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Los sospechosos de siempre: la barra brava de Boca, la comisaría 24 y Macri

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¿Quién propició el ataque a la Legislatura? La respuesta puede tenerla el encargado de la custodia de la puerta de Perú 160, jefe de La Doce, procesado por asociación ilícita en dos oportunidades y hombre vinculado al Enrique Nosiglia, en las causas que investigó el juez Mariano Bergés. Uno de los barras bravas arrepentidos contó cómo el ministro del Interior de Duhalde, Jorge Matzkin, les pagó 20.000 pesos para infiltrar una movilización por Brukman al día siguiente del desalojo. Y el juez Bergés habló en su fallo de la connivencia de La Doce con la comisaría 24 (sospechada por el asesinato del Oso Cisneros) y Mauricio Macri. Una trama de impunidad y complicidades que reconstruye esta investigación de lavaca.

Todos los que participaron de la protesta contra la reforma del Código Contravencional el viernes 16 de julio frente a la Legislatura porteña coinciden en describir a un grupo de sospechosos. Unos cuarenta hombres, que se sumaron a la multitud con la cara tapada y que, en los momentos claves, se comunicaban con «handys» con el interior del edificio.

Está claro que la participación de policías de civil fue parte de la estrategia que, junto al centenar de uniformados de infantería, se desplegó ese día. Está claro también que, esa estrategia incluyó la detención de 23 personas una vez que habían concluido los disturbios, ya que todos fueron interceptados en los alrededores: en el subte, algunos; en la parada del colectivo, otros. Todos después de las seis de la tarde. Está claro también que los 16 que continuan presos bajo el peligroso cargo de «coacción agravada e incitación a la violencia pública contra las instituciones» con el que decidió caratular la causa la jueza Silvia Ramond todavía esperan que la magistrada revise las grabaciones de televisión para justificar así los cargos que se le imputan. Marisa Bonini, subdelegada de un sector disidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes, al que pertenecen seis de los detenidos ese día, lo sintetizó así al diario Página 12:

-«Pueden pasar todos los videos en crudo y no van a encontrar a ninguno de ellos rompiendo ni un vidrio. Estuvimos ahí tocando el bombo, pero nada más. Nosotros vimos venir a unos vándalos, sin banderas políticas, con la cara tapada, que fueron los que prendieron la chispa, los que empezaron a romper todo. Sin duda hubo infiltrados que produjeron los hechos más violentos».

Lo que aún no está claro es si la jueza Ramond tiene alguna intención de revelar este misterio.

No es tan difícil.

Solo tiene que citar a declarar a una persona clave. Su nombre es Santiago Horacio Lancry. Su DNI 12.961.920. Su trabajo: custodiar la puerta de Perú 160, centro de los ataques del viernes. Esa es la tarea que desempeña, desde hace varios años con el legajo 9.306 y por la que recibe un salario de 2.020 pesos, el hombre que ingresó al viejo Consejo Deliberante de la mano del fallecido dirigente radical Carlos Bello y al que hoy todos reconocen como puntero de Enrique Nosiglia y por sus alias: El Gitano o El Cabezón. La justicia, en cambio, lo conoce por otros motivos: es uno de los jefes de la barra brava de Boca Juniors, el equipo de fútbol que preside el impulsor de la represiva modificación del Código, Mauricio Macri.

Lancry, a quien el libro El Palacio de la Corrupción le dedica un capítulo completo, fue detenido por primera vez por el juez Mariano Bergés, en su puesto de trabajo de Perú 160, el 10 de octubre de 2003 y abandonó la cárcel y regresó a trabajar tras pasar 69 días en prisión, el 20 de diciembre, previo pago una fianza de 15.000 pesos y el procesamiento como «organizador» de una asociación ilícita. La segunda vez fue hace apenas dos meses, cuando el juez Bergés lo volvió a procesar en otro causa bajo los cargos de asociación ilícita y coacción, junto a otros cuatro integrantes de la barra (Guillermo Seisdedos, Sergio Rebequi, Raúl Sala y Guillermo Cerminaro) y el secretario general del Club Boca Juniors, Luis Buzio, en un fallo que desnuda una trama que puede explicar este misterio.

El pacto de impunidad

El juez Bergés investigó las actividades ilícitas de la barra brava de Boca en dos ocasiones. La primera dio en el clavo: logró llevar a prisión al máximo responsable, Rafael Di Zeo, un hombre con una vida cinematográfica, en el sentido en que solo el clásico de Francis Coppola puede darle a esta palabra. «Rafael Di Zeo tiene dos caras. Por un lado es un tranquilo empleado municipal que hace años está de novio. Por otro, es jefe de la barra brava de Boca, maneja millones de dólares, tiene decenas de propiedades y vehículos y varias amantes». Así lo describía una crónica periodística que intentaba resumir lo que la policía «descubrió» el día que allanó su departamento en el barrio de Flores y de donde se escapó por el balcón, atando sábanas, según la versión oficial, o con la complicidad de la propia policía, según las otras. Lo cierto es que Di Zeo tenía allí una credencial de la municipalidad porteña, un revólver calibre 38, una pistola 22, municiones de todo tipo, cien mil pesos en efectivo (entre dólares, pesos y patacones; algunos falsos) y en un estacionamiento cercano un Mitsubichi Eclipse (con una pistola Bersa en la guantera) y un Peugeot 206. También, en el departamento, encontraron una foto de Di Zeo con Carlos Menem, recuerdo del encuentro en Anillaco, poco antes de la frustrada segunda vuelta electoral del 2003.

Di Zeo fue atrapado recién a principios de diciembre y liberado poco después, cuando la Cámara aceptó su apelación en un trámite que también apartó a Bergés de la causa.

«En el gobierno siguen con interés las investigaciones que lleva adelante el juez Mariano Bergés por la violencia en el fútbol y el contacto entre barrabravas, dirigentes políticos y sindicalistas -escribió Martín Piqué en Página 12, el 23 de octubre de 2003 – Por esa causa quedó detenido el vicepresidente de Chacarita, Amando Capriotti y fue citado a declarar el titular del Club, Luis Barrionuevo, por ahora protegido por sus fueros de senador. Mientras Bergés estudia los próximos pasos, en la Casa Rosada anticipan quién será el próximo afectado por la investigación: el dirigente radical Enrique «Coti» Nosigilia, quien fue vinculado con la barra brava de Boca por un miembro arrepentido de La Doce que declaró ante el juez. «Que se busque un buen abogado» sugería ayer un funcionario, hablando de Nosiglia, desde su despacho en el primer piso de la Casa Rosada. «Se acabaron los pactos espurios de impunidad».

Quien habría desnudado ante Berges la relación entre Nosiglia y Lancry era el barra brava Carlos Amenedo, alias Paleta. La nota continúa:

«Pero Nosiglia no es el único dirigente que podría quedar complicado en la investigación sobre el accionar de la barra brava de Boca Juniors. Las declaraciones de los barras bravas detenidos también podrían apuntar hacia el presidente del club, Mauricio Macri.»

Por supuesto, las cosas no llegaron a tanto y los espurios pactos de impunidad continuaron intactos.

La repentina y fugaz fama de Di Zeo permitió que llegara a las pantallas locales -a través del programa Estudio Fútbol, de TyC Sports- un informe de la BBC de Londres sobre las barras bravas de distintos países. En la Argentina, la emisora había estado en la Boca, acompañando durante una semana al jefe de La Doce. Ante las cámaras, Di Zeo -entre otras cosas- dijo:

-«Muchas veces fui utilizado junto a otros miembros de La Doce para cuestiones políticas».

Brukman: un ejemplo del trabajo de La Doce

A fines de octubre de 2003 la revista Gente entrevistó en la cárcel al barra brava arrepentido. Lo presentó bajo el seudónimo de «Gustavo» y entre otras cosas, le preguntó:

-¿Qué función cumplía Lancry en la hinchada?>

-Junto al Rafa (Di Zeo) eran los jefes de la hinchada. Y aunque no iba más a La Doce y veía los partidos desde la platea, igual seguía teniendo mucha incidencia en la hinchada. Como trabajaba en la Legislatura porteña y es el contacto con un importantísimo dirigente radical, trataba de mantenerse alejado. Aunque sus negocios los seguía teniendo…

-¿Cómo nació su relación con los políticos?

– Ellos son los que nos vienen a buscar cuando necesitan que le hagamos campaña o cuando tienen algún trabajo pesado para hacer.

– ¿Por ejemplo?

– Y… hace poco Di Zeo viajó al interior para reunirse con un candidato peronista y arreglar el tema de la campaña electoral. De esto hay testimonios, porque cuando le allanaron la casa se llevaron la foto del Rafa con el tipo. Ahí, en esa reunión, el Rafa le pidió un millón de pesos. Como no llegaron a un acuerdo, le mandaron 450 Planes Trabajar para que tampoco apoyemos a la contra. Y te puedo contar otra: cuando en abril fue el quilombo de Brukman, tomada por piqueteros, vino a la Bombonera un ministro y le dio a Di Zeo 20 mil pesos para que llevara cien hombres e hicieran lío en una marcha. Fuimos, y como los piqueteros nos reconocieron, la marcha se disolvió a las tres cuadras. Es decir, nos ganamos 40 pesos en un par de horas. Eso nos pagó el Rafa.

Un año y medio después, cuando los hechos en la Legislatura porteña reactualizaban estas prácticas, lavaca investigó lo dicho en esta entrevista. Dos fuentes narraron esta semana el mismo episodio, pero aportando más datos.

  • La infiltración se concretó el 22 de abril de 2003, el día después del desalojo de la fábrica Brukman, en ocasión de la marcha de apoyo convocada por diferentes agrupaciones y que reunió a más de 25.000 personas que partieron desde Plaza Once.
  • Esa misma mañana, el entonces ministro del Interior Jorge Matzkin fue el encargado de concretar el contacto con Di Zeo. Fue hasta el garage de la Casa Amarilla, en la calle Balcarce, y sin bajarse nunca del auto, le entregó a Di Zeo el efectivo.
  • La «idea» fue del entonces subsecretario de Inteligencia del Estado (SIDE) Oscar Rodríguez. El mismo que ya había puesto en práctica los montados «enfrentamientos entre manifestantes» en ocasión de la asunción de Eduardo Duhalde a la presidencia, tal como denuncia el libro Darío y Maxi, dignidad piquetero.

La pregunta del millón es ¿por qué?

La respuesta:

-Duhalde tenía mucho miedo que ese día le pase lo mismo que a De la Rua.

El eje del mal

Desde entonces hasta ahora, Di Zeo y el juez Berges jugaron al gato y al ratón en varias oportunidades. Hasta que en mayo de este año encontró una nueva oportunidad para continuar la cacería. La excusa fue la reventa de entradas, una investigación que le permitió tomarse revancha. Contaba a su favor con filmaciones y un operativo en el propio estadio que montó con los fiscales y empleados del juzgado. En ese operativa Di Zeo se escapa, dicen que disfrazado de cocacolero. En el noticiero del mediodía de Telefé pudieron verse las imágenes de Rafael Di Zeo en el partido Boca-River, tomadas por la cámara «51 de la Norte Baja», a las 17.36 de ese domingo 16 de mayo. Se ve claramente cuando Di Zeo recibe un llamado, momento en el que le estarían avisando que el juez Mariano Bergés estaba dando la orden de detenerlo. Tras cortar la llamada, el video muestra cómo Di Zeo levanta su mirada -probablemente hacia algún palco bajo- y hace un evidente gesto de «¿Qué hacemos?». Acto seguido, se logra leer en sus labios ¿»Adónde? ¿Abajo?» y levanta el pulgar derecho en actitud de OK. Esa fue la última imagen de Di Zeo, a quien el juez le denegó el pedido de excarcelación de prisión que presentó su abogado. Ese día, en cambio, el juez logró apresar en la puerta del estadio, en plena faena de controlar las entradas «truchas» a Santiago Lancry.

La causa llegó hasta el mismo límite de siempre: las excarcelaciones fueron concedidas por la Cámara el 3 de junio de 2004. Y hasta ahí parece haber llegado también la paciencia de Bergés: presentó la renuncia a la justicia el 1 de julio de este año.

Sin embargo, esta segunda investigación encontró no solo pruebas, sino testimonios más sólidos, producto de algunos pactos rotos entre la propia dirigencia del club. El peronista Roberto Digón, ex vicepresidente de Boca, fue uno de los que prestó colaboración al juez, alegando que antes no había hablado «por miedo». Digón, cuya mujer es integrante de la Legislatura porteña, declaró ante Bergés que «existió una idea previa» al partido que el equipo de Boca disputó con Chacarita el 31 de agosto de 2003 para «provocar hechos de violencia». «La agresividad estuvo preparada», dijo Digón y especuló que los incidentes pudieron haber sido organizados para perjudicar al director del Programa de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Javier Castrilli o al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, según publicó el diario Crónica el 15 de mayo de 2004.

Esta semana, sentado en el living de su casa, a las diez y media de la noche, el hombre que más conoce esta investigación confirmó a lavaca alguna de sus convicciones:

– «Sé que las declaraciones del barra brava arrepentido son en un 90 por ciento ciertas. Las pudimos comprobar. Digón también parecía convincente».

– ¿Y cúal es el diez por ciento que no se pudo investigar?

– La red política. Hasta allí no llegamos. Un ex barra brava mencionó elípticamente a Nosiglia, pero no lo constatamos. No tenemos pruebas de la relación de Lancry con Nosiglia, pero es verdad que toda La Boca rumorea sobre eso. De todas formas, el vínculo del fútbol y la política es notable, pero en el único lugar donde quedó efectivamente probado es en Chacarita.

Quizá por eso, lo más interesante de la causa es la trama que revela de complicidad de la barra brava de Boca con la policía. Dice el hombre que más la conoce:

– En la primera causa, procesamos a dos dirigentes y detectamos la connivencia entre ellos, la barra y la policía. En la segunda causa ya pudimos ir más allá.

Más allá es un lugar del que todos hablan desde el pasado 26 de junio, cuando los vecinos de La Boca, indignados por el crimen del dirigente Martín Oso Cisneros, tomaron la comisaría 24 en reclamo de justicia. Solo así lograron que la policía detenga a quienes lo vecinos señalaban como autor del homicidio, Juan Carlos Duarte, a quien reconocían como un traficante que trabaja amparado por esa comisaría.

La comisaría 24 es, justamente, la investigada por el juez Bergés en la causa por la entradas truchas. Su comisario, Cayetano Grecco -relevado después del homicidio de Cisneros- es reconocido por el hombre que mejor conoce esta causa de la siguiente manera:

– Grecco tenía predilección especial por la barra de Boca. La relación de La Doce con la 24 es histórica.

El fallo del juez Bergés, fechado el 27 de mayo de 2004, se expresa directamente sobre la actuación de esa comisaría en estos términos: «salvo muy puntales excepciones -que justifican la regla- la Policía Federal por acción u omisión, tienen concretas responsabilidades en la materia. De hecho se ha procesado personal policial de alta jerarquía (…) y ha de analizarse el comportamiento policial de los funcionarios de jerarquía por la actividad desempeñada en los hechos que se investigan». También avanza sobre la situación de Mauricio Macri. «Los directivos, conforme se acreditó en este y otros expedientes, tienen especial responsabilidad en lo que sucede. Y como anillo al dedo se encaja aquí la exposición brindada por el señor presidente del club Vélez Sarfield, Raúl Gómez: » todos los directivos tienen contacto con la hinchada, todos los directivos sabemos que existen esos grupos de delincuentes, no se pueden hacer los distraídos». Recuérdase que luego de esas afirmaciones, el presidente del club Boca Juniors, Mauricio Macri, negó esas apuntaciones, que se prueban día a día en el legajo. El estado de sospecha a su respecto, se da en esta causa y la declaración indagatoria debiera ser rendida a la brevedad».

Así quedó esta causa hace menos de dos meses. Con el dedo acusador del juez Bergés apuntando a la barra brava de Boca, a la comisaría 24 y a Mauricio Macri.

Una de las fuentes consultadas esta semana por lavaca asegura que a Rafael Di Zeo se lo puede ver ahora acompañado por ocho guardaespaldas. Dos, se presentan como pertenecientes a la comisaría 24.

Otra de las fuentes asegura que la semana pasada había visto, como todos los días, a Santiago Lancry en su puesto de trabajo: custodiando la puerta de Perú 160.

Por su parte, el hombre que más conoce la causa, dijo haber visto la revuelta en la puerta de la Legislatura desde la televisión en su casa.

-¿Puede haber actuado allí la barra brava de Boca?

-No lo sé, pero no me parece descabellado. Le doy un dato: en la investigación comprobamos que La Doce tiene un sistema de comunicación Nextel, esos celulares que sirven como handy. Por uno de esos es que le avisan a Di Zeo que lo estábamos buscando.

La cuarta fuente, ante la misma pregunta, señala la pantalla del televisor:

-Mire bien: hoy ahí hay cien muchachos trabajando. Los contrataron por si se arma lío. Para que peguen ellos y no la policía, así no se arma todo ese lío con los derechos humanos.

Es jueves y la pantalla muestra la movilización que se organizó para exigir la liberación de los presos.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos. 

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para  relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós. 

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Sabrina Ortíz presentó una iniciativa para frenar la Ley del Cáncer.
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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

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Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Celeste Fierro al llegar a Ezeiza. Fue recibida por decenas de personas que se acercaron a apoyarla y recibirla.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.

La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.

Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.

Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.

Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.

Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.

Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?

Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.

Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?

Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.

¿Les iban informando qué harían con ustedes?

Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

¿Por qué Italia primero?

Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.

¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?

Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.

¿Cómo es un ataque con drones?

Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.

En altamar también siguieron las intimidaciones

Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.

¿En algún momento temiste por tu vida?

Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.

Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?

Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.

¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?

Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.

¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?

Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.

¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?

En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.

Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?

No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.

El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…

Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.

¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?

Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.

Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.

¿Qué edad tiene tu hija?

9 años.

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Nota

9 años sin Lucía Pérez

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La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.

Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

9 años sin Lucía Pérez

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.

La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.

En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.

“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.

En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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