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Le dan prisión domiciliaria al femicida de Lourdes Aragio por tener hongos en los pies

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Los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones aceptaron el pedido de la defensa de Raúl Antonio Devias, alias «El Gitano», al concederle prisión domiciliaria por tener una infección en los pies. Devias está acusado de matar a su ex pareja Lourdes Aragio y descartar el cuerpo en la zona de Colegiales, donde fue encontrado envuelto en una frazada y en grado de descomposición. Por qué se había pedido la prisión preventiva del femicida y cuáles son los argumentos del nuevo vergonzoso fallo. La historia de violencia y drogas y el desesperado pedido de ayuda de Lourdes que terminó de la peor manera.
Por Lucrecia Raimondi

El acusado por el femicidio de Lourdes Aragio fue beneficiado ayer con prisión domiciliaria por tener hongos en los dedos de los pies. Raúl Antonio Devias, alias “El Gitano”, podrá residir en la casa de sus padres en Colegiales (situada en frente de la suya, donde habría matado a Lourdes) con una tobillera electrónica por tener “una micosis interdigital con erosión cutánea en pies”. Lourdes fue hallada muerta envuelta en una manta el pasado 18 de junio en ese barrio porteño y a Devias lo detuvieron como autor del crimen, junto a Gabriel Fernando Massara, acusado de encubrimiento por ayudar a descartar el cuerpo.
Los jueces Pablo Guillermo Lucero e Ignacio Rodríguez Varela, de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, dieron lugar al pedido de la defensa y consideraron que el acusado podía ser beneficiado por “la singularidad del hecho investigado y las circunstancias extraordinarias de la conducta atribuida a Devias, las cuales aún no han sido completamente esclarecidas”. Además, plantearon en el fallo que “la gravedad del suceso que podría determinarse tampoco reviste carácter dirimente para decidir la cuestión”. 
Para estos jueces, los hongos en los pies aplican a la excepcionalidad de la prisión domiciliaria como una enfermedad que no puede ser tratada dentro del penal -de Marcos Paz-. Y entienden que en este caso, aún no esclarecido, es necesario un “adecuado equilibrio entre la neutralización de los peligros procesales comprobados en autos y la aplicación del mínimo rigor estatal para garantizar la aplicación de la ley material en este caso concreto”.
Antonio Devias padece de Disipela, una infección en la piel que puede presentarse en diferentes partes del cuerpo y corre riesgo de muerte si se propaga y agrava una lesion. El juez de instrucción autorizó a que los familiares del procesado ingresen la medicación para su tratamiento. 
La prisión preventiva la había dispuesto el juez de instrucción del Juzgado 26, Damian Kierszembaum, quien consideró que de estar en libertad “habría peligro de fuga y un detrimento del proceso de investigación que está en sus inicios”. Devias, según este juez, practicó un “ocultamiento siniestro” de la muerte de Lourdes y está procesado por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediado violencia de género”. 

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Lourdes tenía 32 años y dos hijos.

¿Por qué la prisión preventiva? 

Kierszembaum entendió que existe “la posibilidad que el imputado entorpezca las medidas pendientes encuentra especial fundamento en el hecho que la muerte de María Lourdes Arangio Frixione habría sucedido en el interior del domicilio del acusado, donde aún no se descarta la realización de nuevas pruebas. Además, Devias podría presionar a aquellos testigos que  aún no han declarado en la causa para que sus testimonios lo beneficien en detrimento de la investigación”.
También, el juez de instrucción analizó el accionar de Devias e indicó: “Tal pronóstico encuentra fuerte sustento en la actividad que habría llevaba a cabo Devias tras la muerte de María Lourdes Arangio Frixione, en tanto el nombrado habría intentado descartar el cuerpo de la víctima con ayuda de terceros. Entiendo por tanto que los datos objetivos señalados permiten sostener que, de recuperar la libertad, tanto Raúl Antonio Devias como Gabriel Fernando Massara eludirán el accionar de la justicia y entorpecerán el proceso. Como esta circunstancia se da en el presente, la privación de libertad anticipada se justifica plenamente y por ello se dispondrá la prisión preventiva de los encausados”.
La investigación no detalló aún en qué condiciones murió Lourdes, pero sí que “la muerte de la víctima pudo haber sido provocada por medios violentos, la provisión insidiosa o el suministro excesivo de drogas con conocimiento del desenlace fatal que ello podría provocar”. Lourdes sufrió un edema pulmonar que le causó la muerte, en un contexto de grave adicción y probada violencia de género. Antonio Devia negó ante el juez tener con ella una relación de pareja. Pero en la causa quedó probado que sí, y también que le proveía las drogas. 
Por último, el juez analizó el accionar de Devias e indicó: “Tal pronóstico encuentra fuerte sustento en la actividad que habría llevaba a cabo Devias tras la muerte de María Lourdes Arangio Frixione, en tanto el nombrado habría intentado descartar el cuerpo de la víctima con ayuda de terceros. Entiendo por tanto que los datos objetivos señalados permiten sostener que, de recuperar la libertad, tanto Raúl Antonio Devias como Gabriel Fernando Massara eludirán el accionar de la justicia y entorpecerán el proceso. Como esta circunstancia se da en el presente, la privación de libertad anticipada se justifica plenamente y por ello se dispondrá la prisión preventiva de los encausados”.
El fallo de procesamiento detalla los ocultamientos siniestros en los que se basó el juez para dictar la prisión preventiva. “No se trató de un plan espontáneo e improvisado de una persona bajo los efectos de estupefacientes, como pretende sostener Devias en su descargo escrito, sino que (aunque infectuoso) fue un plan consciente y elaborado, lo que abona a la hipótesis homicida”.
Devias declaró haber descubierto de forma casual el cuerpo, que al 18 de junio presentaba un avanzado estado de descomposición. Y declaró que lo descarto con ayuda de Massara (hermano de un policía y con una causa de restricción abierta por su ex pareja), sin consciencia de sus actos por “estar en vigilia” después de consumir. Esa estrategia se desarmó por lo poco creíble.
Según registró la cámara de un salon de fiestas, se deshizo del cuerpo en horas de la madrugada cuando no había gente en la calle y muy poca luz.  

El juez de instrucción fue contundente: “Muy posiblemente Arangio Frixione haya muerto en el mismo cuarto que habitualmente utilizaba Devias. Ello me permite descartar que el imputado haya advertido el deceso de la víctima el mismo día que decidió ocultarlo. Por el contrario, lleva a considerar que Devias podría haber preservado, adrede, el cuerpo por varios días en su domicilio luego del óbito, con el fin de contar con la oportunidad justa para descartarlo o, incluso, para que su descomposición natural elimine los rastros que pudieran indicar las causales de la muerte”.
Además, la investigación determinó que Devias eliminó los rastros de la muerte que quedaron en el domicilio. Lavó compulsivamente sábanas, ropas, frazadas y alfombras. Limpió sectores de la casa donde se encontraron posibles rastros de sangre, como la cabecera de la cama donde dormía y probablemente falleció Lourdes entre el 15 y el 18 de junio. 

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Devias, alias «El Gitano», intentó pagarle a un vecino para que descartara el cadáver.

El testigo clave

El padre de Lourdes la buscaba con insistencia sin éxito. El 17 de junio, aproximadamente 15 horas antes de que el cuerpo fuera abandonado en la vía pública, le envió un mensaje a quien era la pareja de su hija: 
“Antonio mañana a la tarde paso por su casa a buscar a Lourdes”, y le pidió que confirmara la dirección de la casa. Obtuvo respuesta al día siguiente. 
“Buen día ya hace como 1 mes que no estamos más juntos esta con un chorro del bajo Belgrano yo estoy con otra chica”, mintió minutos después de abandonar el cuerpo. 
Raul Antonio Devias ocultó muerta en su domicilio por 72 horas a su pareja y esporádica conviviente, y la descartó envuelta en una frazada, a pocos metros de su vivienda, el 18 de junio en el barrio de Colegiales. La encontraron debajo de un camión, con lesiones en el cuello, los glúteos y quemaduras en ambas piernas. 
La última vez que vieron con vida a María Lourdes Aragio Frixione fue el 11 de junio. A las 14 le pidió ayuda a un desconocido de profesión psicólogo, que pasaba por la calle Céspedes, quien declaró intuir en ella un estado de “brote psicótico o intoxicación”. Y horas más tarde, otro muchacho la encontró a pocos metros de la casa del imputado temblando de frío, alterada y confusa. Ella le pidió un cigarrillo, él le ofreció ayuda.
A este último testigo, Lourdes le dio su nombre, le indico el número de Devias para que lo llamara por teléfono y le pidió repetidamente que no se fuera. Devias salió de su domicilio. Lourdes se puso de frente al desconocido, muy cerca, y le dijo: “Yo te dije mi nombre y apellido, si llego a desaparecer vos sabés mi nombre”.
Entró a la casa sobre la calle Céspedes. Nunca más salió. 

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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños 

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El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

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Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Por Claudia Acuña

El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y  familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación:  es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.

Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.

¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.

A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.

Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.

El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.

Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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