#NiUnaMás
Paro de Mujeres: la cacería sigue en la justicia
Las causas armadas a 26 personas antes y después del Paro Internacional de Mujeres siguen abiertas, mientras los organismos de derechos humanos y la Procuraduría de Violencia Institucional juntan pruebas para demostrar que las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares y analizan el accionar de la Policía de la Ciudad. Cómo se desató la cacería desde el día 7 hasta el 8 a la madrugada y por qué el gobierno salió a cazar mujeres. Por María Florencia Alcaraz para lavaca.org
La construcción del 8 de marzo – primer Paro Internacional de Mujeres- en Argentina dejó un saldo represivo que pincela la estampa de las violencias estatales que hoy se despliegan sobre los cuerpos de quienes se apropian de las calles con reclamos y demandas concretos.
La madrugada anterior de la acción que reunió a más de 50 países en simultáneo, un grupo de 6 chicas -en su mayoría lesbianas- fueron perseguidas por tres hombres que las corrieron invocando a la “justicia de Dios”. Un operativo policial desmedido se desplegó alrededor de ellas en las calles de Almagro. Las acusaron de hacer pintadas y les abrieron una causa por “daño” que las tuvo privadas de sus libertades por más de doce horas. El multitudinario #8M terminó en Buenos Aires recrudeció esta imagen: veinte personas-15 mujeres y 5 varones- fueron detenidas, reprimidas, vejadas y torturadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. Tanto en la comisaría 9na, como en la 1era, la 30 y la comuna 4ta donde estuvieron las personas presas en estas dos jornadas hubo vigilias hasta que las liberaran.
Las del #8M se fueron golpeadas y con expedientes judiciales abiertos por diferentes motivos: “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. A dos meses de esas detenciones, caracterizadas por los organismos de derechos humanos como arbitrarias e ilegales, las 26 personas detenidas el 7 y 8 de marzo tienen aún causas abiertas en su contra. La misoginia y lesbofobia punitiva parece actuar con celeridad cuando se trata de perseguir y criminalizar a las mujeres manifestantes, una velocidad que el aparato judicial no demuestra cuando se trata de investigar agresiones y amenazas de varones o activar mecanismos de protección para víctimas de violencia machista.
Las paredes están bien
- En el caso de las chicas del 7 de marzo la causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 20 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Rozas. La causa tiene tres denunciantes –los defensores de las paredes-, quienes persiguieron a las jóvenes mientras iban caminando por calle Corrientes, dieron aviso a la policía y luego actuaron al servicio de las fuerzas de seguridad recogiendo, por ejemplo, unos aerosoles de las calles. Ninguno de ellos las vio pintando ni la Iglesia, ni el banco ni las sendas peatonales: todas pintadas convocando al paro que figuran como imágenes en el expediente. Actuaron casi como un grupo parapolicial. La abogada de las chicas, Gabriela Carpinetti, pidió a través de un escrito la nulidad de la causa. A partir de la declaración de una de las detenidas, Rozas resolvió ampliar en sede fiscal sus declaraciones testimoniales, que habían sido en la comisaría, y extraer más testimonios para investigar la eventual comisión de delitos de acción pública. Es decir, si hubo violencia institucional al momento de la detención y durante las horas que duró el encierro. De las pintadas por las que se las acusaba hoy solo quedan algunos rastros en sendas peatonales. Las paredes de la Iglesia Sagrado Jesús Sacramentado están blancas otra vez. Las chicas, con causas penales abiertas.
Detenciones sin orden judicial y provocadores plantados: detalles de una cacería
Las detenidas el 8
La cacería policial post 8M de detenciones sin órdenes judiciales se bifurcó en dos caminos.
- Una: tiene como imputadas a las víctimas detenidas. Se trata de 15 mujeres y 5 varones imputados por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. Ese expediente tramita en el juzgado de Instrucción 35 e interviene la Fiscalía en lo Penal N 8 a cargo de Fernando Fiszer. En estas causas armadas actúan distintos abogados en defensa de las víctimas. La Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la Ciudad-dos de las detenidas son trabajadoras de este organismo- y también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros particulares.
- Dos: un conjunto de expedientes tramitan en el Juzgado de Instrucción 59, a cargo de Laura Belloqui. La madrugada de la represión a partir de un habeas corpus presentado por la abogada Luciana Sánchez en nombre de todas las personas en las comisarías. Esa acción judicial fue declarada abstracta tras la liberación. La jueza de turno, Laura Graciela Bruniard, extrajo copia de la denuncia de apremios ilegales, la cual fue sorteada y recayó en el Juzgado de Instrucción 59. En esa misma sede judicial tramita una denuncia penal hecha por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar; el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y Marcelo D’Alessandro, Secretario de Seguridad.
Violencia institucional
La jueza Belloqui ya cuenta con un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) que luego de tomar una veintena de declaraciones con acompañamiento de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) elaboraron un dictamen en el que concluyen que se trató de hechos de violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron. Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas vejatorias, manoseos, insultos y maltratos de todo tipo relataron por las propias víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20 horas, en plena desconcentración.
Entre ellas está el relato de una de las jóvenes que tuvo que ir al hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos impactaron en su estómago, otro en la mano y el cuarto en la ingle. Uno de los detenidos contó que perdió el conocimiento en la calle por los golpes y la paliza que recibió de los agentes armados. Las mujeres fueron obligadas a desnudarse más de una vez durante la detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos.
Todas las detenidas en la Comisaría 30ª, por ejemplo, eran mujeres lesbianas y de tez morocha, por lo que la PROCUVIN concluyó que “la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.
Según el dictamen de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida. Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron. En los testimonios se repite un accionar: un grupo de varones de civil las intercepta y “entrega” a los policías de uniforme.
“Los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”, señala el dictamen que lleva la firma del titular del PROCUVIN, Félix Crous, y del fiscal ad hoc a cargo del Área de Violencia Policial, Maximiliano Medina.
En torno a la represión del 8M además, según el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, se abrió un sumario administrativo para investigar la actuación policial pero ninguno fue separado de su cargo. En declaraciones a los medios el funcionario porteño justificó el accionar policial. Dijo que “la Policía actuó en función de la escalada de violencia brutal” de la movilización. Habló de “grupos violentos” que arrojaron “bombas molotov”, sin embargo esto no se observa en los vídeos y fotos.
Cronología de la represión
El dictamen de PROCUVIN traza tres etapas de la violencia estatal desplegada el 8 de marzo.
- Primera: Ante un principio de incendio en la zona de la Catedral metropolitana, los efectivos de la Policía de la Ciudad arrojaron gases lacrimógenos, gas pimienta y proyectiles antitumulto –desde corta distancia-. En ese mismo momento se produjeron detenciones arbitrarias, violentas e irregulares. Detenían a personas que no estaba relacionada con el principio de incendio.
- Segunda: En las inmediaciones de las calles Bolívar y Diagonal Sur un camión hidrante comenzó a dispersar a la gente que aún quedaba en el lugar. Allí estaban el grupo Kidz y jóvenes bailando música electrónica. Hubo detenciones violentas e arbitrarias y gas pimienta. Algunas de las víctimas fueronllevadas a la rastra entre varios efectivos policiales.
- Tercera: A las 22 horas un grupo de agentes increpó a un grupo de mujeres que cenaba en una pizzería de la calle Perú. Los agentes les pidieron que abandonaran el lugar y al preguntar las razones, muchas de ellas fueron agredidas, detenidas e introducidas en un camión de la Policía de la Ciudad.
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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.
Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.
Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.
Los narcos robados
A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.
Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.
Quiénes están en prisión
Hasta el momento las nueve personas detenidas son:
- Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
- Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
- Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
- Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
- Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
- Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
- Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
- Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.
Vínculo de confianza
Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.
Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.
Ya pasó un mes.
Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia.
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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por Evangelina Bucari
Fotos: Carlos Luna @un_chino.of
Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.
La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

La bandera en la marcha.
Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.
En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

La presencia mapuche en el acto por Azul.
Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.
“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.
La violencia avanza
El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia.
Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.
Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.
“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.
Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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