El vecindario de Villa Lugano realiza asambleas y guardias para evitar que el gobierno porteño comience a talar árboles en lo que consideran un ecocidio, cerrar accesos de la autopista Dellepiane y modificar al barrio sin consulta a los vecinos, cosa que sí hacen en los barrios del norte, como Belgrano y Palermo.

El mismo mecanismo obligó en 2024 a que la la comunidad frenase obras que Jorge Macri intentaba imponer, incluso con mujeres atándose a los árboles y gente atrincherándose contra las máquinas. Detalles de un negocio de más de 7 mil millones de pesos que la comunidad rechaza (tala de 437 árboles y un nuevo peaje, entre otras cosas). El mismo vecindario hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan.

Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Cero respuesta a ese reclamo de ser tenidos en cuenta como parte de la convivencia democrática. Los guardianes de los árboles, y las escenas de la organización barrial para rechazar el proyecto.

Por Francisco Pandolfi

La gente de Lugano se reúne en el centro. No están de paseo, ni de compras, ni miran vidrieras. Las y los vecinos autoconvocados se vuelven a juntar, una vez más, para defender a la sureña comuna 8. Vuelven a ver el barrio en peligro.

Es la misma comunidad organizada, sin bandera partidaria, que el año pasado se formó con el nombre No dividan Lugano, y evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nível, que no tenían ningún beneficio vecinal y sí un amplio abanico de perjuicios: encajonaban al barrio, lo fragmentaban con murallas, lo hacían intransitable para los vecinos, en pro de un negocio poco claro de 4.500 millones de pesos (de un año atrás).

Cuando empezaron a llegar las máquinas demoledoras y excavadoras, y luego se agregaron las topadoras, el vecindario salió a la calle. Mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. Las mujeres, sobre todo, decidieron atarse a los árboles para defenderlos, mientras muchos vecinos –profesionales y arquitectos del barrio incluidos– mostraban los errores de ese plan y formas mucho más sensatas de hacer las cosas.  

En esta crónica contamos todo lo que fue ese proceso, una especie manual de organización comunitaria: https://lavaca.org/mu198/la-comunidad-organizada-triunfo-vecinal-en-villa-lugano/

Sin embargo, no hubo tiempo para festejar el freno puesto a Jorge Macri, porque tan sólo un par de semanas después empezó otra embestida, otra vez a espaldas de la gente. 

En esta oportunidad, a través de una obra denominada Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de 437 árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista, y (lo que tal vez sea el fondo recaudatorio de todo) otro peaje.   

Por eso el vecindario se vuelve a juntar en el centro de Villa Lugano. Ya han demostrado su capacidad de resistencia, y aquí empiezan a levantar la guardia para informar lo que está pasando, seguir acumulando fuerzas y a planificar los pasos a seguir.

El encuentro es en la Plaza Unidad Nacional. 

Nada menos.

Primero proyectaron un documental sobre la lucha del colectivo No Dividan Lugano, que frenó la construcción de los túneles. Luego, con el recuerdo a flor de piel, se habla de esta nueva pelea, que también tiene su historia: los primeros días de noviembre de 2024 se llevó a cabo una audiencia pública donde más de 100 vecinos exigieron una mesa de trabajo conjunta con el gobierno de la Ciudad, así como la información pública y detallada. Hasta el día de hoy, denuncia la comunidad, solo recibieron un amenazante silencio como respuesta.

¿Qué dice el gobierno porteño?

El proyecto abarca una traza de 4.6 kilómetros en la autopista Dellepiane (que une la Ricchieri con la 25 de Mayo), desde avenida General Paz hasta avenida Lacarra. La empresa a cargo de la obra es Eleprint S. A. y el monto adjudicado para su realización es de más de 7 mil millones de pesos ($7.682.057.632, 70). La gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires informó en un documento de 1.200 páginas estos puntos principales con el fin de “incrementar la seguridad vial en la autopista y disminuir la siniestralidad” y “mejorar el uso del transporte público”:

-Incorporación dos carriles centrales para el transporte público, en el medio de la autopista (Un metrobús, aunque no lo mencionen con ese nombre).

-Ensanchamiento de las colectoras. 

-Y el punto neurálgico de esta obra, como parte del sistema recaudatorio del gobierno porteño: la instalación de un nuevo peaje a la altura de Lacarra, a tan sólo 4 kilómetros del que ya está emplazado. 

Otra arista a tener en cuenta: el proyecto menciona a la ley 104 de acceso a la información pública. Para eso no hay colectoras ni carriles: el acceso a la información pública sigue bloqueado.  

Fuera árboles, adentro el peaje

El micrófono va pasando de mano en mano en el encuentro. Vecinos de cualquier edad, trabajo y de distintos niveles económicos, comparten lo que los une, lo que es público. El micrófono amplifica los argumentos. 

• “Este proyecto solo traerá más cemento y más tránsito. Y va a afectar sustancialmente la vida de quienes vivimos acá. Es una mega obra a escala metropolitana y ni siquiera tenemos toda la información concreta de cómo son los pasos a seguir. Desde noviembre exigimos una mesa de trabajo conjunta y solo hubo oídos sordos”. 

• “Para lo que buscan hacer deberán talar muchísimos árboles añosos y frondosos. Los mismos vecinos hicimos un relevamiento que demostró que buscan sacar una cantidad muy superior a la que informaron la Dirección de Arbolado del gobierno y AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, empresa que tiene la concesión de la autopista). Son 176 árboles de Dellepiane Sur y 261 de Dellepiane Norte. O sea, 437, un bosque urbano, con su fauna nativa. Es un ecocidio lo que intentan hacer”.

• “Y encima nos mienten sin parar. Para convencernos prometen que al lado de la autopista harán dos parques lineales, y nos muestran los planos con árboles enormes, que dan una sombra espectacular. Esos mismos árboles que planifican derribar. ¿Tan loco es exigir la verdad”.

• “Con el paso del tiempo van modificando la obra al planteo original, y no lo comunican. La semana pasada hicimos una recorrida con AUSA. En una primera instancia habían dicho que dos carriles que ampliarían de la colectora tendrían 3.5 metros cada uno, o sea 7 en total, y ahora hablan de 10 y de 12. Por un lado cada vez más cemento, por el otro ni saben cómo va a ser la obra definitiva cuando ya la empezaron. ¿Cómo podemos actuar si no hay información precisa, y si ni ellos saben cómo será?”.

• “Hasta hoy, en los poco más de cuatro kilómetros de la Dellepiane, el barrio cuenta con 26 entradas y salidas. El gobierno nos va a cerrar 14 ingresos y egresos. ¿En serio piensan en el vecino? No. ¿Qué relación tiene el querer disminuir los choques con disminuir los accesos? No lo informan. Porque lo que les importa es recaudar en los peajes”. Mencionan otro detalle: “Qué podemos esperar si hasta el nombre es en inglés. Por lo menos que le pongan Maestro, no Máster”.

Vecinos de segunda

El proyecto cuenta con un área de Relaciones con la Comunidad, en la que AUSA tiene la obligación por ley de generar canales con los vecinos, reuniones presenciales con material impreso, información permanente y verídica, así como el estar disponible para recibir cualquier consulta o reclamo de los vecinos, sean frentistas o usuarios que tengan alguna implicación con la obra.

¿Hubo relación con la comunidad? “Para nada. Desde la audiencia pública, en noviembre pasado, exigimos una mesa de trabajo con el gobierno porteño y nunca sucedió”. 

Agregan: “El 17 de enero solicitamos por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Lo repetimos el 30 de enero, con la firma de más de 800 personas. No hubo ninguna respuesta”.

Los mismos vecinos autoconvocados y organizados hicieron un relevamiento territorial casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane. “Más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Por eso decidimos hacer mesas informativas en distintos barrios de Lugano, como Copello, Samoré, Nágera, Cildañez e INTA. Fue muy fuerte notar que casi nadie sabía nada”. 

En la asamblea no faltaron la bronca y la indignación: “En la Comuna 13, que abarca Belgrano, Núñez y Colegiales, el diseño del espacio público se realizó igualito a lo que hacen con nosotros”, y vuelven a reír irónicamente, mientras muestran unas imágenes en las que el gobierno porteño y los vecinos de la comuna más norteña están reunidos en mesas de trabajo para establecer las políticas públicas a llevar adelante. “Queremos un trato igualitario, que nos respeten como ciudadanos y obras de calidad, las mismas que hacen en Belgrano y Palermo. No merecemos menos. Acá no hacen mesas participativas porque nos tratan como unos negros de mierda”. 

Parte del vecindario autoconvocado de Villa Lugano, que logró frenar el proyecto porteño de 2024 que, como ahora, los ignoraba.

Guardianes de los árboles

Al cierre de la asamblea, alguien que participa por primera vez lanza una pregunta al aire: “¿Cómo sigue el plan de lucha?”. 

La respuesta se construye colectivamente:

“Todos los días, a las 7 de la mañana en Dellepiane norte, para defender nuestros árboles. No nos van a sacar. No los van a sacar. Haremos lo mismo que hicimos el año pasado: Resistir”.

Desde el 17 de febrero, ante la amenaza de que ese día empezarían la tala, la vecindad se organiza y rota para que siempre haya guardianes de los árboles. Ahora existe una nueva amenaza para esta semana y las y los vecinos allí estarán.

Antes de despedirse alguien agrega: “No buscamos que no se haga ningún tipo de obra y no es que estamos en contra del desarrollo, para nada. Pero esto no es desarrollo. Queremos acompañar el proceso, tener un diálogo fluido con los responsables, establecer mecanismos eficientes para nuestros reclamos, recibir información veraz y que sean escuchadas las propuestas de quienes vivimos acá. No debería ser tan difícil en una democracia”.

Y cierran con algo que no muchos políticos y funcionarios tienen en cuenta: “La democracia no es solo un acto eleccionario; es un sistema de vida que entre todos construimos y nutrimos”. Conclusión: “Así que como siempre. A no aflojar”.

Nueva jornada de incendios en Córdoba mientras el gobierno nacional alardea de su rechazo a la agenda contra la crisis climática y la ministra Bullrich le manda whatsapps a una periodista afectada. El presupuesto incendiado: de enero a julio de este año se registraron 1.425 incendios forestales en todo el país, 764 más que en el mismo período de 2023. Sin embargo, el presupuesto nacional para enfrentar estos desastres es un 43,8% menor al del año pasado. La situación actual, los reclamos para que Nación al menos abandone la indiferencia frente al desastre y la contracara: las sugerencias de brigadistas forestales que plantean cuidarse de la “infoxicación” y “conectar con la grupalidad comunitaria para accionar en tareas o actividades colaborativas que surgen de la necesidad colectiva”.

Por Bernardina Rosini, desde Córdoba

Es lunes y la actividad se reinicia para la mayoría de los habitantes en Córdoba Capital como si la provincia no estuviera asomada el infierno. Como si kilómetros más allá los vecinos de las localidades de Villa Berna, San Esteban, Los Cocos, Capilla del Monte y demás pueblos aledaños no estuvieran rogando que el fuego ceda y pueda ser aplacado.

Que el viento sur se mantenga, que baje la temperatura. Y quienes ejercitan más la fe ruegan para que alguna lluvia sorprenda. 

Es el sexto día de este dragón de fuego en el territorio cordobés. En este momento se contabilizan cuatro focos activos: San Marcos Sierras, Villa Berna, Chancaní y Ascochinga. 

El incendio que se inició el miércoles 18 en San Esteban y que luego llegó a Capilla del Monte, ahora está anclado en el margen norte del Río La Granja y los esfuerzos se concentran en proteger esta localidad. Por ahora el fuego no avanza hacia zonas pobladas gracias a los esfuerzos de brigadistas y bomberos.

16.000 hectáreas quemadas

Este lunes en Ascochinga y La Granja no hay clases “por salud y seguridad de la comunidad educativa pero también para dar prioridad de tránsito de vehículos de emergencia por las rutas” informaron autoridades locales. El intendente de la municipalidad de Córdoba Daniel Passerini instruyó al gabinete municipal para que se ponga a disposición del Ministerio de Seguridad y quienes dirigen el operativo de lucha contra el fuego. “Desde el Municipio se han enviado varios camiones cisterna de apoyo logístico, mientras que a través del Ente Municipal BioCórdoba se concretó el traslado de profesionales para el resguardo y atención de animales de las zonas afectadas, con equipos y medicamentos” anuncian los canales oficiales de la capital. 

El panorama es trágico: al domingo se contabilizan 16.000 hectáreas quemadas a pesar de los 700 bomberos y bomberas movilizados, la acción de las brigadas forestales, los 7 aviones hidrantes y los 6 helicópteros que actúan sin descanso.

En las declaraciones del fin de semana el gobernador Martín Llaryora –sin dar mayores detalles– mencionó el “apoyo de aeronaves y pilotos provenientes de la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero”. Chubut anunció que 32 miembros de la Brigada Nacional Sur de Las Golondrinas partieron desde esa localidad para sumarse a la lucha contra el fuego en la provincia mediterránea.

No hay pacto para el futuro

Por otra parte, el silencio del gobierno nacional se quebró con las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que desde Estados Unidos y mediante un audio de whatsapp enviado a la periodista Mercedes Ninci expresó: “El fuego está fuerte y estamos haciendo todo lo posible”. Y completó: “Lo que sucede es que tenemos el pasto muy seco que se convierte en basura y eso se quema y genera chispas muy grandes, enormes. Y hay viento y mucho calor” sintetizando el reporte de situación en la mención de estos componentes y dirigiéndose no a la ciudadanía sino a una periodista afectada.

En cuanto al presidente Javier Milei, se prepara para hablar este martes 24 en la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo la canciller cordobesa Diana Mondino anticipó la posición argentina y confirmó que el país no firmará el denominado Pacto por el Futuro 2045, que se trata de la continuidad cronológica de la Agenda 2030 para el Desarrollo planteada por las Naciones Unidas.

La extensión al año 2045 de las líneas maestras en seguridad, cambio climático y derechos humanos logró la adhesión de la mayoría de los 193 Estados miembro de la ONU, entre ellos EEUU, Brasil, India, Israel y la Unión Europea y la Argentina está en el reducido grupo de países que rechazaron el proyecto, junto a Irán, El Salvador, Venezuela y Corea del Norte.

El gobierno nacional ratifica su descreimiento sobre la agenda climática ante la comunidad internacional mientras la provincia de Córdoba arde por quinto año consecutivo y más de 150 organizaciones civiles se movilizan por la declaración de emergencia nacional bajo el lema #FuegoCero “ante la catástrofe de dimensiones históricas y daños irreparables por los incendios, sumados a las condiciones intensificadas por el cambio climático, consideramos que se debe solicitar mayor colaboración de la Nación” según señala el comunicado de la organización.

Derogaciones y confusiones

En el marco de los incendios, fueron publicados varios análisis de las normativas ambientales y del manejo del fuego, sin embargo es importante aclarar que la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815/12 y su modificatoria N° 27.604/20) no fue derogada ni por el mega DNU ni por la Ley Bases. Si bien la derogación estaba contemplada en la primera versión del proyecto de ley, no logró pasar por el Congreso. 

En cuanto a la segunda versión de la Ley Bases, se excluyó todo el capítulo ambiental debido a que todos los dictámenes en disidencia o minoría de la primera versión rechazaban las derogaciones o modificaciones de las regulaciones ambientales.

Con respecto al  fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, tampoco fue eliminado, de hecho el pasado 13 de septiembre fue publicado en el Boletín Oficial que la “Subsecretaría de Ambiente será la autoridad de aplicación del Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, cuyo Comité Ejecutivo estará integrado por el Vicejefe de Gabinete del Interior, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y el Secretario de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Incendiando el territorio y el presupuesto

Mientras los incendios continúan arrasando el territorio cordobés, los números evidencian una cruda realidad: la falta de recursos destinados a prevenir y combatir estas catástrofes es alarmante.

De enero a julio de este año se registraron 1.425 incendios forestales en todo el país, 764 más que en el mismo período de 2023. Sin embargo, el presupuesto nacional para enfrentar estos desastres es un 43,8% menor al del año pasado. El ajuste a las partidas de Manejo del Fuego y Servicio Nacional de Manejo del Fuego se tradujo en una drástica reducción de las horas de vuelo previstas para las tareas de control y combate del fuego, pasando de 5.100 a 3.100 horas, en base a previsiones meteorológicas optimistas que no contemplan la realidad local.

Pero si las partidas son reflejo del ajuste, la ejecución del presupuesto asignado al manejo del fuego es reflejo de la indiferencia oficial. Durante el primer semestre de 2024, solo se ejecutó el 26,7% de los recursos destinados a esta área, muy lejos del 78% registrado en el mismo período de 2023. Los costos de la inacción se miden en vidas, biodiversidad y comunidades devastadas. El Estado es responsable.

La contracara: el cuidado

Se abrazan en ronda, se agradecen y se animan en grupo: “¡Hoy le vamos a dar, vamos que hoy lo cerramos!”. Las jornadas son extenuantes.

No olvidan la importancia de mantenerse en contacto, pero en el sentido profundo de la palabra. La brigada forestal de La Granja comparte en sus redes recomendaciones para el cuidado de la salud mental y emocional ante la cercanía del fuego:

1. ESTAR CERCA. ¿De quién? Primero de nosotros mismos, de nuestras sensaciones, sentimientos, pensamientos y emociones. Y estar cerca de otras personas, acudir a nuestras redes de sostén y vínculos (familiares y/o comunitarios) No quedarse en la emoción individual sino intentar encontrarnos y compartir!
2. OBSERVAR Y CHEQUEAR a las infancias, adolescencias y también a personas mayores. Para contener y acompañar. Preguntarnos y preguntar ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitamos?
3. Recordar que no somos héroes ni heroínas por lo que no es necesario forzar fortaleza y SÍ ES NECESARIO abrazar y abrazarnos en la sensibilidad.
4. Cuidar y cuidarnos de «INFOXICACION» (exceso de información) Informarse sí, desde fuentes seguras. Evitar la sobre exposición a; * Imágenes, sobre todo en redes sociales (que tienen un fuerte impacto emocional) *Mensajes confusos (que puedan generar o aumentar la angustia).
5. PRESTAR ATENCIÓN cuidando de no entrar en desesperación. Conectar con la GRUPALIDAD COMUNITARIA para accionar en tareas o actividades COLABORATIVAS que surgen de la necesidad colectiva ante la situación presente.

La prohibición de palabras que intenta el INTA, que se agrega al ocultamiento del informe internacional SPRINT, que detectó 100% de casos estudiados en el país con decenas de pesticidas en sangre, orina y materia fecal. La denuncia del gremio con respecto al “adoctrinamiento” propiciado por la Vocería del actual gobierno. La agroecología como posibilidad que se intenta invisibilizar para favorecer a las corporaciones. (Foto de portada: grupos de productores recorriendo campos agroecológicos en Guaminí, provincia de Buenos Aires).

La principal organización gremial dentro del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) denunció entre otras cosas: “La censura impuesta sobre la divulgación de conceptos relacionados al Plan Estratégico Institucional 2015-2030, por ejemplo: cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono y prohuerta, entre otros”.

APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) lanzó en junio el documento (que reproducimos aquí en su totalidad) con la firma de todas sus autoridades. Desde el gremio aclararon a lavaca que la censura no responde a una circular escrita, sino a una orden verbal surgida del presidente de la institución, un reconocido impulsor de los agronegocios: Juan Cruz Molina Hafford.

La prohibición busca anular actividades del propio INTA (el programa Prohuerta, por ejemplo) y avanza además sobre emprendimientos como la REDAE (Red Agroecológica del INTA). Pero fundamentalmente se inscribe en lo que el gobierno en curso llama “batalla cultural” que busca censurar, agredir y cancelar a quienes no actúen con obediencia debida, como intento, de paso, de distraer la atención sobre sus propias fallas, ineptitudes y escándalos.

El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá plantea a lavaca una pregunta que resulta una curiosidad de época: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?” en referencia al crecimiento de la agroecología como producción sana y sustentable de alimentos, que combate naturalmente el cambio climático, y favorece la biodiversidad.      

La prohibición parece una declaración de principios: el INTA busca censurar en el lenguaje interno y hacia la sociedad términos como agroecología, biodiversidad, cambio climático, huella de carbono o sustentabilidad. Una especie de fumigación de palabras que evidencia una mirada –o no mirada– de las autoridades de la institución respecto de lo que el ambiente científico internacional alerta frente a la crisis a la que están siendo sometidos el planeta y la humanidad por modelos de producción fundamentados en la destrucción de la naturaleza y la ceguera frente a sus efectos.

No se privaron de incluir “género” entre lo que no se debe decir. O «cambio climático» o «biodiversidad. El trasfondo mental de esa actitud se basa en la idea de que lo que no se nombra, o no aparece, no existe. En el país se aplicó durante décadas en el siglo pasado. No se podían nombrar ni escribir palabras como Perón o Evita. La dictadura de 1976 prohibió no solo palabras sino escritores, artistas, canciones, manuales de matemáticas, películas libros infantiles y hasta El Principito.  

El documento gremial fue firmado por el secretario general de la organización Mario Alberto Romero, el adjunto Luis Ceballos y unos 140 representantes del INTA de todo el país.

Adoctrinamiento oficialista

El gremio denuncia –además de la censura– la utilización de bots y trolls oficiales que descalifican las publicaciones institucionales en redes sociales, y además las agresiones, insultos y difamaciones contra el INTA y otros organismos científicos “por parte de personajes que posteriormente pasan a ser funcionarios del gobierno actual”.

Repudia también la recepción de correos de “propaganda política / adoctrinamiento desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno (Secretaría General de la Presidencia) utilizando las cuentas de correo electrónico institucionales”. Esas áreas son encabezadas por Manuel Adorni (SVC) y Karina Milei (SGP).

El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 que APINTA da a entender que es el blanco de esta censura, está destinado a un desarrollo sostenible del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, «inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente». El Plan resalta la intención de contribuir a la  «soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria».

Juan Kiehr, fallecido en junio, durante una producción para la revista MU en su campo La Aurora, de Benito Juárez, catalogado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como establecimiento emblemático de la agroecología, la palabra que el INTA busca desterrar.

Pesticidas hasta en la sangre

La maniobra tiene antecedentes en la institución. A fines de 2022 el INTA de córdoba, entonces regenteado por Molina Hafford, apercibió al ingeniero agrónomo de la institución, César Gramaglia, por haber planteado en un programa radial algo evidente: que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos.

Tal vez esa sea la clave del intento censor. la agroecología no perjudica en nada al modelo basado en insumos químicos y transgénicos (en realidad ocurre al revés, ya que la deriva contaminante en aire, agua y tierra sí puede dañar a los cultivos agroecológicos). Pero en lo que sí perjudica la agroecología al modelo que defiende el señor Molina Hartford es en que desnuda lo innecesario y lo insano del uso de esos insumos, más todavía en un país agobiado por la falta de dólares.

Más recientemente, en junio de 2023, la institución ordenó a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce omitir toda información pública sobre el proyecto SPRINT de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea. La rama argentina tuvo al INTA como referente y además intervinieron 28 universidades e instituciones del exterior.

Los resultados completos del proyecto Sprint, también ocultados por el INTA en 2023.

Tal vez el resultado explique la mordaza: el total (100%) de 73 participantes argentinos en la investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El estudio incluyó a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como “omnipresentes”. Se encontraron además los venenos en los alimentos (contaminados con hasta 22 agrotóxicos), el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

Tapa de uno de los dos volúmenes que conforman un libro editado por lavaca.

La información que el INTA pretendía ocultar agregaba que los agrotóxicos encontrados fueron glifosato, su metabolito AMPA, Atrazina, Metolacloro, 2,4-D (Free), Clorpirifos (prohibido en el país). Insecticidas como Fipronil, Imidacloprid, Cipermetrina. Funguicidas como el Tebuconazol, entre otras peligrosas sustancias que representan un riesgo para la salud y el ambiente.

En declaraciones recientes el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, ex director nacional de Agroecología, planteó que la situación es muy triste y se preguntó: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?”. Recordó también ante el medio Todo provincial, que “hay más de 100 municipios que fomentan la agroecología y más de 2 mil productores que encuentran en ella una alternativa a una forma de producir que está trayendo muchos problemas y está contaminando el aire, el agua y el suelo”.

Eduardo Cerdá en MU.

Esos municipios están reunidos en la RENAMA (Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología). “Se ha producido una notable pérdida de biodiversidad. El 70% de la tierra del país están sembrados con soja y maíz. Está demostrado que hemos perdido el 50% de la fertilidad”, explicó Cerdá. “Las malezas son cada vez más resistentes por lo que aumentan cada vez más las dosis de agroquímicos generando problemas sanitarios y de contaminación a todo nivel”.

Remo Vénica, de la granja Naturaleza Viva, de Santa Fe, uno de los pioneros de la agroecología, que el INTA busca ocultar.

Eso lo ha llevado a plantear en la revista MU que los campos fertilizados y fumigados con pesticidas son “drogadictos”, ya que se precisa cada vez más veneno para lograr el mismo efecto.

La agroecología implica otro enfoque: “El que se lanza por este camino, no vuelve a lo anterior”. El argumento de Cerdá apunta a que quien produce agroecológicamente deja de invertir en la compra de agroquímicos valorizados, para colmo, según el dólar, y organiza por lo tanto un esquema productivo que además de la salud y el ambiente, implica también mejor rentabilidad.

Las autoridades del INTA siguen ejerciendo el silencio ante los temas de interés público aquí planteados.

Tapa del segundo volumen del libro que mejor no nombrar en el INTA.