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Rafael Nahuel: marcha en reclamo de justicia y pruebas que comprometen más al Grupo Albatros

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300 personas reclamaron hoy «Justicia por Rafael Nahuel» en el centro de Bariloche, tras el peritaje del jueves en la comunidad donde el juez Villanueva encontró pruebas que comprometen más al grupo de Prefectura que actuó el 25 de noviembre. Fotos, datos y la crónica de Revista Cítrica sobre qué se encontró y qué no en Villa Mascardi.
Hoy al mediodía en la ciudad de Bariloche  una marcha de 300 personas reclamó en paz justicia por Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado en el marco de la represión de Prefectura Naval a la comunidad Lawken Winkul Mapu. Sus familiares y amigos del barrio Nahuel Hue marcharon en la cabecera, con una bandera que hicieron ellos mismos y decía: «Ni olvido ni perdón. Justicia por Rafita».

Esta marcha se empezó a gestar la semana pasada, tras una convocatoria fallida que pertendió unir el 1 de diciembre los 4 meses de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado con la muerte de Rafael Nahuel en un contexto similar. Sin embargo, ambas familias decidieron no convocar en dicha fecha – que coincidía con un Bariloche militarizado por el G20- y auguraron una nueva movilización con un solo eje: «Pedir justicia en paz».
Eso ocurrió hoy en las calles céntricas de Bariloche, en una marcha encabezada por la familia y los amigos de Rafael, que pintaron junto a la organización Al Margen las banderas que se agitaron en la marcha. Todas tenían un denominador común: la cara de su amigo Rafita.

Foto: Eugenia Neme/ Al Margen

El grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, que actuó de manera especial en la represión del sábado 25 de noviembre en Villa Mascardi, quedó más comprometido tras la visita del juez federal Guillermo Villanueva al lugar donde murió Rafael Nahuel. Según coinciden todas las fuentes, la comitiva ascendió unos 1.000 metros monte arriba, donde se encontraron vainas de 9 milímetros compatibles con las que usó Albatros y con la que se encontró en el cuerpo de Rafael.
El juez llegó a Villa Mascardi pasadas las 10 de la mañana y se fue a las 20 horas, siempre acompañado por un séquito de unos 60 uniformados de la Policía Federal con armas y cámaras Go Pro en sus cascos. Se estimaba que la comitiva sería menor y la comunidad había pedido especialmente que no se presentaran fuerzas armadas; Villanueva alegó motivos de «seguridad personal».
Los mapuche dejaron pasar sin sobresaltos a la inspección judicial que contó con apoyo de la policía. Cabe aclarar que nunca se opusieron a la medida del juez, que retardó esta inspección casi dos semanas.

Foto: Eugenia Neme para lavaca.org

Los resultados, en la crónica de la Cítrica según la colaboración colaborativa con Tiempo Argentino y lavaca.org

Si bien en la mesa de diálogo se había acordado que se notificaría con más de 24 horas de anticipación y que la cantidad de efectivos no superaría los 30- cosas que no se cumplieron-, el peritaje en la lof Lafken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi, se llevó a cabo dentro de todo “con normalidad” en el día de ayer.
Las pruebas recogidas confirmarían lo que sólo se niega a reconocer el Gobierno: que a Rafael Nahuel lo mató una bala del Grupo Albatros de Prefectura.
El horario que se había fijado para el ingreso a la lof era a las 8 de la mañana. Sin embargo, recién un par de horas después se hizo presente el juez Gustavo Villanueva, fuertemente custodiado, y acompañado de más de 60 efectivos de diferentes divisiones de la Policía Federal, más los peritos oficiales y de las partes. De la visión ocular y el peritaje también participaron el padre y el hermano de Rafael, abogados, secretarios del juez, personal de la Fiscalía y Defensoría de Menores y representantes de organismos de derechos humanos.
Durante las nueve horas que duró el operativo, los accesos por la ruta a la lof se cortaban y se habilitaban, intercaladamente, cada diez minutos. El acampe en solidaridad que desde hace unos días se había montado frente a la tranquera, no se levantó: el juez y los efectivos -excesivamente armados- pasaron por el costado e ingresaron al territorio, donde el sábado 25 Rafael Nahuel fue asesinado por una bala de 9 mm, las mismas que utiliza el grupo Albatros de Prefectura Naval.

Foto: Eugenia Neme para lavaca.org


Casquillos de ese tipo, se encontraron por doquier a lo largo de la pesquisa.
“Fue un despliegue cinematográfico”, graficó el abogado Matías Schrarer, quien apuntó que no se encontraron “las barricadas, las ramas rotas por el uso de armamento de grueso calibre ni ninguna evidencia de utilización de armas que no sean las que manejan las fuerzas de seguridad”. Todo eso es lo que figuraba como “probado” en el informe presentado por el Ministerio de Seguridad.
“Un informe que se cae con esta pericia”, apunta el defensor de Lautaro González y Fausto Jones Huala, quien a su vez confirmó lo que sí se encontró durante la jornada de ayer: “Algunas postas de goma anti tumulto y muchas vainas de 9mm, que son las que utilizó el Grupo Albatros que mató a Rafael e hirió a otras dos personas.

Además, toda la evidencia hallada fue encontrada a unos 1000 metros de la entrada del predio y no a 400, como sostiene el informe de Patricia Bullrich. Lo que evidencia que los Albatros no estaban patrullando sino que salieron de cacería.

También participó del peritaje Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza. “Vine a acompañar a Alejandro y a Pablo, el papá y el hermano de Rafita, y a la comunidad. Apenas nos enteramos en pleno velorio de Santiago Maldonado no podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Vinimos para garantizar que el proceso se realice correctamente y así se hizo. Se encontraron más de 30 cartuchos de 9mm, todos disparados desde abajo hacia arriba, todos en el mismo sentido. Encontramos el lugar a donde se apostó el grupo que seguramente mató a Rafa. Ahí estaba todo el pasto más corto y fue dónde se encontraron la mayor cantidad de municiones. Se iba encontrando de menor a mayor. Primero se encontraron dos, luego tres y luego 12, y llegando a dónde está el acampe central arriba de todo, a 1200 metros de altura, era impresionante la cantidad de cartuchos.

En los primeros 400 metros encontramos los balines de goma. O sea que al principio tiraron balas de goma y después ya cuando los tenían ahí, los mataron, los fusilaron. Realmente fue un fusilamiento.

Pimentel fue quien convocó al perito en criminalística Enrique Prueger, quien llegó hasta la lof con su prestigioso equipo. Prueger, que también se puso a disposición en la búsqueda de Santiago Maldonado, fue fundamental para resolver el asesinato del conscripto Omar Carrasco en 1994. “Gracias a su trabajo ese crimen no quedó impune. Y acá llegó a trabajar nuevamente ad honoren, porque conseguir peritos de esas características es muy costoso y la gente pobre no lo puede cubrir”, destacó Pimentel, quien reveló que Prueger “trajo aparatos de gran tecnología para descubrir y detectar metales. Hasta un georadar, que la policía no lo tenía, por lo que el peritaje hubiera sido al tun tun. Esto sirve para delimitar exactamente adónde se encontraron las balas, adonde aparentemente lo asesinaron a Rafael. Todo esto tiene que traer luz para que paguen los responsables materiales y los responsables políticos. Porque hubo una orden que se dio desde el juzgado y desde el Ministerio de Seguridad”.

Foto: Eugenia Neme para lavaca.org


Respecto justamente a las declaraciones de Patricia Bullrich, Pimentel destacó:

Acá no se encontró ningún arma, ni el día del allanamiento y desalojo ni ahora que se hizo todo un trabajo muy exhaustivo con mucha gente buscando. No se encontró absolutamente nada más que unas piedras y dos cañas que se usan para ceremonias. Ese es el armamento ‘pesado’ que relata la ministra. Es una vergüenza.

Por último, el referente de Derechos Humanos pidió “no olvidarse tampoco de Fausto (Jones Huala) y Alejandro (González) que tuvieron el coraje de traerlo a Rafa hasta acá. Se entregaron y no lo abandonaron. Y los llevaron presos. Y ahora les quieren adjudicar la muerte de Rafita porque dicen que ellos lo abandonaron cuando cobardemente el grupo Albatros, que es un grupo de élite para combatir una guerra o al narcotráfico, disparó contra jóvenes mapuches que lo único que hacen es ejercer sus derechos”.

Foto: Eugenia Neme para lavaca.org

La voz de la comunidad

“A pesar de los trascendidos y las noticias falsas que se sucedieron en los medios hegemónicos, diciendo que desde la comunidad se iba a prohibir realizar el peritaje, eso no fue verdad: siempre hubo predisposición. Incluso hubiéramos querido que se hiciera antes, para esclarecer más rápidamente el asesinato de Rafa”, le dijo a Cítrica Diego, vocero de la lof Lafken Winkul Mapu, quien se quejó de que la carátula siga siendo “muerte dudosa, en vez de homicidio agravado” y del “hermetismo por parte del juez y sus secretarios”.

Eso dio pie a un montón de versiones falsas . Es terrible como mienten. Decían que nosotros habíamos tomado un hotel, que habíamos cortado en la ruta, que teníamos armas. La comunidad no solamente no tiene armas sino que no tiene nada en ese sentido.

«Acá lo único que queremos es paz y respeto, poder desarrollarnos como pueblo mapuche dentro de nuestra cosmovisión. Esto es lo único que se le pidió al juez y lo que se le pide al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en la mesa de diálogo. Y queremos que se terminen las manipulaciones mediáticas intentando estigmatizar al pueblo mapuche, porque periodísticamente se coloca como victimario a la lof, que fue la única agredida en toda esta situación: fuimos perseguidos y cazados”.
Diego, elegido por su comunidad para hablar ante los medios, remarcó que “lo primero que le corresponde al Estado es que debe respetar los derechos del pueblo mapuche. Es decir que desde ahí ya empezamos todo mal. Y con lo único que nos respondió el estado fue con violencia. Nuestros abogados aún no pueden acceder a la causa por el secreto de sumario. Necesitamos saber qué es lo que está escrito ahí para tener una idea a ciencia cierta de qué es lo que ordenó el juez».

Porque acá vivimos un operativo descomunal con golpes, violencia contra las mujeres, que fueron arrastradas; les pegaron a una lamién (hermana) menor de edad, se le hizo tragar tierra; a los niños también se los maltrató, les echaron gases y estuvieron sin resguardo y sin poder alimentarse. Y después vinieron y asesinaron a un peñi.

Tras destacar que “nosotros estamos ocupando un territorio ancestral a fin de desarrollar nuestra espiritualidad”, el vocero de la lof dijo que “ese es un derecho constitucional que figura en el convenio 169 con rango supranacional. El Gobierno dice que hay que estar a derecho pero los que no cumplen son ellos. No cumplen ningún derecho: ni los derechos civiles ni los derechos indígenas. Nos tiran a sus perros de caza y los dejan que hagan lo que quieran. Y esto no solamente ha pasado acá sino que ocurrió en otros lugares. La verdad es que da mucha bronca ver con la impunidad que se manejan”.

Foto: Eugenia Neme para lavaca.org

Mesa de Diálogo y Diputados

Ayer, un día después de que se volviera a reunir la Mesa de Diálogo, en el aula magna del Centro Regional Universitario de Bariloche, se llevó a cabo una reunión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Legisladores de diferentes espacios políticos, como Victoria Donda, Silvia Horne, Santiago Igón, Fernanda Raverta, Nathalia González, Leonardo Groso y Pablo López, hicieron un “llamado urgente a las instituciones estatales para que paren en la utilización desmedida del aparato represivo contra los pueblos originarios, y las protestas en general” y remarcaron que es deber del Estado “resolver las causas que generan desigualdades inhumanas indebidas y no atacar irracionalmente sus manifestaciones”.
Ningún diputado del oficialismo se hizo presente en la reunión, que contó con la participación de diferentes comunidades mapuche, el Obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, representantes de organismos de derechos humanos y concejales municipales y locales.
“Fue un respaldo muy importante para la Mesa, y otro paso necesario para llegar a la verdad en el asesinato de Rafael Nahuel, y al mismo tiempo repudiar la criminalización de la protesta y avanzar en el respeto a los pueblos originarios. Lo sesgado y discriminatorio no aporta, hay que entender la pluriculturalidad y trabajar desde otro lugar, no desde la criminalización”, dijo Beatriz Oñate, la Defensora del Pueblo de Bariloche. Y agregó: “Además, nos enteramos que una comunidad mapuche le está pidiendo al procurador de Neuquén que aborde las temáticas de esa región a través de una mesa de diálogo, entendiendo que tiene particularidades y un contexto determinado. En ese sentido es importante que esta idea prenda en otros lugares”.
La Mesa de Diálogo volverá a reunirse el 14 de diciembre. Allí volverá a presentarse Parques Nacionales, que tras su primera participación del miércoles pasado se comprometió a realizar un informe y a la que se le pidió que su representación sea a través de un miembro del directorio.
*** Esta nota es parte de la cobertura colaborativa establecida entre lavaca.org, Cítrica y Tiempo Argentino frente a la situación represiva vivida en Villa Mascardi 

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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