votarlo en la Legislatura, que es lo más probable porque casi no hay oposición, el gobernador tendrá la potestad de hacer lo que quiera y eso será gravísimo para los mendocinos. Están constituyendo, como decía Jauretche, un nuevo estatuto legal del coloniaje”.

La preocupación en Nora se le nota en su habla acelerada. “No tenemos problemas con la minería común, tanto la ripiera, como la cementera. Estamos en contra de la megaminería metalífera hidrotóxica que llevan adelante megacorporaciones internacionales como Solway, que además de estar radicada en paraísos fiscales, tiene denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala. A esa gente no la queremos. No queremos su violencia. Y como decimos junto a Víctor Jara, tenemos derecho a vivir en paz”.

Viernes 7 de febrero, Ciudad de Mendoza. Manifestación contra el proyecto minero San Jorge.

Un pueblo de pie

El pueblo mendocino dio una lección en 2019 de cómo organizarse (y vencer) al tándem lobby minero y apoyo estatal. En aquel entonces, enormes movilizaciones en toda la provincia torcieron la votación de diputados y senadores en sólo 10 días. Seis años después, Mendoza vuelve a estar en alerta. Cuenta Nora: “A raíz de todos estos atropellos volvimos a salir a la calle. Hicimos multitudinarias manifestaciones en Uspallata y en la Ciudad Capital. A mucha gente le parece increíble que nuevamente quieran hacer lo que no lograron en el 2019, pero hay motivos”. Describe: “Tenemos un gobernador lamebotas del presidente, que hasta salió a defender lo que dijo Milei sobre el saludo nazi de Elon Musk. Así de bestial. Cornejo es un alfil de Milei y hay muchos intereses económicos por encima de las necesidades y decisiones de nuestro pueblo. Volvieron a la carga porque sienten que tienen más poder aún que antes, por la ligazón con la Casa Rosada”.

Cornejo acompañó a la Ley Bases, al Rigi y al Pacto de Mayo. Ahora mismo, al cierre de esta nota, está en Canadá junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros cinco gobernadores (San Juan, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja) en la PDAC 25, la feria minera más importante del mundo.

Cierra Nora: “Cornejo durante todos estos años generó una especie de suma del poder público: tiene a su favor el poder judicial y también el legislativo, que le vota todo. Construyó una red muy fuerte de contención, y al frente de toda esa telaraña estamos nosotros, de pie, nunca arrodillados. Y así seguiremos, defendiendo nuestro patrimonio, defendiendo lo que es nuestro”.

Seguir leyendo