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La vida por un trabajo: emigración africana hacia España

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En agosto de 2004, la escritora y periodista Cristina Civale publicó “Esclavos, informe urgente sobre la inmigración en España”, una investigación periodística sobre la llegada clandestina de africanos a la Península Ibérica. Lo hizo un año antes de que diarios de todo el mundo relataran el asesinato de cinco africanos en la frontera de Melilla, un enclave español en el norte del Continente Negro, y de cuyas balas ni España ni Marruecos. Civale describe las formas de represión que impiden a los hambrientos subsaharianos llegar a los países europeos. El libro, publicado por Editorial Sudamericana, perteneciente al grupo español Random House Mondadori, fue descatalogado hace diez días. Aquí se reproduce el capítulo 3, ÁfricaXpress, donde la autora relata cómo aquellos que sueñan un trabajo que les permita el sustento pueden ser arrojados al mar por quienes los transportan, o cómo son capaces de saltar vallas de seis metros, protegidas con alambres de púas y agentes de la Guardia Civil española.

La primavera y el mar mediterráneo en calma es símbolo de alerta para quienes trabajan en las costas del Levante español. Guardacostas, miembros de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias se aprontan para recibir a una avalancha humana. Africanos en busca de un destino más luminoso en la tierra del sol.

Radares ultramodernos, detectores de calor y lanchas rápidas, son los elementos de los que se vale la guardia costera para atrapar a estos barcos clandestinos, las pateras, como en una película mala de piratas. Los conductores de las pateras, llamados tiburones, están al tanto de que existen operativos que puede truncar sus planes. Por eso, ante el menor peligro, no dudan en deshacerse de sus clientes -que han pagado por el viaje un promedio de 4 mil euros por persona- tirándolos al mar como si se tratase de un fardo de mercadería de contrabando. No importa que no sepan nadar o que las condiciones del viaje los hayan dejado heridos o exhaustos (a pesar de que la distancia es de algo más de 10 kilómetros). Los tiburones no quieren ser atrapados. Tienen que seguir trabajando. Comprar otro barco e intentar hacerlo llegar a la costa con su carga de humanidad llena de esperanza pero también de miedo.

Desde finales de los años noventa, y con periodicidad y número creciente, llegan a estas costas (las del Estrecho y Canarias principalmente) un tipo de embarcación precaria y ligera: las pateras. Se trata de barcas neumáticas de marca Zodiac que, con capacidad, para 40 personas, cargan más de 100 en una ruta que va desde algún punto del norte de África con destino a alguna de las citadas costas del poniente español. Los puntos de partida y destino se fueron desplazando con el tiempo para evitar los radares policiales.

El negocio comenzó en las costas de Marruecos pero hoy se extiende a las de Argelia lo que hace, a su vez, que cambien los puntos de destino: llegan menos pateras al Estrecho y aumenta el número en las costas de las Canarias. De Marruecos al estrecho hay sólo 13 kilómetros; a Fuerteventura, la isla más cerca, unos 120, pero sus costas todavía están menos preparadas para lo que llaman despectivamente “el aluvión”. El viaje a las islas puede durar de 14 horas hasta dos o tres días según el tipo de embarcación.

Los viajantes provienen de todas partes de África, pero sobre todo de Marruecos y de países del Subsahara: Camerún, Congo, Gambia, Ghana, Guinea Bisseau, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.

Se conoce con el nombre de “atunes” a estos inmigrantes que están dispuestos a dejar su vida en el mar. El hambre es menos tentador que el sueño de El Dorado que les venden sus reclutadores. Todos llegan sin documentos de sus países y ya han aprendido una lección: esquivar la pregunta que intenta indagar de dónde provienen. Si su país de origen es desconocido, la deportación se hace impracticable. Y entonces se quedan, primero detenidos, luego libres y clandestinos.Este negocio mueve al año, según fuentes de la Cruz Roja, 7 mil millones de dólares.

El procedimiento de avistaje de pateras es el siguiente: Apenas las patrullas de la Guardia Civil detectan una embarcación, avisan al Centro de Cruz Roja. De inmediato, el médico, los voluntarios y las ambulancias parten en dirección a la playa o al puerto indicados para atender las emergencias que se puedan presentar. En un primer momento, los inmigrantes, gozan de estos beneficios ya que se les da el tratamiento internacional de náufragos, pero una vez repuestos pasarán a formar filas para la deportación.

Hipotermia, quemaduras y distintos tipos de traumatismos son las lesiones más frecuentes. Apenas ponen los pies en España, aquellos que no logran escapar a la Guardia Civil, son sometidos a un examen médico. Si no necesitan hospitalización pueden ser trasladados a la Isla de las Palomas, donde un antiguo cuartel militar funciona como centro de acogida. Allí son registrados y se les entrega un documento donde se les informa que en 15 días deben abandonar España.

Los marroquíes pueden ser deportados -salvo que logren escapar- porque existe un acuerdo entre el gobierno español y el marroquí para tales fines. Suelen ser trasladados a la comisaría de Algeciras y de allí al ferry que los devolverá a su país. A pesar de la normativa existente, esta no siempre se cumple y los magrebíes logran sortear el viaje de retorno. Las mafias han sofisticado su trabajo y ahora venden una suerte de billetes especiales por los cuales si el cliente es deportado, tiene derecho, apenas llega al puerto marroquí, a subirse nuevamente a otra embarcación para volver a España. Estos “tickets” cuestan alrededor de 6 mil euros, el mismo precio que el de los ferry que cuentan con personal español que hacen la vista gorda ante la entrada de marroquíes indocumentados o africanos que llegan a Marruecos con ese dinero para aprovechar esta oferta de viaje.

Los africanos no marroquíes que llegaron en el viaje común de la patera, no pueden ser deportados, a pesar de la orden emitida por la guardia civil, dado que no

existen tratados con su países de origen. Lo que luego sucede es casi surrealista. El gobierno local, para evitar la provocación de tanto africano libre dando vueltas por ahí, los fleta literalmente en aviones a la Península con destino a Madrid, Barcelona o el País Vasco. Antes de subirlos a los aviones los proveen de una lista con los nombres de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que podrán ayudarlos. Los echan oficialmente pero por otro lado los incitan a que se queden, ilegalmente, claro. Este procedimiento fue confirmado por varias ONGs. SOS Racisme aseguró haber visto las listas otorgadas por las autoridades que, hasta por los menos durante 2002, estaban escritas en papeles con membretes oficiales. Ahora tienen el cuidado de fotocopiar la información del otro lado de la hoja, donde el membrete queda cubierto. Los africanos llegaban con la idea de que en estas instituciones conseguirían techo y comida y hasta trabajo. La realidad es que ellas sólo pueden orientarlos en cómo insertarse en la sociedad, pero en una primera instancia no faltó nunca un voluntario que, apenas llegados, se los llevase al bar más próximo para ofrecerles de comer de su propio bolsillo. Aunque saben que la caridad no es la solución, en una primerísima instancia no parecería haber otro camino.

Es lo que sucede en la Vicaria General de Ceuta que a finales de noviembre de 2003 exigió a la Administración que los ayude a costear la atención que prestan a más de 260 subsaharianos acogidos por ellos en un antiguo colegio propiedad del Obispado de Cádiz y Ceuta. Desde el 6 de octubre de 2003 ofrecieron recursos excepcionales para atender a ese enorme grupo de personas que vivía fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. La Vicaría aclaró que su gestión contó exclusivamente con el apoyo material y humano de la iglesia. Hasta finales de noviembre habían sacado de sus bolsillos 12 mil euros para llevar adelante su acto de caridad. “Nosotros seguiremos atendiéndolos mientras podamos pero es que además del problema económico hay otro de recursos humanos”, indican fuentes de la Vicaría. Según Médicos sin Fronteras existen otras doscientas personas que duermen a la intemperie en la misma zona y que no son acogidos por nadie.

Las mujeres embarazadas o con niños constituyeron hasta mediados de 2003 una parte menor pero importante en la circulación de la mafia de las pateras. Sobre todo las procedentes de Nigeria. Muchas veces terminaban en centros de acogida de la Cruz Blanca donde el padre Isidoro, conocido como Fray Patera, las recibía hasta que alguien las reclamaba o se marchaban a seguir su incierto camino hacia delante. En general este camino se iniciaba con la venta del niño. Las mafias inducían a las mujeres a embarazarse antes de embarcarse para luego venderles a su hijos. Procedían así: Existían cortijos donde las mafias alojaban a estas mujeres una vez que podían salir de la custodia policial. En ellos, llegaron a vivir más de 100 mujeres que esperaban dar a luz. Las mafias de venta de niños -una sociedad donde estaban involucrados españoles, nigerianos y magrebíes- contaban con otro ingreso: el de la prostitución a la que obligaban a estas mujeres que por 15 euros ofrecían un servicio completo.

Una vez nacido el niño podía ser vendido en 2 mil o 3 mil dólares. Los compradores eran siempre procedentes de otro país de la Unión Europea, no de España, principalmente franceses o alemanes.

Pero ya a mediados de 2003 las mujeres y sus embarazos comenzaron a ser una complicación para las mafias más que una fuente de recursos. Estas mujeres compradas en sus aldeas por los jefes de las mafias a los que llaman “fathers” y con los que tienen una dependencia total, son ahora obligadas a abortar si es que cometieron el error de quedar embarazadas y si lo quedaron fruto de una violación. Actualmente llegan a abortar bebés a punto de nacer con las secuelas tremendas que esto acarrea para su salud o a la continuación de sus propias vidas. El rechazo de bebés en las pateras llegó a producir el asesinato de recién nacidos en las costas por parte de los fathers.

A partir de mediados de 2002 se comenzó a observar otro fenómeno inquietante: el de menores convertidos en patrones de pateras. Con este procedimiento las mafias intentan evitar la prisión y la devolución de los patrones a su

país. Durante 2001 fueron arrestados 196 patrones de pateras, en su mayoría magrebíes y durante el 2002, la cifra rodeó los 90. Ante esta presión, las mafias

recurren a menores de edad que no pueden ser arrestados tan fácilmente. Expulsarlos del país es difícil ya que las Fuerzas de Seguridad deben poner en conocimiento a

los Servicios de Protección de menores y presentar el hecho ante fiscal de turno. Tras comprobar si es posible la reagrupación familiar, la administración debe decidir si procede el retorno a su país o su permanencia en España. En el caso de que el chico haya sido detenido, se le juzga por el delito cometido y si es condenado se lo ingresa en un centro de menores.

La mayoría de los conductores arrestados se hacinan en la prisión de Tahiche, en la isla de Lanzarote, que ya está completamente saturada. Los propios funcionarios de la cárcel aceptaron que la situación es muy dramática: no hay celdas de aislamiento, las condiciones sanitarias son precarias y aparecieron casos de tuberculosis.

En sólo dos años (de 2000 a 2002) se cuadruplicó el número de inmigrantes que llegan en pateras. En 2000 fueron 2410 y en 2002 pasó a ser según unas fuentes 9765 y según otras se habría elevado a más de 16 mil. El 15 de octubre de 2003 hubo alerta en las costas españolas ya que llegaron en ese único día 550 inmigrantes desde África. Alcanzaron las costas andaluzas y canarias en nueve embarcaciones. Las costas

andaluzas, en especial la gaditana que rodea la localidad de Tarifa, han sido las más afectadas por la llegada de pateras. Hasta 389 inmigrante llegaron en ocho embarcaciones a las playas de Andalucía, a Tarifa y a Motril, en Granada. Seis de las pateras con 358 inmigrantes (incluidos dos que trataban de cruzar el Estrecho a bordo de flotadores) llegaron a Tarifa. En el contingente se incluyeron tres bebés, seis menores y seis mujeres embarazadas. A su vez, ese mismo día en Granada, la Guardia Civil interceptó una embarcación neumática con 31 inmigrantes. En la Isla de Fuerteventura, un total de 72 inmigrantes fueron detenidos. Esta llegada masiva -que sólo puede compararse con la del 18 de agosto de 2001 cuando llegaron 567 inmigrante a las costas españolas- produjo un llamamiento por parte del gobierno español al gobierno marroquí para que detenga la partida de pateras. Pero esta formalidad, disfrazada de escándalo, no suena muy efectiva a la hora de encarar a fondo el problema de las mafias y la fábrica de esclavos.

El saldo de la llegada masiva del 15 de octubre fue de 36 inmigrantes ahogados de los 50 que llegaron a Rota en Cádiz y la denuncia por parte de las organizaciones humanitarias de que la Guardia Civil tardó una hora en acudir al rescate de los barcos luego de recibir las alertas. La guardia se defendió confirmando que no contaba ni siquiera con una verdadera embarcación de rescate. El 9 de noviembre de 2003 proporcionaron a la prensa un informe de la situación de las embarcaciones de rescate en la Bahía de Cádiz el día del naufragio. Contaban, es un modo de decir, con trece embarcaciones. Una patrullera ligera averiada desde el 15 de septiembre; otra patrulla ligera neumática averiada desde principios de agosto. Una lancha Sunseeker y una lancha neumática decomisadas e inoperativas por un temporal. Un barco de rescate averiado en el Puerto de Cádiz y un remolcador que acudió a Tarifa a ayudar a un pesquero marroquí. Finalmente contaban con cinco remolcadores, uno de ellos fue el que partió a las 8 de la noche para ayudar a la patera donde viajaban 50 personas de las cuales 36 perecieron ahogadas.

Sobre finales de octubre de 2003 comenzó a detectarse un fenómeno completamente nuevo: el de pateras exclusivamente cargadas con menores de edad: desde adolescentes hasta niños. Todos difíciles de deportar y probablemente ya vendida -su fuerza de trabajo o su cuerpo- por las mafias antes del embarque.

En el Nuevo Dorado, no sólo los puede esperar -a adultos o niños- la explotación. La muerte también se da cita abrazada a las malas condiciones de las embarcaciones en las que viajan y a un agua rebelde, no apta para quienes no están bien alimentados o no son consumados nadadores.

Durante 2003, un total de 76 inmigrantes murieron y 30 desaparecieron en aguas de Canarias debido al naufragio de las pateras en las que viajaban, según datos de la Delegación de Gobierno de Canarias. Todo ello sin contar la cantidad de pateras que pierden el rumbo mucho antes de avistar las costas y de las cuales es imposible tener una cifra.

Un total de 434 sin papeles ha arribado en patera a la isla de Lanzarote. Mientras tanto, a la isla de Fuerteventura han llegado por mar 2.765 inmigrantes. El Cabildo Insular de Fuerteventura viene exigiendo a la Administración del Estado una investigación en profundidad sobre las causas que produjeron las muertes y desapariciones de inmigrantes como consecuencia de los hundimientos de las pateras. Además, reclama al Gobierno que aumente las medidas de seguridad y los medios humanos y materiales adecuados para la eficacia de la vigilancia costera y el rescate de estas personas.

El viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración de Canarias, Benito Codina, afirma sin reparos que las mafias dedicadas al tráfico de personas modificaron la estructura de las pateras. Según pudo saberse, se pretende así lograr mayor rapidez y una travesía más corta, pero las embarcaciones son ahora aún menos estables. Benito Codina añadió que los cambios realizados en la altura de la borda y en la quilla permiten que la embarcación tenga menos rozamiento con el agua y sea más rápida. Sin embargo, este cambio también produce que el centro de gravedad de las pateras sea más alto y “cualquier embate hace que vuelquen”. Según la legislación española, no podrían navegar ni en un lago falso.

Caso 2
El mediterráneo teñido de muerte

Agosto de 2003 comenzó con la misma tragedia en aguas de Fuerteventura con la que se despidió el mes de julio. Diez inmigrantes murieron ahogados tras zozobrar su patera, sólo un día después de que otros 15 indocumentados fueran devorados por el mar. Ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, cerca de la costa, en la zona conocida como Los Charcos, en Jacomar, en el municipio de Antigua. La patera, en la que viajaban 29 personas, encalló contra unas rocas. Los inmigrantes salieron espantados del barco precario, que se hundía a un ritmo acelerado, pero a 10 de ellos les fue imposible alcanzar tierra. La gran mayoría de los africanos que llegan a las costas españolas no sabe nadar y, otros, con algunas nociones, no pueden hacer frente a la bravura de las aguas, ensañadas de corrientes; ni mucho menos pueden enfrentar el miedo o el cansancio después de una travesía tan agotadora como incierta. No llevaban chaleco salvavidas.

Los 10 cadáveres, entre los que se encuentra un menor de edad, fueron recuperados por la Guardia Civil, después de que un pescador, a primera hora de la mañana, los descubriera. Los 18 supervivientes, que fueron localizados ya amanecido el día, explicaron a la Guardia Civil que el patrón de la patera huyó por una zona montañosa tras el suceso.

Caso 3
Tumberos

El 18 de febrero de 2001 el periodista Javier Espinosa del diario El Mundo fue enviado especial a Beni Mellal, en Marruecos. Allí escribió una crónica tierna en la que cuenta la historia de los cadáveres de los marroquíes devueltos a su país y del encargado de transportarlos. Espinosa llamó a su crónica “El rubio de los cadáveres”. Es una cara desconocida pero altamente conmovedora del fenómeno de los africanos que quieren llegar al Dorado. Ellos también, aunque no parezca, tienen una familia que los llora. Es la historia de quienes no lo logran y mueren; es la historia de sus deudos en busca de los cuerpos muertos de sus seres amados. La crónica cuenta un viaje en la vida de Ángel Zamora, conocido como el rubio de los cadáveres, el hombre encargado de devolver los cuerpos muertos de los marroquíes que se ahogan en su intento de llegar a España. En la crónica Ángel cuenta al periodista de El Mundo que ese viaje era excepcional porque el tribunal les había permitido llevar las ropas de los 14 cadáveres. Logró meterlas en bolsas de color azul y les puso unas etiquetas. Una vez en el pueblo, Ángel tomó un alambre de tender ropa y extendió las vestimentas allí. Inmediatamente se arremolinó la gente alrededor de las prendas, intentando reconocer las de sus familiares. “Aquí resulta fácil -contó Ángel- porque no tienen más que dos pantalones y dos camisas. O sea, que todo el mundo sabe identificar a un muerto por la indumentaria que llevaba”. La gente lo paraba en la calle, se le tiraba encima. “Llegué a temer por mi integridad física porque algunas personas se volvían como locas. Acudieron casi un millar. Estuve dos semanas desplazándome de aldea en aldea con la ropa. Al final conseguimos identificar cinco cuerpos que trajimos a la semana siguiente para enterrarlos”.

Angel Zamora y su hermano Martín tienen un tanatorio que se ocupa de trasladar los cadáveres de la península a Marruecos. La empresa es todo un referente para cientos de familias marroquíes que sufrieron la pérdida de algún familiar en el Estrecho. Los hermanos no sólo dan sepultura a los cadáveres, afirma la crónica de Sepúlveda, actúan como detectives que indagan para descubrir la identidad de los inmigrantes fallecidos. “Aprovechamos los recorridos por Marruecos para preguntar a la gente, cuenta. Otras veces los muertos llevan números de teléfono en el bolsillo, lo que nos permite hablar con sus allegados. O si viene alguien de la misma localidad le dejamos ver el cuerpo y le pedimos que con esa referencia pregunte en su pueblo. Ahora han comenzado a tomar muestras de ADN y la semana pasada vino un doctor de Rabat buscando a un familiar”. A veces Ángel atraviesa por la noche las rutas marroquíes sólo con su camioneta llena de cadáveres y probablemente se siente dichoso, en el medio de semejante desgracia, de poder devolver con la muerte la dignidad de un nombre y la de una sepultura que macabramente se convierte en lo más humano que quienes viajan en una patera pueden conseguir.

Dos años después, no se sabe nada de El rubio de los cadáveres, no se sabe si sigue con este trabajo o si ahora se habrá convertido en un buitre más, de esos que se aprovechan de la desgracia de los inmigrantes. El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, ATIME, de Andalucía, Kamal Rahmouni, solicitó en noviembre de 2003 la intervención de las autoridades españolas para evitar una situación indecorosa, probablemente ilegal: las funerarias españolas piden para la repatriación de los cadáveres de los inmigrantes entre mil ochocientos y tres mil euros. Las familias no pueden asumir ese coste para devolver a sus muertos a casa, sobre todo cuando la muerte también se llevó la única esperanza de salir de la pobreza que les quedaba. Los 2 mil euros de media que se necesitan son excesivos para gente que no tiene ni para comer.

Kamal Rahmouni expresó que es el Gobierno marroquí quien tiene la responsabilidad moral y política de hacerse cargo de la repatriación de los cadáveres. En el caso de las víctimas del naufragio registrado el día 25 de octubre de 2003 frente a las costas de Rota la Fundación Hassan II, gestionada por la Casa Real Alauí, se hizo cargo de la repatriación de los muertos.

Un total de 54 familias de las víctimas de aquel naufragio continúan todavía a la espera de confirmar la muerte de alguno de sus miembros, pero sólo tres pudieron desplazarse hasta Algeciras para identificar los cadáveres que permanecen en el tanatorio de Los Barrios, en Cadiz, ya que el resto tuvo problemas para conseguir el visado, según ha declarado Rahmouni.

De los 36 cadáveres que permanecen en Los Barrios sólo uno ha sido identificado en la funeraria por su hermano, que ya residía en Europa, por lo que se está tramitando su repatriación. Entre los cuerpos restantes, sólo tres pueden ser reconocidos de forma visual, mientras que los otros 32 se encuentran en un estado “muy complicado, casi descompuestos”, por lo que ha de procederse a las pruebas de ADN.

Todos los inmigrantes ilegales que mueren en su intento por alcanzar Europa y que no pueden ser identificados son enterrados en España. Los cementerios de los municipios de la Bahía de Algeciras están repletos de sepulturas anónimas encabezadas por este epígrafe: “Inmigrante número X”, a la espera de su reclamación.

Caso 4

Edith es una nigeriana de 23 años. La dejaron embarazada en la frontera de Ujda dos violadores. Quería llegar a Tánger para allí subirse a una patera. Era la segunda vez que lo intentaba. La primera vez fue detenida por un policía en la mezquita de Tánger porque se atrevió a salir de la chabola donde permanecía escondida. En Marruecos ya no quieren saber nada con los subsaharianos y están obligados a esconderse. Han cerrado las dos pensiones que solían alojarlos antes de subir a la patera y lo único que les queda es irse a los bosques o a barrios marginales a conseguir algún lugar en una chabola hasta que salga la patera. Eso es lo que estaba haciendo Edith esa primera vez. Fue deportada a la frontera y en su nuevo intento tardó un mes en llegar de nuevo a Tánger caminando. Se puso bajo la protección de un “father” que cuando supo que estaba embarazada de cuatro meses, la obligó a abortar. Y así lo hizo. El aborto y el dinero fueron su billete para llegar a España.

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Hasta siempre, Mirta

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Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

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La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.

Por Francisco Pandolfi

En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política. 

Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.

No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Arrasa-miento

Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.

El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.

El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Jenefes, el patrón

De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.

Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Una peli de terror

El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la  ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.

Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.

Un puñado de kollas

La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.

La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”. 

Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.

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Fotos: comatoconvocada.jujuy

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