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Qué hacen los jueces con los represores que piden el 2×1 (actualizado)

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Mientras la Corte Suprema analiza el beneficio del 2×1 luego que más de medio millón de personas se manifestaran en todo el país en su repudio y el Congreso nacional votara una ley que excluye de su aplicación a los acusados por delitos de lesa humanidad, los tribunales inferiores siguen rechazando pedidos de genocidas. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desestimó los pedidos del  genocida Miguel Etchecolatz y del excapellán de la Iglesia Católica, Christian Von Wernich. En el caso de Von Wernich, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro remarcaron que el 2×1 es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”. Además, la CIDH expresó su “preocupación” y “consternación” por el fallo de la Corte.

El repudio al fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña -civil integrante del “Grupo Swat” que operó en el Hospital Posadas durante la última dictadura cívico-militar, condenado a 13 años de prisión en 2011- deja en claro que el Nunca Más no es una frase ni un concepto vacío, sino  la fiel construcción que a lo largo de 41 años los organismos de derechos humanos han impreso en la sociedad argentina, que de forma masiva manifestará esta tarde el rechazo a la impunidad. Ese fuego creció día a día luego del fallo supremo a medida que diversos represores exigían la aplicación del beneficio del 2×1.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la decisión de la Corte “que se aparta de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos”. La CIDH manifestó su “consternación” ya que el beneficio fue aplicado a una persona encontrada culpable “por haber cometido un crimen de lesa humanidad”. Los integrantes de la Comisión aclararon que “los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima”, y subraya que la aplicación del 2×1 tornaría “inadecuada” la sanción de esos crímenes: “Los Estados tienen por lo tanto la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”.

En ese sentido, la CIDH celebró “la lucha contra la impunidad” en el país y tomó nota de la aprobación en el Congreso de la Ley 27.362, que establece que el 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”. La ley fue aprobada el 10 de mayo, mismo día de la masiva movilización que reunió más de 500 mil personas en todo el país en repudio al 2×1. 

“Es un fallo político”, dice a lavaca Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en varias de estas causas. “Lo que puede pasar es que, a partir del repudio y la presión social, el Poder Judicial no esté dispuesto a pagar el costo político de esta sentencia. El Gobierno ya se despegó y dejó a la Corte sola. Recuerdo a la sanción de la ley de Punto Final durante el gobierno de Alfonsín: el Poder Judicial no quiso pagar los costos y habilitó la feria para continuar las indagatorias. Luego salió la ley de Obediencia Debida. Por eso hay que ver cómo responden los tribunales inferiores en este caso: no creo que tengan ganas de ser quienes paguen por liberar a represores tan significativos como Etchecolatz o Astiz, por ejemplo. La presión social es importante en esas decisiones”. Algunos fueron rechazados, otros aún no tuvieron respuesta. Aquí ofrecemos un repaso de algunos de ellos.

Rechazados

1. El Tribunal Oral Federal de San Juan, con las firmas de los jueces Héctor Cortes, Alejandro Piña y Raúl Fourcade, declaró “inconstitucional” el pedido del represor Alejando Víctor Manuel Lazo para que se le aplique la ley del 2×1 en el cómputo de la pena por delitos de lesa humanidad por la que está condenado desde 2013. El TOF resolvió “declarar inconstitucional e inaplicable al caso el artículo 7 de la Ley 24,390, en su redacción originaria, por ser contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional”. Lazo es un exsuboficial mayor del Ejército condenado a 10 años de prisión por:

  • Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de la violencia y amenazas y por la duración de un más de un mes de detención.
  • Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política.
  • Concurso ideal con abuso deshonesto.
  • Asociación ilícita.

El fiscal de la causa Francisco Maldonado también rechazó el pedido, ya que sostuvo que “no puede obviarse la evidente injusticia que implica utilizar este mecanismo legislativo para beneficiar a quienes en la época de la vigencia de esta ley no se encontraba ni siquiera imputados por cuanto se encontraban gozando de una impunidad otorgada precisamente por los instrumentos normativos como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”. Además, agregó que “la CIDH es enfática en la necesidad de investigar y enjuiciar esta clase de delitos y que son improcedentes los actos que impliquen renuncia a tales fines”.

2. El Tribunal Oral Federal N°5 –integrado por Adriana Pallioti, Gabriel Nardiello y Oscar Hergott- rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, exteniente de Campo de Mayo condenado en 2014 a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda. Fue el primer represor que recibió el rechazo de la Justicia por el 2×1.

3. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza rechazó un segundo pedido de excarcelación de Hugo Ramón Trentini Coletti, condenado el 19 de abril a prisión perpetua por tres homicidios y 14 casos de secuestros y torturas en la “Megacausa San Rafael”. Los jueces Fátima Ruiz López, Gretel Diamante y Marcelo Grosso señalaron que “los motivos argüidos por la defensa de Coletti suponen un pretexto de la interpretación de un fallo de la CSJN, una derivación inaceptable sobre el derecho vigente en la actualidad”. Además, sostuvieron que “los forzados argumentos con que la defensa pretende el otorgamiento de la excarcelación de Trentini no resisten el menor análisis y sólo se sostienen en una generalizada y múltiple aplicación del ´dos por uno´, que el letrado intenta fundar en el renacer de las leyes que en el caso carecen de vigencia”.

4. El TOF N°5 (mismo tribunal del fallo Girbone, pero integrado esta vez Adriana Pallioti y Leopoldo Bruglia) también rechazó el pedido de 2×1 presentado por Jorge Magnacco, el exmédico de la Armada que hacía los partos en la ESMA, condenado a 10 años por el plan sistemático de apropiación de ninxs. Gozó de libertad condicional hasta 2013, pero la Cámara de Casación la revocó y lo envió a cárcel común luego de ser observado en un shopping. Hoy está siendo juzgado en el juicio por los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en ese centro clandestino.

5. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza –a través de los fallos de los jueces Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso- rechazó el pedido de 2×1 de Norberto Ernesto Mercado Laconi, exoficial principal de la Unidad Regional II, quien está siendo juzgado en el marco de la megacausa por crímenes de lesa humanidad en San Rafael. Sobre Mercado Laconi pesa un pedido de ocho años prisión: los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena lo acusaron como autor material de ocho hechos de privación abusiva de libertad agravada y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador. En su resolu
ción, los jueces hicieron lugar al dictamen previo del fiscal Garciarena, que no sólo había solicitado el rechazo sino también fustigó a la defensa por “la absoluta falta de seriedad del planteo formulado”.  El fiscal subrayó que el abogado defensor del represor admitió en la audiencia que había leído el fallo del a Corte y criticó que no explicara -“siquiera mínimamente”- las razones por las que el “Fallo Muiña” puede resultar aplicable en este caso.

6) El Tribunal Oral Federal de Tucumán –integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga- rechazó el pedido de 2×1 del represor Carlos Eduardo Trucco, condenado en 2013 a 14 años en la megacausa “Arsenales II-Jefatura de Policía II”. También dejó sin validez el reclamo de otros 42 genocidas. El TOF manifestó que la aplicación del beneficio significaría “una amnistía y una prescripción camufladas con argumentos falaces de garantismo”, y lo rechazó por “inconstitucional e inconvencional” ya que “atenta contra la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico”. El fiscal federal Pablo Camuña había presentado un escrito ante el Tribunal en el que subrayó enfáticamente que “la interpretación que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del caso ‘Muiña’ no es aplicable al caso”.

7) El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba rechazó el pedido del represor Arnaldo “Chubi” López, que cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros luego que el mismo tribunal lo condenara en 2016 a prisión perpetua en el marco de la megacausa “La Perla-La Ribera”. Al recibir esa sentencia, amenazó al gobernador Juan Schiaretti: “Los vamos a secuestrar”. Los jueces Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci explicaron que se tratan de “delitos permanentes” y consideraron inaplicable el beneficio del 2×1 citando los acuerdos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma.

8) El excapitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga Quintela, Víctor Gallo, fue uno de los primeros represores que se presentó ante la Justicia para reclamar el beneficio del 2×1 luego del “Fallo Muiña”. Gallo también fue miembro del Batallón 601 y carapintada. El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Gallo en 2012 a 15 de prisión en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés. En 2016 se le otorgó una pena única de 25 años al reunificarla con otras sentencias anteriores.  Ese mismo año el TOF rechazó un primer pedido de Gallo por la aplicabilidad del 2×1. Los jueces lo rechazaron nuevamente. En un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo celebró que el juez Fernando Canero indicara “que los tribunales inferiores pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte si se presentan argumentos novedosos sobre el tema a resolver”. La decisión sobre el pedido del 2×1 del represor está ahora en manos de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la jueza Liliana Catucci y los jueces Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani. Catucci y Riggi fueron los magistrados que conformaron la mayoría de la Sala I que otorgó el último beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz (en ese fallo, la jueza Ana María Figueroa votó en contra).

9) El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desestimó el pedido del excapellán de la Iglesia Católica, Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua por más de 30 casos de privación ilegal de la libertad y tortura y 7 homicidios calificados. Los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro remarcaron que el 2×1 es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”. El juez Pablo Vega sostuvo que el fallo de la Corte omite las normativa que “expresamente prohíbe los indultos, amnistías y conmutación de penas”. Los fiscales Molina y Schapiro también se opusieron a las excarcelacioes de Miguel Etchecolatz; del exdirector de la Unidad Penal N°9, Abel David Dupuy (cumple prisión perpetua), y de dos médicos que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi (13 años de prisión); de los civiles de la inteligencia castrense Rufino Batalla y Raúl Espinoza (13 años de prisión); del expolicía bonaerense Roberto Grillo (prisión perpetua); y del apropiador Omar Alonso (10 años de prisión). https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-plata-la-fiscalia-pidio-el-rechazo-del-2×1-para-etchecolatz-von-wernich-y-otros-siete-condenados/  

10) El TOF N°1 de La Plata también rechazó el pedido del exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz (principal sospechoso por la segunda desaparición del testigo Jorge Julio López). El juez Germán Castelli se fundamentó en otro fallo del mismo Tribunal, en el que junto al magistrado Pablo Vega se negó al pedido de 2×1 del represor Rufino Batalla, ya que “no corresponde la aplicación de aquella norma, en tanto el imputado no estuvo, en ningún momento, detenido durante la vigencia” de esa ley, que rigio desde 1995 hasta 2001. Batalla -ex personal civil de inteligencia del Ejército- fue condenado en 2014 a 13 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “La Cacha”, en La Plata. El único de los jueces que votó a favor del 2×1 de Batalla fue Alejandro Esmoris, que en 2016 ya había fallado en favor de la aplicación de ese beneficio para el represor Guillermo Duret, condenado a 15 años de prisión por el secuestro, la tortura y la desaparición de Carlos Labollita. Hoy está libre.

11) La Unidad de Derechos Humanos de Resistencia -a través de los fiscales federales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Horacio Rodríguez y Diego Vigay- solicitaron al Tribunal Oral Federal que rechace el pedido de 2×1 que formularon los ex agentes de la Policía chaqueña Jorge Ibarra y Albino Borda, que están siendo juzgados en la causa Caballero II junto a suboficiales y oficiales de la policía provincial y de Santiago del Estero y oficiales del Ejército. Borda también está acusado de dos casos de desaparición forzada y de violencia sexual. Los fiscales consideraron que ese beneficio “no superaría un análisis de constitucionalidad y convencionalidad, por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad”.

12) El juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, rechazó el pedido de la defensa del represor Walter Carmen Roldán, condenado a 23 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Lijo descartó la aplicación del beneficio ya que son casos “en los que el delito comienza con la privación ilegítima de la libertad de determinadas personas y se mantiene, mientras se ignore el paradero o destino de la víctima”.

Pedidas

  1. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó en 2014 a 13 años de prisión al veterinario Claudio Raúl Grande en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “La Cacha”. Grande era Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento 101 del Ejército, órgano militar de la subzona militar 11. Según La Nación, solicitó la aplicación del 2×1. La Justicia aún no se expidió.

Concedidas

El juez del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, Walter López da Silva, otorgó la prisión domiciliaria a Osvaldo Omar Pallero, civil procesado en 2015 como miembro de la Triple A en el distrito. El juez invocó el fallo de la Corte Suprema: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ´la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes de los principios que caracterizan el Estado de Derecho´”. Pallero, según el procesamiento del juez federal Alejo Ramos Padilla, integró una asociación ilícita destinada a la eliminación, “mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”. Integraba el cuerpo de “vigilancia y seguridad” que había conformado el interventor Remus Tetu en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Tras un año y medio detenido reclamó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Tiene 74 años.

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Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

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En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.  

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación.  Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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Hasta siempre, Mirta

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Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

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Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

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Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

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A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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