Nota

La vida por un trabajo: emigración africana hacia España

Publicada

hace 19 años

05/10/2005

En agosto de 2004, la escritora y periodista Cristina Civale publicó “Esclavos, informe urgente sobre la inmigración en España”, una investigación periodística sobre la llegada clandestina de africanos a la Península Ibérica. Lo hizo un año antes de que diarios de todo el mundo relataran el asesinato de cinco africanos en la frontera de Melilla, un enclave español en el norte del Continente Negro, y de cuyas balas ni España ni Marruecos. Civale describe las formas de represión que impiden a los hambrientos subsaharianos llegar a los países europeos. El libro, publicado por Editorial Sudamericana, perteneciente al grupo español Random House Mondadori, fue descatalogado hace diez días. Aquí se reproduce el capítulo 3, ÁfricaXpress, donde la autora relata cómo aquellos que sueñan un trabajo que les permita el sustento pueden ser arrojados al mar por quienes los transportan, o cómo son capaces de saltar vallas de seis metros, protegidas con alambres de púas y agentes de la Guardia Civil española.

La primavera y el mar mediterráneo en calma es símbolo de alerta para quienes trabajan en las costas del Levante español. Guardacostas, miembros de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias se aprontan para recibir a una avalancha humana. Africanos en busca de un destino más luminoso en la tierra del sol.

Radares ultramodernos, detectores de calor y lanchas rápidas, son los elementos de los que se vale la guardia costera para atrapar a estos barcos clandestinos, las pateras, como en una película mala de piratas. Los conductores de las pateras, llamados tiburones, están al tanto de que existen operativos que puede truncar sus planes. Por eso, ante el menor peligro, no dudan en deshacerse de sus clientes -que han pagado por el viaje un promedio de 4 mil euros por persona- tirándolos al mar como si se tratase de un fardo de mercadería de contrabando. No importa que no sepan nadar o que las condiciones del viaje los hayan dejado heridos o exhaustos (a pesar de que la distancia es de algo más de 10 kilómetros). Los tiburones no quieren ser atrapados. Tienen que seguir trabajando. Comprar otro barco e intentar hacerlo llegar a la costa con su carga de humanidad llena de esperanza pero también de miedo.

Desde finales de los años noventa, y con periodicidad y número creciente, llegan a estas costas (las del Estrecho y Canarias principalmente) un tipo de embarcación precaria y ligera: las pateras. Se trata de barcas neumáticas de marca Zodiac que, con capacidad, para 40 personas, cargan más de 100 en una ruta que va desde algún punto del norte de África con destino a alguna de las citadas costas del poniente español. Los puntos de partida y destino se fueron desplazando con el tiempo para evitar los radares policiales.

El negocio comenzó en las costas de Marruecos pero hoy se extiende a las de Argelia lo que hace, a su vez, que cambien los puntos de destino: llegan menos pateras al Estrecho y aumenta el número en las costas de las Canarias. De Marruecos al estrecho hay sólo 13 kilómetros; a Fuerteventura, la isla más cerca, unos 120, pero sus costas todavía están menos preparadas para lo que llaman despectivamente “el aluvión”. El viaje a las islas puede durar de 14 horas hasta dos o tres días según el tipo de embarcación.

Los viajantes provienen de todas partes de África, pero sobre todo de Marruecos y de países del Subsahara: Camerún, Congo, Gambia, Ghana, Guinea Bisseau, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.

Se conoce con el nombre de “atunes” a estos inmigrantes que están dispuestos a dejar su vida en el mar. El hambre es menos tentador que el sueño de El Dorado que les venden sus reclutadores. Todos llegan sin documentos de sus países y ya han aprendido una lección: esquivar la pregunta que intenta indagar de dónde provienen. Si su país de origen es desconocido, la deportación se hace impracticable. Y entonces se quedan, primero detenidos, luego libres y clandestinos.Este negocio mueve al año, según fuentes de la Cruz Roja, 7 mil millones de dólares.

El procedimiento de avistaje de pateras es el siguiente: Apenas las patrullas de la Guardia Civil detectan una embarcación, avisan al Centro de Cruz Roja. De inmediato, el médico, los voluntarios y las ambulancias parten en dirección a la playa o al puerto indicados para atender las emergencias que se puedan presentar. En un primer momento, los inmigrantes, gozan de estos beneficios ya que se les da el tratamiento internacional de náufragos, pero una vez repuestos pasarán a formar filas para la deportación.

Hipotermia, quemaduras y distintos tipos de traumatismos son las lesiones más frecuentes. Apenas ponen los pies en España, aquellos que no logran escapar a la Guardia Civil, son sometidos a un examen médico. Si no necesitan hospitalización pueden ser trasladados a la Isla de las Palomas, donde un antiguo cuartel militar funciona como centro de acogida. Allí son registrados y se les entrega un documento donde se les informa que en 15 días deben abandonar España.

Los marroquíes pueden ser deportados -salvo que logren escapar- porque existe un acuerdo entre el gobierno español y el marroquí para tales fines. Suelen ser trasladados a la comisaría de Algeciras y de allí al ferry que los devolverá a su país. A pesar de la normativa existente, esta no siempre se cumple y los magrebíes logran sortear el viaje de retorno. Las mafias han sofisticado su trabajo y ahora venden una suerte de billetes especiales por los cuales si el cliente es deportado, tiene derecho, apenas llega al puerto marroquí, a subirse nuevamente a otra embarcación para volver a España. Estos “tickets” cuestan alrededor de 6 mil euros, el mismo precio que el de los ferry que cuentan con personal español que hacen la vista gorda ante la entrada de marroquíes indocumentados o africanos que llegan a Marruecos con ese dinero para aprovechar esta oferta de viaje.

Los africanos no marroquíes que llegaron en el viaje común de la patera, no pueden ser deportados, a pesar de la orden emitida por la guardia civil, dado que no

existen tratados con su países de origen. Lo que luego sucede es casi surrealista. El gobierno local, para evitar la provocación de tanto africano libre dando vueltas por ahí, los fleta literalmente en aviones a la Península con destino a Madrid, Barcelona o el País Vasco. Antes de subirlos a los aviones los proveen de una lista con los nombres de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que podrán ayudarlos. Los echan oficialmente pero por otro lado los incitan a que se queden, ilegalmente, claro. Este procedimiento fue confirmado por varias ONGs. SOS Racisme aseguró haber visto las listas otorgadas por las autoridades que, hasta por los menos durante 2002, estaban escritas en papeles con membretes oficiales. Ahora tienen el cuidado de fotocopiar la información del otro lado de la hoja, donde el membrete queda cubierto. Los africanos llegaban con la idea de que en estas instituciones conseguirían techo y comida y hasta trabajo. La realidad es que ellas sólo pueden orientarlos en cómo insertarse en la sociedad, pero en una primera instancia no faltó nunca un voluntario que, apenas llegados, se los llevase al bar más próximo para ofrecerles de comer de su propio bolsillo. Aunque saben que la caridad no es la solución, en una primerísima instancia no parecería haber otro camino.

Es lo que sucede en la Vicaria General de Ceuta que a finales de noviembre de 2003 exigió a la Administración que los ayude a costear la atención que prestan a más de 260 subsaharianos acogidos por ellos en un antiguo colegio propiedad del Obispado de Cádiz y Ceuta. Desde el 6 de octubre de 2003 ofrecieron recursos excepcionales para atender a ese enorme grupo de personas que vivía fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. La Vicaría aclaró que su gestión contó exclusivamente con el apoyo material y humano de la iglesia. Hasta finales de noviembre habían sacado de sus bolsillos 12 mil euros para llevar adelante su acto de caridad. “Nosotros seguiremos atendiéndolos mientras podamos pero es que además del problema económico hay otro de recursos humanos”, indican fuentes de la Vicaría. Según Médicos sin Fronteras existen otras doscientas personas que duermen a la intemperie en la misma zona y que no son acogidos por nadie.

Las mujeres embarazadas o con niños constituyeron hasta mediados de 2003 una parte menor pero importante en la circulación de la mafia de las pateras. Sobre todo las procedentes de Nigeria. Muchas veces terminaban en centros de acogida de la Cruz Blanca donde el padre Isidoro, conocido como Fray Patera, las recibía hasta que alguien las reclamaba o se marchaban a seguir su incierto camino hacia delante. En general este camino se iniciaba con la venta del niño. Las mafias inducían a las mujeres a embarazarse antes de embarcarse para luego venderles a su hijos. Procedían así: Existían cortijos donde las mafias alojaban a estas mujeres una vez que podían salir de la custodia policial. En ellos, llegaron a vivir más de 100 mujeres que esperaban dar a luz. Las mafias de venta de niños -una sociedad donde estaban involucrados españoles, nigerianos y magrebíes- contaban con otro ingreso: el de la prostitución a la que obligaban a estas mujeres que por 15 euros ofrecían un servicio completo.

Una vez nacido el niño podía ser vendido en 2 mil o 3 mil dólares. Los compradores eran siempre procedentes de otro país de la Unión Europea, no de España, principalmente franceses o alemanes.

Pero ya a mediados de 2003 las mujeres y sus embarazos comenzaron a ser una complicación para las mafias más que una fuente de recursos. Estas mujeres compradas en sus aldeas por los jefes de las mafias a los que llaman “fathers” y con los que tienen una dependencia total, son ahora obligadas a abortar si es que cometieron el error de quedar embarazadas y si lo quedaron fruto de una violación. Actualmente llegan a abortar bebés a punto de nacer con las secuelas tremendas que esto acarrea para su salud o a la continuación de sus propias vidas. El rechazo de bebés en las pateras llegó a producir el asesinato de recién nacidos en las costas por parte de los fathers.

A partir de mediados de 2002 se comenzó a observar otro fenómeno inquietante: el de menores convertidos en patrones de pateras. Con este procedimiento las mafias intentan evitar la prisión y la devolución de los patrones a su

país. Durante 2001 fueron arrestados 196 patrones de pateras, en su mayoría magrebíes y durante el 2002, la cifra rodeó los 90. Ante esta presión, las mafias

recurren a menores de edad que no pueden ser arrestados tan fácilmente. Expulsarlos del país es difícil ya que las Fuerzas de Seguridad deben poner en conocimiento a

los Servicios de Protección de menores y presentar el hecho ante fiscal de turno. Tras comprobar si es posible la reagrupación familiar, la administración debe decidir si procede el retorno a su país o su permanencia en España. En el caso de que el chico haya sido detenido, se le juzga por el delito cometido y si es condenado se lo ingresa en un centro de menores.

La mayoría de los conductores arrestados se hacinan en la prisión de Tahiche, en la isla de Lanzarote, que ya está completamente saturada. Los propios funcionarios de la cárcel aceptaron que la situación es muy dramática: no hay celdas de aislamiento, las condiciones sanitarias son precarias y aparecieron casos de tuberculosis.

En sólo dos años (de 2000 a 2002) se cuadruplicó el número de inmigrantes que llegan en pateras. En 2000 fueron 2410 y en 2002 pasó a ser según unas fuentes 9765 y según otras se habría elevado a más de 16 mil. El 15 de octubre de 2003 hubo alerta en las costas españolas ya que llegaron en ese único día 550 inmigrantes desde África. Alcanzaron las costas andaluzas y canarias en nueve embarcaciones. Las costas

andaluzas, en especial la gaditana que rodea la localidad de Tarifa, han sido las más afectadas por la llegada de pateras. Hasta 389 inmigrante llegaron en ocho embarcaciones a las playas de Andalucía, a Tarifa y a Motril, en Granada. Seis de las pateras con 358 inmigrantes (incluidos dos que trataban de cruzar el Estrecho a bordo de flotadores) llegaron a Tarifa. En el contingente se incluyeron tres bebés, seis menores y seis mujeres embarazadas. A su vez, ese mismo día en Granada, la Guardia Civil interceptó una embarcación neumática con 31 inmigrantes. En la Isla de Fuerteventura, un total de 72 inmigrantes fueron detenidos. Esta llegada masiva -que sólo puede compararse con la del 18 de agosto de 2001 cuando llegaron 567 inmigrante a las costas españolas- produjo un llamamiento por parte del gobierno español al gobierno marroquí para que detenga la partida de pateras. Pero esta formalidad, disfrazada de escándalo, no suena muy efectiva a la hora de encarar a fondo el problema de las mafias y la fábrica de esclavos.

El saldo de la llegada masiva del 15 de octubre fue de 36 inmigrantes ahogados de los 50 que llegaron a Rota en Cádiz y la denuncia por parte de las organizaciones humanitarias de que la Guardia Civil tardó una hora en acudir al rescate de los barcos luego de recibir las alertas. La guardia se defendió confirmando que no contaba ni siquiera con una verdadera embarcación de rescate. El 9 de noviembre de 2003 proporcionaron a la prensa un informe de la situación de las embarcaciones de rescate en la Bahía de Cádiz el día del naufragio. Contaban, es un modo de decir, con trece embarcaciones. Una patrullera ligera averiada desde el 15 de septiembre; otra patrulla ligera neumática averiada desde principios de agosto. Una lancha Sunseeker y una lancha neumática decomisadas e inoperativas por un temporal. Un barco de rescate averiado en el Puerto de Cádiz y un remolcador que acudió a Tarifa a ayudar a un pesquero marroquí. Finalmente contaban con cinco remolcadores, uno de ellos fue el que partió a las 8 de la noche para ayudar a la patera donde viajaban 50 personas de las cuales 36 perecieron ahogadas.

Sobre finales de octubre de 2003 comenzó a detectarse un fenómeno completamente nuevo: el de pateras exclusivamente cargadas con menores de edad: desde adolescentes hasta niños. Todos difíciles de deportar y probablemente ya vendida -su fuerza de trabajo o su cuerpo- por las mafias antes del embarque.

En el Nuevo Dorado, no sólo los puede esperar -a adultos o niños- la explotación. La muerte también se da cita abrazada a las malas condiciones de las embarcaciones en las que viajan y a un agua rebelde, no apta para quienes no están bien alimentados o no son consumados nadadores.

Durante 2003, un total de 76 inmigrantes murieron y 30 desaparecieron en aguas de Canarias debido al naufragio de las pateras en las que viajaban, según datos de la Delegación de Gobierno de Canarias. Todo ello sin contar la cantidad de pateras que pierden el rumbo mucho antes de avistar las costas y de las cuales es imposible tener una cifra.

Un total de 434 sin papeles ha arribado en patera a la isla de Lanzarote. Mientras tanto, a la isla de Fuerteventura han llegado por mar 2.765 inmigrantes. El Cabildo Insular de Fuerteventura viene exigiendo a la Administración del Estado una investigación en profundidad sobre las causas que produjeron las muertes y desapariciones de inmigrantes como consecuencia de los hundimientos de las pateras. Además, reclama al Gobierno que aumente las medidas de seguridad y los medios humanos y materiales adecuados para la eficacia de la vigilancia costera y el rescate de estas personas.

El viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración de Canarias, Benito Codina, afirma sin reparos que las mafias dedicadas al tráfico de personas modificaron la estructura de las pateras. Según pudo saberse, se pretende así lograr mayor rapidez y una travesía más corta, pero las embarcaciones son ahora aún menos estables. Benito Codina añadió que los cambios realizados en la altura de la borda y en la quilla permiten que la embarcación tenga menos rozamiento con el agua y sea más rápida. Sin embargo, este cambio también produce que el centro de gravedad de las pateras sea más alto y “cualquier embate hace que vuelquen”. Según la legislación española, no podrían navegar ni en un lago falso.

Caso 2
El mediterráneo teñido de muerte

Agosto de 2003 comenzó con la misma tragedia en aguas de Fuerteventura con la que se despidió el mes de julio. Diez inmigrantes murieron ahogados tras zozobrar su patera, sólo un día después de que otros 15 indocumentados fueran devorados por el mar. Ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, cerca de la costa, en la zona conocida como Los Charcos, en Jacomar, en el municipio de Antigua. La patera, en la que viajaban 29 personas, encalló contra unas rocas. Los inmigrantes salieron espantados del barco precario, que se hundía a un ritmo acelerado, pero a 10 de ellos les fue imposible alcanzar tierra. La gran mayoría de los africanos que llegan a las costas españolas no sabe nadar y, otros, con algunas nociones, no pueden hacer frente a la bravura de las aguas, ensañadas de corrientes; ni mucho menos pueden enfrentar el miedo o el cansancio después de una travesía tan agotadora como incierta. No llevaban chaleco salvavidas.

Los 10 cadáveres, entre los que se encuentra un menor de edad, fueron recuperados por la Guardia Civil, después de que un pescador, a primera hora de la mañana, los descubriera. Los 18 supervivientes, que fueron localizados ya amanecido el día, explicaron a la Guardia Civil que el patrón de la patera huyó por una zona montañosa tras el suceso.

Caso 3
Tumberos

El 18 de febrero de 2001 el periodista Javier Espinosa del diario El Mundo fue enviado especial a Beni Mellal, en Marruecos. Allí escribió una crónica tierna en la que cuenta la historia de los cadáveres de los marroquíes devueltos a su país y del encargado de transportarlos. Espinosa llamó a su crónica “El rubio de los cadáveres”. Es una cara desconocida pero altamente conmovedora del fenómeno de los africanos que quieren llegar al Dorado. Ellos también, aunque no parezca, tienen una familia que los llora. Es la historia de quienes no lo logran y mueren; es la historia de sus deudos en busca de los cuerpos muertos de sus seres amados. La crónica cuenta un viaje en la vida de Ángel Zamora, conocido como el rubio de los cadáveres, el hombre encargado de devolver los cuerpos muertos de los marroquíes que se ahogan en su intento de llegar a España. En la crónica Ángel cuenta al periodista de El Mundo que ese viaje era excepcional porque el tribunal les había permitido llevar las ropas de los 14 cadáveres. Logró meterlas en bolsas de color azul y les puso unas etiquetas. Una vez en el pueblo, Ángel tomó un alambre de tender ropa y extendió las vestimentas allí. Inmediatamente se arremolinó la gente alrededor de las prendas, intentando reconocer las de sus familiares. “Aquí resulta fácil -contó Ángel- porque no tienen más que dos pantalones y dos camisas. O sea, que todo el mundo sabe identificar a un muerto por la indumentaria que llevaba”. La gente lo paraba en la calle, se le tiraba encima. “Llegué a temer por mi integridad física porque algunas personas se volvían como locas. Acudieron casi un millar. Estuve dos semanas desplazándome de aldea en aldea con la ropa. Al final conseguimos identificar cinco cuerpos que trajimos a la semana siguiente para enterrarlos”.

Angel Zamora y su hermano Martín tienen un tanatorio que se ocupa de trasladar los cadáveres de la península a Marruecos. La empresa es todo un referente para cientos de familias marroquíes que sufrieron la pérdida de algún familiar en el Estrecho. Los hermanos no sólo dan sepultura a los cadáveres, afirma la crónica de Sepúlveda, actúan como detectives que indagan para descubrir la identidad de los inmigrantes fallecidos. “Aprovechamos los recorridos por Marruecos para preguntar a la gente, cuenta. Otras veces los muertos llevan números de teléfono en el bolsillo, lo que nos permite hablar con sus allegados. O si viene alguien de la misma localidad le dejamos ver el cuerpo y le pedimos que con esa referencia pregunte en su pueblo. Ahora han comenzado a tomar muestras de ADN y la semana pasada vino un doctor de Rabat buscando a un familiar”. A veces Ángel atraviesa por la noche las rutas marroquíes sólo con su camioneta llena de cadáveres y probablemente se siente dichoso, en el medio de semejante desgracia, de poder devolver con la muerte la dignidad de un nombre y la de una sepultura que macabramente se convierte en lo más humano que quienes viajan en una patera pueden conseguir.

Dos años después, no se sabe nada de El rubio de los cadáveres, no se sabe si sigue con este trabajo o si ahora se habrá convertido en un buitre más, de esos que se aprovechan de la desgracia de los inmigrantes. El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, ATIME, de Andalucía, Kamal Rahmouni, solicitó en noviembre de 2003 la intervención de las autoridades españolas para evitar una situación indecorosa, probablemente ilegal: las funerarias españolas piden para la repatriación de los cadáveres de los inmigrantes entre mil ochocientos y tres mil euros. Las familias no pueden asumir ese coste para devolver a sus muertos a casa, sobre todo cuando la muerte también se llevó la única esperanza de salir de la pobreza que les quedaba. Los 2 mil euros de media que se necesitan son excesivos para gente que no tiene ni para comer.

Kamal Rahmouni expresó que es el Gobierno marroquí quien tiene la responsabilidad moral y política de hacerse cargo de la repatriación de los cadáveres. En el caso de las víctimas del naufragio registrado el día 25 de octubre de 2003 frente a las costas de Rota la Fundación Hassan II, gestionada por la Casa Real Alauí, se hizo cargo de la repatriación de los muertos.

Un total de 54 familias de las víctimas de aquel naufragio continúan todavía a la espera de confirmar la muerte de alguno de sus miembros, pero sólo tres pudieron desplazarse hasta Algeciras para identificar los cadáveres que permanecen en el tanatorio de Los Barrios, en Cadiz, ya que el resto tuvo problemas para conseguir el visado, según ha declarado Rahmouni.

De los 36 cadáveres que permanecen en Los Barrios sólo uno ha sido identificado en la funeraria por su hermano, que ya residía en Europa, por lo que se está tramitando su repatriación. Entre los cuerpos restantes, sólo tres pueden ser reconocidos de forma visual, mientras que los otros 32 se encuentran en un estado “muy complicado, casi descompuestos”, por lo que ha de procederse a las pruebas de ADN.

Todos los inmigrantes ilegales que mueren en su intento por alcanzar Europa y que no pueden ser identificados son enterrados en España. Los cementerios de los municipios de la Bahía de Algeciras están repletos de sepulturas anónimas encabezadas por este epígrafe: “Inmigrante número X”, a la espera de su reclamación.

Caso 4

Edith es una nigeriana de 23 años. La dejaron embarazada en la frontera de Ujda dos violadores. Quería llegar a Tánger para allí subirse a una patera. Era la segunda vez que lo intentaba. La primera vez fue detenida por un policía en la mezquita de Tánger porque se atrevió a salir de la chabola donde permanecía escondida. En Marruecos ya no quieren saber nada con los subsaharianos y están obligados a esconderse. Han cerrado las dos pensiones que solían alojarlos antes de subir a la patera y lo único que les queda es irse a los bosques o a barrios marginales a conseguir algún lugar en una chabola hasta que salga la patera. Eso es lo que estaba haciendo Edith esa primera vez. Fue deportada a la frontera y en su nuevo intento tardó un mes en llegar de nuevo a Tánger caminando. Se puso bajo la protección de un “father” que cuando supo que estaba embarazada de cuatro meses, la obligó a abortar. Y así lo hizo. El aborto y el dinero fueron su billete para llegar a España.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 2 semanas

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 3 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: