#NiUnaMás
Paola: el Estado como responsable de otro femicidio
Cinco años de denuncias, 13 presentaciones, la evidencia de la amenaza del crimen a través de las redes sociales: nada fue suficiente. El viernes pasado el acosador denunciado, mató a puñaladas en pleno centro de San Miguel de Tucumán a la profesora Paola Estefanía Tacacho. La complicidad por inacción del Poder Judicial, y el trípode que forma con la policía y el poder político. Las voces y las movilizaciones más allá de la pandemia, en una provincia en la que hubo 17 femicidios en lo que va del año, y 4 en octubre, según los datos del Observatorio Lucía Pérez. Otras palabras: la carta de la familia, y lo que ven las personas de 12 años.
En medio de un mundo adulto desquiciado, conviene escuchar a quienes tienen 12 años, o menos.
“Querida Miss Paola: Este es el último año de nuestra primaria, ya llegando al último mes de clases. Esperábamos que nuestras maestras nos despidan, pero hoy todo es diferente. A tus alumnos nos toca despedirte. Fuiste una persona alegre y dispuesta a ayudarnos. Tu sonrisa para mi significaba tu apoyo, ella me apoyaba, aunque yo no supiera como explicarlo y es como ahora me siento, que no puedo explicarlo. Hoy no podemos entender el desequilibrio que nos causa tu pérdida y mucho menos sus consecuencias. Nosotros, tus alumnos, te prometemos ayudar a cada mujer o niña que se sienta en peligro. Prometemos luchar por un mundo mejor, más justo y libre de acoso. Todos juntos vamos a hacer lo posible para que se haga justicia”.
Les niñes de 6º grado del Colegio San Patricio de San Miguel de Tucumán despidieron así a quien hasta el viernes pasado fue su maestra de inglés: Paola Estefanía Tacacho, otra víctima de Femicidio. Tienen entre 11 y 12 años, en un video, les alumnes de Paola leyeron una carta para despedirla y contaron cómo les enseñaba el cuidado de la naturaleza y la importancia de las democracias, sobre cómo realizar una investigación y exponer sus resultados. Y de qué manera Paola les transmitió su pasión por la literatura inglesa con lecturas de autores que estimulaban la curiosidad.
El de Paola fue uno de los cuatro casos de femicidios ocurridos en octubre en la provincia de Tucumán: la desidia y responsabilidad del Estado resultaron evidente.
Cinco años de denuncias

A Paola Tacacho la asesinó el viernes 30 de octubre Mauricio Parada Parejas, un ex alumno de la carrera de traductorado de inglés en el Colegio Mark Twain de la capital tucumana.
Fueron al menos seis puñaladas. Luego el asesino se suicidó.
Parada se obsesionó con Paola, la acosó durante cinco años. En redes sociales la amenazó de muerte a ella y a su familia. La perseguía en sus rutinas diarias.
La joven de 32 años había realizado 13 denuncias (por acoso y violencia de género, por desobediencia judicial y amenazas) entre 2015 y 2020. La última fue en mayo de este año. Y una denuncia más en el fuero civil en junio de este 2020.
El Estado no la protegió. Parada tenía una restricción perimetral que no cumplía. Dos años atrás el fiscal Diego López Ávila requirió que vaya a juicio oral por incumplir la perimetral, el juez Francisco Pisa rechazó el planteo. Las organizaciones sociales y sindicales nucleadas en la Multisectorial de Mujeres de Tucumán piden juicio político al magistrado. Las consecuencias de la inacción del juez están a la vista.
La familia de Paola denuncia que Mauricio Parada Parejas era protegido porque uno de sus hermanos tenía influencia en la política municipal. De hecho, cuando hablaron con la familia de Parada para que ayudaran a frenar los acosos, la respuesta fue que no había pruebas que demostrasen que Mauricio era el acosador. Dijeron que el joven de 32 años era un adulto y tenía problemas mentales. Tampoco hicieron nada, se desentendieron del tema.
El infierno

Paola vivió un infierno. Durante cinco años caminó con miedo por la ciudad, cerró todas sus cuentas de redes sociales, hizo denuncias que no la protegieron. Su familia cuenta que se sentía tranquila solo cuando estaba de vacaciones, lejos de su acosador y femicida. Y aseguran que Mauricio Parada planificó el femicidio.
La noche del viernes 30 de octubre, cerca de las 21 horas, Paola salió del gimnasio y se encontró, una vez más, con Mauricio esperándola, agazapado.
Intentó evadir el encuentro, pero él la siguió, acosándola. Las cámaras de un comercio registraron cómo luego de una breve discusión, ella empezó a caminar y Parada la tomó por atrás, le descargó una puñalada en la espalda y otras en distintas partes del cuerpo. La dejó tirada y se fue caminando. Los vecinos intentaron auxiliarla. Otros, que lo vieron escaparse, lo acorralaron pensando que era un ladrón. Al verse rodeado sin salida, parada se clavó con fuerza en el pecho el mismo cuchillo con que había matado a Paola.
Parada murió prácticamente en el acto; Paola se desangró en plena calle del centro de San Miguel de Tucumán, en Monteagudo al 500.
La profesora de inglés era oriunda de Salta. Estudió, vivía y trabajaba en Tucumán. Por eso, ayer en las dos provincias se realizaron manifestaciones para exigir justicia. Los familiares y las organizaciones sociales destacaron en la protesta que el Estado fue responsable del femicidio porque el Poder Judicial tucumano ignoró los desesperados pedidos de auxilio.
Y que la familia de Parada fue cómplice por encubrirlo.
«La justicia de Tucumán nunca hizo nada con todas las denuncias que tanto ella como mi madre, mis primas y yo hicimos. Nunca movieron un dedo para protegerla, ya que la familia de este tipo tenía vínculos con la política. Nunca lo encerraron, nunca respetó las perimetrales, no hicieron nada en cinco años», escribió en una carta Ana Tacacho, hermana de Paola.
El trípode: policía, justicia y poder político
Este martes la Multisectorial de Mujeres de Tucumán realizó una conferencia de prensa en la que estuvo presente un amigo de Paola. La madre, que iba a participar, tuvo que encargarse de la burocracia de papeles y trámites mientras llora a su hija.
“El caso es espeluznante”, dice a lavaca Vicky Disatnik de la Multisectorial luego de la conferencia en la que pidieron juicio político al juez Francisco Pisa. “El juez archivó la causa por falta de espacio. La vida de una mujer vale menos que un expediente. Pedimos juicio político porque entendemos que el problema es político. El juez es impresentable. Mientras tanto pedimos a la Corte que lo saque o lo licencie sin goce de sueldo”.
Leonor Cruz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la CTA-A Tucumán, e integrante de la Federación Nacional Territorial (Fenat) y de la Multisectorial de Mujeres de Tucumán, explica que el pedido de juicio político se debe a que “Pisa es el juez que decidió que el homicida de Paola quede libre e impune, le dio las garantías para matarla y la dejó indefensa. La justicia hizo caso omiso a las 13 denuncias, y no la resguardó”.
El femicidio de Paola refleja el tortuoso recorrido burocrático, administrativo y judicial que deben realizar las mujeres. “Este accionar es la norma, no una excepción”, sostiene Vicky Disatnik. “Es clara la impunidad del Poder Judicial y la complicidad de los distintos sectores del poder. Y en la justicia penal es peor, porque ahí se va la vida de las mujeres. Por otra parte el Ejecutivo es conservador, misógino y reaccionario. Es lo que llamamos el trípode fatal: la complicidad de policía, justicia y poder político. Enseguida se cubren entre ellos”.
Sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales Leonor Cruza agrega que lo que se recibe es indiferencia. “Lo único que se hace es seguir rectificando que la política de Estado de este gobierno es de indiferencia y la soledad absoluta. Valemos para el Estado un expediente cajoneado. Ponen todo a disposición para que nos maten. Nos dejan en desamparo. Seguimos exigiendo políticas públicas”.
El Observatorio Lucía Pérez registró durante el 2020 17 femicidios y travesticidios en Tucumán. “Todas estas muertes son evitables, la mayoría tuvo denuncias. Y tres eran nenas. Estamos hartas”.
“Justicia tucumana que asesina mujeres”
Durante la tarde de este martes la familia difundió una carta agradeciendo el apoyo recibido, denunciando al Poder Judicial y despidiéndose de la provincia.
“Hace 13 años miramos a Tucumán como una provincia de oportunidad de estudio y progreso para nuestra querida Tifa, hoy la tristeza y la tragedia cambiaron nuestra mirada. Nada volverá a ser lo mismo, y lo que un día inició como un proyecto de vida terminó en una urna fúnebre, encerrando en ella la alegría, el entusiasmo, el compromiso, la responsabilidad, el amor, la vocación y todos los valores que ostentó en cada uno de sus actos, pero ni la barbarie de un asesino amparado por un juez y una familia desentendida, ambos carentes de empatía, de valores éticos y morales, podrán dormir el espíritu libre de quién supo ejercer su profesión con dedicación y esmero.
Hoy nos marchamos de ésta provincia sin justicia, con el corazón y el alma marchitos, pero convencidos que como familia le entregamos el tesoro más preciado: la oportunidad de conocer, compartir y aprender de quien fuera en vida la muy querida «Miss Pao».
Sólo nos resta agradecer a todos los que nos acompañaron desde el primer momento, comunidades educativas, familias, alumnos, organizaciones sociales, colegas y a los particulares que sumaron sus voces por justicia para Pao y para todas las víctimas de femicidio, desamparadas por la justicia tucumana que asesina mujeres con la firma de fallos basados en argumentos económicos y no en pruebas.
Infinitamente agradecidos. Familiares de Paola Tacacho”
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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