Nota
Límites
Hay un solo tipo de frontera que jamás debería trasponerse. Hace tiempo que el periodismo la cruzó y es probable que ya ni la recuerde. Esa amnesia es, quizá, lo único que distingue a los prudentes de los bárbaros: no hay otra categoría posible cuando una sociedad violenta sus límites. La dictadura marcó esa grieta y desde entonces la profesión se acostumbró a enmendar sus miserias tardíamente, como si la devoción por la Historia pudiese compensar su cinismo contemporáneo. Es justamente la fatal condición de actualidad que preña al periodismo lo que nos lleva a recuperar hoy la memoria corta de los cruces recientes. Revelan la complejidad, la intensidad de los problemas que nos afectan y sobre los cuáles estamos aun muy lejos de pensar juntos las respuestas.
Un ejemplo: el sábado 17 de julio de 2004 el periodista Horacio Verbitsky publicó en la portada del diario Página 12 una columna titulada, justamente, “Límites”. Escribió allí:
“El asedio a la Legislatura por un minúsculo grupo que impidió la sesión, rompió y quemó las puertas de acceso, no dejó vidrio sano y retuvo como rehenes durante horas a sus trabajadores, marca un límite que el gobierno nacional no debería ignorar, sin grave riesgo para su futuro”.
En este primer párrafo están señaladas las figuras penales que retuvieron en prisión durante 14 meses a 14 hombres y mujeres que luego, durante el juicio oral, fueron declarados inocentes. Se los acusó de coacción agravada (“un minúsculo grupo que impidió la sesión”), daños agravados (“quemó puertas de acceso, no dejó vidrio sano”) y privación ilegítima de la libertad (“retuvo como rehenes durante horas a sus trabajadores”), delitos no excarcelables que convirtieron el proceso –durante el cual se supone que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario- en la verdadera condena. Verbitsky además de representar a uno de los periodistas más respetados de la prensa gráfica era –y es- presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) un organismo que desde los tiempos duros de la dictadura se dedica a la defensa de los derechos humanos. Es decir: a que el Estado no cruce nunca más la raya.
Es absolutamente cierto que no es culpa de Verbitsky que esos hechos fueran atribuidos a esas personas. Su confusión es otra: atribuirle a este Estado –a esta justicia, a esta policía, a las débiles instituciones democráticas- un funcionamiento derecho y humano.
La realidad es muy otra.
El sistema actual sigue funcionando de una manera brutal, aunque modernizó las formas: la patota es ahora mediática. Son los medios quienes señalan los blancos sobre los cuales se aplicará la violencia de Estado. Una violencia que se ejerce, por definición, de forma arbitraria y que por lo tanto no garantiza que el peso de la justicia recaiga sobre los “verdaderos culpables”, sino que se conforma con aplastar a los sectores sociales que se resisten a ser “normalizados”.
En la sentencia final que juzgó los incidentes de la Legislatura, el Tribunal que exoneró a los involuntarios protagonistas -vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución- sintetizó lo que debería convertirse en la moraleja de esta historia: tras dos años de investigación, no se sabía qué había pasado. Ordenó entonces que continúen las actuaciones, cosa que jamás ocurrió. A la justicia ya no le interesaba la verdad, sino la oportunidad. Y esto es algo que solo sincroniza con la agenda mediática. Poco importa lo que le paso a esas personas concretas, a las que nadie, nunca, pidió perdón.
Casi cinco años después, otro hecho complejo es igualmente reducido a trazos groseros. El domingo 17 de mayo un grupo de veinte personas intentó manifestar sus opiniones contrarias a las políticas genocidas del Estado de Israel. Hubo golpes, cinco detenciones y una condena mediática, que clasificó el hecho como un acto “antisemita”.
En realidad, nadie puede saber qué pasó realmente, aunque hay otras verdades que son evidentes
Confundir las críticas al Estado de Israel con manifestaciones de odio racial podría clasificarse con un signo de brutalidad sino fuera porque se trata de una táctica sostenida globalmente por el gobierno israelí para desacreditar las denuncias a sus políticas. Así lo describe la intelectual Adrienne Rich en la carta fechada el 3 de febrero de este año donde anuncia su apoyo al boicot al Estado a Israel, una campaña que nació como respuesta al llamado de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina : “Como judía americana, me he unido a otros judíos preocupados para trabajar contra la ocupación. He visto todo tipo de esfuerzos organizados para silenciar –en Estados Unidos y en otras partes del mundo– las críticas a las políticas de Israel y las campañas para condenar cualquier tipo de crítica como antisemitismo. Junto con otros activistas y escritores he sido acusada por los derechistas de ´odiar a Israel´ u ´odiar a los judíos´.
En la causa que se originó por los hechos del domingo se presentaron como querellantes cinco personas que dicen haber sufrido daños durante la refriega, entre ellas el abogado Alejandro Broitman, a quien el Tribunal Oral N° 5 denunció ante el Colegio Público de Abogados de la Capital por “conducta inaceptable”. Broitman festejó al grito de “Vamos, carajo” la absolución de su defendido, el comisario Miguel Ángel Trimachi, acusado de secuestrar, fusilar y dinamitar los cuerpos de 20 hombres y 10 mujeres en la llamada Masacre de Fátima.
El giro inesperado llegó cuando el juez Claudio Bonadío aceptó la propuesta presentada por la DAIA y encuadró los hechos bajo la figura penal de “prepotencia ideológica”, que le permitió allanar la sede de un movimiento social, detener a otras 10 personas y ordenar la captura de Roberto Martino, referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
El día anterior a todas estas medidas procesales, el periodista Daniel Santoro publicó un artículo denunciando que el 10% de los planes sociales los “manejan grupos piqueteros”. Su fuente: el estudio que realizaron Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola, para la oenegé Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Destaca, además, que el MTR controla 3.000 planes sociales y cita a varios funcionarios del gobierno que intentan “despegarse” (sic) de este grupo aduciendo que esos planes fueron otorgados en 2002 por el entonces presidente Duhalde.
Daniel Santoro es editor de la sección Política del diario Clarín, miembro de la Academia Nacional de Periodismo, profesor de Investigación Periodística en varias universidades nacionales y fundador de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino). Con este artículo ha sumado el extraño mérito de informar siete años tarde que los piquetes fueron el método de lucha que llevaron adelante una multiplicidad de organizaciones de desocupados para reclamar sus derechos. La respuesta del Estado fueron esos míseros subsidios, como forma de garantizar un flujo de recursos hacia el clientelismo político, tema del cual se ocupa los dos informes de Cippec que cita en su artículo, pero de una manera particular: los informes se centran en la trama de corrupción que tejen intendentes, funcionarios y punteros oficialistas. Es decir, se centra sobre el reparto del 90% de esa torta, que en tiempos electorales está en plena disputa.
¿Qué relación hay, entonces, entre un incidente producido en un acto del Estado de Israel y las políticas sociales destinadas a manipular los nefastos efectos de la desocupación?
La respuesta es una barbaridad.
Sin embargo, la pregunta más difícil de responder es qué significa la defensa de los derechos humanos en éste, nuestro bárbaro presente.
¿Significa impedir que el Estado convierta a sus expulsados en delincuentes?
¿Significa entender que cuando las instituciones están tan desencajadas por sus mafiosas internas es más complejo detectar la raya que separa lo legítimo de lo legal?
No son tiempos fáciles para la verdad.
Nos queda, en la urgencia, la prudencia.
Y en la memoria, la conciencia, que no perdona: el debate sobre los límites del periodismo bárbaro es nuestro problema y nuestra tarea.
Y nuestra deuda.
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
Nota
5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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