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En medio de la crisis, avanza en silencio la reforma del Código Penal

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Mientras en la calle movimientos sociales reclamaban la emergencia social y alimentaria y la Marcha por el gatillo fácil el cese de la represión, un Congreso paralizado se reunió para tratar la reforma del Código Penal. El anteproyecto incorpora más figuras penales y menos derechos y plantea fuertes retrocesos en materia de aborto. Por qué los distintos partidos proyectan obtener la media sanción antes de fin de año. Crónica de una reunión clave que, en medio de la crisis, busca pasar desapercibida.
“Cuando venía para acá, vi que el Congreso estaba cubierto de todo un telaje que me dio escalofrío: lo único que falta es que aparezca un mago y haga desaparecer el Congreso”. Con esas palabras, el senador Pedro Guastavino (Frente Para la Victoria) dio inicio a la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside para tratar el anteproyecto de reforma del Código Penal.
No fue magia: el Congreso está prácticamente paralizado, pero tanto Guastavino como Federico Pinedo (PRO) impulsan este anteproyecto en medio de una crisis social y económica grave. “Vamos a continuar dándole tratamiento más allá del contexto político electoral que está viviendo el país, que obviamente afecta el funcionamiento del Congreso de la Nación”, sostuvo Guastavino.
La intención: “Poder arribar a fin de año por lo menos con un dictamen que nos permita llegar a la medida sanción también este año”.
La sesión pudo seguirse en vivo en el canal de YouTube del Senado, pero durante la tarde no superó las 200 reproducciones.

Más figuras penales, menos derechos: cuáles son los retrocesos en materia de aborto que plantea el nuevo Código

Les expositores

La reunión de comisión arrancó a las 15.11 horas con no más de diez senadores y senadoras presentes. En la primera fila estaban Silvia Beatriz Elías de Perez, Néstor Pedro Braillard Poccard y Federico Pinedo, todos del PRO. También María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Partido Renovador de Salta), Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico y Social) y Rodolfo Julio Urtubey (PJ), entre otrxs.
Una locutora fue presentando a cada invitadx, cuatro en esta primera reunión:

  • Juan Pablo Montiel, Director de Crimint (Centro Internacional de Investigación Aplicada en Derecho Penal) que habló principalmente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Santiago Marino Aguirre, Defensor Público Oficial, quien habló en su exposición sobre la sobrepoblación que hay en las cárceles, y preguntó: «¿Quiénes son los que van presos?»
  • Graciela Dubrez, Presidenta de la ONG Observatorio Internacional de Prisiones sección Argentina, que retomó lo dicho por el anterior expositor y describió a las cárceles argentinas como “mero depósito de personas”.
  • Ismael Jalil,  en representación de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que unió su exposición con la calle: la marcha contra el gatillo fácil y las movilizaciones de los movimientos sociales ese mismo día.

En ese orden, cada unx expuso sus consideraciones sobre el primer libro del proyecto del nuevo Código Penal que plantea «disposiciones generales». El segundo libro corresponde a «delitos» y el tercero al de «delitos contra el orden internacional». En total, los tres libros suman 208 páginas y tienen 540 artículos, 220 más que el vigente.
La reunión transcurrió en el Salón Rosado del primer piso del Parlamento. La sala estuvo dividida por una soga. Adelante: senadores, senadoras, asesores e invitados  sentados. Atrás: periodistas y público parados: no había sillas para el público ni para los periodistas.
Entre quienes aguantaron paradas las dos horas estuvo Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en 2016. En mayo de este año Marta y su marido Guillermo Pérez convocaron a una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados donde anunciaron la presentación del pedido de destitución por mal desempeño de los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata (Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale), que en noviembre del año pasado absolvieron a los femicidas de su hija.

Alerta: graves retrocesos en materia de aborto en el nuevo Código Penal

Mientras tanto, la calle

Mientras tanto, miles de personas, en ese mismo momento, marchaban desde Congreso a Plaza de Mayo en la 5ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. “En 100 años de Código Penal las cárceles han estado siempre desbordadas por los hijos de las clases trabajadoras. Cada vez que reformaron lo hicieron para peor”, dijo Ismael Jalil de CORREPI a lavaca.

  • ¿Cómo se lee entonces que se esté haciendo esta sesión en este contexto?
  • Es mucho más que una paradoja que el Congreso que está cerrado y en medio de la más grande crisis que tiene el país se abra para discutir criterios todavía más punitivos con relación al pueblo, que está pidiendo el cese de esta política de hambre y de las políticas represivas. Esto es lo paradójico: las instituciones por un lado y la calle por el otro. Un ejemplo: hoy, uno de cada cinco femicidios es a manos del Estado porque es un uniformado con arma reglamentaria. Con relación a los jóvenes, la franja de 15 a 25 años es la víctima del gatillo fácil y después hay una franja que va un poco más arriba en la edad que es la que termina siendo víctima en los lugares de detención: la tortura seguida de muerte.
  • ¿Considera que está contemplada la mirada desde los movimientos sociales en el proyecto?
  • Para nada. Se encerraron en una cúpula los que tenían necesidad de darle respuesta exclusivamente a la clase dominante;  todo pasa por levantar los niveles de pena, por poner figuras cada día más fuertes. No tuvimos ningún tipo de posibilidad de entrar a esa comisión a decir nada. No deja de ser emblemático que se abra la discusión en un momento como éste, donde tendrían que estar todos los senadores, todos los diputados, discutiendo cómo se sale de esta crisis, o por lo menos cómo se sostiene a nuestro pueblo en esta crisis: emergencia alimentaria y basta de represión en la calle.

La ley del poder

La abogada especialista en derechos humanos, Verónica Heredia, también estuvo en la reunión de Comisión escuchando a les expositores. “El Código Penal es la ley del poder, por eso en esta coyuntura no puede debatirse este código en Argentina. La selectividad de las conductas que serán atrapadas por la violencia del Estado claramente se proyecta en la selectividad de las personas. Esta decisión la toma quien tiene el poder”, explicó a lavaca luego de la reunión y mientras las calles gritaban en contra de la violencia institucional.
“El Congreso de la Nación no sesiona hace dos meses; el Poder Judicial está sospechado del lugar más oscuro de la sociedad y el Poder Ejecutivo carece de toda legitimidad. La población reclama emergencia alimentaria y marcha contra las muertes en manos del Estado. En ese contexto, el Senado solo abre las puertas para debatir del Proyecto del Código Penal propuesto por un Poder Ejecutivo devaluado. Se explica este debate en la complicidad de quienes aspiran al poder ya que este Código les garantiza gobernabilidad del modelo extractivo y depredador, con mayor posibilidad en el despliegue de la violencia del Estado: menos derechos a las mujeres, más cárceles a los disconformes”.
La próxima reunión será la segunda semana de septiembre.

Alerta Senado: avanza el debate por la reforma del Código Penal

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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