#NiUnaMás
Tercer informe del Observatorio Lucía Pérez sobre femicidios, travesticidios, intentos de femicidios, huerfanxs e infancias víctimas de violencia de género
Informe del Observatorio Lucía Pérez. Mirá el Padrón 2020 y los informes especiales, acá.
154 femicidios, 80 desde que se inició el aislamiento social obligatorio.
43 travesticidios.
3 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas.
6 eran niñas.
9 eran menores de 20 años.
12 tenían más de 70 años.
192 huérfanxs.
72 intentos de femicidios durante la cuarentena.
18 femicidas se suicidaron después de asesinar.
Estas son las cifras que hoy gritan Ni Una Menos.
En este informe detallamos algunas de las tantas urgencias que plantean estos datos. La más dramática es la situación de las infancias, que reclaman un derecho que el Estado incumple: aquel que les otorga la ley Brisas y que el engorroso trámite judicial a través del cual se debería concretar hoy les niega.
También es urgente la unificación de los datos, diversificados por la multiplicidad de sistemas de ingresos de denuncias que al no unificarse ni sistematizarse, invisibiliza información que permitiría prevenir y contener estas violencias. Reiteramos: no existe en todo el país una línea telefónica, sino varias, así como en cada ciudad argentina hay varios canales para denunciar violencias, sin duda motivados por la gran demanda que cosecha el asilamiento y la pandemia. Es tarea del Estado nacional unificar esa información en un registro único que permita focalizar así territorios, necesidades y, lo que es más importante, a dónde dirigir recursos, que existen y hoy no se ejecutan, como sucedió en estos seis meses del año con el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Resumimos también en este informe el crecimiento de los pedidos de auxilio en contexto de aislamiento social obligatorio, detallando los informes de fuentes oficiales de 10 provincias y 6 ciudades.
Exigimos respuestas concretas y eso significa que los recursos lleguen a los territorios, a las víctimas y a tiempo.
Exigimos ser escuchadas y eso significa que ningún plan contra la violencia de género puede ignorar la voz de las víctimas y sus familias
Exigimos estar vivas y ser libres.
Eso representa el grito Ni Una Menos.
Niñez y femicidios: la deuda del Estado
192 criaturas quedaron huérfanas por femicidios en este 2020. El número es mayor si se tiene en cuenta que en 10 casos registrados en nuestro padrón no se informa qué cantidad de hijxs tenía la madre asesinada. La cifra es dramática, y más: revela que el Estado no cumple en tiempo y forma con el derecho a la asistencia que les otorga la Ley Brisas.
Un ejemplo: la policía de San Javier, Misiones, organizó una colecta para recaudar alimentos, pañales y ropa para asistir al hijo de Yanina Tavarez, asesinada a los 19 años. La criatura, de dos años, quedó a cargo de su tía que solicito ayuda para poder sostener la crianza.
En Santa Fe, el registro que lleva el equipo de género la concejala Norma López señala que de los 41 femicidios ocurridos el año pasado, 25 chicos quedaron sin sus madres y al cuidado de familiares, un número que para este año, ya está en 25 víctimas fatales y 15 niños sin madre. Si bien a mediados del año pasado se conoció la entrega del beneficio de dos casos en la provincia, los familiares de víctimas señalan las trabas que persisten. “Hay abuelas a cargo de chicos que no pueden cobrarla y ni siquiera tienen una jubilación”, señaló Eva Domínguez, de Mujeres de Negro. Desde el mismo Estado provincial, responsable de garantizar el beneficio, reconoce que es “una tramitación muy compleja”, dijo Florencia Marinaro, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad.
Eva Domínguez señala uno a uno los nombres de las mujeres muertas y cuyos hijos “deberían acceder a la ayuda y no la tienen”, y detalla: “Están los tres hijos de Jesica Olivera (muerta en 2018 acuchillada por su pareja), y los dos hijos de Carina Coria quemada en Villa Constitución; y los padres de Paula Perassi están a cargo de sus nietos y ni siquiera tienen una partida de defunción para pedir la aplicación de la ley”.
Eva cuida de sus dos sobrinos, los hijos de Vanesa Celma. “Ella murió en su casa y en su dormitorio, pero no hay imputado, y ahí además de la burocracia está la interpretación de ley y la perspectiva de género de la Justicia”, dice.
El problema está la tramitación en sí misma. En el caso de Rosalía Jara, la mujer desaparecida y asesinada en Fortín Olmos, en el norte provincial, a tres años del crimen el caso no fue elevado a juicio y su hija aún debe esperar. “A muchas familias la Anses les reclama presentar la sentencia firme cuando la normativa indica que con sólo la imputación es suficiente”, agrega Eva.
La subsecretaria de Mujeres de la provincia admite “la complejidad del trámite”, y señala que se viene trabajando en una guía para que los municipios acompañen a las familias. “Para iniciar el trámite, que es un juicio en sí, se requieren no sólo tener el cuidado de los niños, sino recursos para contratar un abogado o bien esperar para que el sobrecargado sistema judicial lo haga a través de abogados oficiales”, afirmó Marinaro. La funcionaria admite que “eso ya dificulta el acceso a la ley”, y agrega que “es un trámite que demora”. Por eso, ya elevaron a la Nación el pedido de “una reforma para hacerlo más ágil y accesible”, mientras que desde las provincia “se trabaja en el acercamiento de las familias y con la Anses” que es donde se lleva adelante todo el proceso.
Infancias y violencia de género en el marco del aislamiento social obligatorio
En la Ciudad de Buenos Aires, durante el aislamiento en el Ministerio Público Tutelar se tramitaron alrededor de 400 causas que involucran a más de 600 niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas e indirectas de la violencia de género.Los chicos que presencian situaciones de violencia hacia sus madres o que directamente la reciben a través de golpes o insultos, pueden sufrir consecuencias asimilables a las de víctimas directas, según explican especialistas en la temática.
TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS
La agrupación La Rosa Naranja informa cotidianamente sobre travesticidios y transfemicidios. Durante el año 2020 se registraron 43 de estos crímenes. Chinina Karly Sasha Palomino y Roberta Carabajal fueron asesinadas en la vía pública, baleada y apuñalada. En ambos casos las carátulas con las que se comenzó la investigación fueron “homicidio”.
Son 30 los travesticidios y transfemicidios desde que se decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
ABORTOS LEGAL: DEUDA DE LA DEMOCRACIA
En lo que va de año dos mujeres murieron a causa de la clandestinidad del aborto. Ambas durante la cuarentena. Ivana, 22 años, de Pirané, falleció el 27 de abril como consecuencia de una infección generalizada, luego de practicarse un aborto clandestino. B, 41 años, llegó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de Gregorio de Laferrere, La Matanza, cursando un aborto. Presentó fiebre y una hemorragia severa, le realizaron una histerectomía y posteriormente fue derivada a la Terapia Intensiva del Hospital Simplemente Evita, de González Catán. Llegó en paro cardiaco y falleció el 19 de mayo.
Desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud recomendó que los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva sean considerados servicios esenciales (https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic). En Argentina la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación emitió recomendaciones para el primer nivel de atención, y los servicios de salud sexual y reproductiva fueron declarados esenciales. Desde esa misma dirección se difundió también un folleto sobre Interrupción legal del embarazo (ILE) con medicamentos, “permite brindar información clara y precisa para mejorar la calidad en el acceso”, explicó Valeria Isla a cargo de la Dirección. (https://mcusercontent.com/3de47a5599b54218bf1a87e74/files/113efc59-8dcc-45d4-88b8-27f23c7d946c/Folleto_ILE_con_medicamentos_Digital_accesible.pdf)
Todo esto no logró que dejen de presentarse obstáculos en el acceso. Un ejemplo: en Santiago del Estero a una niña de 12 años no se le garantizó la interrupción legal del embarazo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que los Estados garanticen el acceso a anticoncepción y a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos en el marco jurídico de cada país. Se pronunció sobre: “Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad”.
Durante la cuarentena los llamados a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales subieron más de 500 por ciento. “Pasaron de, un promedio, de 5 a 11 consultas diarias a 70 cada 24 horas. En el aislamiento social, preventivo y obligatorio la demanda telefónica para ser acompañada en el acceso a un aborto legal creció 536 por ciento”.
En el último informe -son semestrales- elaborado por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos se preguntan ¿Cuántas camas aportaría la legalización del aborto para enfrentar la pandemia? La respuesta: “Según los datos publicados por el Ministerio de Salud, entre los años 2005 Y 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. Se estima que sumando al sector privado, esta cifra ascendería a más de 70 mil. De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98% de estas internaciones en hospitales. La evidencia demuestra que esta produce una disminución inmediata de la mortalidad y morbilidad maternas asociadas al aborto
inseguro. Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID -19”
En el mismo informe se analiza que la legalización implica un ahorro para el sistema de salud. “Lejos de constituir una carga onerosa, diversas estimaciones coinciden en que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) causaría una significativa reducción del gasto del sistema de salud. Uno de ellos calculó que garantizar la IVE implicaría un ahorro de entre 43% con respecto del dinero que el sector público emplea tanto en garantizar ILE como en la atención de las complicaciones derivadas de abortos inseguros. Si el Estado produjera el misoprostol para efectuar esas intervenciones, el ahorro ascendería al 55%”.
https://gedesyr.blogspot.com/2020/04/como-ayudaria-la-legalizacion-de-la.html
Violencia de género y aislamiento obligatorio: relevamiento en 10 provincias y seis ciudades
Nación
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), desde que inició la cuarentena, recibió 250 consultas por delitos de género en todo el país. Tras ampliar los canales de atención virtuales y telefónicos, hubo un promedio de casi 20 actuaciones por semana. Entre el 20 de marzo y el 20 de junio, registró más de 250 consultas de personas víctimas de delitos de género (tanto vía telefónica como por mail), a partir de las cuales se han iniciado 31 investigaciones preliminares, doce de las cuales ya han sido judicializadas. En el resto de los casos, se ha brindado asesoramiento a personas que requerían alguna clase de información o acompañamiento previo a la realización de la denuncia o, en el caso de que quisieran formularla pero respecto de hechos que no correspondían a la competencia de la Unidad Fiscal, se han realizado derivaciones a las jurisdicciones pertinentes.
Tucumán
En lo que va de 2020 se registraron 12 femicidios, cifra que se acerca peligrosamente al total de asesinatos a mujeres a causa de la violencia machista en 2019 que registró 13 casos. En los meses de confinamiento desde la División Violencia de Género de la Policía se recibieron más de 800 denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia. Según detallaron en un informe, el 20 % de las víctimas habían denunciado a su agresor previamente y el 10% tenía alguna medida de protección. En tanto, el 68% de los femicidios se produjeron en la vivienda de la víctima o la vivienda que ésta compartía con el agresor. El Jefe de la División, Comisario Principal Luis Perdigón detalló que trabajan con un total de 117 causas por diferentes hechos. «Por estas causas tenemos 12 personas detenidas y 8 prófugos de la justicia”.
Salta
Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio y hasta el martes 2 de junio hubo 19 intentos de femicidios y un total de 1.476 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio de la provincia. La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro.
Durante los 74 días contabilizados desde el 20 de marzo pasado, se recibieron un promedio de 20 denuncias por día en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de Salta, lo que implica un aumento sostenido, dado que hasta el 7 de abril pasado el promedio de denuncias diarias alcanzaba las 15.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en todo 2019 recibió 8.307 denuncias por violencia de género. Mientras que en lo que va de 2020, hubo 3.478, y solo entre el 20 de marzo pasado y hasta el 2 de junio inclusive, se recibieron 1.476.
De las 1.476 denuncias recibidas este año, la mayor parte, 942, corresponden al Distrito Judicial Centro; 188 fueron presentadas en la jurisdicción del Distrito Judicial Sur; 186 corresponden al Distrito Judicial Tartagal y 160, al Distrito Judicial Orán.
https://www.pagina12.com.ar/270210-en-cuarentena-aumentaron-las-denuncias-por-violencia-de-gene
Mendoza
Desde el 20 de marzo 21 hombres han sido detenidos por distintas causas de violencia de género. La cifra representa un detenido cada cuatro días. De estos sospechosos, el delito más grave –al menos en cuanto a la pena que arriesgan- es por abuso sexual con acceso carnal, es decir, que el agresor presuntamente violó a su pareja o expareja. La mayor cantidad de imputados fue por amenazas simples -8 casos-, seguido por lesiones leves -6 casos-. En tanto que hubo tres hechos de desobediencia a la autoridad –sujetos que violaron la prohibición de acercamiento a su víctima- y dos de amenazas agravadas por el uso de arma.
En total, las estadísticas muestran que se hicieron 2.080 intervenciones en toda la provincia por situaciones de violencia doméstica. Al aislamiento y la situación de vulnerabilidad de las víctimas se sumó otra variable, la crisis económica que se agudizó con la pandemia. El CAI duplicó el número de sus intervenciones durante la fase del aislamiento social y el pico máximo de los casos se registró en mayo con 1.188 abordajes. “Estamos hablando de intentos de estrangulamiento, de abusos sexuales, de lesiones, de problemáticas graves y en muchos casos de chicas que ya habían sufrido violencia con otra pareja y que volvieron a revivir este flagelo con otro compañero”, advirtió Stella Spezia, titular de la Dirección de la Mujer en el Poder Judicial.
https://www.elsol.com.ar/la-otra-pandemia-se-duplicaron-los-casos-de-violencia-domestica
Provincia de Buenos Aires
Mar del Plata
Más de siete mil mujeres de Mar del Plata se conectaron virtualmente con la Dirección de la Mujer de la Municipalidad para recibir asesoramiento frente a contextos de violencia de género en lo que va de esta cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus.
Facebook fue la vía más elegida por las mujeres para hacer llegar pedidos de ayuda o consultas por asesoramiento frente a distintas circunstancias: en esta red, se constataron alrededor de 4900 requerimientos.
La cuenta oficial que tiene en twitter la Dirección de la Mujer fue la segunda vía con mayor nivel de actividad: allí se registraron unas 1700 solicitudes de ayuda. En el última instancia figura Instagram, con un número aproximado de 500 consultas.
Bahía Blanca
La oenegé Manos Entrelazadas recibió más 200 llamados vinculados con situaciones de violencia de género en lo que va de la cuarentena, de acuerdo con lo que informó su titular, Encarnación Quiroga. Según el reporte, del 20 de marzo al 2 de mayo hubo 162 pedidos de asistencia legal y psicológica. Y desde el 3 de mayo al último lunes 22 de junio, otros 54.
San Isidro
En la comuna se registraron 5 femicidios y 170 situaciones de violencia que debieron ser abordadas por la Dirección de la Mujer y Políticas de Género, la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía especialista en Género. “Desde el inicio del aislamiento aumentaron las desobediencias . El contexto del encierro provoca que los agresores amenacen constantemente a las víctimas por redes sociales”, explica Carolina Cricenti, directora del área. Y agrega: “Entregamos 20 botones antipánicos desde el 20 de marzo a hoy, algo que sorprendió. Los comenzamos a repartir en noviembre del año pasado y solo fueron necesarios tres, pero ahora ese número se incrementó”. De este modo, consiguieron detener a tres hombres que violaron las medidas impuestas por el juzgado.
3.4. Vicente López
Hubo 150 denuncias radicadas desde el inicio del confinamiento, según informan fuentes municipales. Durante el Aislamiento Social Obligatorio se asistieron a 400 mujeres. “Este número incluye a personas que ya estaban en contacto con el espacio y a aquellas que se contactaron una vez iniciada la pandemia”, indican desde el municipio. Hasta antes de la cuarentena el Municipio llevaba instalados 147 botones antipánico en viviendas de mujeres en situación de vulnerabilidad.
https://www.clarin.com/zonales/cuarentena-mataron-mujeres-repartir-botones-antipanico_0_U6xYNTljf.http
Santa Fe
Santa Fe Capital
Desde que se implementó el aislamiento social la Municipalidad de Santa Fe atendió 248 situaciones de violencia de género. Los datos oficiales se refieren a lo actuado entre el 20 de marzo y el 31 de mayo. En ese lapso, la Dirección de Mujeres y Disidencias realizó 105 intervenciones en abril y 118 en mayo, según informó la titular del área, Soledad Artigas. La funcionaria planteó además que la cuarentena fue un factor por el que empeoraron “las situaciones de desigualdad de las personas trans“.
Rosario
La Unidad de Violencia de Género del MPA recibió entre el 20 de marzo y el 27 de mayo 639 denuncias, entre las que se realizaron a través de comisarías y de los sistemas on line implementados
El Teléfono Verde y la línea de WhatsApp recibió en el mismo período 1776 comunicaciones, a razón de 25 por cada día de aislamiento en abril y trepando a 29 en mayo, un mes en el cual las consultas recibidas a través del servicio de mensajería superaron a las de la línea gratuita.
En tanto, la Justicia recibió casi una decena de denuncias por día, más de 600 acumuladas desde el 20 de marzo; y el municipio acumuló a través del Teléfono Verde y su línea de WhatsApp hasta 30 consultas cada 24 horas.
Por su parte,en los dos primeros meses del aislamiento obligatorio, la Defensoría del Pueblo de la provincia recibió un total de 7.696 presentaciones a través de correo electrónico, teléfono, WhatsApp y redes sociales. Del total de los casos recibidos en ese período, 1.344 correspondieron a asistencia a la víctima por violencia de género.
Corrientes
En seis meses esta provincia registra 3 femicidios y 9 intentos de femicidios El 68% de las víctimas fue asesinada en su hogar o en la vivienda compartida con su agresor, según el informe que se presentó en el Concejo Deliberante, con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial.
Formosa
Durante la cuarentena más de 400 mujeres fueron atendidas por la Secretaria de la mujer, informó la doctora Natalia Verón, del equipo técnico de esa Secretaría.
- Neuquén
A pedido de la legislatura se presentaron dos informes sobre violencia de género y cuarentena. Uno de los informes fue elaborado por la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias, dependiente ministerio de Desarrollo Social, señala: “Desde el comienzo de la pandemia hasta el día de la fecha se ha registrado un incremento de un 34% de las situaciones en el registro mensual. Los mismos revisten la gravedad de ser código A, lo que representa un indicador alarmante, ya que en mencionadas situaciones las mujeres se encuentran en peligro inminente de vida, y en la mayoría de los casos sin redes familiares de contención y vulnerabilidad socio-económica.”
El otro, por el ministerio de Ciudadanía y es sobre la Línea 148, que funciona las 24 horas y concentra su demanda en violencia familiar. En marzo ingresaron 258 casos nuevos, en abril 346 y en mayo 382. En el segundo mes de aislamiento el 76% de estas situaciones involucraban a mujeres y el 12% a niños y niñas.
San Juan
En los primeros dos meses y medio de la cuarentena se asistió a 40 víctimas que necesitaron de un refugio, informó Adriana Ginestar, a cargo de la Dirección de la Mujer. En total con los niños sumaron 60 personas.
Durante abril y mayo se registraron 800 pedidos de ayuda en la Dirección de la Mujer y las áreas departamentales, que se conectaron a través de la Línea 144.
El Cisem recibió 7.278 llamados por hechos de violencia de género. 4367 por situaciones de emergencia, es decir cuando el agresor está atacando, amenazando, insultando o ejerciendo violencia sobre la víctima. Desde mayo los llamados aumentaron un 40%. Se recibe un promedio de 60 llamadas diarias.
#NiUnaMás
La tesis del gran bonete
¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.
Por Claudia Acuña
Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.
Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.
Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.
La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.
Las raíces de la información
¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).
Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.
Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.
¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.
Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.
Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.
Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.
¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.
En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.
Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.
¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.
¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.
También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.
Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.
Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.
Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.
Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:
- Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
- Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
- Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
- Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
Nota
57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez
Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.
El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».
Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.
A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.
Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.
Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:
Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.
Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.
www.observatorioluciaperez.org
#NiUnaMás
Arte contra la impunidad femicida
«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».
Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
«Es el Estado narco cubriéndose» dijo Guillermo Pérez a lavaca. La referencia: los imputados son probadamente narcos que vendían droga a menores en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Pero al anular el delito de femicidio, la pena de perpetua se reduce de manera drástica. Todo esto, debería pasar por la decisión final de la Corte provincial.
«Es una provocación para afectar a la familia, el día del cumpleaños de su hija» sostuvo Gustavo Melmann, el padre de otra joven asesinada, Natalia, hace 24 años.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Sobreponiéndose a la sorpresa, la familia inauguró en Mar del Plata El Cuarto de Lucía, visitado por cientos de personas que quisieron conocerlo, interiorizándose con la situación general de violencia contra las mujeres. «No nos van a hacer callar» dijo Marta.
Así, la noche del viernes se llenó de arte para reencontrar lo que Marta llamo «luz»: capacidad para recordar a Lucía y a miles de mujeres asesinadas, y seguir transitando todos los caminos contra la impunidad. Participaron 20 grupos de música y danza.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Marta diálogó con lavaca.
–¿Por qué se inaugura hoy la Casa de Lucía?
–Porque hoy es el día que nació hace 25 años; a esta hora estaba con contracciones; ella nació a las 20. Fue tan lindo como padres; teníamos a Matías y tener una hija fue re lindo. Por eso hoy estamos festejando la luz, que es ella; la luz en la cual está ella. El festejo de hoy es la luz de Lucía.
Presentamos el cuarto de Lucía, donde vamos a trabajar desde todos los sentidos; todo lo que nos atraviesa como mujeres, como madres, como víctimas. El cuarto va a estar para eso. Se ha transformado en una obra de arte en donde trabajamos, hacemos los informes, donde ponemos el foco en lo mal que hace las cosas la Justicia.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
–Hoy recibieron justamente una noticia de la Justicia con una nueva medida de impunidad.
–Sí, como ya estamos acostumbrados, y es triste decir eso porque después de 8 años deberíamos tener una condena como corresponde, y no seguir luchando de esta manera.Se le pierde el respeto totalmente a la vida del ser humano que se ha ido y a las familias que quedamos. Pero seguiremos trabajando y no bajaremos los brazos. Hoy más que nunca este lugar debe ser de abrazo de amor, de contención por todo esto que nos pasa también.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
–¿Por qué creen que recibieron la noticia hoy?
–Porque la Justicia es perversa. Es tan grande la perversión que tienen, que también eligen con quién hacerlo. Porque también hay que acallar a estas víctimas, pero estas víctimas no se van a callar jamás. Jamás. Entonces, estoy segura que lo hacen para destruirnos, pero lejos de eso, estamos cada vez con más fortaleza, con más lucha y ayudándonos entre todos.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Guillermo Pérez agregó:
“En estos momentos tan crueles que estamos pasando no hay que dejar de hacer cosas humanas. Tenemos que hablar de las cosas que podemos hacer juntos”.
Marta: «Hay una industria judicial, donde te siguen haciendo ir para atrás, mientras la gente como nosotros tiene que seguir trabajando y pagando abogados, buscando justicia y que no haya impunidad. Por eso también es algo perverso lo que nos siguen haciendo».
El Cuarto de Lucía podrá ser visitado como parte de la actividad marplatense de la Campaña Somos Lucía, que incluye entre otras cosas, cursos, talleres, encuentros, y seminarios de capacitación a personal judicial.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
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