#NiUnaMás
Ley de Emergencia YA: tres proyectos para poner freno a la violencia machista
Diferentes iniciativas legislativas en el ámbito nacional, bonaerense y porteño recogieron la urgencia de pensar y destinar herramientas y presupuestos que permitan poner freno a la violencia machista en el país, agudizada durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, desde el comienzo de la cuarentena obligatoria se cometieron 60 femicidios y 17 travesticidios. El proyecto que ya se votó en la provincia de Buenos Aires. Qué se va a discutir en el Congreso nacional. Y los principales puntos para la Ciudad. Un repaso por todas las iniciativas que parten de un hecho concreto: la prevención y erradicación de la violencia machista es obligación del Estado, y lo está incumpliendo.

La emergencia en violencia machista se volvió pandemia durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde el comienzo de la cuarentena, se cometieron 60 femicidios y 17 travesticidios, según el Observatorio de Violencia Patriarcal “Lucía Pérez”. Solo en femicidios, los casos llegan a 133 en este 2020. Por ese motivo, diferentes iniciativas legislativas recogieron la urgencia en el ámbito nacional, bonaerense y porteño para destinar herramientas y presupuesto que permitan poner freno a esa violencia.
En la Provincia de Buenos Aires, el proyecto se convirtió ley por unanimidad en ambas cámaras y se sancionó así, por el plazo de un año, la “Emergencia de Género y Violencia Familiar”.
En el Senado del Congreso nacional, una iniciativa similar fue presentada por la senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, pero aún no tuvo tratamiento. Lo mismo ocurre en la legislatura porteña, con el proyecto presentado por la legisladora Laura Velasco.
Todas las iniciativas dan cuenta que se necesitan más recursos para dar respuesta a una situación que se agudizó durante la cuarentena y que pone el riesgo incontable cantidad de vidas. Desde mayores asignaciones presupuestarias, garantizar la eficacia las estrategias de protección a las personas que ya están en situación de violencia o el fortalecimiento de los Hogares Integrales, la prevención y erradicación la violencia machista es obligación del Estado, y lo está incumpliendo.
1) Provincia de Buenos Aires: la emergencia es ley
Por unanimidad en las Cámaras de Diputados y Senadores, se sancionó la Ley de Emergencia de Género y Violencia Familiar mediante el cual se encomienda al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense a “llevar adelante las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad, a cuyo efecto estará facultado a disponer y reasignarlas partidas presupuestarias necesarias”.
Los fundamentos del proyecto comienzan relevando la cantidad de femicidios ocurridos durante el año y enmarca la situación en la pandemia: “Lamentablemente la coyuntura actual que prevee el aislamiento preventivo social y obligatorio para todas las ciudadanas y ciudadanos, conlleva un peligro extra para las víctimas de violencia”. En ese sentido, el proyecto fue impulsado dado que la ley por la que se declarró el estado de emergencia social, económica, productiva y energética en el ámbito bonaerense, no disponía medidas para atender la pandemia de la violencia machista.
Para lograr el consenso se tomó como estructura central un proyecto presentado por la diputada por Juntos por el Cambio, Noelia Ruiz, y se incorporaron artículos de proyectos de otras diputadas, al igual que aportes de distintos bloques. “Así llegamos a un único proyecto que fue votado por unanimidad”, dice Ruiz a lavaca. “Todos coincidimos que esta situación es una emergencia, los números lo dicen por sí solo. Esto venía sucediendo, lo que hace la pandemia es agravar las circunstancias. No tuvimos discrepancias en términos políticos, es una preocupación transversal”.
Según datos relevados por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, desde el 19 de marzo al 22 de mayo se recibieron en la provincia de Buenos Aires cerca de 7000 llamados de los cuales el 40% fueron por situaciones de violencia de género. Durante marzo se atendieron 56 casos críticos, durante abril 199 y durante mayo (hasta el viernes 22) se atendieron 203, entendiendo casos críticos como “casos de alto riesgo”, explicaron desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.
La ley declara la emergencia por el plazo de un año. Dice Ruiz: “Lo que el proyecto busca es darle más herramientas al Poder Ejecutivo y profundizarlas, que las pueda usar de manera más ágil porque el gran problema de la administración pública son los tiempos de la burocracia. La emergencia lo que te permite es más agilidad y en este caso, como muchos otros, el tiempo salva vidas”.
Los principales puntos del proyecto:
- Fortalecer la Red de Hogares Integrales, articulando las intervenciones entre las distintas jurisdicciones, construyendo procedimientos y protocolos comunes de ingreso, permanencia y salida, adecuando estándares básicos comunes de atención.
- Autorizar la contratación directa, con oportuna rendición de cuentas, de hoteles, hosterías, hostales y todo tipo de establecimiento que brinde servicios de hotelería o alojamiento temporario, a afectos de que transitoriamente cumplan las funciones de refugios temporarios como instancias de tránsito para la atención y albergue de las personas víctimas de violencia y la de sus convivientes.
- Fortalecer las articulaciones con el Poder Judicial para construir alertas tempranas, garantía de medidas de protección, dispositivos para varones violentos en casos críticos y de alto riesgo.
- Coordinar con los gobiernos municipales la asignación de recursos presupuestarios para efectuar contrataciones y capacitaciones en orden a fortalecer y a conformar nuevas unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia.
- Articular en todo el territorio provincial la red de organizaciones sociales especializadas en violencia familiar y por razones de género y diversidad que actúen en coordinación con los organismos gubernamentales de cada jurisdicción.
- Promover campañas de difusión masiva de prevención y asistencia de la violencia, con especial enfoque a la divulgación de los recursos disponibles.
2) Nación: el proyecto de la presidenta de la Banca de la Mujer
El 17 de abril, ingresó en Senadores el proyecto de ley que busca declarar la emergencia pública por violencia machista en todo el país por el término de dos años. Lo presentó la senadora Norma Durango (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de la Mujer en esa Cámara. El texto fundamenta: “La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas en todo el mundo. Está arraigada en estructuras sociales construidas en base a estereotipos y prejuicios de género; trasciende límites de edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; afecta a todas las sociedades. El femicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres”.
Tras su presentación, la senadora Durango dijo a lavaca: “Queremos que el Poder Ejecutivo tenga mayor presupuesto para poder afrontar esta situación que también es una pandemia. Que se tomen medidas que sé que son difíciles. Queremos que en todo el territorio haya al menos un refugio y que los sistemas de alerta estén mucho más coordinados. Que estén coordinadas las fuerzas de seguridad. Que se tomen las medidas y no lleguemos tarde”.
Aunque el Senado comenzó a sesionar y trabajar de manera remota, el proyecto aún no tuvo tratamiento en las comisiones asignadas: Banca de la Mujer y Presupuesto y hacienda. Desde el recinto informaron a lavaca que se está trabajando en el consenso de varios proyectos y también a la espera de que se conozca el plan que se está elaborando desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Los principales puntos del proyecto:
- Facultar a Jefatura de Gabinete de Ministros a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la emergencia declarada.
- Coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia por razones de género, según lo previsto por el artículo 10 inciso 2 de la Ley Nº 26.485.
- Crear en todo el territorio nacional al menos UN (1) Hogar de Protección Integral o refugio en cada jurisdicción.
- Fortalecer todas las estrategias de protección a las personas en situación de violencia por razones de género.
- Fortalecer el sistema de alerta temprana y geolocalización inmediata a utilizar en situaciones de violencia por razones de género en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales en lo que respecta al ámbito territorial de su competencia.
- Reforzar los mecanismos de articulación y coordinación con el Poder Judicial de cada provincia para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por razones de género.
- Fortalecer los mecanismos de acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva.
- Fortalecer las capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27.499.
- Fortalecer las redes territoriales de acompañamiento comunitario que trabajen con situaciones de violencia por razones de género.
- Suscribir convenios de cooperación con organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la problemática de la violencia de género.
- Establecer para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia por razones de género, una asignación económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso.
3) Ciudad de Buenos Aires: la creación de un plan de acción
En la legislatura porteña, fue la legisladora Laura Velasco, del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, quien presentó el proyecto que busca declarar la emergencia en materia social por violencia de género en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “con el objetivo primordial de disminuir el número de víctimas por violencia contra las mujeres y mujeres trans y travesties”, fundamenta el texto.
Según datos del Observatorio Lucía Pérez, el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad atendió 1139 casos de amenazas, lesiones, hostigamiento, maltrato e intimidación, entre otros. Asimismo, los jueces en lo Contencioso, Administrativo y Tributario tuvieron a su cargo 483 casos, entre los que se destacan amparos de asistencia alimentaria y habilitacionales.
El proyecto presentado por Velasco, que retoma distintos proyectos presentados, propone la creación del “Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género”, que la legisladora explica: “Lo que plantea es el fortalecimiento de las políticas públicas con presupuesto, por eso el planteo de emergencia”.
Actualmente se está tratando en asesores para pasar a tratarse entre legisladores y legisladoras: “Entendemos que es importante avanzar de cara al 3 de junio, que los derechos de las mujeres se fortalezcan y poder ampliar la asignación presupuestaria para que las políticas sean serias”, sostiene la autora. En ese sentido, en la última semana desde la legislatura dialogaron con la Directora General de la Mujer de la Ciudad luego de que las trabajadoras de la Línea 144 hicieran paro por las condiciones laborales. “Nos parece fundamental que las condiciones laborales sean otras: hoy son trabajadoras esenciales. Distintas legisladoras dimos cuenta de la situación para que institucionalmente se pueda considerar en un grado de prioridad y darle una salida, en este sentido la ampliación presupuestaria seria importantísima”.
Sobre la posibilidad de construir la transversalidad necesaria para que el proyecto se convierta en ley, la legisladora sostuvo que, aunque la construcción es “difícil” en un momento en que la pandemia sanitaria para adentro de cada espacio está generando distintas posturas, “se ha instalado cada vez más fuertemente la necesidad de parar esta barbarie”.
Y agregó: “Tenemos el desafío de ver si efectivamente podemos pensar estas políticas como transversales y poder discutir un proyecto como la emergencia nos da la posibilidad de hacerlo”.
Los principales puntos del proyecto:
- Creación de refugios como instancias de tránsito para la atención y albergue de las personas víctimas de violencia de género para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad psicofísica y sexual, y/o para la de sus hijos/as, siempre y cuando no se pueda excluir al agresor del domicilio.
- Creación de un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas de violencia en coordinación con las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales.
- Creación el Registro Único de Casos de Violencia de Género a los efectos de contar con estadísticas oficiales para el diseño y elaboración de políticas en la materia.
- Creación de Cuerpo de Abogadas y Abogados de la CABA para Víctimas de Violencia de Género.
- Creación de equipos interdisciplinarios para la atención médica, psicológica y contención integral de víctimas de violencia de género.
- Creación del Cuerpo de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia de Género para prevenir y erradicar la violencia de género en zonas de alta vulnerabilidad social que tendrá como objetivo conocer y difundir los dispositivos de asistencia y prevención existentes, así como el acompañamiento en la derivación y asistencia a las víctimas de violencia género.
- Creación de la Asignación Especial para las Víctimas de Violencia de Género en Situación de Vulnerabilidad Social, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, cuyo importe no podrá ser inferior al valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.
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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.
Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.
Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.
Los narcos robados
A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.
Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.
Quiénes están en prisión
Hasta el momento las nueve personas detenidas son:
- Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
- Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
- Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
- Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
- Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
- Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
- Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
- Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.
Vínculo de confianza
Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.
Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.
Ya pasó un mes.
Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia.
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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por Evangelina Bucari
Fotos: Carlos Luna @un_chino.of
Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.
La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

La bandera en la marcha.
Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.
En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

La presencia mapuche en el acto por Azul.
Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.
“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.
La violencia avanza
El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia.
Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.
Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.
“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.
Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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