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Trabajo esclavo: la ley y las marcas

Publicada

hace 19 años

02/08/2007

J.M.J. trabaja en un taller textil de la calle Zelarrayán 1875, en el Bajo Flores. Su especialidad es rectista y cobra, en negro, cinco pesos por hora. Ficha la entrada a las 7.30 y la salida a las 17.30. Siempre –asegura- hace horas extras, pero nunca quedan registradas por el reloj de la empresa y por lo tanto no le son reconocidas. Recuerda que hubo días en los que llegó a trabajar hasta 20 horas sin ser jamás recompensado por eso. Tampoco quedan asentadas en ningún lugar las jornadas laborales de los sábados. En cambio, sí figura en su tarjeta los sesenta minutos que tiene para el almuerzo: sus empleadores le dan cuatro pesos para comprarse la comida. La misma suerte, dice, corren sus 23 compañeros, la mayoría de ellos inmigrantes indocumentados. Su testimonio –firmado con estas tres iniciales- se incluye en la denuncia judicial que presentó la Defensoría del Pueblo porteña contra cinco importantes marcas de ropa: Fila, Le Coq Sportif-Arena, Puma, Topper y Bensimon. Están acusadas de contratar, a través de servicios tercerizados, a inmigrantes ilegales y violar sus derechos laborales. Además, pide que se investigue si en la presunta relación laboral también existe reducción a la servidumbre.

Como está a punto de nacer su hijo, J.M.J. exigió a sus jefes el blanqueo. Sólo ocho de los 24 obreros que trabajan en ese taller están contratados legalmente. La mayoría cobra tres pesos la hora, dos menos que él. El hombre aclara que cuando pidió a su jefe que lo efectivicen fue derivado al contador, quien a pesar de que le prometió que lo iba a hacer, nunca cumplió. La legalización, admite, tampoco sería garantía de nada: los recibos de los compañeros que fueron tomados con los papeles en regla reflejan sumas superiores a las que perciben realmente. En su trabajo, J.M.J confecciona prendas para Puma, Topper, Ona Saez, Martina di Trento, Vencimos y Muua, entre otras casas de indumentaria de primera línea.

Mentiras piadosas

El futuro papá había llegado de Bolivia por su cuenta. Comenzó a trabajar en el taller por recomendación de Eric, un amigo, que ingresó cinco meses antes que él a la textil de la calle Zelarrayán, un local que no cuenta con salida de emergencia y que no está adecuadamente ventilado. Cuando un inspector del Gobierno de la Ciudad arribó al lugar en junio pasado para requerir la documentación de los obreros, los trabajadores comenzaron a denunciar la cantidad de tiempo que llevaban trabajando en negro. A raíz de esa situación –cuenta J.M.J.- el contador los amenazó con descontarle a cada uno los meses que habían declarado que trabajaron ilegalmente. El profesional los reunió en el lugar donde suelen cortar las prendas para regañarlos y advertirles que si venía otro inspector debían sostener una “mentira piadosa”: que ganaban cuatro pesos la hora y que hacía nada más que dos semanas que trabajaban y estaban a prueba.

A fines de julio, la Defensoría del Pueblo hizo la nueva presentación judicial ante Norberto Oyarbide, quien ya investiga a 80 firmas en una megacausa que busca desentrañar la red de talleres de costura clandestinos que fabrican las prendas de grandes marcas con mano de obra esclava. Entre las empresas acusadas figuran Montagna, Cheeky, SOHO, Glidado, Kosiuko y Lacar por nombrar solo un puñado. Por reducción a la servidumbre, el magistrado ya dictó el procesamiento de 14 personas, quienes pasaron un breve lapso en el penal de Marcos Paz y ahora gozan del beneficio de la libertad condicional. De todas formas, los días 5 de cada mes deben dar el presente en oficinas de la Gendarmería Nacional. “Lo que nosotros queremos es que se aplique la Ley de Trabajo Domiciliario, que hace solidaria a toda la cadena de producción, pero el lobby de las empresas para derogar o ignorar la legislación es muy fuerte. La norma es de 1941 y sin embargo parece de avanzada: establece lo que hoy piden todos lo que luchan en el mundo contra el trabajo esclavo y la trata de personas. Entre otras cosas, exige a las firmas constatar la legalidad de las condiciones laborales de los talleres que subcontratan y las hace co-responsables en cualquier violación de la normativa laboral”, explica Gustavo Vera, referente de la Unión de Trabajadores Costureros.

Leyes y sobornos

Cuando la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad –que también presentó una denuncia similar en el juzgado federal de Daniel Rafecas- inspeccionó el taller de Zelarrayán, encontró a 16 personas trabajando, de los cuales once –siete bolivianos y cuatro peruanos- no exhibían documentación que acreditara su condición de residencia. En un procedimiento de las mismas características realizado en un taller de la calle Juan Bautista Alberdi 4619 el panorama resultó casi calcado. En esas visitas quedó en evidencia que ambos talleres trabajan para otra empresa llamada Textil Delos S.A, quien a su vez es contratada por las marcas de primera línea que están siendo investigadas. La inspección determinó que la cantidad de obreros empleados en Delos no alcanza para satisfacer las demandas de producción de las empresas en cuestión y puso en evidencia una nueva operatoria que habría surgido a partir de la apertura de los expedientes judiciales. Ahora las grandes marcas contratan a un taller de costura legal que a su vez subcontrata a un taller clandestino. “Aquí se advierte que el propósito de los empleadores ha sido burlar las disposiciones de la ley a los fines de maximizar sus ganancias mediante el pago de salarios inferiores a los de convenio, excediendo los límites de la jornada legal de trabajo sin el pago de horas extras y sin respeto de lo concerniente a las normas mínimas de higiene y seguridad”, dice la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo que agrega: “Tanto las denuncias como los elementos de juicio recolectados señalan que los talleristas y fabricantes no sólo habrían promovido o facilitado el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su trabajo sino que además habrían promovido o facilitado su permanencia ilegal con el mismo propósito, y llevado a cabo el presunto soborno de las autoridades policiales”.

Para la Defensoría del Pueblo, este modus operandi no se suscribe a una serie de casos aislados. Teniendo en cuenta los antecedentes que brinda la causa, pide que también se investigue si en las relaciones laborales de los talleres de Zelarrayán y Alberdi existe también reducción a la servidumbre. Y remata subrayando que estas forma de trabajo ya “constituyen un verdadero modo de producción consolidado y tácitamente consentido por las autoridades nacionales y locales durante mucho tiempo”.

Temas:derechos humanos marketing migrantes trabajo esclavo

El desastre que nadie quiso oír

Marketing minero: la estrategia de gato por liebre

Documental a un año de la represión del 12 de marzo

Imagen sobreviviente: el fotógrafo, el hincha y la jubilada

Publicada

hace 2 días

11/03/2026

El 12 de marzo de 2025, hinchadas de fútbol se autoconvocaron para acompañar la marcha de jubilados y jubiladas. Ese día la violencia desplegada por Patricia Bullrich hirió gravemente a Pablo Grillo, Beatriz Blanco y Jonathan Navarro. Este corto documental de Cooperativa Lavaca vuelve a esa jornada y a una imagen de solidaridad que sigue sobreviviendo.

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MU 211: Método Pablo

Publicada

hace 4 días

09/03/2026

Todo lo que le salvó la vida a Pablo Grillo, fotorreportero herido tras un disparo de Gentarmería hace un año. Lo que enseña su pelea contra la muerte, que terminó ganando gracias a la solidaridad y una red de salud pública y afecto que sigue viva.

Descargar la Mu en PDF

Pablo Grillo: Salvar la vida

¿Qué le salvó la vida al joven fotógrafo atacado por la Gendarmería? La gente que lo ayudó tras el disparo, la que lo atendió cuando se preveía que lo suyo era quedar en estado vegetativo. Los familiares y amigos: la red que estuvo en los momentos más difíciles y armó un mapa de cuidados para salir con solidaridad y energía de la violencia y la oscuridad. Detalles de casi un año destinado a volver a ver esa sonrisa. La recuperación continúa: la vida le ganó a la muerte. Compartimos el QR para releer en lavaca.org la primera entrevista periodística brindada por Pablo. LUCAS PEDULLA

El bordado: Beatriz Blanco, la “jubilada patotera”

Fue agredida por un policía y cayó de nuca al asfalto durante una manifestación de jubilados. La escena se hizo viral como símbolo de la represión de cada miércoles. Beatriz pensó que había muerto pero sobrevivió al golpazo. Una causa instruida por la jueza Servini de Cubría avanza para condenar al policía que la atacó. Fue acusada por Bullrich de “jubilada patotera” y ella lo lleva con orgullo en una remera creada por sus hijas. Tiene 83 años, sigue yendo a la Plaza con su bastón y sus reclamos por una vida digna, y hace bordados para reflejar cosas alegres. LUCAS PEDULLA

El aguante: Jonathan Navarro, herido durante la represión

Un oficial de Prefectura le disparó a la cabeza durante la manifestación de hinchadas y jubilados, la misma en la que tiraron al piso a Beatriz Blanco e hirieron a Pablo Grillo. Perdió la visión del ojo izquierdo para siempre. Jonathan Navarro fue aquel día a la calle convocado por hinchas de su club, Chacarita, e indignado porque a su papá le habían sacado el acceso gratuito a los medicamentos. Hoy está desocupado. “Pero no me arrepiento de haber ido”. LUCAS PEDULLA

Renacer es posible: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Fue la fábrica Aurora Grundig, la del televisor “caro, pero el mejor”. Colapsada tras el menemismo, sus trabajadoras y trabajadores organizados en cooperativa la recuperaron para resistir el abismo del desempleo. Hoy enfrentan más de lo mismo. Pero son 133 personas, crearon un bachillerato, consiguieron 60 viviendas. El industricidio visto desde la óptica de quienes logran llevar adelante lo que la patronal hundió: otra forma de crear y sostener trabajo, en una isla que el gobierno busca despoblar. FRANCISCO PANDOLFI

En movimiento: Movilizaciones 2026

Más allá de todo el protocolo de represión oficial las calles fueron otra vez, durante este verano 2026, un lugar de expresión y reclamo frente a la crisis que está ocurriendo en el país y en una sociedad muchas veces vapuleada por las políticas del gobierno. Algunas imágenes para recordar estos días que todavía no sabemos qué historia terminarán escribiendo.

Crecer bajo el terror: Infancias y dictadura

Un grupo de hijos e hijas de desaparecidos comenzó un proceso judicial para que el Estado reconozca que la violencia ejercida sobre esas infancias también constituyeron delitos. Es un proceso inédito que llega luego de un análisis y reconstrucción de testimonios sobre cómo funcionó el terrorismo de Estado en sus operativos, cautiverios y crímenes. Una investigación crucial que reúne los testimonios de Teresa Laborde, María Lucía Onofri, María Eva Basterra Seoane y Dafne Casoy. EVANGELINA BUCARI

Carta abierta: Masacre planificada 2026

Retomamos la Carta de un Escritor a la Junta Militar –enviada por Rodolfo Walsh el mismo día de su desaparición– para trazar una sintonía con el actual modelo económico. Lo ya vivido, frente a un presente alucinado. Y algunas pistas para intentar encarar lo que se viene. SERGIO CIANCAGLINI

Politizate: La Kalo

Es actriz, performer, canta, baila y agita en las calles y en las redes para combatir al fascismo y a la política tibia. Es drag y “vieja bruja”. Habla sobre dopamina, lucha de clases, therians, cultura, haters y kiosqueros. Historia y terapias para pelearle a la tristeza. FRANCO CIANCAGLINI

No podrán: Luciana Jury

Cantante y compositora con base en el folclore, causó revuelvo en el Festival de Cosquín por sus críticas al gobierno. La sobrina de Leonardo Favio y cómo protegerse y tejer alianzas en tiempos de hate, para que la cultura popular no solo resista sino también haga florecer. MARIA DEL CARMEN VARELA

Cabo suelto: Crónicas del más acá

Carlos Melone

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INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL

Temporada de femicidios

Publicada

hace 2 semanas

01/03/2026

Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)

Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.

Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.

Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.

No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.

Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.

Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.

Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.

El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.

Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.

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