Nota
Los sospechosos de siempre: la barra brava de Boca, la comisaría 24 y Macri
¿Quién propició el ataque a la Legislatura? La respuesta puede tenerla el encargado de la custodia de la puerta de Perú 160, jefe de La Doce, procesado por asociación ilícita en dos oportunidades y hombre vinculado al Enrique Nosiglia, en las causas que investigó el juez Mariano Bergés. Uno de los barras bravas arrepentidos contó cómo el ministro del Interior de Duhalde, Jorge Matzkin, les pagó 20.000 pesos para infiltrar una movilización por Brukman al día siguiente del desalojo. Y el juez Bergés habló en su fallo de la connivencia de La Doce con la comisaría 24 (sospechada por el asesinato del Oso Cisneros) y Mauricio Macri. Una trama de impunidad y complicidades que reconstruye esta investigación de lavaca.
Todos los que participaron de la protesta contra la reforma del Código Contravencional el viernes 16 de julio frente a la Legislatura porteña coinciden en describir a un grupo de sospechosos. Unos cuarenta hombres, que se sumaron a la multitud con la cara tapada y que, en los momentos claves, se comunicaban con «handys» con el interior del edificio.
Está claro que la participación de policías de civil fue parte de la estrategia que, junto al centenar de uniformados de infantería, se desplegó ese día. Está claro también que, esa estrategia incluyó la detención de 23 personas una vez que habían concluido los disturbios, ya que todos fueron interceptados en los alrededores: en el subte, algunos; en la parada del colectivo, otros. Todos después de las seis de la tarde. Está claro también que los 16 que continuan presos bajo el peligroso cargo de «coacción agravada e incitación a la violencia pública contra las instituciones» con el que decidió caratular la causa la jueza Silvia Ramond todavía esperan que la magistrada revise las grabaciones de televisión para justificar así los cargos que se le imputan. Marisa Bonini, subdelegada de un sector disidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes, al que pertenecen seis de los detenidos ese día, lo sintetizó así al diario Página 12:
-«Pueden pasar todos los videos en crudo y no van a encontrar a ninguno de ellos rompiendo ni un vidrio. Estuvimos ahí tocando el bombo, pero nada más. Nosotros vimos venir a unos vándalos, sin banderas políticas, con la cara tapada, que fueron los que prendieron la chispa, los que empezaron a romper todo. Sin duda hubo infiltrados que produjeron los hechos más violentos».
Lo que aún no está claro es si la jueza Ramond tiene alguna intención de revelar este misterio.
No es tan difícil.
Solo tiene que citar a declarar a una persona clave. Su nombre es Santiago Horacio Lancry. Su DNI 12.961.920. Su trabajo: custodiar la puerta de Perú 160, centro de los ataques del viernes. Esa es la tarea que desempeña, desde hace varios años con el legajo 9.306 y por la que recibe un salario de 2.020 pesos, el hombre que ingresó al viejo Consejo Deliberante de la mano del fallecido dirigente radical Carlos Bello y al que hoy todos reconocen como puntero de Enrique Nosiglia y por sus alias: El Gitano o El Cabezón. La justicia, en cambio, lo conoce por otros motivos: es uno de los jefes de la barra brava de Boca Juniors, el equipo de fútbol que preside el impulsor de la represiva modificación del Código, Mauricio Macri.
Lancry, a quien el libro El Palacio de la Corrupción le dedica un capítulo completo, fue detenido por primera vez por el juez Mariano Bergés, en su puesto de trabajo de Perú 160, el 10 de octubre de 2003 y abandonó la cárcel y regresó a trabajar tras pasar 69 días en prisión, el 20 de diciembre, previo pago una fianza de 15.000 pesos y el procesamiento como «organizador» de una asociación ilícita. La segunda vez fue hace apenas dos meses, cuando el juez Bergés lo volvió a procesar en otro causa bajo los cargos de asociación ilícita y coacción, junto a otros cuatro integrantes de la barra (Guillermo Seisdedos, Sergio Rebequi, Raúl Sala y Guillermo Cerminaro) y el secretario general del Club Boca Juniors, Luis Buzio, en un fallo que desnuda una trama que puede explicar este misterio.
El pacto de impunidad
El juez Bergés investigó las actividades ilícitas de la barra brava de Boca en dos ocasiones. La primera dio en el clavo: logró llevar a prisión al máximo responsable, Rafael Di Zeo, un hombre con una vida cinematográfica, en el sentido en que solo el clásico de Francis Coppola puede darle a esta palabra. «Rafael Di Zeo tiene dos caras. Por un lado es un tranquilo empleado municipal que hace años está de novio. Por otro, es jefe de la barra brava de Boca, maneja millones de dólares, tiene decenas de propiedades y vehículos y varias amantes». Así lo describía una crónica periodística que intentaba resumir lo que la policía «descubrió» el día que allanó su departamento en el barrio de Flores y de donde se escapó por el balcón, atando sábanas, según la versión oficial, o con la complicidad de la propia policía, según las otras. Lo cierto es que Di Zeo tenía allí una credencial de la municipalidad porteña, un revólver calibre 38, una pistola 22, municiones de todo tipo, cien mil pesos en efectivo (entre dólares, pesos y patacones; algunos falsos) y en un estacionamiento cercano un Mitsubichi Eclipse (con una pistola Bersa en la guantera) y un Peugeot 206. También, en el departamento, encontraron una foto de Di Zeo con Carlos Menem, recuerdo del encuentro en Anillaco, poco antes de la frustrada segunda vuelta electoral del 2003.
Di Zeo fue atrapado recién a principios de diciembre y liberado poco después, cuando la Cámara aceptó su apelación en un trámite que también apartó a Bergés de la causa.
«En el gobierno siguen con interés las investigaciones que lleva adelante el juez Mariano Bergés por la violencia en el fútbol y el contacto entre barrabravas, dirigentes políticos y sindicalistas -escribió Martín Piqué en Página 12, el 23 de octubre de 2003 – Por esa causa quedó detenido el vicepresidente de Chacarita, Amando Capriotti y fue citado a declarar el titular del Club, Luis Barrionuevo, por ahora protegido por sus fueros de senador. Mientras Bergés estudia los próximos pasos, en la Casa Rosada anticipan quién será el próximo afectado por la investigación: el dirigente radical Enrique «Coti» Nosigilia, quien fue vinculado con la barra brava de Boca por un miembro arrepentido de La Doce que declaró ante el juez. «Que se busque un buen abogado» sugería ayer un funcionario, hablando de Nosiglia, desde su despacho en el primer piso de la Casa Rosada. «Se acabaron los pactos espurios de impunidad».
Quien habría desnudado ante Berges la relación entre Nosiglia y Lancry era el barra brava Carlos Amenedo, alias Paleta. La nota continúa:
«Pero Nosiglia no es el único dirigente que podría quedar complicado en la investigación sobre el accionar de la barra brava de Boca Juniors. Las declaraciones de los barras bravas detenidos también podrían apuntar hacia el presidente del club, Mauricio Macri.»
Por supuesto, las cosas no llegaron a tanto y los espurios pactos de impunidad continuaron intactos.
La repentina y fugaz fama de Di Zeo permitió que llegara a las pantallas locales -a través del programa Estudio Fútbol, de TyC Sports- un informe de la BBC de Londres sobre las barras bravas de distintos países. En la Argentina, la emisora había estado en la Boca, acompañando durante una semana al jefe de La Doce. Ante las cámaras, Di Zeo -entre otras cosas- dijo:
-«Muchas veces fui utilizado junto a otros miembros de La Doce para cuestiones políticas».
Brukman: un ejemplo del trabajo de La Doce
A fines de octubre de 2003 la revista Gente entrevistó en la cárcel al barra brava arrepentido. Lo presentó bajo el seudónimo de «Gustavo» y entre otras cosas, le preguntó:
-¿Qué función cumplía Lancry en la hinchada?>
-Junto al Rafa (Di Zeo) eran los jefes de la hinchada. Y aunque no iba más a La Doce y veía los partidos desde la platea, igual seguía teniendo mucha incidencia en la hinchada. Como trabajaba en la Legislatura porteña y es el contacto con un importantísimo dirigente radical, trataba de mantenerse alejado. Aunque sus negocios los seguía teniendo…
-¿Cómo nació su relación con los políticos?
– Ellos son los que nos vienen a buscar cuando necesitan que le hagamos campaña o cuando tienen algún trabajo pesado para hacer.
– ¿Por ejemplo?
– Y… hace poco Di Zeo viajó al interior para reunirse con un candidato peronista y arreglar el tema de la campaña electoral. De esto hay testimonios, porque cuando le allanaron la casa se llevaron la foto del Rafa con el tipo. Ahí, en esa reunión, el Rafa le pidió un millón de pesos. Como no llegaron a un acuerdo, le mandaron 450 Planes Trabajar para que tampoco apoyemos a la contra. Y te puedo contar otra: cuando en abril fue el quilombo de Brukman, tomada por piqueteros, vino a la Bombonera un ministro y le dio a Di Zeo 20 mil pesos para que llevara cien hombres e hicieran lío en una marcha. Fuimos, y como los piqueteros nos reconocieron, la marcha se disolvió a las tres cuadras. Es decir, nos ganamos 40 pesos en un par de horas. Eso nos pagó el Rafa.
Un año y medio después, cuando los hechos en la Legislatura porteña reactualizaban estas prácticas, lavaca investigó lo dicho en esta entrevista. Dos fuentes narraron esta semana el mismo episodio, pero aportando más datos.
- La infiltración se concretó el 22 de abril de 2003, el día después del desalojo de la fábrica Brukman, en ocasión de la marcha de apoyo convocada por diferentes agrupaciones y que reunió a más de 25.000 personas que partieron desde Plaza Once.
- Esa misma mañana, el entonces ministro del Interior Jorge Matzkin fue el encargado de concretar el contacto con Di Zeo. Fue hasta el garage de la Casa Amarilla, en la calle Balcarce, y sin bajarse nunca del auto, le entregó a Di Zeo el efectivo.
- La «idea» fue del entonces subsecretario de Inteligencia del Estado (SIDE) Oscar Rodríguez. El mismo que ya había puesto en práctica los montados «enfrentamientos entre manifestantes» en ocasión de la asunción de Eduardo Duhalde a la presidencia, tal como denuncia el libro Darío y Maxi, dignidad piquetero.
La pregunta del millón es ¿por qué?
La respuesta:
-Duhalde tenía mucho miedo que ese día le pase lo mismo que a De la Rua.
El eje del mal
Desde entonces hasta ahora, Di Zeo y el juez Berges jugaron al gato y al ratón en varias oportunidades. Hasta que en mayo de este año encontró una nueva oportunidad para continuar la cacería. La excusa fue la reventa de entradas, una investigación que le permitió tomarse revancha. Contaba a su favor con filmaciones y un operativo en el propio estadio que montó con los fiscales y empleados del juzgado. En ese operativa Di Zeo se escapa, dicen que disfrazado de cocacolero. En el noticiero del mediodía de Telefé pudieron verse las imágenes de Rafael Di Zeo en el partido Boca-River, tomadas por la cámara «51 de la Norte Baja», a las 17.36 de ese domingo 16 de mayo. Se ve claramente cuando Di Zeo recibe un llamado, momento en el que le estarían avisando que el juez Mariano Bergés estaba dando la orden de detenerlo. Tras cortar la llamada, el video muestra cómo Di Zeo levanta su mirada -probablemente hacia algún palco bajo- y hace un evidente gesto de «¿Qué hacemos?». Acto seguido, se logra leer en sus labios ¿»Adónde? ¿Abajo?» y levanta el pulgar derecho en actitud de OK. Esa fue la última imagen de Di Zeo, a quien el juez le denegó el pedido de excarcelación de prisión que presentó su abogado. Ese día, en cambio, el juez logró apresar en la puerta del estadio, en plena faena de controlar las entradas «truchas» a Santiago Lancry.
La causa llegó hasta el mismo límite de siempre: las excarcelaciones fueron concedidas por la Cámara el 3 de junio de 2004. Y hasta ahí parece haber llegado también la paciencia de Bergés: presentó la renuncia a la justicia el 1 de julio de este año.
Sin embargo, esta segunda investigación encontró no solo pruebas, sino testimonios más sólidos, producto de algunos pactos rotos entre la propia dirigencia del club. El peronista Roberto Digón, ex vicepresidente de Boca, fue uno de los que prestó colaboración al juez, alegando que antes no había hablado «por miedo». Digón, cuya mujer es integrante de la Legislatura porteña, declaró ante Bergés que «existió una idea previa» al partido que el equipo de Boca disputó con Chacarita el 31 de agosto de 2003 para «provocar hechos de violencia». «La agresividad estuvo preparada», dijo Digón y especuló que los incidentes pudieron haber sido organizados para perjudicar al director del Programa de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Javier Castrilli o al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, según publicó el diario Crónica el 15 de mayo de 2004.
Esta semana, sentado en el living de su casa, a las diez y media de la noche, el hombre que más conoce esta investigación confirmó a lavaca alguna de sus convicciones:
– «Sé que las declaraciones del barra brava arrepentido son en un 90 por ciento ciertas. Las pudimos comprobar. Digón también parecía convincente».
– ¿Y cúal es el diez por ciento que no se pudo investigar?
– La red política. Hasta allí no llegamos. Un ex barra brava mencionó elípticamente a Nosiglia, pero no lo constatamos. No tenemos pruebas de la relación de Lancry con Nosiglia, pero es verdad que toda La Boca rumorea sobre eso. De todas formas, el vínculo del fútbol y la política es notable, pero en el único lugar donde quedó efectivamente probado es en Chacarita.
Quizá por eso, lo más interesante de la causa es la trama que revela de complicidad de la barra brava de Boca con la policía. Dice el hombre que más la conoce:
– En la primera causa, procesamos a dos dirigentes y detectamos la connivencia entre ellos, la barra y la policía. En la segunda causa ya pudimos ir más allá.
Más allá es un lugar del que todos hablan desde el pasado 26 de junio, cuando los vecinos de La Boca, indignados por el crimen del dirigente Martín Oso Cisneros, tomaron la comisaría 24 en reclamo de justicia. Solo así lograron que la policía detenga a quienes lo vecinos señalaban como autor del homicidio, Juan Carlos Duarte, a quien reconocían como un traficante que trabaja amparado por esa comisaría.
La comisaría 24 es, justamente, la investigada por el juez Bergés en la causa por la entradas truchas. Su comisario, Cayetano Grecco -relevado después del homicidio de Cisneros- es reconocido por el hombre que mejor conoce esta causa de la siguiente manera:
– Grecco tenía predilección especial por la barra de Boca. La relación de La Doce con la 24 es histórica.
El fallo del juez Bergés, fechado el 27 de mayo de 2004, se expresa directamente sobre la actuación de esa comisaría en estos términos: «salvo muy puntales excepciones -que justifican la regla- la Policía Federal por acción u omisión, tienen concretas responsabilidades en la materia. De hecho se ha procesado personal policial de alta jerarquía (…) y ha de analizarse el comportamiento policial de los funcionarios de jerarquía por la actividad desempeñada en los hechos que se investigan». También avanza sobre la situación de Mauricio Macri. «Los directivos, conforme se acreditó en este y otros expedientes, tienen especial responsabilidad en lo que sucede. Y como anillo al dedo se encaja aquí la exposición brindada por el señor presidente del club Vélez Sarfield, Raúl Gómez: » todos los directivos tienen contacto con la hinchada, todos los directivos sabemos que existen esos grupos de delincuentes, no se pueden hacer los distraídos». Recuérdase que luego de esas afirmaciones, el presidente del club Boca Juniors, Mauricio Macri, negó esas apuntaciones, que se prueban día a día en el legajo. El estado de sospecha a su respecto, se da en esta causa y la declaración indagatoria debiera ser rendida a la brevedad».
Así quedó esta causa hace menos de dos meses. Con el dedo acusador del juez Bergés apuntando a la barra brava de Boca, a la comisaría 24 y a Mauricio Macri.
Una de las fuentes consultadas esta semana por lavaca asegura que a Rafael Di Zeo se lo puede ver ahora acompañado por ocho guardaespaldas. Dos, se presentan como pertenecientes a la comisaría 24.
Otra de las fuentes asegura que la semana pasada había visto, como todos los días, a Santiago Lancry en su puesto de trabajo: custodiando la puerta de Perú 160.
Por su parte, el hombre que más conoce la causa, dijo haber visto la revuelta en la puerta de la Legislatura desde la televisión en su casa.
-¿Puede haber actuado allí la barra brava de Boca?
-No lo sé, pero no me parece descabellado. Le doy un dato: en la investigación comprobamos que La Doce tiene un sistema de comunicación Nextel, esos celulares que sirven como handy. Por uno de esos es que le avisan a Di Zeo que lo estábamos buscando.
La cuarta fuente, ante la misma pregunta, señala la pantalla del televisor:
-Mire bien: hoy ahí hay cien muchachos trabajando. Los contrataron por si se arma lío. Para que peguen ellos y no la policía, así no se arma todo ese lío con los derechos humanos.
Es jueves y la pantalla muestra la movilización que se organizó para exigir la liberación de los presos.
Nota
Jubilados e hinchas: “No queremos que vengan a defendernos de la policía, tenemos que luchar juntos por los derechos de todos”

En vísperas a la movilización del miércoles, que promete unir a jubilados con hinchas de todos los clubes, motoqueros y distintas organizaciones (hasta de kick boxing) que se siguen sumando al ritual semanal alrededor del Congreso, las y los jubilados cuentan por qué marchan: “No es solo para defendernos a nosotros, ni solamente por la situación de la jubilación. Nosotros luchamos por todo: por el trabajo en blanco registrado, por el cuidado integral del trabajador. No es solo por los medicamentos sino por el derecho a estar sano, a que no te contaminen, a que no te roben el agua, que no se pudra la comida: por todo”.
Mientras el gobierno nacional agita la idea de que las barrabravas son violentas, ellos informan: “Los barras cuidaron a Milei cuando hizo el acto en Parque Lezama. Los que vienen son hinchas. Y los hinchas son trabajadores que tienen los mismos problemas que nosotros”.
La idea, y el trabajo de hormiga, de la unidad entre sectores que hacen de alianzas inesperadas una forma de quiebre horizontal a la sociedad, que empezará a verse este miércoles a las 16 horas.
Por Franco Ciancaglini. Foto de Nacho Yuchark
Desde hace más de un año Zulema -ex trabajadora telefónica, actual jubilada y masajista-, marcha todos los miércoles alrededor del Congreso, realizando junto a sus compañeros y compañeras el ya famoso “Semaforazo”, que empezó aprovechando los cortes de tránsito para agitar consignas de reivindicación salarial y para cambiar el sistema, y se fue desbordando, mes a mes, con el deterioro social que impulsa el gobierno de Milei, hasta tejer una trama de distintos sectores que tendrá como protagonista el próximo miércoles a una alianza inesperada: jubilados e hinchadas de fútbol.
También se sumaron motoqueros autoconvocados, y al cierre de esta nota –cuenta Zulema- se conocían las adhesiones de sindicatos de actores o de la Asociación de Kick Boxing. Entre otras.
Zulema se encuentra justo en esta semana en Villa la Angostura, atendiendo problemas familiares en la zona de donde es oriunda, y desde esa distancia y con una mirada política lúcida y sin pelos titula lo que pasará en dos días como un “miércoles de solidaridad”. “Lo de las hinchadas es increíble, y lo de los motoqueros a mí me hace recordar al 2001”, comienza conectando con ciertas revueltas y climas de época. “Me suena que va a haber un cambio fundamental con la participación de ellos: los jubilados ya no vamos a estar más solos”.
La vanguardia
“¡Justo ahora que se pone lindo!” comienza lamentándose Zulema y esa ausencia – ella que es parte creadora y fundamental del grupo Jubilados Insurgentes- merece ser suplida por una breve autoreferencia: envía un video en el que, hace exactamente un año, irrumpe en una entrevista televisiva con palabras como éstas: “Necesitamos que vengan todos a Congreso a las 3 de la tarde. Necesitamos una gran unidad, porque no podemos contar con la CGT”.
El video nunca vio la luz pero el muchacho que lo tenía filmado, pre convocatoria de este miércoles, se lo envío ahora bajo el lema: “Al fin te hicieron caso”.
Ella se ríe: “No es a mí. Es un trabajo de muchos”, dice en relación a todo el resto de jubilados organizados en distintos grupos que durante muchos años se vienen movilizando, a veces –literal- en veredas opuestas.
Cabe agregar otra autoreferencia: hace un año, también, publicamos esta tapa de MU con los jubilados y jubiladas.
A nivel hinchadas, La vanguardia la llevó Chacarita, que tras difundirse un video en el que un jubilado con una camiseta de ese club lloraba en medio de una represión, fue el primer cuadro del cual sus hinchas convocaron abiertamente a movilizarse. “Nos sorprendimos gratamente porque los que vinieron eran jubilados. Y los jóvenes de Chacarita dijeron que ellos venían para que a sus abuelos no los hagan sufrir. Fue una cosa genuina y sencilla, no eran provocadores, ni venían con discursos”.
Algoritmo vs. acciones
La presencia de hinchas de Chaca que aguantaron los gases y los palos como siempre lo hacen las y los viejos funcionó en la práctica como una mojada de oreja a otros clubes que quisieron sumarse. Y no solo otros clubes: “Me llamó una vecina que yo nunca hubiera pensado, diciendo ‘me siento conmovida’”, revela Zulema sobre personas que no militan necesariamente los colores. “Es que a la gente le conmueven las buenas acciones y sienten que el apoyo de las hinchadas a los viejos es una cosa solidaria buena: nadie piensa que van a hacer lío. Fue un primer paso”.
En tiempos donde los algoritmos y el poder digitan el movimiento de odios y negatividades, el contagio de las buenas acciones del que habla Zulema tal vez sea otra de las fórmulas más políticas para cambiar el presente. Buenas acciones que no implican solo ayudar a los viejos en el sentido literal: en esta entrevista Zulema resume el contenido de la marcha de este miércoles, su relación transversal con los problemas de la sociedad toda, y deja definiciones dignas no de una pobre abuelita (ellos dicen: “no somos viejos meados”) sino de las personas que encabezan una forma de luchar y proyectar futuro. Porque como dijeron en la última nota de MU que les hicimos:
-Aunque estemos grandes, nosotras también tenemos sueños y tenemos tenemos esperanzas.
El aguante
¿Por qué marcharán este miércoles hinchadas y jubilados?
Nosotros siempre dijimos que el tema de los jubilados está íntimamente ligado al deterioro de los trabajadores activos, que están cada vez más precarizados, y no se van a poder jubilar porque está desfinanciando al sistema jubilatorio. Además de que no se van a poder jubilar, es una situación de deterioro general: el derecho al salario y al derecho a la jubilación están unidos. No hay derecho a medias, no es que vos podés tener medio derecho: revindicamos el derecho completo.
¿Cómo relacionar esos derechos de sectores distintos?
Cuando vos te jubilás por moratoria, algunos sí y a otros no, tenés que pasar un filtro: eso no es un derecho. El derecho tiene que ser una cosa completa a la cual accedés por haber trabajado toda tu vida. No sos empresario, no sos latifundista, viviste de tu trabajo: revindicamos eso. Por esa razón tenés derecho a que cuando cumplís la edad, tengas el derecho. No es un gasto para el Estado, es un pase de manos de divisas, es la clase trabajadora que se autosustenta. Nosotros luchamos por todo: por el trabajo en blanco registrado, por el cuidado integral del trabajador. No solo por los medicamentos, sino por el derecho a estar sano, a que no te contaminen, a que no te roben el agua, que no se pudra la comida: por todo. Por cosas que ni siquiera se puede resolver con dinero… Hay gente que no tiene dónde vivir, y la Canasta Básica no contempla el alquiler. Luchamos también, -como la Constitución dice- por el derecho a la vivienda. Por eso nos tenemos que ni unir para ponernos de acuerdo en qué país queremos y un plan de lucha hasta dónde queremos llegar y transformar la realidad nosotros mismos, porque somos las únicas personas que tenemos derechos.
Ustedes, militantes desde jóvenes, siempre pensaron en que se puede cambiar el mundo…
Lo seguimos pensando, incluso lo discutimos a raíz del volantito (que repartirán el miércoles) por la llegada de las hinchadas. Y algunos compañeros decían: no queremos que vengan a defendernos de la policía. Nosotros venimos resistiendo y no nos asusta, el tema es que nos apoyen en los reclamos, en un proyecto de país que sea beneficioso para todos. No queremos que vivir sea para una clase parasitaria a costa de los trabajadores.
¿Tuvieron contacto con representantes de hinchadas o de motoqueros, o es una relación por construir?
No tenemos mucha conexión. Fuimos a muchos conflictos planteando lo mismo, pero parece que el tema de la unidad para luchar juntos tiene otra maduración. Nosotros planteamos que la unidad tiene que ser una organización donde nadie quiera llevar al otro de las narices. Tiene que ser un plan que responda a las necesidades de todos los sectores. Y el plan de lucha que sea lo que estamos dispuestos a hacer todos. Que nadie se arrogue la representatividad, que no te manipulen, tiene que ser unidad en serio: si eso pasa, sería como un parlamento obrero, no necesitamos ni al Congreso. Queremos que los trabajadores decidan.
Eso pareciera que sí está un poquito más lejos…
Pero apunta para ese lado. Sabemos que vamos paso a paso. Por ejemplo, los motoqueros no tienen un lugar donde se reúnen, no sabemos cómo hacen. Porque nunca vinieron tampoco, nosotros sí hemos ido donde la gente luchaba. Ahora vamos a tener la posibilidad de quedar más relacionados.
¿Cómo se puede hacer más duradera estas alianzas, más allá del miércoles?
Del miércoles tenemos que salir sabiendo a dónde va un trabajador que tiene dificultades, que tenga a dónde ir; un lugar donde estén todas las organizaciones de trabajadores para articular un plan de lucha. No parecía que los jubilados tuviéramos esa atracción, ahora pinta distinto: no sabemos a dónde va a llegar, pero es interesante este momento. A diferencia de las hinchadas, las organizaciones a veces te vienen a conversar con un discurso que sabes de memoria, pero las hinchadas son trabajadores que tienen las mismas problemáticas. Y también el lugar que está dejando la CGT, lo están llenando. Porque después la CGT hace un paro y lo negocian ellos, y te dejan a gamba. Tener un espacio nuestro que tengamos decisión de que hacer es mucho más digno y duradero.
En este momento, Patricia Bullirch está preparando el operativo de seguridad. Hoy más temprano planteó la relación de las barrabravas como sectores violentos, para desacreditar lo que se está gestando. ¿Cómo se le contesta?
Son capaces de traerse algún tanque. Si la semana pasada éramos 500 y pusieron 1.000 policías, ahora no sé. Estaba la Prefectura, la Federal, la de la Ciudad… faltan los tanques de guerra, los soldados, la artillería. Pero nosotros sabemos que si hay mucha gente hay menos posibilidades de represión, ya lo vimos en la Marcha Universitaria… Entonces yo confío en que si somos tantos, se van a quedar en el molde. Pero vienen cebados, la semana pasada agarraron a algunos hinchas para decir que los que no son jubilados vienen a hacer lío. Pero no es así. Ellos quieren asociarnos a los barrabravas, pero nos dimos cuenta que no tienen nada que ver con los que vinieron, que son hinchas: los barras cuidaron a Milei cuando hizo el acto en Parque Lezama. Los hinchas son autoconvocados, y la verdad que estuvieron tranquilos y resistieron como resistimos nosotros. Ojalá que sea lo mismo. Y que sea un quiebre.
Nota
Continúa el destierro mapuche: Desalojan a otra comunidad para favorecer a un empresario forestal

La lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, El Bolsón, fue desalojada tras la denuncia del empresario Rocco, que ocupa esas tierras fiscales y goza de impunidad judicial, con aval político. El fallo que da la razón a la comunidad, versus las presiones que reconoció la fiscalía local a la comunidad mapuche. El testimonio de sus integrantes, y la relación con los recientes incendios. La voz de la abogada que desmiente las relaciones con la RAM y el «circo» montado para justificar el despojo con argumentos racistas. El post del gobernador Weretilneck, alineado a la bajada de Nación, y las amenazas a los pobladores locales. Una de terror que sucede en la Patagonia, donde las comunidades originarias se encuentran sin ley y sin derechos, y con cada vez menos territorios. «Vamos a presentar una medida cautelar para volver a nuestro territorio lo antes posible”.
Por Francisco Pandolfi
El 10 de diciembre pasado, Javier Milei derogó la ley de Emergencia Territorial Indígena dando así vía libre a los desalojos de las comunidades originarias y allanando el terreno para el destierro, sobre todo del pueblo mapuche y sobre todo en la Patagonia. Ayer, el Gobierno de Río Negro, mediante un despliegue de más de 150 agentes de la Policía provincial, dio un nuevo paso en ese sentido: desalojó de sus tierras a la comunidad Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, El Bolsón.
El operativo se realizó por orden judicial tras una denuncia del empresario forestal Rolando Rocco, que ocupa esas tierras fiscales desde hace años, gozando de beneficios tanto por parte del Ejecutivo como de la Justicia. En noviembre de 2021, dos empleados de Rocco atacaron a la comunidad y asesinaron a Elías Garay e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera, dos de sus integrantes.
La voz de la comunidad
Romina Jones es integrante del lof Quemquemtrew, pero no habla con lavaca desde ahí. “Nos dejaron sin nada”, comienza.
¿Qué hay detrás de este despojo?
Los intereses de un empresario forestal, Rolando Rocco, a quien la provincia prácticamente le regaló más de 2500 hectáreas en Cuesta del Ternero, en un proceso de muchísimas irregularidades. A un fiscalero (quien ocupa tierras fiscales) se lo obliga a vivir en el lugar, pero él vive incluso en otra provincia (Chubut); a un fiscalero se le otorga un terreno único, pero a él le dieron diferentes porciones de la Cuesta, un montón de parcelas. A un fiscalero también se le exige que tenga buena relación con sus vecinos, pero él tiene denuncias de varios por amenazarlos con armas de fuego y armas blancas. Y ni hablar que él fue quien contrató a las dos personas que entraron al territorio a matar a Elías (Garay, asesinado en noviembre de 2021). La Justicia lo eximió, pero la vinculación es evidente, no sólo por sus amenazas previas de que lo iba a hacer, sino que su abogado es el mismo que defiende a uno de los asesinos de Elías. En ese crimen también estuvo involucrado el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad provincial, ya que los autores materiales eludieron, portando armas de fuego, varios retenes policiales, en un momento donde nadie podía pasar. Hubo una cadena de responsabilidades que nadie las paga, como las hay ahora también con el desalojo de ayer. Hicimos varios reclamos a la Dirección de Tierra de Río Negro, pero es un organismo que ha venido regalando grandes extensiones a distintos empresarios, como es el caso de Joe lewis (el magnate británico que tiene la llave de Lago Escondido). Nosotros teníamos todas las de ganar, pero sin embargo nos desalojaron.
¿Por qué tenían todas las de ganar?
Porque estamos en territorio mapuche y eso fue reconocido por la jueza Romina Martini en la sentencia del juicio. Habló de nuestra ancestralidad, nos reconoció como comunidad mapuche, el derecho a reagruparnos, la necesidad de desarrollar la espiritualidad, pero ni eso alcanzó. El fallo que ordena el desalojo es una gran ironía, que se explica por los aprietes que hay hacia el Poder Judicial, que no es autónomo, sino que se inclina según las presiones políticas. Desde la propia fiscalía nos reconocieron las presiones del gobernador y de su partido Juntos Somos Río Negro.
Circo y mentiras
Andrea Raile integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es la abogada que representa a la comunidad Quemquemtrew. Dice que le gustaría que algo quede bien claro: “Tiene que dejar de hablarse de desalojo porque aunque la sentencia de la jueza sí ordenó la desocupación del predio, lo que hizo la lof fue un cumplimiento voluntario de la sentencia”. Se pregunta y se responde: “¿Qué significa esto? Significa que tanto el operativo que hizo ayer la provincia de Río Negro llevando tantos policías, así como sus discursos que hablan de una vinculación con la RAM, es todo circo y pura mentira. No hay ninguna vinculación con la RAM y lo único que encontraron en la comunidad fueron banderas mapuche y cartelería de Eíias Garay, recordando su asesinato”.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ayer hizo una publicación en sus redes sociales en la que se jacta del magnífico operativo (cuando ya sabían que no habría nadie) y endilga a la comunidad de violenta y desobediencia judicial, así como de ser un sector radicalizado “que pretende imponer sus propios términos, desafiando al Estado y a la Justicia”.
Andrea tiene muchísima bronca. Dice que la provincia siempre se escuda en un privado, pero es la que “tiene que dar la cara, porque es la dueña de la propiedad de la tierra”. Y aclara: “Esta comunidad siempre estuvo abierta al diálogo, aún después de que entraran en la comunidad y asesinaran a uno de sus integrantes, burlando dos retenes policiales. Lof Quemquemtrew siempre estuvo a derecho y cuando quedó firme la sentencia, la comunidad la cumplió y dejó su tierra, sin violencia. El circo que hicieron ayer no sé quién lo pagará, no era necesario”.
Patagonia en venta
El desalojo de ayer se da en un contexto de persecución general al pueblo mapuche. A principios de este año el gobierno provincial desalojó a la comunidad Paillako; hace dos semanas comenzó el juicio a lof Lafken Winkul Mapu; todo en medio de monumentales incendios que desde el poder político buscaron culpabilizar al pueblo ancestral:
Romina Jones cuenta lo que percibe que sucede en la Patagonia: “Se están vendiendo todos los recursos naturales que todavía existen, a capitales extranjeros israelitas, cataríes, yanquis, a los amigos del poder. Y se va contra quienes defendemos estos bienes, sean del pueblo mapuche o no. Hace un mes, en el incendio de Mallín Ahogado, detuvieron a brigadistas a partir de mentiras, ensuciándolos, diciendo que en vez de apagar los incendios los prendían. Hoy sale a la luz, a punto de empezar las clases, que una escuela arranca con cuatro hectáreas menos en su predio, por habérselo vendido a terceros. El empresario Rocco tiene una plantación de pino, y justamente el pino es uno de los factores de incendios, porque además de secar la tierra, al prenderse el lugar se expande la pinocha, que vuela y genera distintos focos en poco tiempo. Entonces, el trasfondo de todo es la entrega de la tierra y para eso valen todos los hostigamientos, vale toda la campaña mediática que nos tilda de terroristas e incendiarios. Y esto se está extendiendo a cualquiera que nos acompañe”.
Romper el silencio
Daniela tiene 32 años y desde hace seis que se mudó de Buenos Aires a la Comarca Andina. Es productora hortícola y vive en Mallín Ahogado, paraje rural de El Bolsón. Integra la red de apoyo al lof Quemquemtrew. Daniela, anteayer, no dio más, y necesitó decir. Escribió un comunicado, en el que denunció:
“Cómo es de público conocimiento, hoy jueves 6 de marzo 2025, durante la mañana se llevó adelante el nefasto operativo de desalojo en dicha Lof. Hoy también, alrededor de las 12hs, mientras el ministro de seguridad de la provincia (Daniel Jara) y el jefe de la policía de Río Negro (Daniel Bertazzo) daban una conferencia de prensa en la Comisaría N°12, se presentaron frente a la casa donde vivo junto a una amiga, un móvil y una 4×4, ambos de la policía de Río Negro. Desde hace un mes, en distintos momentos, venimos siendo amedrentadas por la policía. Empezó el 6 de febrero, cuando agentes subidos en tres motos señalaron nuestra casa desde el camino”.
Horas después, Daniela habla con lavaca: “Desde que fue el desalojo a la comunidad Paillako, en el Parque Nacional Los Alerces, comenzó una campaña mediática acusando al pueblo mapuche de terrorista. Empezaron los incendios en Epuyén (noroeste de Chubut) e inmediatamente militarizaron la Cuesta del Ternero, donde está el territorio del Lof Quemquemtrew. Luego se prendió fuego Mallín y la solidaridad que empezó a gestarse entre la comunidad fue impresionante, para gestionar donaciones, armado de viandas. Eso molesta mucho al poder, lo pone en jaque, así que en respuesta arrancó una embestida de medios de comunicación demonizándonos, se escrachó a gente que estaba ayudando a apagar el fuego para generar pánico y divisiones, que detonó en detenciones al voleo y una patota (de Joe Lewis) golpeándonos a quienes reclamábamos por las liberaciones. Ese circo que se armaba era alrededor de un montón de vecinos de a pie que pedían el linchamiento y la muerte de todos los que estábamos ahí. Desde ese día empiezo a notar el hostigamiento policial hacia mí y a otras personas”.
¿Qué tipo de hostigamiento?
Al día siguiente, tres motos de las fuerzas especiales de la Policía rionegrina se apostaron frente a mi casa a señalarla. Yo estaba adentro. Me asusté, me paralicé; sabía que no era algo individual, sino un un mensaje para el conjunto. Para resguardarme, decidí apagar el celular, y a los diez días aproximadamente se me prendió. Estaba muy caliente y tenía la fecha cambiada: decía 24 de marzo, una fecha lo suficientemente sugerente para nuestro país. Una semana después, volviendo a mi casa una noche, me apuntaron con un láser hasta que me perdieron de vista. Y ayer fue el detonante, tras el desalojo de la comunidad, el apostarse en la puerta de mi casa. Primero le resté importancia, pero después uní todo y decidí salir a hablar, y en las próximas horas presentar un hábeas corpus para averiguar qué pasa, qué están haciendo realmente conmigo y por qué merodean mi casa”.
Cuando le pregunto a Daniela cómo está, cómo se siente, su primera respuesta es en llanto. Y después le sale la voz, un poco entrecortada pero le sale, porque decidió decir: “Tengo mucha bronca, mucha impotencia y si estoy así de mal es por mi vieja, que vive en Buenos Aires; ella fue presa en la dictadura, estuvo un año y tres meses detenida en Chaco y todavía no he podido contarle la situación para no asustarla. El llanto, en realidad, es porque no sé cómo abordar la situación con mi mamá. Pero otra enseñanza que nos dejó el periodo de la dictadura es que hay que decir, que si me llega a pasar algo, se sepa el por qué”.
Quemquemtrew, en mapudungún, significa el sonido que se produce con la corriente de un río y las piedras. Romina Jones, integrante de la comunidad, adelanta que presentarán una medida cautelar en resguardo al sitio ceremonial y al rewe (sitio sagrado) y para que la machi (guía sanadora y espiritual) pueda volver al territorio: “Como pueblo originario lo que reclamamos es recuperar nuestros sitios ceremoniales, que son de suma importancia para nuestro físico, para lo espiritual, lo emocional. Entendemos que gran parte de la sociedad no llega a comprenderlo, porque hay un trabajo muy fino del discurso oficial, con expresiones racistas de distintos gobiernos, que reforzado por los medios hegemónicos da como resultado que no haya ni un pequeño interés en nuestra cosmovisión, al punto de banalizarla. Pero quienes menos respeto nos tienen son los que toman las decisiones, y que en realidad están obligados a proteger nuestras creencias, como lo establece la Constitución Nacional. Porque si bien hay leyes que protegían nuestros derechos y que Javier Milei ha derogado, siguen vigentes la Constitución y varios convenios internacionales que nos amparan. Vamos a presionar, porque el objetivo es claro: volver a nuestro territorio lo antes posible”.
Nota
Alerta Lugano: a espaldas de la comunidad, AUSA y el GCBA avanzan con el Máster Plan

La obra que pretende modificar al barrio sin ningún beneficio vecinal, para colocar entre otras cosas un nuevo peaje, se estima que acabará con 70 mil metros cuadrados de espacio verde. Ayer la empresa concesionaria de la autopista Dellepiane comenzó con la tala, pese a que se había pactado una “mesa de trabajo” previo al inicio de las obras, que la comunidad rechaza. La voz de las y los vecinos, el silencio del gobierno porteño y la postura de AUSA: no dar entrevistas “en on”. Hoy por la tarde el barrio se autoconvoca a una ceremonia de reflexión y concientización: 18.30, en Cañada de Gómez y Riestra.
Por Francisco Pandolfi
Ni el gobierno porteño ni la empresa AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) cumplieron lo que habían prometido: ayer, con la luz verde del Gobierno de la Ciudad, la empresa concesionaria de la Autopista Dellepiane empezó con la tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no comenzar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano, que la vienen exigiendo desde noviembre pasado.
Silencios y engaños
El pedido de diálogo primero fue en una audiencia pública. Ante el silencio como respuesta, se exigió por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. No hubo ninguna respuesta hasta el pasado jueves 20 de febrero, cuando en una reunión en la Junta Histórica de Lugano, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a iniciar las mesas de trabajo previo al inicio de la obra. Los representantes gubernamentales en la reunión fueron Facundo Echeverría, de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, y Jorge Fiorentino, asesor de la secretaría de Ambiente y Espacios Arbolados. “La obra empezó y de las mesas de trabajo no hubo noticias, hasta que hoy vinieron y arrasaron con los primeros siete árboles”, denuncia la comunidad.
Desde AUSA, la semana pasada habían informado que hoy harían la extracción y posterior trasplante de cuatro especies (dos ceibos y dos aguaribay) en Dellepiane Sur, pero el accionar fue otro: no hubo trasplante, sino tala directa, tanto en Dellepiane Sur como en Dellepiane Norte.
Sin beneficios
En esta nota publicada la semana pasada (https://lavaca.org/actualidad/lugano-resiste-al-master-plan-que-quiere-imponer-macri/), contamos los pormenores de una obra que modificará al barrio sin ningún beneficio vecinal, y de la que no está enterada (como figura por ley) la mayoría de los frentistas a la Dellepiane. Allí, a metros de la General Paz, el gobierno porteño pretende colocar un nuevo peaje, a sólo 4 kilómetros del ya existente en avenida Lacarra.
El “Máster Plan Autopista Parque Dellepiane” se emplazará sobre la traza de la autopista Dellepiane, desde el cruce de la avenida General Paz hasta el Peaje de Lacarra, y abarcará 4,6 km. La comunidad afirma que en ese tramo se talarán cientos de árboles, entre los cuales hay álamos, ceibos, ombúes, aguaribay, algunos de más de 100 años, que ahora están marcados con una cruz, como señal de la muerte anunciada. Dice Silvina Cammarotta, vecina: “Según un ingeniero de AUSA, 121 árboles los van a arrasar con una máquina y triturar, hasta convertirlos en aserrín”.
El rediseño de la autopista incorporará dos carrilles exclusivos para metrobús y la terminación de las colectoras, por lo que se eliminarán de cada lado diez metros de espacio verde. Dice Néstor Muñoz, vecino de Villa Lugano: “El Gobierno de la Ciudad presentó esta obra de modernización de la autopista para poder cobrar un nuevo peaje, y para hacerlo, la ley obliga que cada camino con peaje debe tener un camino alternativo. La ampliación de las colectoras significa más asfalto, y la destrucción de 70 mil metros cuadrados de espacio verde”.
Policías y más policías
A sabiendas de la extracción que devino en tala, los vecinos autoconvocados fuera de toda bandera partidaria, se convocaron este miércoles a las 6 de la mañana, de manera pacífica, para registrar los movimientos de la empresa. Presagiaban que podía pasar lo que finalmente ocurrió: el aniquilamiento de los árboles. Cuando arribaron –todavía de noche–, ya había una camioneta de la Policía de Ciudad esperándolos. Luego llegó otra. Y luego otra. Y luego una más. 12 agentes uniformados y otros de civil se apostaron frente a la autopista, para garantizar que se llevara a cabo la tala, sin inconvenientes.
Enzo es frentista de la Dellepiane. Le dicen el Tano. Mira la situación, con una docena de efectivos de un lado, con máquinas del otro. Y dice: “Es lamentable que destruyan, en vez de construir”.
Recurso de amparo
Hace dos semanas, los vecinos y vecinas de Villa Lugano presentaron un amparo solicitando que el Gobierno porteño y AUSA detuvieran la obra hasta que se iniciaran las mesas de trabajo conjuntas. El amparo cuenta con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó la Defensora Oficial, Giselle Furlong Pader, que exigió convocar a un proceso participativo institucional y vinculante, previo al desarrollo de la primera etapa de la obra.
Eso ya no se cumplió.
La Defensoría también exhortó a que el gobierno porteño convoque a una audiencia “para facilitar el diálogo entre las distintas partes del proceso judicial”. Y solicita suspender la extracción de los árboles hasta que no se dé cumplimiento “con la obligación de brindar información pública y se otorgue la debida participación en asuntos ambientales”.
Esto tampoco se cumplió.

Qué democracia
Silvina tiene una angustia que se le nota en los ojos. Y en la voz: “Nos mintieron en todo y en la cara. No hicieron nada de lo que dijeron. Talaron en vez de trasplantar; dejaron los troncos al ras. Vamos a hacer una denuncia penal. Llamamos a Facundo Echeverría, de Vínculo Ciudadano de la Ciudad y nos re boludeó; dijo que la obra se iba a hacer igual y que nosotros éramos unos subversivos. Siento mucha impotencia, dolor, un nudo en el pecho, se manejan con muchísima impunidad. Hicimos todo lo que había que hacer, sin violencia, buscando todos los canales de diálogo y nada. No parece un gobierno democrático, sino una tiranía”.
Néstor: “Seguiremos exigiendo al gobierno un plan integral de ciudad, donde se contemplen espacios verdes necesarios de mantener. Internacionalmente se busca que las ciudades tengan un 12% por ciento de espacios verdes, y nosotros con suerte pasamos los 6. Nosotros no tomamos un camino de violencia para reclamar, pero en cambio, la violencia la está generando este gobierno, vallando los caminos, no conformando las mesas de trabajo y ahora talando los árboles. El artículo 1 de la Constitución lo dice muy claro, y parece que este gobierno no lo sabe: el sistema que desarrollemos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser democrativo y participativo”
Cecilia, también vecina: “Esperamos que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, entre en razón; lo que hicieron hoy es de sinvergüenzas. Hoy se llevaron puestos siete árboles. Hoy asesinaron siete árboles”.
Que en esta nota hablen sólo vecinas y vecinos tiene un por qué. O dos, en realidad. Comunicarse a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano es una tarea titánica, que no da resultado. Nadie atiende.
Con AUSA la cosa es distinta, aunque parecida: el prensa de la empresa le dice a lavaca que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.
Los vecindad organizada sigue en pie y para mañana jueves por la tarde (18.30, en Cañada de Gómez y Riestra) convoca a una ceremonia de reflexión y concientización ante el ombú centenario de Lugano. Es una más de las decenas de movidas que la comunidad viene haciendo desde noviembre, cuando se enteró del Máster Plan. Como la convocatoria casa por casa a los frentistas desinformados; como la repartición de volantes en los corsos de carnaval; como la juntada de firmas en los centros comerciales; como las innumerables reuniones presenciales y virtuales para organizarse; y hasta la creación de dos ideas fuera de lo común, pero bien dentro de lo comunitario: una cumbia que cuenta y canta la problemática (subir video) y un concurso donde se premiará (con una semana en San Clemente del Tuyú, gracias a una vecina que prestará su casa) a la pancarta más llamativa y original. Hay una en donde vuelan dólares, con el lema “Una obra que de verde, sólo tiene los billetes”; otra que muestra una topadora llevándose puesta un árbol; y hay otra que es una cartulina celeste, con letras rojas y negras, que dice:
No hay peor
Jorge Macri
que el que
no quiere ver.

Silvina y Néstor, dos de los guardianes de los árboles. / Foto: Elena Gorocito.
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