Con los volantes del paro nacional de mujeres #NosotrasParamos del último 19 de octubre en la mano, la feminista brasileña Silvia Pimentel, integrante del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), preguntó a las representantes del Estado argentino sobre avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el país. La delegación del gobierno, encabezada por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, tuvo que dar cuenta sobre su política en la materia. Muchas de las preguntas que hizo el Comité quedaron rebotando en el centro de la Sala XVI del Palacio de las Naciones en Ginebra. “En 48 horas les enviamos un informe”, respondieron las funcionarias del Estado ante varias consultas concretas. Frente a las incertezas, el Comité de expertas fue lapidario: «No nos quedamos satisfechos con las respuestas. Queremos saber lo que pasa en la realidad». Exigieron acciones, efectos, impactos, datos y no solo declamaciones. Las observaciones y recomendaciones finales de CEDAW se conocerán el 21 de noviembre. Un recorrido por las no respuestas del Estado argentino.
Por María Florencia Alcaraz para lavaca.org


“El trabajo de las organizaciones en acercar información al Comité hizo que el examen fuera rico. El Estado tiene aún muchísimas cuentas pendientes con los derechos humanos de las mujeres en Argentina. Los silencios sobre de las políticas específicas en materia de acceso al aborto, la situación de las mujeres privadas de la libertad, la salud, la trata, el trabajo sexual, los efectos de los agrotóxicos son una clara muestra de eso”, dijo a La Vaca, Edurne Cárdenas, abogada especialista en temáticas de género del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desde Ginebra.
Desde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Laurana Malacalza, advirtieron en un comunicado: “la ONU llamó la atención al Estado argentino sobre implementar políticas de no regresividad en materia de derechos humanos de las mujeres, de implementar medidas concretas en materia de violencia y de armonizar las leyes provinciales con las leyes nacionales para el cumplimento de los estándares internacionales en materia de violencia y discriminación contra las mujeres”.

La interrupción legal del embarazo

Belén en Tucumán y el caso de la nena wichi violada en Salta el año pasado que no pudo acceder a un aborto legal fueron algunas de las situaciones presentadas ante la CEDAW por el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el OVG y las representantes de Amnistía Internacional, entre otros organismos. Los datos que aportaron son irrebatibles: 3000 niñas menores de 15 años son madres por año en Argentina, lo que evidencia la incidencia del abuso sexual, la falta de acceso a la Educación Sexual Integral y de información relativa al derecho a un aborto legal.
“¿Cuantas clínicas proveen acceso a los abortos legales en Argentina?”, “¿Qué medidas están tomando evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros?”, preguntaron las expertas entre otras consultas.  Las funcionarias argentinas no respondieron qué están haciendo para garantizar el acceso al aborto no punible en todas las provincias. Reconocieron que se trata de un “desafío” y, al mismo tiempo, admitieron que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en Argentina. Sin embargo, no ofrecieron datos oficiales ni información sobre acciones concretas. Cuando el Comité pidió números sobre abortos legales, Cristina Marta Massa, directora de estadísticas sectoriales del INDEC, dijo que no había porque “el aborto no es legal”. La contradicción hizo ruido entre todos y todas las presentes porque en el país desde 1921 las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a la interrupción de sus embarazos en los casos de las tres causales que figuran en el Código Penal: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o si el embarazo proviene de una violación. Las funcionarias argentinas tuvieron que retractarse.
En este sentido, el Comité señaló su preocupación frente a la reciente medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más poblada del país, de no adherir al protocolo de nación. Las expertas hicieron referencia a «presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia» para la marcha atrás de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. La delegación del Estado argentino directamente hizo silencio. «Los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan», sintetizó el Comité CEDAW.

Acceso a la justicia

Las funcionarias del Estado informaron al Comité sobre la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado. Sin embargo, la ley 27.210 que creó el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia machista, todavía no fue puesta en marcha. Tuñez hoy dijo que las cinco medidas que reclamaba el colectivo #NiUnaMenos en 2015 habían sido “cumplimentadas en estos 10 meses de gestión”, pero el patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una deuda pendiente.
Por otra parte, las representantes estatales informaron que el patrocinio jurídico gratuito está garantizado a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Sin embargo, los organismos que presentaron sus contra-informes ante la CEDAW aseguran que fueron reducidos en personal y cantidad: de 82 CAJ que había, hoy son 52; y fueron 400 las personas despedidas. Las representantes del Estado nacional también hablaron de los ATAJO, el programa de acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal. Pero los organismos destacaron en sus informes que hay solo 8 en toda la provincia de Buenos Aires.

Los femicidios

En 2016 una mujer es asesinada cada 23 horas en Argentina, según los datos de las organizaciones sociales. Otra de las deudas pendientes de las demandas exigidas el 3 de junio de 2015 es la necesidad de estadísticas oficiales sobre femicidios.  Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su registro, se trata de un reporte incompleto porque depende de la voluntad de las justicias locales. En el último informe presentado cuatro provincias no aportaron información sobre femicidios, por ejemplo. Los registros disponibles tampoco reflejan los travesticidios.  “Llevamos registro de femicidios, travesticidios y realizamos análisis cualitativos”, explicó María Aurora García de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Sin embargo, no se presentaron datos concretos ni resultados de ese registro.

Mujeres presas

Respecto a mujeres encarceladas, el Estado reconoció que en Argentina no se cumplen con las Reglas de Mandela, las normas mínimas de Naciones Unidas para personas detenidas. Las funcionarias representantes de Estado argentino no respondieron acerca de los cuestionamientos del Comité de expertas sobre los obstáculos para acceder a las medidas alternativas a la prisión y sobre la institucionalización de niños y niñas mientras sus madres permanecen encarceladas.

Comunidad trans y travesti

Los organismos que presentaron sus contra-informes en la CEDAW también expresaron preocupaciones por la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina que no supera los 35 años. En ese marco, las expertas de CEDAW recibieron por primera vez en su historia un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans en  Argentina  ealizado por una coalición de 22 organizaciones en donde se lee el escenario de vulneraciones cotidianas a los derechos de una parte de la población: detenciones arbitrarias y maltrato, falta de acceso a derechos básicos, entre problemas como la utilización de leyes para criminalizar las identidades trans de forma indirecta.

Milagro Sala

El Comité, también, se hizo eco de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el caso de Milagro Sala y consultó respecto de las medidas que el Estado está adoptando para cumplir con esta decisión. El Estado respondió que se le había comunicado al Superior Tribunal de Jujuy para que éste tomara una determinación.

Recursos naturales

Además de la preocupación por los efectos de los agrotóxicos en las mujeres y los reclamos que no fueron atendidos por el Ministerio de Salud, la CEDAW puso la lupa sobre la región chaqueña donde el 41% de hogares rurales no tiene acceso a agua segura. Las mujeres caminan hasta 6 horas acarreando agua que en muchas oportunidades proceden de fuentes contaminadas por arsénico o bacterias.

Mercado laboral

“Las mujeres en Argentina ganamos 27% menos que los varones por igual tarea y sufrimos más la subocupación y la informalidad laboral: las trabajadoras informales ganan 40% menos que los varones. Las mujeres hacemos el 76% del trabajo doméstico no remunerado”, leyeron ayer Milena Páramo, Claudia Vásquez Haro y Marta Esber, en representación de todos los organismos presentes. Hoy, el Comité hizo hincapié en preguntar al Estado nacional qué políticas públicas estaban destinadas a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, estimular a las mujeres empresarias y los micro-créditos. Otra vez silencio. Las expertas de la CEDAW hicieron especial enfásis en la necesidad de definiciones políticas estatales que concilien las tareas de cuidado que llevan a cabo las mujeres con el trabajo remunerado.

Cargos públicos

Sobre participación de las mujeres en los distintos poderes del Estado, el Comité preguntó por qué en el gabinete nacional «sólo hay 3 mujeres» al mando de los ministerios. Por otra parte, celebró los proyectos de ley que promueven la inclusión de la paridad en el Poder Legislativo para que las mujeres integren el 50% de las listas electorales legislativas y consultó sobre el estado parlamentario de proyectos similares para el Poder Ejecutivo y el Judicial. A su vez, resaltó la importancia de la inclusión de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas públicas.
La presentación del Estado argentino evidencia que el reclamo del colectivo #NiUnaMenos hecho en 2015 está intacto. Lejos del cumplimiento que consideró Tuñez en su exposición, las demandas del movimiento de mujeres organizado laten con la fuerza que tuvo la huelga del 19 de octubre y la potencia de deseo del Vivas nos queremos.
Deseo que será posible cuando el Estado deje de construir ficciones alrededor de las exigencias feministas y asuma un compromiso serio de una vez por todas.