#NiUnaMás
Paren de matarnos
En lo que va de marzo, al menos 25 mujeres y una niña fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o conocidos. 15 mujeres más una niña fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o conocidos. Además hubo tres femicidios vinculados: las tres eran niñas. Y son cinco las mujeres que encontraron fallecidas sobre las que todavía no hay información precisa. Reconstruimos en esta nota las historias a partir de los datos aportados por observatorios de organizaciones sociales y medios de todo el país, para exigir al Estado que elabore medidas urgentes para frenar los femicidios durante el aislamiento social preventivo.
En lo que va de marzo de este año son en total 25 las mujeres y niñas que arrebató la violencia. 15 mujeres más una niña fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o conocidos. Además hubo tres femicidios vinculados: las tres eran niñas. Y son cinco las mujeres que encontraron fallecidas sobre las que todavía no hay información precisa.
Desde que empezó la cuarentena -20 de marzo- fueron asesinadas al menos 12 mujeres y niñas. Cinco de ellas -Cristina, Claudia, Susana, Lorena y Verónica – fueron femicidios en los que están involucrados sus parejas o ex parejas. Tres fueron femicidios vinculados de niñes: Ada de 7 años, una niña de 2 años y una bebé de 2 meses. Tres casos están todavía en investigación: Haydee Salazar de 54 años en Bariloche y María Leonor Ginés de 70 años en Salta fueron halladas el 28 de marzo, una adolescente de 17 años en Tolosa el 22 de marzo y Maria Florencia Santa Cruz, 30 años, encontrada el último día de marzo ahorcada con una campera en la localidad bonaerense de Tigre. Tampoco hay esclarecimiento del contexto de las muertes de Jesica Rocío Farías de 21 años en Santa Fe, la encontraron el 13 de marzo, y el de Florencia Micaela Soto de 27 años en Neuquén hallada el 18 de marzo.
Después de estar días y semanas desaparecidas, el 28 de marzo hallaron sin vida a cinco de ellas. Cuatro mujeres y una niña encontradas muertas en un solo día.
En lo que va del 2020, de enero al día de hoy, son 87 los femicidios y travesticidios confirmados y 5 los femicidios vinculados. Un total de 92 muertes por la violencia machista.
El machismo en Argentina se cobra, en promedio, una víctima por día.
Además, en El Jagüel buscan sin descanso a Gabriela Lucila Monzón de 19 años. Desapareció la mañana del 14 de marzo en esa localidad. Su hermana difundió en Facebook que Gabriela venía recibiendo amenazas y que el viernes 13 hizo la denuncia a esta comisaría. La vieron por última vez el sábado 14 de marzo a las 7.30 hs. El pelo de Gabriela es colorado. Sus familiares y amigos piden que cualquier información llamen al 1140259754 o al 1122670032 o también a la Comisaría 5ta de El Jagüel.
Las mujeres asesinadas por la violencia machista no son números. No son una estadística más en una lista que parece sin fin. Cada una de las que ya no están son madres, hijas, hermanas, compañeras, amigas, primas, mujeres queridas con identidades e historias de vida. Detrás de ellas hay familias y comunidades. Cuesta reconstruir cuáles eran sus gustos, sus habilidades, que amaban hacer, cuáles eran sus sueños, para hablar de ellas con otra perspectiva. Contar la crueldad es exponer a los femicidas, sus modus operandi y poner en relieve cómo los van a investigar, si serán juzgados por “crímenes menores” o con la contundencia del femicidio.
Las que nos faltan este mes. Ni olvido ni perdón.
2 de marzo. Guadalupe, 8 años, Lobos, Provincia de Buenos Aires, un día desaparecida. La golpearon y prendieron fuego viva en un presunto intento de ataque sexual. El principal sospechoso es un primo de la madre de la niña, Sergio Ramón Olivera, 22 años, al que detuvieron a 33 kilómetros de la escena y le encontraron rasguños que coinciden con los signos de defensa en el cuerpo de Guadalupe. La fiscal Patricia Hortel calificó el crimen como “homicidio calificado”.
2 de marzo. Brenda Micaela Gordillo, 24 años, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca. Desapareció el 29 de febrero. Según la investigación, esa noche discutieron y su pareja la asfixió, la prendió fuego en una parrilla y como no pudo deshacerse de su cuerpo la descuartizó y repartió sus restos por la Ciudad. Naim Vera (19) intentó con frialdad y crueldad encubrir el asesinato; se entregó a la policía y confesó el crimen dos días después. El fiscal Hugo Costilla calificó el crimen como “homicidio agravado por femicidio”.
3 de marzo. Jordana Belén Rivero, 28 años, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. La golpearon hasta desmayarla y la tiraron por el balcón desde un séptimo piso. El departamento lo encontraron desordenado y adentro, atrapado, a Bernardo Luis Baraj, 50 años, quien fue detenido. Baraj había sido denunciado por un ataque a su ex pareja en Tierra del Fuego. El fiscal Fernando Castro investiga la causa como “homicidio agravado por la condición de género de la víctima”.
3 de marzo. Mónica Ramos, 61 años, asesinada a puñaladas en su casa de la ciudad de San Luis. La encontraron los bomberos cuando acudieron a la casa porque se estaba incendiando. No hay detenidos por el crimen pero se descartó la hipótesis de un robo y apuntan a alguien de su entorno. Los investigadores creen que fue un femicidio porque no había forzamientos de puertas ni ventanas.
3 de marzo. Octavia Colque, 39 años, Las Toninas, Provincia de Buenos Aires, cuatro días desaparecida. La golpearon, asfixiaron y enterraron en el patio trasero de la casa de la ex pareja, Balvino López, quien fue detenido sospechado del femicidio. El fiscal, Gustavo Mascioli, caratuló la causa como “homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género”.
3 de marzo. Agustina Atencio, 17 años, Catriel, Río Negro, cuatro días desaparecida. La golpearon y la arrojaron al río. El posible femicida es Ezequiel Rebolledo, 21 años, con quien compartía la tarde en las orillas de Río Colorado. Rebolledo era de su círculo de conocidos; Agustina intentó defenderse él cuando la atacó porque ella se negó a la seducción. No queda claro si murió por asfixia a la inmersión o por estrangulamiento. El fiscal, Santiago Márquez Gauna, investiga el caso como “femicidio”.
8 de marzo. Fátima Acevedo, 25 años, Entre Ríos. Sufría violencia en manos de su pareja, Nicolás Martínez de 35 años. Lo denunció a la policía y al juzgado porque intentó quemarla con ácido, pero nadie lo detuvo. Estaba cansada de hacer denuncias que no llegaban a nada, desesperada por ella y su pequeño hijo. Les dijo en un mensaje de texto a sus amigas que ya no sabía qué hacer. Había desaparecido el 1 de marzo, siete días después encontraron su cuerpo en un aljibe.
9 de marzo. Denise Vergara, 31 años, fue asesinada por su ex pareja en su lugar de trabajo, en Villa del Totoral, Córdoba. Miguel Gutiérrez, de 40 años, había amenazado al padre de Denise con que iba a matarla. Ella lo había denunciado el 2 de marzo por violencia familiar – tenían un hijo- tras una “sucesión de hechos y conductas violentas” según contó la familia al diario La Voz. Él resultó imputado por lesiones leves y la oficina de violencia familiar de Jesús María emitió una orden de restricción. Gutiérrez premeditó el femicidio: la noche del 9 de marzo rompió el alambrado del complejo fabril donde trabajaba Denise, se ocultó en la oscuridad a esperar que ella terminara su turno y al verla pasar la golpeó en el rostro y la apuñaló en zonas vitales. Mientras las compañeras de Denise pedían ayuda, Gutiérrez huyó. Se entregó a la Justicia la madrugada del 10 de marzo. El fiscal Guillermo Monti lo imputó por femicidio.
12 de marzo. Romina Ruiz Díaz, 36 años, fue asesinada a puñaladas en su casa en la localidad de Los Pozos, partido bonaerense de Cañuelas. Detuvieron a Mauricio Wilvers, 38 años, quien era su pareja. Romina, desangrándose, pidió ayuda a sus vecinos y murió en el hospital. El hijo mayor, un adolescente de 14 años, presenció el hecho. También fue testigo el hijo de 3 años. Ambos niños vieron a su padre sobre su madre con un cuchillo en la mano, apuñalandola. La pareja, además, criaba una beba de año y medio. Romina no lo había denunciado por violencia. El fiscal Lisandro Damonte acusó a Wilvers de “homicidio calificado por el vínculo y femicidio”.
13 de marzo. Lidia Elizabeth Britez, 47 años, asesinada a golpes por su ex pareja en Formosa. César David Cáceres, 37 años, la llevó al Hospital Central de Formosa donde lo detuvieron por las heridas que Lidia presentaba, pero el juez ordenó su libertad. Al confirmarse el fallecimiento de la mujer, allanaron la casa de Cáceres y encontraron elementos que coincidían con el ataque a Lidia. Esa noche se entregó a la policía. La hija de Lidia, Yanina Aquino, contó al medio El Comercial que su madre desde hacía un año salía con Cáceres, que había cambiado su forma de ser y que su estado físico estaba deteriorado porque sufría violencia. También que el agresor había sido denunciado por una pareja anterior. Yanina intentó frenar a Cáceres pero en la policía no le tomaron la denuncia. La causa quedó caratulada como “homicidio en ocasión de violencia de género».
15 de marzo. Pilar Riesco, 21 años, cayó del balcón de un cuarto piso en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Quedó imputado su novio, Patricio Reynoso, 31 años, con quien había discutido el sábado 14 de marzo. Según informó Perfil, Reynoso declaró al fiscal Martín López Perrando que ella le había dicho que no lo quería más.
21 de marzo. Susana Edith Melo, 51 años, Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. La asesinaron a golpes en la cabeza. Fue encontrada sin vida en un camino vecinal. Detuvieron a su ex pareja Raúl Gregorio Costa, 49 años. Una de las seis hijas de Susana contó a Canal 7 que en enero había sufrido agresiones y que en general siempre fue violento. La ex mujer de Costa lo había denunciado por violencia y también tenía una denuncia por violación. Susana también lo había denunciado. El fiscal Diego Conti lo acusó de femicidio.
21 de marzo. Lorena Fabiola Barreto, 32 años, Barrio Itatí, Puerto Libertad, Misiones. La apuñalaron en su vivienda, fue trasladada al hospital, llegó sin signos vitales. Fue detenido su pareja, Roberto Rivero Medina, 74 años, quien fue imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado por haber mediado violencia de género y por el vínculo”. Tenía dos hijos, un niño de 10 años y un adolescente de 16 años. Lorena había hecho la denuncia el año pasado por amenazas y Medina tuvo una restricción perimetral que no fue renovada.
24 de marzo. Verónica Soule, 31 años, Santa Fe. Tenía el 80 por ciento del cuerpo quemado, una semana después de estar internada falleció en el hospital. Según la versión de su esposo, Lisandro Cabral, la mujer se autolesiono. Su familia asegura que la violencia que él ejercía contra ella venía desde hacía años, que en más de una oportunidad la vieron golpeada y que ella lo denunció una vez. Se aguarda el resultado de la autopsia pero la justicia inició la investigación con los dichos de él y caratuló la causa como “intento de suicidio”. Al confirmarse el fallecimiento, el fiscal a cargo, Carlos Zoppegni, ordenó profundizar la investigación que no tendrá avances, según dijo al medio TN, “porque no puede mover a nadie por la cuarentena”. Verónica tenía una hija y un hijo, de 8 y 11 años que quedaron al cuidado de Cabral.
26 de marzo. (Femicidio vinculado a Natalia P.) Bebé sin identificar, tenía 2 meses de vida, Puerto Iguazú, Misiones. La balearon, horas después falleció en el hospital. El culpable del ataque, quien fue detenido, sería su padre Mario D. S., 40 años. En la vivienda que compartían el detenido mantuvo una discusión con su pareja y madre de la beba, Natalia P, de 19 años, a quien también amenazó con un arma calibre 22 de aire comprimido. Según relató la joven, durante la pelea, el agresor efectuó un disparo que impactó en el cuerpo de la niña.
28 de marzo. Claudia Repetto, 53 años, Mar del Plata, General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. Desaparecida desde el 1 de marzo, diecinueve días después, el fiscal de la causa resolvió imputar a su ex pareja Ricardo Rodríguez, 54 años, por femicidio. El cuerpo de Claudia Repetto, que falleció ahogada tras ser atacada a golpes, fue encontrado el 28 de marzo sepultado en una zona de acantilados. El dato para el hallazgo fue confesado por su expareja, quien admitió ser el autor de femicidio, luego de que los hijos de la víctima lo encontrarán andando en bicicleta por la ciudad. El fiscal Fernando Castro imputó a Rodríguez por el delito de femicidio. Claudia tenía cuatro hijos adultos.
28 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Víctima sin identificar, 2 años, Lules, Tucumán. La ahorcó su padre quien se suicidó luego de cometer el crimen. Leandro Almirón, 21 años, habría discutido el viernes a la noche con la madre de la niña, quien era su ex pareja, y tras advertirle que la iba a matar, se la llevó y al día siguiente encontraron a ambos sin vida en una finca limonera de esa localidad.
28 de marzo. Cristina Iglesias, 40 años, Monte Chingolo, Lanús, Provincia de Buenos Aires. Ella y su hija Ada de 7 años desaparecieron el miércoles 25 de marzo. Fueron halladas tres días después en el fondo de su propia casa, asesinadas a puñaladas y la nena también por asfixia. Por el doble femicidio detuvieron al novio de la mujer, con quien cumplían la cuarentena. Su familia denunció en redes sociales que Cristina sufría violencia por parte de Abel Romero (25), quien fue capturado y confesó el crimen, aunque dijo que tres hombres lo obligaron. El fiscal Jorge Grieco lo acusa de doble femicidio.
31 de marzo. Maria Florencia Santa Cruz, 30 años, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Durante la madrugada un patrullero la encontró. Estaba semidesnuda, colgada ahorcada con una campera en un alambrado. Detuvieron a Santiago Ezequiel Hernández, 32 años, a quien se lo ve con ella en las cámaras analizadas. Al momento de la detención Hernández presentaba excoriaciones en los brazos producidas en las últimas 24 horas.
La reconstrucción fue posible gracias a los datos aportados por observatorios de organizaciones sociales y medios de comunicación de todo el país. El resultado es escalofriante e implica que el Estado adopte medidas concretas y urgentes para frenar la violencia machista.

#NiUnaMás
Mujeres mapuche: la resurgencia
Melisa Cabrapan Duarte es cantante, iba a ser diseñadora pero es doctora en Antropología, hija de un militar y una maestra. El crimen de Rafael Nahuel en 2017 la hizo “salir del clóset” y reconocerse como mapuche. Hoy integra la Confederación Mapuche de Neuquén, que enfrenta la invasión del fracking en Vaca Muerta. El concepto de “resurgencia”. Las mujeres mapuche frente al machismo y los abusos internos. El significado de vivir en comunidad. El ambiente y la gente. La construcción de otros horizontes y en qué cosas tener confianza frente a un 3J. Por Sergio Ciancaglini.
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Mayo 2026: Por qué el Estado es responsable de los femicidios

En lo que va de este año ya sufrimos:
95 femicidios y travesticidios
95 tentativas de femicidios
66 infancias quedaron huérfanas como consecuencia de estos crímenes
97 marchas se realizaron para exigir justicia
60 funcionarios fueron denunciados por violencia de género.
59 mujeres y niñas fueron reportadas desaparecidas.
5 crímenes en investigación están sospechados de femicidios.
En cada uno de nuestros padrones se puede acceder a los datos de los casos que componen estas cifras que expresan una realidad: la máquina de la violencia femicida. Interpretarlos en su complejidad es una tarea que la antropóloga mexicana Julia Monarrez define como “la hermenéutica social del sufrimiento” que pone de relieve “las formas en que las fuerzas sociales más amplias se unen para arruinar las vidas humanas individuales”. Entre esos signos a desentrañar el negacionismo de Estado es parte central.
El elemento que caracteriza al femicidio es la tolerancia y minimización estatal de la problemática. La impunidad con la que actúan los homicidas contiene un mensaje implícito de permisividad social a través de las múltiples formas en las que acciona el aparato del Estado –policías, fiscalías, funcionarios- y, en los momentos actuales, explícito en los discursos que emiten las más altas autoridades que encarnan su representación. Así, las formas de hacer y de no hacer que caracterizan al Estado abonan estos crímenes, tarea que se completa con la negación de su responsabilidad.
Ejemplos concretos de los que fuimos testigos este año:
- Córdoba: “No hacemos ninguna autocrítica”, sintetizó el fiscal Raúl Garzón en la conferencia de prensa donde anunció el hallazgo del cuerpo destrozado de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada desesperadamente durante una semana por su familia, amigas y vecinas. El fiscal demoró cinco días en aplicar el protocolo obligatorio de alerta y cinco también en allanar la casa del principal implicado, pese a tener información fehaciente sobre su identidad, dirección y participación desde el mismo momento en que desapareció la menor. El imputado por el femicidio de Agostina ya tenía una condena por privación de la libertad agravada, pero el fiscal interviniente le otorgó la libertad condicional.
- Mar del Plata: La defensora del femicida de Lucía Pérez atacó a los gritos a la mamá de la víctima durante la audiencia de cesura que la Cámara de Casación bonaerense obligó a realizar al cambiar el delito de femicidio por el de violación agravada. En tanto, el otro implicado fue beneficiado primero con libertad condicional, pero la Cámara ordenó su revocación, aunque su regreso a prisión está pendiente en un laberinto de apelaciones. A casi diez años del crimen de la adolescente de 16 años que motivó el primer paro de mujeres el trámite judicial está, en los hechos, como el primer día: culpabilizando a la víctima por su asesinato, torturando a su familia y negando la figura penal, en beneficio de las estadísticas.
- Córdoba: El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue, finalmente, encontrado en una fosa común, a seis años de su femicidio. La familia se enteró que no estaba en la morgue judicial cuando solicitó realizarle una pericia de parte. Nunca fueron notificados que la fiscalía había trasladado el cuerpo al cementerio sin su autorización.
- San Juan: “Siempre estamos abiertos a dialogar con la defensa para acordar un juicio abreviado”, declaró a la prensa el fiscal Emiliano Pugliese encargado de investigar el asesinato de Camila Nicole Bijinai, víctima de una balacera desatada el 4 de octubre de 2025 en la provincia de San Juan. Su crimen no fue calificado de femicidio, por lo cual las estadísticas de ese año –dadas a conocer hace apenas unos días- señalan que en esa provincia no se produjeron femicidios, a pesar de que toda la dolorosa jurisprudencia producida por las víctimas de balaceras en Rosario indican lo contrario. El dato importante: la tipificación penal de femicidio no admite los juicios abreviados. Evitar esa caracterización es una tendencia que alienta la impunidad, tal como ya sufrió la familia de la periodista Griselda Blanco, asesinada en Corrientes en 2023. Tampoco Griselda formó parte de las estadísticas de ese año y por eso mismo su femicida gozó de un juicio abreviado.
Los cuatro casos tienen un denominador común: son crímenes que nuestro Observatorio ha denominado “femicidios territoriales”. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios, fiscales y funcionarios. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, demorando su investigación, falseando pruebas, entorpeciendo y eternizando procesos judiciales y criminalizando a las víctimas y sus familias. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
Para poner en contexto los datos de femicidios que sufrimos en Argentina es conveniente analizar las estadísticas que realiza la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas con las tasas que informan las fuentes oficiales de todos los países de América Latina:[1]
| AÑO | ARGENTINA | MÉXICO | CHILE |
| 2015 | 1.100 | O.700 | 0.400 |
| 2016 | 1.100 | 1.00 | 0.400 |
| 2017 | 1.100 | 1.200 | 0.500 |
| 2018 | 1.100 | 1.400 | 0.400 |
| 2019 | 1.100 | 1.500 | 0.500 |
| 2020 | 1.100 | 1.500 | Sin datos |
| 2021 | 1.000 | 1.600 | 0.400 |
| 2022 | 1.000 | 1.500 | 0.100 |
| 2023 | 1.100 | 1.300 | 0.400 |
| 2024 | 0.95 | 1.180 | 0.400 |
| 2025 | 0.85 | 1.080 | 0.46 |
La tasa expresa cuántos femicidios sufren estos países por cada cien mil mujeres mayores de 15 años. El femicidio de Agostina, por ejemplo, no formaría parte de esta ecuación.
Finalmente, queremos señalar que la escena del crimen de Agostina Vega que hoy nos está interpelando es la misma que se repite en las periferias urbanas de todo el país. Familias agobiadas por el multiempleo vecinas de familias rotas por el desempleo y el narcomenudeo. El Estado allí está muy presente, pero solo en su peor forma: la policía, que controla todos los movimientos, dejando hacer y dejando no hacer en una balanza que siempre se inclina hacia la impunidad de la criminalidad, que está organizada en eslabones muy débiles. Ningún capo narco vive allí y ninguna familia está preparada para soportar las consecuencias. En cada casa se sobrevive como se puede. Hasta que no.
Tal como señala Julia Monarrez, antropóloga mexicana y creadora del concepto “femicidio sistémico” para analizar, erradicar y prevenir esta violencia es necesario “concebir una unidad entre el sufrimiento individual de víctimas y familiares de víctimas, y las estructuras económicas, políticas y sociales que lo sostienen, requiere tener en cuenta que feminicidio es una palabra potente. Si dejamos de pensarla solo como producto de una relación cultural, que jerarquiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en detrimento de ellas, y la comprendemos como una palabra capaz de describir los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos que actúan en contra de la vida de las niñas y las mujeres, entonces podemos pensarla como una palabra antisistémica que denuncia los diferentes ensamblajes de opresión”. Y de esa opresión el Estado es responsable: todo femicidio es evitable.
[1] https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=4&lang=es
#NiUnaMás
La escena del crimen

Por Claudia Acuña
Como si fuera una respuesta de la realidad a las cifras, veinticuatro horas después de difundirse los datos oficiales que afirmarían la baja de femicidios, el cuerpo de Agostina Vega, de apenas 14 años, expone por qué el Estado es responsable de estos crímenes.
La escena del crimen de Agostina es la misma que se repite en las periferias urbanas de todo el país. Familias agobiadas por el multiempleo vecinas de familias rotas por el desempleo y el narcomenudeo. El Estado allí está muy presente, pero solo en su peor forma: la policía, que controla todos los movimientos, dejando hacer y dejando no hacer en una balanza que siempre se inclina hacia la impunidad de la criminalidad, que está organizada en eslabones muy débiles. Ningún capo narco vive allí y ninguna familia está preparada para soportar las consecuencias. En cada casa se sobrevive como se puede. Hasta que no.
Estamos entonces en el barrio Cofico, en las periferias de Córdoba Capital. En ese escenario el 5 de mayo de 2025 los vecinos vieron escapar corriendo de la casa de Claudio Barrellier -33 años, empleado en una agencia de seguridad que presta servicios a la municipalidad- a una joven desnuda y con las manos atadas. Llevaba puesta solo la bombacha y gritaba desesperada “Ayúdenme”. En el negocio de enfrente le dieron una remera para que se cubra. Llamaron a la policía y llegó el patrullero. Por ese acto de violencia Barrellier fue procesado por privación ilegítima de la libertad calificada y estuvo detenido veinte días. Al concederle la excarcelación, el juez interviniente le impuso una fianza y una serie de obligaciones. Entre ellas figuraba la presentación mensual ante la fiscalía, una condición que cumplió hasta mayo de este año. Se suma así el rol que cumple en estos casos el Poder Judicial, otra vez el Estado.
El sábado 23 de mayo Agostina salió de su casa a las 22.30 para encontrarse con él. Ariel, el remisero que la trasladó declaró que le llamó la atención que una chica de su edad viajara a esa hora hacia una zona considerada peligrosa y le preguntó el motivo. Agustina respondió que iba a encontrarse con el novio de su mamá. El motivo: iban a hacerle un regalo sorpresa. El remisero fue el último en verla con vida: Agostina desapareció.
Su cuerpo fue hallado una semana después en los pastizales de Ampliación Ferreyra.
Al conocerse la noticia las y los vecinos rodearon la comisaría, cortaron las calles y quemaron gomas. Señalaron así a quien consideran también responsable de su crimen: el Estado.
Tal como señala Julia Monarrez, antropóloga mexicana y creadora del concepto “femicidio sistémico” para analizar, erradicar y prevenir esta violencia es necesario “concebir una unidad entre el sufrimiento individual de víctimas y familiares de víctimas, y las estructuras económicas, políticas y sociales que lo sostienen, requiere tener en cuenta que feminicidio es una palabra potente. Si dejamos de pensarla solo como producto de una relación cultural, que jerarquiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en detrimento de ellas, y la comprendemos como una palabra capaz de describir los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos que actúan en contra de la vida de las niñas y las mujeres, entonces podemos pensarla como una palabra antisistémica que denuncia los diferentes ensamblajes de opresión para las mujeres.”
Por eso mismo, nos vemos en las calles este miércoles.

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