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Por qué indigna la Copa Mundial

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En Brasil se han formado doce Comités Populares en cada una de las ciudades que albergarán el Mundial para resistir desalojos y denunciar los alcances de un negocio que Raúl Zibechi desnuda en esta investigación.
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Aunque parezca difícil de creer, el fútbol es cosa de elites: tanto por los que lucran con el deporte como por los que pueden acceder a los estadios. Los mundiales están acelerando ese proceso al convertir los estadios en grandes plataformas para los negocios negando el acceso a las mayorías. Medio siglo de historia del mítico Maracaná son la prueba más cercana.
Alrededor de 203 mil personas asistieron a la final de 1950 en Maracaná, lo que representaba el 8,5% de la población de Río de Janeiro. Las entradas a las localidades “generales” y a las “populares”, donde asistían los sectores populares, representaban el 80 por ciento del público total. Una parte importante de los espectadores siguieron el partido de pie, en un estadio que tenía capacidad para 199 mil personas.
Hoy Maracaná es una “arena multiuso” que alberga eventos deportivos, recitales musicales y shows del más diverso tipo. Sobre los graderíos se construyeron camarotes con una amplia visión del campo, con vidrios que separan a los asistentes VIP del resto de los espectadores. Cuentan con bares, televisión y aire acondicionado y suelen ser rentados por empresas que invitan a sus socios y funcionarios. Tienen el privilegio de que pueden llegar directamente en auto a través de una rampa sin tener que soportar el menor contacto con la “multitud”.
Los estadios donde comenzaron a cambiar en la década de 1990 con la excusa de la seguridad y el confort, como parte de una campaña global en la que no sólo participó la FIFA sino también los clubes, acicateados por los patrocinadores privados. Hacia el fin de la década el valor de las entradas en todo el mundo creció muy por encima la inflación, haciendo cada vez más difícil el acceso a las familias trabajadoras.
Maracaná vio reducido su aforo luego de una remodelación en 1999 para recibir el Mundial de Clubes en 2000, a sólo 103.022 personas porque se instalaron asientos individuales en el anillo superior. Entre abril de 2005 y enero de 2006 estuvo cerrado por obras para albergar los juegos Panamericanos de 2007. En esa ocasión se suprimieron las “generales” donde el público seguía los partidos de pie y se instalaron asientos, dejando el aforo en apenas 82.238 personas, eso sí con sillas reclinables.
Actualmente Maracaná está sufriendo una nueva remodelación para recibir la final del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Desde mediados de 2010 está cerrado por reformas que seguirán el “patrón fifa”, que exige que todas las localidades estén cubierta,s lo que obligó a modificar todo el techo. En realidad el estadio fue implosionado y sólo se conserva la fachada externa que es considerada patrimonio histórico nacional. La reconstrucción costará mil millones de reales, un mínimo de 600 millones de dólares, será concesionado a la iniciativa privada y tendrá aún menos localidades que serán cada vez más caras.
Más que un estadio de fútbol será un teatro, con sillas numeradas en las que no se puede seguir el partido de pie. De ese modo se suprimieron los espacios de creación colectiva de las hinchadas, bullangueras y desordenadas, y en su lugar sólo queda la posibilidad de coreografías precocinadas como las “olas” y el despliegue ordenado de minibanderas individuales.
De ser el maior do mundo, Maracaná pasó a ocupar un modesto lugar 14º, muy por detrás de los dos mayores estadios del planeta: el Rungrado May Day de Pyongyang (Corea del Norte) con capacidad para 150 mil espectadores, y el Salt Lake de Calcuta (India) con 120 mil lugares. Pero sobre todo dejó de ser un espacio popular para convertirse en un soporte de negocios y espectáculos.
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Limpieza social
El Comité Popular de Rio de Janeiro que fue creado durante los Juegos Panamericanos celebrados en 2007, cuando la población que estaba siendo desalojada de forma forzosa para construir obras comenzó a resistir los traslados. “Además comenzamos a percibir que los desalojos no eran el único problema de los grandes eventos y observamos otros factores como la corrupción. La obras de los Panamericanos estaban presupuestadas en 300 millones de reales, pero costaron 3.500 millones”, unos dos mil millones de dólares, explica Roberto Morales, asesor del diputado Marcelo Freixo, del Partido del Socialismo y la Libertad.
Rio es la ciudad de Brasil más afectada por las obras, ya que albergará el Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. En las doce ciudades que serán sedes del Mundial se han creado Comités Populares que se han articulado y se están movilizando bajo el lema “Copa y Olimpiadas con respeto a los derechos humanos”.
El informe “Megaeventos y violaciones a los Derechos Humanos”, publicado en abril por el Comité Popular de Río de Janeiro, destaca que en los cinco últimos campeonatos nacionales descendió la participación de público por partido, aunque hubo un leve aumento del público total, pero se disparó a recaudación. Entre 2007 y 2011 los espectadores por partido de liga bajaron de 17.400 a 14.900, el público total de toda la liga creció de 5,6 a 6,5 millones, pero la recaudación creció casi un 50%, lo que indica que el precio de las entradas no para de aumentar.
Como en todo el mundo, en Brasil el fútbol ya no depende de lo que pagan los espectadores. En 2010, los clubes cubrieron su presupuesto básicamente por la exportación de jugadores, rubro que cubrió el 28% de presupuesto, seguido por la televisación de los partidos que supone el 24% de los ingresos y la publicidad que representa el 12%. Las entradas sólo cubren el 11% de los presupuestos.
El informe de los Comités Populares destaca que Brasil tiene un déficit habitacional de cinco millones de viviendas. Las obras del Mundial, desde los estadios hasta la ampliación de aeropuertos y autopistas, tendrán un costo total de unos 20 mil millones de dólares para un campeonato que dura menos de un mes. Una cifra colosal que sale de los impuestos de los brasileños y de la que se benefician unas pocas megaempresas.
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El negocio de la seguridad

El Mundial de 2014 implicará gastos de 1.200 millones de dólares en seguridad. Se contratarán 53.000 nuevos guardias de seguridad que serán los encargados de privatizar amplios espacios que dejarán de estar controlados por el país anfitrión. Cada estadio tendrá un radio de dos kilómetros en los cuales la FIFA tendrá los derechos exclusivos, o sea todo ese espacio será privatizado para la multinacional de fútbol. Los agentes seguridad serán contratados por la FIFA, pero todos los gastos serán pagados por el Estado de Brasil.
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Los desplazados
Aunque el gobierno no da informaciones sobre los desalojos forzosos que provocarán las obras, se estima que afectarán a unas 170 mil personas. Los Comités Populares han detectado una suerte de patrón que se repite en todas las ciudades donde habrá desalojos: los afectados nunca se enteran por el poder público sino a través de rumores o porque se inician obras cerca de sus casas. “La falta de información y notificación previa generan inestabilidad y miedo con relación al futuro”, lo que paraliza a las familias y las coloca a merced de los poderes o los especuladores, señala el informe.
Casi la totalidad de los afectados viven en áreas de bajos ingresos en situaciones precariedad o informalidad. En la región metropolitana de Curitiba serán afectados 1.173 inmuebles para construir el Corredor Metropolitano de 52 kilómetros, los accesos ferroviarios, y la reconstrucción y ampliación de varias avenidas y autopistas. Sólo la ampliación del aeropuerto y su playa de estacionamiento implica la remoción de 320 viviendas, sin que ninguno de sus habitantes haya sido informado sobre las indemnizaciones que recibirá o dónde será trasladado.
En Belo Horizonte se construye un gigantesco emprendimiento inmobiliario que ocupa 10 mil hectáreas de áreas verdes para levantar 75 mil apartamentos, que se llamará Vila da Copa, que inicialmente servirá de alojamiento de delegaciones, turistas y periodistas que asistan al Mundial. En Fortaleza serán afectadas 15 mil familias de las cuales casi 10 mil deberán ser reasentadas pero aún no han sido informadas dónde irán a vivir.
La mayor parte de los afectados serán desplazados por la ampliación o construcción de nuevas autopistas. La Vía Expresa de Fortaleza atravesará 22 barrios para unir la zona hotelera con el centro de la ciudad y el estadio Castelâo. En este caso las familias pueden elegir entre una indemnización, una casa en un conjunto habitacional o la permuta por otro inmueble escogido en algún barrio de la capital. Aunque el 70 por ciento de las nueve mil familias afectadas habían elegido un conjunto habitacional, la presión social frenó todo el proceso hasta que se presente un proyecto alternativo en mejores condiciones.
Cientos de casas de la periferia de Fortaleza que han sido marcadas con tinta verde para ser demolidas este año, pero los habitantes no tienen ninguna comunicación oficial que les informa cuándo se producirá la demolición.
Los Comités Populares de la Copa afirman que en 21 villas y favelas de siete ciudades que serán sedes del Mundial, el Estado está aplicando “estrategias de guerra y persecución, como el marcado de casas con tinta sin explicaciones, la invasión de domicilios sin mandatos judiciales, la apropiación indebida y destrucción de inmuebles”, además de amenazas y corte de los servicios y otras acciones de intimidación.
Las obras para el Mundial facilitan una suerte de “limpieza social” impulsada por la especulación y desplaza familias que habitan predios desde hace cuatro y cinco décadas, como sucede en San Pablo con la construcción del Parque Lineal Llanos del Tietê, una zona inundable de la que han sido removidas cuatro mil familias y serán expulsadas otras seis mil.
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Estado de excepción
El parlamento fue presionado para aprobar la Ley General de la Copa que establece las normas jurídicas para la realización de la Copa de las Confederaciones de junio de 2013 y el Mundial del año siguiente. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en base a los criterios establecidos por la federación, pero varios diputados estimaron que contradice la legislación brasileña. Por ejemplo, en Brasil está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los estadios, pero la FIFA exige que exista total libertad, lo que puede generar situaciones de violencia, según estiman muchos parlamentarios
Otro punto de fricción gira en torno a los derechos adquiridos por estudiantes, jubilados, beneficiarios del programa Bolsa Familia y enfermos, que pagan sólo media entrada, algo que la FIFA también rechaza. La llamada Ley Pelé, que beneficia a los sindicatos de atletas profesionales con el cinco por ciento de los ingresos por los derechos audiovisuales de los espectáculos deportivos, también será suspendida en los partidos del Mundial.
La federación exige también que el país anfitrión emita visas y permisos de trabajo a todos los miembros de las delegaciones, invitados, funcionarios de las confederaciones, periodistas y espectadores de otros países que hayan comprado entradas. Esos permisos especiales caducan recién el 31 de diciembre de 2014, seis meses después de terminado el Mundial. En suma, buena parte de la legislación nacional queda suspendida para atender las exigencias de la FIFA.
El informe de la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa suma a esa lista de agravios, la vulneración de los derechos de los trabajadores informales (casi dos tercios de los brasileños). En efecto, el artículo 11 de la Ley de la Copa prohíbe la venta de cualquier tipo de mercancías en “locales oficiales de competición, en sus inmediaciones y principales vías de acceso”, sin autorización expresa de la federación. La definición y límites de las “áreas exclusivas” para el comercio de productos FIFA deberán ser demarcadas por los municipios “considerando los requerimientos de la FIFA o de terceros por ella indicados”, de la que quedarán expresamente excluidos los vendedores ambulantes en un radio de dos kilómetros de los estadios.
El artículo 23 penaliza incluso a los bares que pretendan trasmitir los partidos del Mundial sin la autorización correspondiente si además promocionan ciertas marcas no autorizadas. La Confederación Nacional de Comercio y otras organizaciones gremiales de los comerciantes han manifestado su oposición a la Ley de la Copa. Quizá lo más grave es que el proyecto de ley prevé a través del artículo 37 que “podrán ser creados Juzgados Especiales para el procesamiento o enjuiciamiento de las causas relacionadas a los eventos”.
El poder acumulado por las federaciones deportivas en las últimas décadas es capaz de imponerse a los millones de ciudadanos en todo el mundo, que son los que realmente las sostienen, y a poderosos Estados de todos los continentes, sin que se registren debates públicos en los que pueda trasparentarse el entramado de intereses.
 

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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