Nota
Tuitear contra Macri no es delito
La Justicia Federal sobreseyó a cuatro personas imputadas por publicar canciones contra Mauricio Macri, investigadas por “amenazar” al Presidente. El fallo le pone un freno judicial a las decenas de causas penales abiertas contra tuiteros durante el gobierno de Cambiemos. Cómo funciona el ciberpatrullaje de la ministra Patricia Bullrich. Y el caso que demuestra que la persecución sigue y es clave en un año electoral como un método de disciplinamiento.
Por Agostina Parisí
Cuando @LaAlfareraOk recibió una citación judicial de manos de miembros de la Policía Federal que se aparecieron en la ferretería donde trabaja junto a su padre, sintió un escalofrío en los huesos. Corría diciembre de 2018. En el acta se leía que estaba acusada de “intimidación pública”, y que debía presentarse a declaración indagatoria al día siguiente.
Un año atrás, en octubre de 2017, Alfarera y otros tuiteros se habían solidarizado con Nicolás Lucero, un joven de León Suárez que en su cuenta de Twitter transcribió una canción de cancha: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)”, y a raíz de esto sufrió una imputación penal y un allanamiento policial en su vivienda, además de quedar detenido y perder su trabajo.
Aquel día la mujer retuiteó la publicación de Lucero, y agregó la frase “Ahora que nos lleven presos a todos”. Por ese mensaje en Comodoro Py le explicaron que estaba acusada del delito de “intimidación pública” -el cual contempla penas de dos a seis años de prisión- y que su publicación en las redes sociales -con 18 retuits y 28 ‘Me gusta’- había sido considerada una amenaza al Presidente de la Nación.
Cuando Alfarera volvió a su casa publicó en Twitter lo que le había sucedido, en un gesto de alerta hacia sus seguidores. “Éramos un montón los que habíamos salido tuitear. Incluso había periodistas. Escribí que se cuiden en cómo criticaban al presidente y me contacté con el chico del tuit original que ya había sido sobreseído. Sin embargo mi causa estaba abierta”, contó la mujer a lavaca. “Me dio miedo que me vayan a buscar a mi trabajo y que saquen mi dirección por un tuit, y sentí mucha bronca porque lo que quieren es adoctrinarnos. Me pareció un terrible avasallamiento contra la libertad de expresión”, agregó.
Para su abogado Alejandro Rúa, “(Alfarera) no tenía ninguna intención de amenazar al presidente, sino de hacer una muestra de solidaridad con la persona que había sido perseguida”. Según el letrado, “la persecución a tuiteros es parte de una política endurecedora de adoctrinamiento que tiene que ver con la criminalización de la protesta social”.
Espionaje digital
El 11 de diciembre del año pasado Ignacio Izaguirre salía de su casa en barrio Almagro, cuando en la puerta de su vivienda se encontró con dos policías que lo buscaban para entregarle una citación a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional Federal N° 8. Debía presentarse al día siguiente en Comodoro Py para una declaración indagatoria, acusado por el mismo delito.
“Pensé que era un error. Me puse a repasar si había tenido algún problema o alguna discusión en la calle”, contó a este medio. Con incógnita, el hombre de 43 años y delegado de FLACSO cayó en cuenta de sus publicaciones en las redes sociales: “Busqué el caso de Nicolás Lucero y me encontré con que a él también lo habían acusado de intimidación pública”. En 2017, Ignacio había escrito en su Twitter “Macri te vamos a matar. ¿Cuánto tarda la Policía más o menos?”, en apoyo al joven detenido en León Suárez. Su publicación generó dos ‘Me gusta’ y un comentario.
En Comodoro Py pudo ver su expediente junto al de 15 personas más: “Eran dos libros de unos tres centímetros de alto cada uno. Vi que habían recolectado datos de mi cuenta de Facebook y algunas fotos de perfil. Sentí una sensación de mucha indefensión”, recordó el hombre.
En un fallo judicial dictado el pasado 22 de abril, Ignacio Izaguirre, Vanesa Lofeudo, Carla Alejandra Latorre y Alfarera fueron sobreseídos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que aquellas frases publicadas en Twitter fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva”, que forman parte de “un repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional, sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes, y menos aún de lastimar o poner en riesgo la integridad física del presidente de la Nación”.
Martínez de Giorgi señaló que aquellos tuits fueron “una forma de manifestación contra ciertas circunstancias que acontecieron durante la administración que el presidente Mauricio Macri lleva a cabo en este país”.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad continúa impulsando la apertura de nuevas causas penales, como el reciente caso de Milagros Bayer, la estudiante de Morón imputada por tuitear en 2017 la frase “Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos”, en alusión a una canción de Las Manos de Filippi.
Cuando este año Milagros se presentó en el Juzgado Federal de su ciudad acusada de haber incurrido en una intimidación pública, se encontró con que en su expediente además de capturas de sus redes sociales, había fotos de la puerta de su casa, de sus compañeras y compañeros de militancia y de distintas actividades sobre su vida social y política.
“Lo primero que me salió fue reírme, no podía creer que esté pasando eso por un tweet. A parte por como lo comentaba la chica que me tomó la declaración: ´Vos amenazaste a nuestro presidente y eso es un delito federal, infundiste temor y tuvimos que dar una alerta´, todo en base a una canción. Con la abogada no lo podíamos creer”, dijo la joven a El Cactus.
Privacidad y libertad de expresión
Para Javier Pallero, analista de políticas públicas sobre Internet y líder regional en políticas públicas para América Latina en Access Now, una figura penal como la intimidación pública “sólo tendría que ser posible si existe una amenaza cierta, creíble, y sobre la cual la Justicia tenga que actuar. Cuando se emplea sin los recaudos correspondientes y de una manera burda lo que se intenta es inhibir una conducta”.
Según el especialista, este tipo de causas judiciales contra usuarios de Twitter “son una ofensa a la libertad de expresión no solo de la persona que amenaza entre comillas, sino de todos los que observan. Es un mensaje hacia los demás: ‘Miren que si amenazan o dicen algo en contra del Gobierno los vamos a ir a buscar”. Para Pallero, “esto es interesante porque demuestra que cuando el Estado quiere movilizar recursos lo hace, con lo cual hay una selectividad del sistema penal”.
El especialista advierte que en Argentina faltan controles y transparencia sobre los mecanismos que emplea el Ministerio de Seguridad para llevar adelante la vigilancia en Internet, como tampoco existe una protección sobre los datos personales y el contenido que las personas publican en sus redes sociales.
“La Ley de Protección de Datos Personales (25.326) describe conductas y bases de datos, pero al ser vieja no tiene agilidad. Hay problemas graves que la ley tiene que prever y no lo hace”, explica Pallero. “Pero además, todo lo que entra en el ámbito de la inteligencia y la seguridad estatal queda exento de esta norma. Las cosas que publicamos en Internet no tienen resguardo del Estado”, cuestiona.
“Buenos Aires es el caldo de cultivo donde se experimentan drones, sistemas de reconocimiento facial, globos de vigilancia que solo hay en la Franja de Gaza, lectores de patentes, etc, sin controles o protocolos de actuación que digan quién tiene acceso a qué datos. Por lo que sabemos, solo por mencionar un ejemplo, un policía de la ciudad podría utilizar todo este sistema de vigilancia para seguir a su novia”, agrega el especialista.
Leandro Ucciferri, abogado e investigador sobre privacidad y libertad de expresión en Internet en ADC Digital, advierte sobre el rol más activo que el Ministerio de Seguridad de la Nación cobró en las investigaciones en redes sociales y en Internet en general desde 2016 a esta parte. En este contexto, pensar en “cómo el Estado plantea este tipo de actividades en Internet es un tema que tiene que pasar por debates democráticos abiertos e inclusivos”, señala el experto.
Al igual que Pallero, destaca la falta de políticas de control y de transparencia activa sobre las actividades de vigilancia y sobre qué datos se puede investigar.
Ucciferri habla sobre la “desproporcionalidad” en el uso de los recursos estatales: “Por un lado, tenes operaciones para desbaratar el narcotráfico, una de las grandes campañas de Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad, a la vez que se investigan a personas que tuitean una canción de cancha. Cuando se trata de un tweet con una exposición tan baja como ocho retuits y diez favoritos, entra en juego la factibilidad real que tiene esa actitud para la comisión de un delito”.
Para el especialista, hacer vigilancia en redes sociales no sólo significa coartar el derecho a la privacidad que tenemos como ciudadanos, sino limitar el ejercicio de determinadas libertades: la libertad de reunión, de expresión, de asociación, de desarrollar la propia identidad en lo que implica el intercambio de información en las redes.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
- Revista MuHace 2 días
Mu 197: ¿Dónde está?
- Revista MuHace 4 semanas
Mu 196: El modelo
- NotaHace 2 semanas
Incendios en Córdoba: zona de catástrofe
- Mu178Hace 2 semanas
La pieza clave: ReCoop, distribuidora de productos de empresas recuperadas
- NotaHace 2 semanas
Julio López, desaparecido en democracia hace 18 años: sus testimonios contra la Bonaerense
- ActualidadHace 3 semanas
Verdad y consecuencias del veto a la movilidad jubilatoria: el día que puede cambiar todo
- ArtesHace 2 semanas
Maca, Eva & infancias: arte en modo Primavera
- ActualidadHace 4 semanas
Foro de Madrid: las batallas de los malos y los buenos