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El Mercosur y la integración regional. Una interminable carrera de obstáculos

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A trece años de su creación, el Mercosur se expande velozmente pero no consigue resolver los problemas derivados de las profundas asimetrías entre sus miembros, que no sólo persisten sino que -según se desprende de la reciente XXVI Cumbre de Jefes de Estado- tienden a acentuarse. Así lo desarrolla Raúl Zibechi en esta nota en la que -entre otros puntos- analiza la presión de los Estados Unidos y las diferentes realidades de los países que ya sumaron, o se sumarán próximamente, al acuerdo regional. Por Raúl Zibechi.

A trece años de su creación, el Mercosur se expande velozmente pero no consigue resolver los problemas derivados de las profundas asimetrías entre sus miembros, que no sólo persisten sino que -según se desprende de la reciente XXVI Cumbre de Jefes de Estado- tienden a acentuarse. La opción entre profundizar la integración y la incorporación de nuevos países, saltando incluso los límites regionales, se ha visto desbalanceada a favor de esta última opción como consecuencia de la presión de los Estados Unidos para imponer el Alca, que debería entrar en vigor a comienzos de 2005.

Pero el Alca está muerto, tanto en su versión original como en la alternativa “light” ideada para salvar el invento, por la negativa del Mercosur -liderado en esta batalla por Brasil-, la actitud de Venezuela y la reticencia de varios países de la región, con la solitaria excepción de Chile y, en menor medida, México, aliados de Estados Unidos. En su lugar, Washington está firmando con rapidez tratados de libre comercio con Centroamérica y varios países andinos (Colombia, Ecuador y Perú), con el objetivo de aislar y debilitar a Brasil, único país que ha sido capaz de contraponerle una estrategia alternativa, consistente en profundizar los lazos con grandes países del Sur (China, Sudáfrica, India) y establecer alianzas puntuales sobre temas agrícolas, como el G-20.

Alianzas y nuevos socios

En la reciente cumbre, finalizada el 8 de julio en Puerto Iguazú (Argentina), quedó prácticamente establecido el marco de alianzas del Mercosur en la región y las expectativas de acuerdos extra regionales. A los miembros fundadores (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), se le fueron sumando varios integrantes que reciben el estatuto de “Estados asociados” (Chile, Bolivia y Perú), a los que ahora se suma Venezuela, en tanto México quedó como observador hasta que se firme un TLC que le permita adquirir el mismo nivel que los demás asociados.

En breve el Mercosur deberá concluir un TLC con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El acuerdo ya está concluido y debería haber entrado en vigor este mes de julio, pero se retrasó debido a dificultades con las listas de desgravaciones. El objetivo para el Mercosur es doble: por un lado, intenta contrarrestar los acuerdos de libre comercio en vías de negociación entre Estados Unidos y Colombia, Perú y Ecuador; por otro, busca afianzar lazos en la perspectiva de avanzar hacia el proyecto de Comunidad de Naciones Sudamericanas, en el que se ha empeñado Brasil, acompañado con diferentes grados de entusiasmo por sus socios del Mercosur. Se trata, en suma, de una carrrera contra reloj para ganar indecisos, en la cual el gobierno de George W. Bush cuenta con aliados sólidos como la Colombia de Alvaro Uribe, en tanto el Mercosur tiene a su favor el entusiasmo latinoamericanista de Hugo Chávez.

La incorporación de Venezuela tiene varias aristas. Una de las más importantes está relacionada con la política doméstica, ya que Chávez consiguió un respaldo en medio de la dura campaña del referéndum revocatorio de su mandato. En ese marco, consiguió además firmar un acuerdo con el presidente Néstor Kirchner para que los buques de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, sean reparados y construidos en astilleros argentinos.

El primer paso será la construcción de ocho tanques petroleros; Chávez aseguró que su país importa 5 mil millones de dólares anuales desde Estados Unidos en bienes y servicios, como tuberías y válvulas, y que pretende que “el 25 por ciento de eso se haga en Argentina y Brasil” . Los acuerdos fueron más lejos aún: se anunció la creación de Petrosur, una empresa petrolera interestatal entre Argentina y Venezuela, aunque algunos funcionarios argentinos matizaron la euforia chavista asegurando que se trata apenas de una “expresión de deseo”.

Economía y política, por sendas separadas

El caso mexicano es diferente. Uruguay ya tiene acuerdos comerciales sobre productos industriales con México, en tanto Argentina está dando pasos en esa dirección. Brasil, por su parte, se muestra muy reticente a que México se integre como miembro pleno, en parte porque diluiría su papel como líder regional. Otras fuentes estiman que la iniciativa de Vicente Fox es “más retórica que de eficacia práctica”. Así lo señaló Mario Marconini, director del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, para quien el acuerdo es muy difícil ya que el Mercosur debería ajustarse a una economía más abierta como la mexicana. En Brasil no desestiman las razones políticas del intento foxista: desde quienes adivinan un “alejamiento” de México respecto de sus socios del Nafta, hasta los que defienden una lectura “conspirativa” en la que Fox jugaría a “debilitar el Mercosur” . Mientras, Kirchner dijo que se trata de “una unidad política más que una unión económica”, para fortalecer al Mercosur ante los países del Norte.

En paralelo, antes de fin de año debería concluirse un ambicioso acuerdo con la Unión Europea. Las dificultades son las mismas que frenaron el Alca: subsidios del Norte a la agricultura y la pretensión de la UE de que los países del Sur abran sus servicios, compras gubernamentales e inversiones a las multinacionales europeas. Las negociaciones vienen avanzando muy lentamente, entre recelos de que se llegue a firmar un acuerdo que lesione la soberanía de los países latinoamericanos. La UE parece dispuesta a flexibilizar la entrada de productos agrícolas, pero en contrapartida exige que los estados abran el rubro “compras gubernamentales”, a lo que Brasil se sigue negando de forma tajante. Algunos observadores estiman que hacia fin de año puede llegarse a firmar un buen acuerdo político pero sin la menor trascendencia comercial.

Tanto en el caso del acuerdo con la UE como con la CAN, las consideraciones geo-políticas ocupan un lugar muy destacado. The Financial Times ha señalado que la UE estaría intentado atraerse a Brasil y Argentina para dividir el G-20; en tanto, el canciller brasileño Celso Amorim destacó que el acuerdo con la UE tiene un imprortante perfil político, ya que “queremos reforzar la multipolaridad” . Del mismo modo, en el tablero de ajedrez continental el acuerdo Mercosur-CAN es visualizado como una forma de atascar el avance de Washington en el área andina, que a partir de sus relaciones “carnales” con Colombia comienza a “derramar” peligrosamente su influencia sobre Ecuador y Perú. Se trata de la misma lógica que llevó a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay a enviar tropas a Haití para “mantener la paz”.

Asimetrías e integración

No es, sin embargo, la presión estadounidense el factor más difícil de sortear para la integración latinoamericana. Avanza a paso de tortuga, si es que avanza. En algunos casos se trata de viejos litigios (como el que enfrenta a Chile y Bolivia por la salida al mar), en otros son problemas derivados de las políticas neoliberales (como el conflicto del gas entre Chile y Argentina, por la nula inversión de las privatizadas argentinas que hace peligrar la exportación de gas). Pero, por encima de todo, aparecen los enfrentamientos derivados de la subordinación de casi todos los gobiernos a las grandes empresas -nacionales o multinacionales- que pretenden imponer sus estrechos intereses.

Uno de estos conflictos empañó la reciente cumbre del Mercosur. Días antes de la reunión, el gobierno argentino decidió restringir la importación de electrodomésticos brasileños que invadieron el mercado desplazando a los fabricantes nacionales. La multinacional argentina Techint realizó presiones en ese sentido, alegando los subsidios que recibe la industria brasileña: el Estado otorga créditos a los exportadores a tasas preferenciales, pero además se venden como de “origen Mercosur” productos armados con piezas ingresadas por la zona franca de Manaos, lo que le da a los fabricantes brasileños grandes ventajas. Pese a ello, existen otras asimetrías: vinculadas a la escasa inversión de los industriales argentinos en el último lustro de estancamiento y crisis; a las diferencias en el tamaño de los mercados internos (180 millones de habitantes Brasil frente a 38 millones Argentina); a la mayor solidez del sistema bancario brasileño y a la baja relación de depósitos en moneda extranjera, frente a la masiva dolarización que sufrió Argentina en los 90.

Ante este conjunto de asimetrías, Techint -que fue una defensora entusiasta del gobierno de Carlos Menem- propuso ante la Unión Industrial Argentina, a fines del año pasado, la necesidad de replantear el Mercosur transformando la unión aduanera en una zona de libre comercio, para recuperar así el terreno perdido durante una década. Las permanentes controversias entre Argentina y Brasil, en las que también suele terciar Uruguay con argumentos similares, están empedrando el camino de la integración. En el caso de los electrodomésticos, Lula y Kirchner decidieron bajar el perfil de la confrontación y abrir un espacio de negociaciones. Pero la actitud conciliadora le valió al gobierno de Brasil un duro editorial del influyente O Estado de Sao Paulo, que el 9 de julio lo acusó de mantener una actitud de “complacencia ante las agresiones de Argentina al libre comercio”.

Son apenas ejemplos acerca de cómo los intereses de los grandes empresarios suelen tomar de rehén la integración regional. Buena parte de la política exterior de Lula está guiada por los intereses del agronegocio, sector que apoya el Alca, los acuerdos con la UE y la ampliación del comercio con China, aunque todas ellas -se supone- son opciones políticas diferentes.

¿Libre comercio?

Por último, subsisten graves resquemores entre varios países, pero en especial ante lo que muchos temen sea una actitud de liderazgo, o hegemonista, de Brasil. Al terminar la cumbre del Mercosur, Lula se dirigió a Santra Cruz de la Sierra (Bolivia), donde demandó mayor lealtad y menos intrigas entre los países del Cono Sur, para garantizar el desarrollo igualitario de la región y mayor peso en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la UE. Aseguró al presidente Carlos Mesa, y al grupo de empresarios que lo acompañaban, que Brasil quiere ser “generoso y leal con los países pobres” y que “no habrá un Brasil rico si Bolivia y otros países continúan pobres”.

A primera vista, estas declaraciones suenan desconcertantes. Pero la sorpresa se disipa si se tiene en cuenta que el próximo 18 de julio se realiza el referéndum convocado por el gobierno de Mesa y cuestionado por el movimiento social que, siguiendo el camino de la Central Obrera Boliviana, llama al boicot. Bolivia está partida al medio ante la consulta. La oposición social considera que legitimará el control de las multinacionales sobre los yacimientos y las reservas de hidrocarburos (54 trillones de metros cúbicos de gas y 480 millones de barriles de petróleo). Las embajadas de Estados Unidos y España presionaron, con éxito, para que “sus” empresas (Repsol-YPF, Shell, Enron y otras) mantengan sus privilegios hasta 2036, cuando caducan los contratos, más allá de los resultados de la consulta.

Lula hizo exactamente lo mismo a favor de la brasileña Petrobras, que controla la sexta parte de todas las reservas bolivianas, a la que los gobiernos neoliberales le concedieron enormes campos de gas y una rebaja tributaria del 32%. Lula firmó con Mesa -a nueve días del referéndum, cuando el gobierno amenaza con represalias a quien no vote y refuerza la militarización del altiplano- una declaración en la que esperan que “los resultados del referéndum (.) permitan la continuidad de la cooperación bilateral y el desarrollo de nuevos proyectos de interés mutuo, en un ambiente de estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica” . En suma, un fuerte respaldo a Mesa y un balde de agua fría al movimiento social.

En estas condiciones, la integración es o bien imposible o contraria a los intereses de los pueblos. Con razón, el economista brasileño César Benjamin sostiene que “el libre comercio fortalece y profundiza la división internacional del trabajo”, que enfrenta pueblos con pueblos . Sobre Lula, es lapidario: “Al presentarse como campeón del ‘verdadero libre comercio’, un poco por deslumbramiento, un poco por ignoracia, un poco por irresponsabilidad, adhiere al discurso hegemónico en los países centrales”.

Ahora, a la lista habrá que sumarle la perla boliviana. Faltan las palabras.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

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El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa. 

Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

Foto: Alejandra Bartoliche

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. 

Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.

1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.

La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.

El por qué de la decisión se impone como pregunta. 

La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.

No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.

Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.

Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.

Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. 

Foto: Alejandra Bartoliche

El contexto

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).

La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”. 

Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una  reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe. 

El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Foto: Alejandra Bartoliche

El comienzo del juicio oral

En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo. 

La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”. 

Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”. 

¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia. 

Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.

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