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En medio de la crisis, avanza en silencio la reforma del Código Penal

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Mientras en la calle movimientos sociales reclamaban la emergencia social y alimentaria y la Marcha por el gatillo fácil el cese de la represión, un Congreso paralizado se reunió para tratar la reforma del Código Penal. El anteproyecto incorpora más figuras penales y menos derechos y plantea fuertes retrocesos en materia de aborto. Por qué los distintos partidos proyectan obtener la media sanción antes de fin de año. Crónica de una reunión clave que, en medio de la crisis, busca pasar desapercibida.
“Cuando venía para acá, vi que el Congreso estaba cubierto de todo un telaje que me dio escalofrío: lo único que falta es que aparezca un mago y haga desaparecer el Congreso”. Con esas palabras, el senador Pedro Guastavino (Frente Para la Victoria) dio inicio a la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside para tratar el anteproyecto de reforma del Código Penal.
No fue magia: el Congreso está prácticamente paralizado, pero tanto Guastavino como Federico Pinedo (PRO) impulsan este anteproyecto en medio de una crisis social y económica grave. “Vamos a continuar dándole tratamiento más allá del contexto político electoral que está viviendo el país, que obviamente afecta el funcionamiento del Congreso de la Nación”, sostuvo Guastavino.
La intención: “Poder arribar a fin de año por lo menos con un dictamen que nos permita llegar a la medida sanción también este año”.
La sesión pudo seguirse en vivo en el canal de YouTube del Senado, pero durante la tarde no superó las 200 reproducciones.

Más figuras penales, menos derechos: cuáles son los retrocesos en materia de aborto que plantea el nuevo Código

Les expositores

La reunión de comisión arrancó a las 15.11 horas con no más de diez senadores y senadoras presentes. En la primera fila estaban Silvia Beatriz Elías de Perez, Néstor Pedro Braillard Poccard y Federico Pinedo, todos del PRO. También María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Partido Renovador de Salta), Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico y Social) y Rodolfo Julio Urtubey (PJ), entre otrxs.
Una locutora fue presentando a cada invitadx, cuatro en esta primera reunión:

  • Juan Pablo Montiel, Director de Crimint (Centro Internacional de Investigación Aplicada en Derecho Penal) que habló principalmente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Santiago Marino Aguirre, Defensor Público Oficial, quien habló en su exposición sobre la sobrepoblación que hay en las cárceles, y preguntó: «¿Quiénes son los que van presos?»
  • Graciela Dubrez, Presidenta de la ONG Observatorio Internacional de Prisiones sección Argentina, que retomó lo dicho por el anterior expositor y describió a las cárceles argentinas como “mero depósito de personas”.
  • Ismael Jalil,  en representación de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que unió su exposición con la calle: la marcha contra el gatillo fácil y las movilizaciones de los movimientos sociales ese mismo día.

En ese orden, cada unx expuso sus consideraciones sobre el primer libro del proyecto del nuevo Código Penal que plantea «disposiciones generales». El segundo libro corresponde a «delitos» y el tercero al de «delitos contra el orden internacional». En total, los tres libros suman 208 páginas y tienen 540 artículos, 220 más que el vigente.
La reunión transcurrió en el Salón Rosado del primer piso del Parlamento. La sala estuvo dividida por una soga. Adelante: senadores, senadoras, asesores e invitados  sentados. Atrás: periodistas y público parados: no había sillas para el público ni para los periodistas.
Entre quienes aguantaron paradas las dos horas estuvo Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en 2016. En mayo de este año Marta y su marido Guillermo Pérez convocaron a una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados donde anunciaron la presentación del pedido de destitución por mal desempeño de los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata (Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale), que en noviembre del año pasado absolvieron a los femicidas de su hija.

Alerta: graves retrocesos en materia de aborto en el nuevo Código Penal

Mientras tanto, la calle

Mientras tanto, miles de personas, en ese mismo momento, marchaban desde Congreso a Plaza de Mayo en la 5ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. “En 100 años de Código Penal las cárceles han estado siempre desbordadas por los hijos de las clases trabajadoras. Cada vez que reformaron lo hicieron para peor”, dijo Ismael Jalil de CORREPI a lavaca.

  • ¿Cómo se lee entonces que se esté haciendo esta sesión en este contexto?
  • Es mucho más que una paradoja que el Congreso que está cerrado y en medio de la más grande crisis que tiene el país se abra para discutir criterios todavía más punitivos con relación al pueblo, que está pidiendo el cese de esta política de hambre y de las políticas represivas. Esto es lo paradójico: las instituciones por un lado y la calle por el otro. Un ejemplo: hoy, uno de cada cinco femicidios es a manos del Estado porque es un uniformado con arma reglamentaria. Con relación a los jóvenes, la franja de 15 a 25 años es la víctima del gatillo fácil y después hay una franja que va un poco más arriba en la edad que es la que termina siendo víctima en los lugares de detención: la tortura seguida de muerte.
  • ¿Considera que está contemplada la mirada desde los movimientos sociales en el proyecto?
  • Para nada. Se encerraron en una cúpula los que tenían necesidad de darle respuesta exclusivamente a la clase dominante;  todo pasa por levantar los niveles de pena, por poner figuras cada día más fuertes. No tuvimos ningún tipo de posibilidad de entrar a esa comisión a decir nada. No deja de ser emblemático que se abra la discusión en un momento como éste, donde tendrían que estar todos los senadores, todos los diputados, discutiendo cómo se sale de esta crisis, o por lo menos cómo se sostiene a nuestro pueblo en esta crisis: emergencia alimentaria y basta de represión en la calle.

La ley del poder

La abogada especialista en derechos humanos, Verónica Heredia, también estuvo en la reunión de Comisión escuchando a les expositores. “El Código Penal es la ley del poder, por eso en esta coyuntura no puede debatirse este código en Argentina. La selectividad de las conductas que serán atrapadas por la violencia del Estado claramente se proyecta en la selectividad de las personas. Esta decisión la toma quien tiene el poder”, explicó a lavaca luego de la reunión y mientras las calles gritaban en contra de la violencia institucional.
“El Congreso de la Nación no sesiona hace dos meses; el Poder Judicial está sospechado del lugar más oscuro de la sociedad y el Poder Ejecutivo carece de toda legitimidad. La población reclama emergencia alimentaria y marcha contra las muertes en manos del Estado. En ese contexto, el Senado solo abre las puertas para debatir del Proyecto del Código Penal propuesto por un Poder Ejecutivo devaluado. Se explica este debate en la complicidad de quienes aspiran al poder ya que este Código les garantiza gobernabilidad del modelo extractivo y depredador, con mayor posibilidad en el despliegue de la violencia del Estado: menos derechos a las mujeres, más cárceles a los disconformes”.
La próxima reunión será la segunda semana de septiembre.

Alerta Senado: avanza el debate por la reforma del Código Penal

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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