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Tercer informe del Observatorio Lucía Pérez sobre femicidios, travesticidios, intentos de femicidios, huerfanxs e infancias víctimas de violencia de género

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Informe del Observatorio Lucía Pérez. Mirá el Padrón 2020 y los informes especiales, acá.

154 femicidios, 80 desde que se inició el aislamiento social obligatorio.

43 travesticidios.

3 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas.

6 eran niñas.

9 eran menores de 20 años.

12 tenían más de 70 años.

192 huérfanxs.

72 intentos de femicidios durante la cuarentena.

18 femicidas se suicidaron después de asesinar.

Estas son las cifras que hoy gritan Ni Una Menos.

En este informe detallamos algunas de las tantas urgencias que plantean estos datos. La más dramática es la situación de las infancias, que reclaman un derecho que el Estado incumple: aquel que les otorga la ley Brisas y que el engorroso trámite judicial a través del cual se debería concretar hoy les niega.

También es urgente la unificación de los datos, diversificados por la multiplicidad de sistemas de ingresos de denuncias que al no unificarse ni sistematizarse, invisibiliza información que permitiría prevenir y contener estas violencias. Reiteramos: no existe en todo el país una línea telefónica, sino varias, así como en cada ciudad argentina hay varios canales para denunciar violencias, sin duda motivados por la gran demanda que cosecha el asilamiento y la pandemia. Es tarea del Estado nacional unificar esa información en un registro único que permita focalizar así territorios, necesidades y, lo que es más importante, a dónde dirigir recursos, que existen y hoy no se ejecutan, como sucedió en estos seis meses del año con el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Resumimos también en este informe el crecimiento de los pedidos de auxilio en contexto de aislamiento social obligatorio, detallando los informes de fuentes oficiales de 10 provincias y 6 ciudades.

Exigimos respuestas concretas y eso significa que los recursos lleguen a los territorios, a las víctimas y a tiempo.

Exigimos ser escuchadas y eso significa que ningún plan contra la violencia de género puede ignorar la voz de las víctimas y sus familias

Exigimos estar vivas y ser libres.

Eso representa el grito Ni Una Menos.

Niñez y femicidios: la deuda del Estado

192 criaturas quedaron huérfanas por femicidios en este 2020. El número es mayor si se tiene en cuenta que en 10 casos registrados en nuestro padrón no se informa qué cantidad de hijxs tenía la madre asesinada. La cifra es dramática, y más: revela que el Estado no cumple en tiempo y forma con el derecho a la asistencia que les otorga la Ley Brisas.

Un ejemplo: la policía de San Javier, Misiones, organizó una colecta para recaudar alimentos, pañales y ropa para asistir al hijo de Yanina Tavarez, asesinada a los 19 años. La criatura, de dos años, quedó a cargo de su tía que solicito ayuda para poder sostener la crianza.

https://www.elterritorio.com.ar/ayuda-urgente-para-el-pequeno-de-la-joven-asesinada-en-san-javier-73448-et

En Santa Fe, el registro que lleva el equipo de género la concejala Norma López señala que de los 41 femicidios ocurridos el año pasado, 25 chicos quedaron sin sus madres y al cuidado de familiares, un número que para este año, ya está en 25 víctimas fatales y 15 niños sin madre. Si bien a mediados del año pasado se conoció la entrega del beneficio de dos casos en la provincia, los familiares de víctimas señalan las trabas que persisten. “Hay abuelas a cargo de chicos que no pueden cobrarla y ni siquiera tienen una jubilación”, señaló Eva Domínguez, de Mujeres de Negro. Desde el mismo Estado provincial, responsable de garantizar el beneficio, reconoce que es “una tramitación muy compleja”, dijo Florencia Marinaro, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad.

Eva Domínguez señala uno a uno los nombres de las mujeres muertas y cuyos hijos “deberían acceder a la ayuda y no la tienen”, y detalla: “Están los tres hijos de Jesica Olivera (muerta en 2018 acuchillada por su pareja), y los dos hijos de Carina Coria quemada en Villa Constitución; y los padres de Paula Perassi están a cargo de sus nietos y ni siquiera tienen una partida de defunción para pedir la aplicación de la ley”.

Eva cuida de sus dos sobrinos, los hijos de Vanesa Celma. “Ella murió en su casa y en su dormitorio, pero no hay imputado, y ahí además de la burocracia está la interpretación de ley y la perspectiva de género de la Justicia”, dice.

El problema está la tramitación en sí misma. En el caso de Rosalía Jara, la mujer desaparecida y asesinada en Fortín Olmos, en el norte provincial, a tres años del crimen el caso no fue elevado a juicio y su hija aún debe esperar. “A muchas familias la Anses les reclama presentar la sentencia firme cuando la normativa indica que con sólo la imputación es suficiente”, agrega Eva.

La subsecretaria de Mujeres de la provincia admite “la complejidad del trámite”, y señala que se viene trabajando en una guía para que los municipios acompañen a las familias. “Para iniciar el trámite, que es un juicio en sí, se requieren no sólo tener el cuidado de los niños, sino recursos para contratar un abogado o bien esperar para que el sobrecargado sistema judicial lo haga a través de abogados oficiales”, afirmó Marinaro. La funcionaria admite que “eso ya dificulta el acceso a la ley”, y agrega que “es un trámite que demora”. Por eso, ya elevaron a la Nación el pedido de “una reforma para hacerlo más ágil y accesible”, mientras que desde las provincia “se trabaja en el acercamiento de las familias y con la Anses” que es donde se lleva adelante todo el proceso.

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/un-2019-mas-20-huerfanos-femicidios-y-ayuda-demorada-n2590857.html

Infancias y violencia de género en el marco del aislamiento social obligatorio

En la Ciudad de Buenos Aires, durante el aislamiento en el Ministerio Público Tutelar se tramitaron alrededor de 400 causas que involucran a más de 600 niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas e indirectas de la violencia de género.Los chicos que presencian situaciones de violencia hacia sus madres o que directamente la reciben a través de golpes o insultos, pueden sufrir consecuencias asimilables a las de víctimas directas, según explican especialistas en la temática. 

https://noticias.perfil.com/noticias/informacion-general/hubo-mas-de-400-causas-con-ninos-victimas-colaterales-de-la-violencia-de-genero-durante-el-aislamiento.phtml

TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS

La agrupación La Rosa Naranja informa cotidianamente sobre travesticidios y transfemicidios. Durante el año 2020 se registraron 43 de estos crímenes. Chinina Karly Sasha Palomino y Roberta Carabajal fueron asesinadas en la vía pública, baleada y apuñalada. En ambos casos las carátulas con las que se comenzó la investigación fueron “homicidio”.

Son 30 los travesticidios y transfemicidios desde que se decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

ABORTOS LEGAL: DEUDA DE LA DEMOCRACIA

En lo que va de año dos mujeres murieron a causa de la clandestinidad del aborto. Ambas durante la cuarentena. Ivana, 22 años, de Pirané, falleció el 27 de abril como consecuencia de una infección generalizada, luego de practicarse un aborto clandestino. B, 41 años, llegó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de Gregorio de Laferrere, La Matanza, cursando un aborto. Presentó fiebre y una hemorragia severa, le realizaron una histerectomía y posteriormente fue derivada a la Terapia Intensiva del Hospital Simplemente Evita, de González Catán. Llegó en paro cardiaco y falleció el 19 de mayo.

Desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud recomendó que los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva sean considerados servicios esenciales (https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic). En Argentina la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación emitió recomendaciones para el primer nivel de atención, y los servicios de salud sexual y reproductiva fueron declarados esenciales. Desde esa misma dirección se difundió también un folleto sobre Interrupción legal del embarazo (ILE) con medicamentos, “permite brindar información clara y precisa para mejorar la calidad en el acceso”, explicó Valeria Isla a cargo de la Dirección. (https://mcusercontent.com/3de47a5599b54218bf1a87e74/files/113efc59-8dcc-45d4-88b8-27f23c7d946c/Folleto_ILE_con_medicamentos_Digital_accesible.pdf)

Todo esto no logró que dejen de presentarse obstáculos en el acceso. Un ejemplo: en Santiago del Estero a una niña de 12 años no se le garantizó la interrupción legal del embarazo.   

La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que los Estados garanticen el acceso a anticoncepción y a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos en el marco jurídico de cada país. Se pronunció sobre: “Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad”.

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/074.asp?fbclid=IwAR1q7lSkaz0kS0ACqsD-S02RZSt7scfIKiJHKRbrvq0Q9XffjGVF9Fc3KjI

Durante la cuarentena los llamados a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales subieron más de 500 por ciento. “Pasaron de, un promedio, de 5 a 11 consultas diarias a 70 cada 24 horas. En el aislamiento social, preventivo y obligatorio la demanda telefónica para ser acompañada en el acceso a un aborto legal creció 536 por ciento”.

https://www.infobae.com/sociedad/2020/06/02/en-cuarentena-hay-70-llamados-por-dia-para-acceder-a-abortos-legales/

En el último informe -son semestrales- elaborado por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos se preguntan ¿Cuántas camas aportaría la legalización del aborto para enfrentar la pandemia? La respuesta: “Según los datos publicados por el Ministerio de Salud, entre los años 2005 Y 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. Se estima que sumando al sector privado, esta cifra ascendería a más de 70 mil. De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98% de estas internaciones en hospitales. La evidencia demuestra que esta produce una disminución inmediata de la mortalidad y morbilidad maternas asociadas al aborto

inseguro. Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID -19

En el mismo informe se analiza que la legalización implica un ahorro para el sistema de salud. “Lejos de constituir una carga onerosa, diversas estimaciones coinciden en que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) causaría una significativa reducción del gasto del sistema de salud. Uno de ellos calculó que garantizar la IVE implicaría un ahorro de entre 43% con respecto del dinero que el sector público emplea tanto en garantizar ILE como en la atención de las complicaciones derivadas de abortos inseguros. Si el Estado produjera el misoprostol para efectuar esas intervenciones, el ahorro ascendería al 55%”.

https://gedesyr.blogspot.com/2020/04/como-ayudaria-la-legalizacion-de-la.html

Violencia de género y aislamiento obligatorio: relevamiento en 10 provincias y seis ciudades

Nación

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), desde que inició la cuarentena, recibió 250 consultas por delitos de género en todo el país. Tras ampliar los canales de atención virtuales y telefónicos, hubo un promedio de casi 20 actuaciones por semana.  Entre el 20 de marzo y el 20 de junio, registró más de 250 consultas de personas víctimas de delitos de género (tanto vía telefónica como por mail), a partir de las cuales se han iniciado 31 investigaciones preliminares, doce de las cuales ya han sido judicializadas. En el resto de los casos, se ha brindado asesoramiento a personas que requerían alguna clase de información o acompañamiento previo a la realización de la denuncia o, en el caso de que quisieran formularla pero respecto de hechos que no correspondían a la competencia de la Unidad Fiscal, se han realizado derivaciones a las jurisdicciones pertinentes. 

Tucumán

En lo que va de 2020 se registraron 12 femicidios, cifra que se acerca peligrosamente al total de asesinatos a mujeres a causa de la violencia machista en 2019 que registró 13 casosEn los meses de confinamiento desde la División Violencia de Género de la Policía se recibieron más de 800 denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia. Según detallaron en un informe, el 20 % de las víctimas habían denunciado a su agresor previamente y el 10% tenía alguna medida de protección. En tanto, el 68% de los femicidios se produjeron en la vivienda de la víctima o la vivienda que ésta compartía con el agresor. El Jefe de la División, Comisario Principal Luis Perdigón detalló que trabajan con un total de 117 causas por diferentes hechos. «Por estas causas tenemos 12 personas detenidas y 8 prófugos de la justicia”.

https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/264723/doce-femicidios-y-800-denuncias-tucuman-y-un-ano-marcado-por-la-violencia-de-genero

Salta

Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio y hasta el martes 2 de junio hubo 19 intentos de femicidios y un total de 1.476 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio de la provincia. La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro.  

Durante los 74 días contabilizados desde el 20 de marzo pasado, se recibieron un promedio de 20 denuncias por día en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de Salta, lo que implica un aumento sostenido, dado que hasta el 7 de abril pasado el promedio de denuncias diarias alcanzaba las 15. 

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en todo 2019 recibió 8.307 denuncias por violencia de género. Mientras que en lo que va de 2020, hubo 3.478, y solo entre el 20 de marzo pasado y hasta el 2 de junio inclusive, se recibieron 1.476. 

De las 1.476 denuncias recibidas este año, la mayor parte, 942, corresponden al Distrito Judicial Centro; 188 fueron presentadas en la jurisdicción del Distrito Judicial Sur; 186 corresponden al Distrito Judicial Tartagal y 160, al Distrito Judicial Orán.

https://www.pagina12.com.ar/270210-en-cuarentena-aumentaron-las-denuncias-por-violencia-de-gene

Mendoza

Desde el 20 de marzo 21 hombres han sido detenidos por distintas causas de violencia de género. La cifra representa un detenido cada cuatro días. De estos sospechosos, el delito más grave –al menos en cuanto a la pena que arriesgan- es por abuso sexual con acceso carnal, es decir, que el agresor presuntamente violó a su pareja o expareja. La mayor cantidad de imputados fue por amenazas simples -8 casos-, seguido por lesiones leves -6 casos-. En tanto que hubo tres hechos de desobediencia a la autoridad –sujetos que violaron la prohibición de acercamiento a su víctima- y dos de amenazas agravadas por el uso de arma.

https://www.diariouno.com.ar/policiales/violencia-genero-detenido-cuatro-dias-durante-cuarentena-mendoza-06072020_dQ0uxkWBl

En total, las estadísticas muestran que se hicieron 2.080 intervenciones en toda la provincia por situaciones de violencia doméstica. Al aislamiento y la situación de vulnerabilidad de las víctimas se sumó otra variable, la crisis económica que se agudizó con la pandemia. El CAI duplicó el número de sus intervenciones durante la fase del aislamiento social y el pico máximo de los casos se registró en mayo con 1.188 abordajes. “Estamos hablando de intentos de estrangulamiento, de abusos sexuales, de lesiones, de problemáticas graves y en muchos casos de chicas que ya habían sufrido violencia con otra pareja y que volvieron a revivir este flagelo con otro compañero”, advirtió Stella Spezia, titular de la Dirección de la Mujer en el Poder Judicial.

https://www.elsol.com.ar/la-otra-pandemia-se-duplicaron-los-casos-de-violencia-domestica

Provincia de Buenos Aires

  Mar del Plata

Más de siete mil mujeres de Mar del Plata se conectaron virtualmente con la Dirección de la Mujer de la Municipalidad para recibir asesoramiento frente a contextos de violencia de género en lo que va de esta cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus. 

Facebook fue la vía más elegida por las mujeres para hacer llegar pedidos de ayuda o consultas por asesoramiento frente a distintas circunstancias: en esta red, se constataron alrededor de 4900 requerimientos.

La cuenta oficial que tiene en twitter la Dirección de la Mujer fue la segunda vía con mayor nivel de actividad: allí se registraron unas 1700 solicitudes de ayuda. En el última instancia figura Instagram, con un número aproximado de 500 consultas.

https://www.0223.com.ar/nota/2020-6-28-19-2-0-violencia-de-genero-la-direccion-de-la-mujer-atendio-mas-de-7-mil-pedidos-de-ayuda-durante-la-pandemia

   Bahía Blanca

La oenegé Manos Entrelazadas recibió más 200 llamados vinculados con situaciones de violencia de género en lo que va de la cuarentena, de acuerdo con lo que informó su titular, Encarnación Quiroga. Según el reporte, del 20 de marzo al 2 de mayo hubo 162 pedidos de asistencia legal y psicológica. Y desde el 3 de mayo al último lunes 22 de junio, otros 54.

https://www.lanueva.com/nota/2020-6-25-12-14-0-manos-entrelazadas-recibio-mas-de-200-consultas-durante-la-cuarentena-muchas-terminaron-en-denuncias

    San Isidro

En la comuna se registraron 5 femicidios y 170 situaciones de violencia que debieron ser abordadas por la Dirección de la Mujer y Políticas de Género, la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía especialista en Género. “Desde el inicio del aislamiento aumentaron las desobediencias . El contexto del encierro provoca que los agresores amenacen constantemente a las víctimas por redes sociales”, explica Carolina Cricenti, directora del área. Y agrega: “Entregamos 20 botones antipánicos desde el 20 de marzo a hoy, algo que sorprendió. Los comenzamos a repartir en noviembre del año pasado y solo fueron necesarios tres, pero ahora ese número se incrementó”. De este modo, consiguieron detener a tres hombres que violaron las medidas impuestas por el juzgado.

            3.4. Vicente López

Hubo 150 denuncias radicadas desde el inicio del confinamiento, según informan fuentes municipales. Durante el Aislamiento Social Obligatorio se asistieron a 400 mujeres. “Este número incluye a personas que ya estaban en contacto con el espacio y a aquellas que se contactaron una vez iniciada la pandemia”, indican desde el municipio. Hasta antes de la cuarentena el Municipio llevaba instalados 147 botones antipánico en viviendas de mujeres en situación de vulnerabilidad.

https://www.clarin.com/zonales/cuarentena-mataron-mujeres-repartir-botones-antipanico_0_U6xYNTljf.http

Santa Fe

Santa Fe Capital

Desde que se implementó el aislamiento social la Municipalidad de Santa Fe atendió 248 situaciones de violencia de género. Los datos oficiales se refieren a lo actuado entre el 20 de marzo y el 31 de mayo. En ese lapso, la Dirección de Mujeres y Disidencias realizó 105 intervenciones en abril y 118 en mayo, según informó la titular del área, Soledad Artigas. La funcionaria planteó además que la cuarentena fue un factor por el que empeoraron “las situaciones de desigualdad de las personas trans“. 

https://viapais.com.ar/santa-fe/1797197-en-santa-fe-se-atendieron-248-situaciones-de-violencia-de-genero-en-cuarentena/

Rosario

La Unidad de Violencia de Género del MPA recibió entre el 20 de marzo y el 27 de mayo 639 denuncias, entre las que se realizaron a través de comisarías y de los sistemas on line implementados

 El Teléfono Verde y la línea de WhatsApp recibió en el mismo período 1776 comunicaciones, a razón de 25 por cada día de aislamiento en abril y trepando a 29 en mayo, un mes en el cual las consultas recibidas a través del servicio de mensajería superaron a las de la línea gratuita. 

En tanto, la Justicia recibió casi una decena de denuncias por día, más de 600 acumuladas desde el 20 de marzo; y el municipio acumuló a través del Teléfono Verde y su línea de WhatsApp hasta 30 consultas cada 24 horas

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/violencia-genero-una-decena-denuncias-diarias-la-justicia-la-cuarentena-n2588443.html

Por su parte,en los dos primeros meses del aislamiento obligatorio, la Defensoría del Pueblo de la provincia recibió un total de 7.696 presentaciones a través de correo electrónico, teléfono, WhatsApp y redes sociales. Del total de los casos recibidos en ese período, 1.344 correspondieron a asistencia a la víctima por violencia de género.

https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Violencia-laboral-entre-lo-mas-denunciado-por-las-santafesinas-en-cuarentena-20200603-0041.html

Corrientes

En seis meses esta provincia registra 3 femicidios y 9 intentos de femicidios El 68% de las víctimas fue asesinada en su hogar o en la vivienda compartida con su agresor, según el informe que se presentó en el Concejo Deliberante, con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial.

https://www.diarioellibertador.com.ar/notix/noticia/135734_en-seis-meses-corrientes-registra-3-femicidios-y-otros-9-atentados.htm

Formosa

Durante la cuarentena más de 400 mujeres fueron atendidas por la Secretaria de la mujer, informó la doctora Natalia Verón, del equipo técnico de esa Secretaría.

  • Neuquén

A pedido de la legislatura se presentaron dos informes sobre violencia de género y cuarentena. Uno de los informes fue elaborado por la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias, dependiente ministerio de Desarrollo Social, señala: “Desde el comienzo de la pandemia hasta el día de la fecha se ha registrado un incremento de un 34% de las situaciones en el registro mensual. Los mismos revisten la gravedad de ser código A, lo que representa un indicador alarmante, ya que en mencionadas situaciones las mujeres se encuentran en peligro inminente de vida, y en la mayoría de los casos sin redes familiares de contención y vulnerabilidad socio-económica.”

El otro, por el ministerio de Ciudadanía y es sobre la Línea 148, que funciona las 24 horas y concentra su demanda en violencia familiar. En marzo ingresaron 258 casos nuevos, en abril 346 y en mayo 382. En el segundo mes de aislamiento el 76% de estas situaciones involucraban a mujeres y el 12% a niños y niñas.

San Juan

En los primeros dos meses y medio de la cuarentena se asistió a 40 víctimas que necesitaron de un refugio, informó Adriana Ginestar, a cargo de la Dirección de la Mujer. En total con los niños sumaron 60 personas. 

Durante abril y mayo se registraron 800 pedidos de ayuda en la Dirección de la Mujer y las áreas departamentales, que se conectaron a través de la Línea 144.

El Cisem recibió 7.278 llamados por hechos de violencia de género. 4367 por situaciones de emergencia, es decir cuando el agresor está atacando, amenazando, insultando o ejerciendo violencia sobre la víctima. Desde mayo los llamados aumentaron un 40%. Se recibe un promedio de 60 llamadas diarias.

https://www.diariohuarpe.com/nota/violencia-de-genero-el-40-de-los-llamados-al-911-es-para-pedir-asistencia-psicologica–20206187100

https://www.sanjuan8.com/san-juan/convivir-agresor-durante-cuarentena-40-mujeres-refugiadas-hoteles-02062020_MUzhW7Q1MI

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios

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Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro

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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

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Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.

por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta

Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.

En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:

  • Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
  • Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
  • Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.

Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.

¿Qué vimos?

En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.

Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.

El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.

Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.

La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.

En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?

Es urgente: enfrente está la muerte.

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