J.M.J. trabaja en un taller textil de la calle Zelarrayán 1875, en el Bajo Flores. Su especialidad es rectista y cobra, en negro, cinco pesos por hora. Ficha la entrada a las 7.30 y la salida a las 17.30. Siempre –asegura- hace horas extras, pero nunca quedan registradas por el reloj de la empresa y por lo tanto no le son reconocidas. Recuerda que hubo días en los que llegó a trabajar hasta 20 horas sin ser jamás recompensado por eso. Tampoco quedan asentadas en ningún lugar las jornadas laborales de los sábados. En cambio, sí figura en su tarjeta los sesenta minutos que tiene para el almuerzo: sus empleadores le dan cuatro pesos para comprarse la comida.  La misma suerte, dice, corren sus 23 compañeros,  la mayoría de ellos inmigrantes indocumentados. Su testimonio –firmado con estas tres iniciales- se incluye en la denuncia judicial que presentó la Defensoría del Pueblo porteña contra cinco importantes marcas de ropa: Fila, Le Coq Sportif-Arena, Puma, Topper y Bensimon. Están acusadas de  contratar, a través de servicios tercerizados, a inmigrantes ilegales y violar sus derechos laborales. Además, pide que se investigue si en la presunta relación laboral también existe reducción a la servidumbre.

Como está a punto de nacer su hijo, J.M.J. exigió a sus jefes el blanqueo. Sólo ocho de los 24 obreros que trabajan en ese taller están contratados legalmente. La mayoría cobra tres pesos la hora, dos menos que él. El hombre aclara que cuando pidió a su jefe que lo efectivicen fue derivado al contador, quien a pesar de que le prometió que lo iba a hacer, nunca cumplió. La legalización, admite, tampoco sería garantía de nada: los recibos de los compañeros que fueron tomados con los papeles en regla reflejan sumas superiores a las que perciben realmente. En su trabajo, J.M.J confecciona prendas para Puma, Topper, Ona Saez, Martina di Trento, Vencimos y Muua, entre otras casas de indumentaria de primera línea.

Mentiras piadosas

El futuro papá había llegado de Bolivia por su cuenta. Comenzó a trabajar en el taller por recomendación de Eric, un amigo, que ingresó cinco meses antes que él a la textil de la calle Zelarrayán, un local que no cuenta con salida de emergencia y que no está adecuadamente ventilado. Cuando un inspector del Gobierno de la Ciudad arribó al lugar en junio pasado para requerir la documentación de los obreros, los trabajadores comenzaron a denunciar la cantidad de tiempo que llevaban trabajando en negro. A raíz de esa situación –cuenta J.M.J.- el contador los amenazó con descontarle a cada uno los meses que habían declarado que trabajaron ilegalmente. El profesional los reunió en el lugar donde suelen cortar las prendas para regañarlos y advertirles que si venía otro inspector debían sostener una “mentira piadosa”: que ganaban cuatro pesos la hora y que hacía nada más que dos semanas que trabajaban y estaban a prueba.

A fines de julio, la Defensoría del Pueblo hizo la nueva presentación judicial ante Norberto Oyarbide, quien ya investiga a 80 firmas en una megacausa que busca desentrañar la red de talleres de costura clandestinos que fabrican las prendas de grandes marcas con mano de obra esclava. Entre las empresas acusadas figuran Montagna, Cheeky, SOHO, Glidado, Kosiuko y Lacar por nombrar solo un puñado. Por reducción a la servidumbre, el magistrado ya dictó el procesamiento de 14 personas, quienes pasaron un breve lapso en el penal de Marcos Paz y ahora gozan del beneficio de la libertad condicional. De todas formas, los días 5 de cada mes deben dar el presente en oficinas de la Gendarmería Nacional. “Lo que nosotros queremos es que se aplique la Ley de Trabajo Domiciliario, que hace solidaria a toda la cadena de producción, pero el lobby de las empresas para derogar o ignorar la legislación es muy fuerte. La norma es de 1941 y sin embargo parece de avanzada: establece lo que hoy piden todos lo que luchan en el mundo contra el trabajo esclavo y la trata de personas. Entre otras cosas, exige a las firmas constatar la legalidad de las condiciones laborales de los talleres que subcontratan y las hace co-responsables en cualquier violación de la normativa laboral”, explica Gustavo Vera, referente de la Unión de Trabajadores Costureros.

Leyes y sobornos

Cuando la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad –que también presentó una denuncia similar en el juzgado federal de Daniel Rafecas- inspeccionó el taller de Zelarrayán, encontró a 16 personas trabajando, de los cuales once –siete bolivianos y cuatro peruanos- no exhibían documentación que acreditara su condición de residencia. En un procedimiento de las mismas características realizado en un taller de la calle Juan Bautista Alberdi 4619 el panorama resultó casi calcado. En esas visitas quedó en evidencia que ambos talleres trabajan para otra empresa llamada Textil Delos S.A, quien a su vez es contratada por las marcas de primera línea que están siendo investigadas. La inspección determinó que la cantidad de obreros empleados en Delos no alcanza para satisfacer las demandas de producción de las empresas en cuestión y puso en evidencia una nueva operatoria que habría surgido a partir de la apertura de los expedientes judiciales. Ahora las grandes marcas contratan a un taller de costura legal que a su vez subcontrata a un taller clandestino. “Aquí se advierte que el propósito de los empleadores ha sido burlar las disposiciones de la ley a los fines de maximizar sus ganancias mediante el pago de salarios inferiores a los de convenio,  excediendo los límites de la jornada legal de trabajo sin el pago de horas extras y sin respeto de lo concerniente a las normas mínimas de higiene y seguridad”, dice la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo que agrega: “Tanto las denuncias como los elementos de juicio recolectados señalan que los talleristas y fabricantes no sólo habrían promovido o facilitado el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su trabajo sino que además habrían promovido o facilitado su permanencia ilegal con el mismo propósito, y llevado a cabo el presunto soborno de las autoridades policiales”.

Para la Defensoría del Pueblo, este modus operandi no se suscribe a una serie de casos aislados. Teniendo en cuenta los antecedentes que brinda la causa, pide que también se investigue si en las relaciones laborales de los talleres de Zelarrayán y Alberdi existe también reducción a la servidumbre. Y remata subrayando que estas forma de trabajo ya “constituyen un verdadero modo de producción consolidado y tácitamente consentido por las autoridades nacionales y locales durante mucho tiempo”.