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Paola: el Estado como responsable de otro femicidio

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Cinco años de denuncias, 13 presentaciones, la evidencia de la amenaza del crimen a través de las redes sociales: nada fue suficiente. El viernes pasado el acosador denunciado, mató a puñaladas en pleno centro de San Miguel de Tucumán a la profesora Paola Estefanía Tacacho. La complicidad por inacción del Poder Judicial, y el trípode que forma con la policía y el poder político. Las voces y las movilizaciones más allá de la pandemia, en una provincia en la que hubo 17 femicidios en lo que va del año, y 4 en octubre, según los datos del Observatorio Lucía Pérez. Otras palabras: la carta de la familia, y lo que ven las personas de 12 años.

En medio de un mundo adulto desquiciado, conviene escuchar a quienes tienen 12 años, o menos.

“Querida Miss Paola: Este es el último año de nuestra primaria, ya llegando al último mes de clases. Esperábamos que nuestras maestras nos despidan, pero hoy todo es diferente. A tus alumnos nos toca despedirte. Fuiste una persona alegre y dispuesta a ayudarnos. Tu sonrisa para mi significaba tu apoyo, ella me apoyaba, aunque yo no supiera como explicarlo y es como ahora me siento, que no puedo explicarlo. Hoy no podemos entender el desequilibrio que nos causa tu pérdida y mucho menos sus consecuencias.  Nosotros, tus alumnos, te prometemos ayudar a cada mujer o niña que se sienta en peligro. Prometemos luchar por un mundo mejor, más justo y libre de acoso. Todos juntos vamos a hacer lo posible para que se haga justicia”.

Les niñes de 6º grado del Colegio San Patricio de San Miguel de Tucumán despidieron así a quien hasta el viernes pasado fue su maestra de inglés: Paola Estefanía Tacacho, otra víctima de Femicidio. Tienen entre 11 y 12 años, en un video, les alumnes de Paola leyeron una carta para despedirla y contaron cómo les enseñaba el cuidado de la naturaleza y la importancia de las democracias, sobre cómo realizar una investigación y exponer sus resultados. Y de qué manera Paola les transmitió su pasión por la literatura inglesa con lecturas de autores que estimulaban la curiosidad.

El de Paola fue uno de los cuatro casos de femicidios ocurridos en octubre en la provincia de Tucumán: la desidia y responsabilidad del Estado resultaron evidente.

Cinco años de denuncias

Paola: el Estado como responsable de otro femicidio

A Paola Tacacho la asesinó el viernes 30 de octubre Mauricio Parada Parejas, un ex alumno de la carrera de traductorado de inglés en el Colegio Mark Twain de la capital tucumana.

Fueron al menos seis puñaladas. Luego el asesino se suicidó.  

Parada se obsesionó con Paola, la acosó durante cinco años. En redes sociales la amenazó de muerte a ella y a su familia. La perseguía en sus rutinas diarias.

La joven de 32 años había realizado 13 denuncias (por acoso y violencia de género, por desobediencia judicial y amenazas) entre 2015 y 2020. La última fue en mayo de este año. Y una denuncia más en el fuero civil en junio de este 2020.

El Estado no la protegió. Parada tenía una restricción perimetral que no cumplía. Dos años atrás el fiscal Diego López Ávila requirió que vaya a juicio oral por incumplir la perimetral, el juez Francisco Pisa rechazó el planteo. Las organizaciones sociales y sindicales nucleadas en la Multisectorial de Mujeres de Tucumán piden juicio político al magistrado. Las consecuencias de la inacción del juez están a la vista.  

La familia de Paola denuncia que Mauricio Parada Parejas era protegido porque uno de sus hermanos tenía influencia en la política municipal. De hecho, cuando hablaron con la familia de Parada para que ayudaran a frenar los acosos, la respuesta fue que no había pruebas que demostrasen que Mauricio era el acosador. Dijeron que el joven de 32 años era un adulto y tenía problemas mentales. Tampoco hicieron nada, se desentendieron del tema.  

El infierno

Paola: el Estado como responsable de otro femicidio
No sólo había sido denunciado. Mauricio Prada era fotografiado mientras acosaba a Paola, a quien finalmente mató a cuchilladas.

Paola vivió un infierno. Durante cinco años caminó con miedo por la ciudad, cerró todas sus cuentas de redes sociales, hizo denuncias que no la protegieron. Su familia cuenta que se sentía tranquila solo cuando estaba de vacaciones, lejos de su acosador y femicida. Y aseguran que Mauricio Parada planificó el femicidio.

La noche del viernes 30 de octubre, cerca de las 21 horas, Paola salió del gimnasio y se encontró, una vez más, con Mauricio esperándola, agazapado.

Intentó evadir el encuentro, pero él la siguió, acosándola. Las cámaras de un comercio registraron cómo luego de una breve discusión, ella empezó a caminar y Parada la tomó por atrás, le descargó una puñalada en la espalda y otras en distintas partes del cuerpo. La dejó tirada y se fue caminando. Los vecinos intentaron auxiliarla. Otros, que lo vieron escaparse, lo acorralaron pensando que era un ladrón. Al verse rodeado sin salida, parada se clavó con fuerza en el pecho el mismo cuchillo con que había matado a Paola.

Parada murió prácticamente en el acto; Paola se desangró en plena calle del centro de San Miguel de Tucumán, en Monteagudo al 500.

La profesora de inglés era oriunda de Salta. Estudió, vivía y trabajaba en Tucumán. Por eso, ayer en las dos provincias se realizaron manifestaciones para exigir justicia. Los familiares y las organizaciones sociales destacaron en la protesta que el Estado fue responsable del femicidio porque el Poder Judicial tucumano ignoró los desesperados pedidos de auxilio.

Y que la familia de Parada fue cómplice por encubrirlo.

«La justicia de Tucumán nunca hizo nada con todas las denuncias que tanto ella como mi madre, mis primas y yo hicimos. Nunca movieron un dedo para protegerla, ya que la familia de este tipo tenía vínculos con la política. Nunca lo encerraron, nunca respetó las perimetrales, no hicieron nada en cinco años», escribió en una carta Ana Tacacho, hermana de Paola.

El trípode: policía, justicia y poder político

Este martes la Multisectorial de Mujeres de Tucumán realizó una conferencia de prensa en la que estuvo presente un amigo de Paola. La madre, que iba a participar, tuvo que  encargarse de la burocracia de papeles y trámites mientras llora a su hija.

“El caso es espeluznante”, dice  a lavaca Vicky Disatnik de la Multisectorial luego de la conferencia en la que pidieron juicio político al juez Francisco Pisa. “El juez archivó la causa por falta de espacio. La vida de una mujer vale menos que un expediente. Pedimos juicio político porque entendemos que el problema es político. El juez es impresentable. Mientras tanto pedimos a la Corte que lo saque o lo licencie sin goce de sueldo”.

Leonor Cruz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la CTA-A Tucumán, e integrante de la Federación Nacional Territorial (Fenat) y de la Multisectorial de Mujeres de Tucumán, explica que el pedido de juicio político se debe a que “Pisa es el juez que decidió que el homicida de Paola quede libre e impune, le dio las garantías para matarla y la dejó indefensa. La justicia hizo caso omiso a las 13 denuncias, y no la resguardó”.

El femicidio de Paola refleja el tortuoso recorrido burocrático, administrativo y judicial que deben realizar las mujeres. “Este accionar es la norma, no una excepción”, sostiene Vicky Disatnik. “Es clara la impunidad del Poder Judicial y la complicidad de los distintos sectores del poder. Y en la justicia penal es peor, porque ahí se va la vida de las mujeres. Por otra parte el Ejecutivo es conservador, misógino y reaccionario. Es lo que llamamos el trípode fatal: la complicidad de policía, justicia y poder político. Enseguida se cubren entre ellos”.

Sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales Leonor Cruza agrega que lo que se recibe es indiferencia. “Lo único que se hace es seguir rectificando que la política de Estado de este gobierno es de indiferencia y la soledad absoluta. Valemos para el Estado un expediente cajoneado. Ponen todo a disposición para que nos maten. Nos dejan en desamparo. Seguimos exigiendo políticas públicas”.

El Observatorio Lucía Pérez registró durante el 2020 17 femicidios y travesticidios en Tucumán. “Todas estas muertes son evitables, la mayoría tuvo denuncias. Y tres eran nenas. Estamos hartas”.

“Justicia tucumana que asesina mujeres”

Durante la tarde de este martes la familia difundió una carta agradeciendo el apoyo recibido, denunciando al Poder Judicial y despidiéndose de la provincia.

“Hace 13 años miramos a Tucumán como una provincia de oportunidad de estudio y progreso para nuestra querida Tifa, hoy la tristeza y la tragedia cambiaron nuestra mirada. Nada volverá a ser lo mismo, y lo que un día inició como un proyecto de vida terminó en una urna fúnebre, encerrando en ella la alegría, el entusiasmo, el compromiso, la responsabilidad, el amor, la vocación y todos los valores que ostentó en cada uno de sus actos, pero ni la barbarie de un asesino amparado por un juez y una familia desentendida, ambos carentes de empatía, de  valores éticos y morales, podrán dormir el espíritu libre de quién supo ejercer su profesión con dedicación y esmero.

Hoy nos marchamos de ésta provincia sin justicia, con el corazón y el alma marchitos, pero convencidos que como familia le entregamos el tesoro más preciado: la oportunidad de conocer, compartir y aprender de quien fuera en vida la muy querida «Miss Pao».

Sólo nos resta agradecer a todos los que nos acompañaron desde el primer momento, comunidades educativas, familias, alumnos, organizaciones sociales, colegas y a los particulares que  sumaron sus voces  por justicia para Pao y para todas las víctimas de femicidio, desamparadas por la justicia tucumana que asesina mujeres con la firma de fallos basados en argumentos económicos y no en pruebas.

Infinitamente agradecidos. Familiares de Paola Tacacho”

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores». 

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11  y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos. 

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo. 

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero. 

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa. 

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

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«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

«Es el Estado narco cubriéndose» dijo Guillermo Pérez a lavaca. La referencia: los imputados son probadamente narcos que vendían droga a menores en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Pero al anular el delito de femicidio, la pena de perpetua se reduce de manera drástica. Todo esto, debería pasar por la decisión final de la Corte provincial.

«Es una provocación para afectar a la familia, el día del cumpleaños de su hija» sostuvo Gustavo Melmann, el padre de otra joven asesinada, Natalia, hace 24 años.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Sobreponiéndose a la sorpresa, la familia inauguró en Mar del Plata El Cuarto de Lucía, visitado por cientos de personas que quisieron conocerlo, interiorizándose con la situación general de violencia contra las mujeres. «No nos van a hacer callar» dijo Marta.

Así, la noche del viernes se llenó de arte para reencontrar lo que Marta llamo «luz»: capacidad para recordar a Lucía y a miles de mujeres asesinadas, y seguir transitando todos los caminos contra la impunidad. Participaron 20 grupos de música y danza.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Marta diálogó con lavaca.

–¿Por qué se inaugura hoy la Casa de Lucía?
–Porque hoy es el día que nació hace 25 años; a esta hora estaba con contracciones; ella nació a las 20. Fue tan lindo como padres; teníamos a Matías y tener una hija fue re lindo. Por eso hoy estamos festejando la luz, que es ella; la luz en la cual está ella. El festejo de hoy es la luz de Lucía.
Presentamos el cuarto de Lucía, donde vamos a trabajar desde todos los sentidos; todo lo que nos atraviesa como mujeres, como madres, como víctimas. El cuarto va a estar para eso. Se ha transformado en una obra de arte en donde trabajamos, hacemos los informes, donde ponemos el foco en lo mal que hace las cosas la Justicia.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–Hoy recibieron justamente una noticia de la Justicia con una nueva medida de impunidad.
–Sí, como ya estamos acostumbrados, y es triste decir eso porque después de 8 años deberíamos tener una condena como corresponde, y no seguir luchando de esta manera.Se le pierde el respeto totalmente a la vida del ser humano que se ha ido y a las familias que quedamos. Pero seguiremos trabajando y no bajaremos los brazos. Hoy más que nunca este lugar debe ser de abrazo de amor, de contención por todo esto que nos pasa también.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–¿Por qué creen que recibieron la noticia hoy?
–Porque la Justicia es perversa. Es tan grande la perversión que tienen, que también eligen con quién hacerlo. Porque también hay que acallar a estas víctimas, pero estas víctimas no se van a callar jamás. Jamás. Entonces, estoy segura que lo hacen para destruirnos, pero lejos de eso, estamos cada vez con más fortaleza, con más lucha y ayudándonos entre todos.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Guillermo Pérez agregó:

“En estos momentos tan crueles que estamos pasando no hay que dejar de hacer cosas humanas. Tenemos que hablar de las cosas que podemos hacer juntos”.

Marta: «Hay una industria judicial, donde te siguen haciendo ir para atrás, mientras la gente como nosotros tiene que seguir trabajando y pagando abogados, buscando justicia y que no haya impunidad. Por eso también es algo perverso lo que nos siguen haciendo».

El Cuarto de Lucía podrá ser visitado como parte de la actividad marplatense de la Campaña Somos Lucía, que incluye entre otras cosas, cursos, talleres, encuentros, y seminarios de capacitación a personal judicial.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

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