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UBA S.A.: empresas transgénicas en la universidad pública

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Investigación exclusiva: MU accedió a 10 convenios entre empresas de agronegocios y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Monsanto, Bayer y Syngenta, entre otras, firmaron acuerdos o capacitaciones para influir en la formación pública y apropiarse de los conocimientos. El interés por las semillas, el eje en biotecnología y un «giro empresario», caracterizados en los documentos que aquí se consignan. Por Darío Aranda en la MU 117.

Monsanto, Syngenta, Bayer, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y semillera Don Mario son algunas de las empresas del agronegocio que tienen convenios con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba). Las compañías impulsan un modelo con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias, pero en la Facultad eso no amerita debate ni cuestionamientos. Desde la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación pública quedó permeable al sector privado. En Agronomía de la UBA se celebra, se impulsa y se justifica.

Club de amigos

«Es la cuna del agronegocio. Ahí te forman para el modelo sojero y encima otras universidades toman ese modelo», explicó años atrás en una ronda de mate Fernando Frank, ingeniero agrónomo e integrante de la organización Campesinos del Valle de Conlara, San Luis. Se refría a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).
Fundada en 1904, aún hoy es visible en la Fauba una placa recordatoria del primer rector, Pedro Arata, por parte de la Liga Patriótica Argentina, grupo fascista que reprimió a obreros en las primeras décadas del Siglo XX. «Patria y orden», precisa la placa, fechada en 1922.
Las carreras de grado son Agronomía, Ciencias Ambientales, Economía y administración agrarias, Gestión de agroalimentos, Planificación y Diseño de paisajes. La Facultad tiene un perfil vinculado al modelo sojero, con cátedras que son un llamado al agro empresario (Mercados Agropecuarios, Comercio Interno y Externo, Cereales) y la muy publicitada maestría en «agronegocios».
También cuenta con una «foro laboral» donde las grandes compañías buscan a sus próximos empleados. «Tu CV se ve», es el eslogan. Algunas de las empresas que auspician son Dow, Basf, Nidera, Cargill, Bayer, Rizobacter y la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde concluyen más de 60 compañías semilleras, incluidas todas las internacionales).
La Fauba también cuenta con la «Fundación Facultad de Agronomía», que tiene entre sus objetivos «coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias». Entre los financiadores figuran Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otros.

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Las pruebas

En el sitio de internet de la Fauba se podía observar un listado con medio centenar de convenios con las más diversas empresas. Al solicitarlos de manera formal, nformaron que se trata de documentos «confidenciales» y, acto seguido, el listado dejó de estar visible en la página de la Facultad.
MU accedió a diez de esos convenios «confidenciales». Todos los contratos tienen cláusula de confidencialidad. Donde la facultad pública no puede revelar los datos sin el permiso de las empresas.

Expediente 1: Acuerdo de cooperación con Monsanto Argentina, para «evaluar la susceptibilidad de variedades de soja»

«Acuerdo de cooperación. Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y Monsanto Argentina». Expediente 82565/2014. La cláusula primera señala que el objetivo es «evaluar la susceptibilidad de variedades de soja». Por la Facultad estuvo a cargo Pablo Grijalba.
«La Fauba autoriza expresamente a Monsanto a utilizar los resultados del proyecto de investigación en las distintas publicaciones que Monsanto efectúe, sean éstas de carácter científico o técnico y se trate de materiales de difusión que tengan o no fines publicitarios», precisa el punto 3.4. del contrato. Y tiene directa relación con la forma de validación que usan las empresas, que se escudan en los «sellos» de universidades públicas por tener mayor legitimidad (y lavar su mala imagen).
La cláusula cuarta señala que «la información y los resultados, parciales o definitivos, serán propiedad de Monsanto». El «aporte» que hizo la empresa fue de 26.400 pesos y el contrato duró cinco meses.
Al tratarse de una de las empresas más cuestionados del mundo, en la cláusula décima contiene una cuota de sarcasmo: «Las partes actuarán de forma tal de satisfacer los más altos estándares éticos aplicables al negocio».
Por la Facultad firmó el decano Rodolfo Golluscio. Por Monsanto Santiago Mazzini y Alberto Peper.

Expediente 2: Capacitación de Bayer por temas de «alta dirección en agronegocios y alimentos».

2. El expediente 20694/2015 es con la alemana Bayer (en la actualidad, en proceso de fusión con Monsanto). Fue por «capacitación», a cargo de Sebastián Senesi, director de la maestría de agronegocios de la Facultad, negador de las consecuencias del agronegocio. Su CV señala vínculos con Monsanto, Rizobacter, Los Grobo, Bioceres, Agrofina y Aapresid, entre otros.
La división agro de Bayer (Cropscience) pagó 530.000 pesos por temas de «alta dirección en agronegocios y alimentos», destinado a «empleados, técnicos y empresarios». Se trató de ocho módulos de diez horas de clase cada uno, que se dictaron en la sede misma de Bayer.
La cláusula quinta señala que los empleados de Bayer acceden «al certificado de postgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, emitidos por la Fauba».
El contrato precisa una duración de doce meses. El punto 11 del convenio explicita el perfil más mercantil de la universidad pública: «La Facultad tendrá en todo momento la plena y exclusiva responsabilidad por la conducción de su negocio, actuando como empresa independiente, por su cuenta y riesgo. La Facultad deja expresamente establecido que la actividad que desarrollará constituye una de las actividades normales y específicas de su giro empresario».

Expediente 3: Convenio con Bayer para realizar un segundo programa «de capacitación ejecutiva»

Sebastián Senesi estuvo a cargo de otro convenio con Bayer (21103/2014), por 400.000 pesos para «realizar un programa de capacitación ejecutiva en alta dirección en el área de agronegocios y alimentos». La duración fue de doce meses y los honorarios fueron por 100 horas de clase, viáticos de profesores y la coordinación del programa de agronegocios.

Expediente 4: Convenio con la semillera Don Mario para el «mejoramiento genético de soja y trigo»

Don Mario es una de las mayores semilleras de capitales nacionales, con trabajo junto a las grandes compañías internacionales. Firmó con la Fauba el convenio 62505/2013, para el mejoramiento genético de soja y trigo. Por la facultad estuvo a cargo la cátedra de bioquímica, y la persona designada fue Eduardo Pagano (un impulsor del agro transgénico). El acuerdo fue por tres años. La empresa pagó 282.000 pesos.

Expediente 5: Convenio con Bayer para elaborar dos programas informáticos «de decisión química para trigo y cebada»

El convenio 71101/2013 es con Bayer, e involucró por la Facultad a Marcelo Carmona para elaborar dos programas informáticos «de decisión química para trigo y cebada». El convenio fue por 18 meses y por un monto de 157.950 pesos.

Convenio 6: Convenio con Monsanto para ensayos en soja «bajo condiciones de campo en diferentes latitudes»

Monsanto y la Fauba también firmaron el convenio 79554/2014 para ensayos en soja «bajo condiciones de campo en diferentes latitudes». La responsable por la facultad fue Adriana Kantolic (cátedra de cultivos industriales y actual vicedecana electa). La duración fue de ocho meses y el monto total de 108.000 pesos. «La Facultad ofrecerá a Monsanto la posibilidad de llevar a cabo una jornada conjunta de análisis y discusión de los resultados del proyecto con el objetivo de identificar y evaluar posibles aplicaciones de los mismos en las estrategias comerciales de Monsanto», específica la cláusula tercera.

Expediente 7: Convenio con Syngenta para evaluar la adaptabilidad de variedades de maíz

El expediente 12478/2015 es con Syngenta y estuvo a cargo de la cátedra de Cerealicultura. Fue por tres años y su objetivo fue evaluar la adaptabilidad de variedades de maíz.

Expediente 8: Convenio entre la Asociación Semilleros Argentinos «marco de cooperación académica»

El convenio 86862/2015 es con la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), donde dominan las grandes empresas transgénicas internacionales. Se trató de un «convenio marco de cooperación académica» por tres años, que sirvió de base para acuerdos específicos. Firmó por ASA su presidente, Alfredo Paseyro, un conocido empresario impulsor del agronegocio. La cláusula dos establece que «las actividades académicas a desarrollar abordarán preferentemente el promover y facilitar el intercambio de conocimientos a través de la capacitación de los alumnos en temas referentes al mejoramiento genético y a la aplicación de la biotecnología». También destaca que ASA apoyará simposios, congresos y talleres donde la Facultad promueva la biotecnología.

Expediente 9: Convenio con la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja sobre «el sistema de agronegocios de la Soja en la Argentina»

También figura un convenio con la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja (Acsoja), lleva el número 39366/2014. Se trata de un estudio que analizó «el sistema de agronegocios de la soja en la Argentina, su cadena y prospectiva al año 2020».

Expediente 10: Programa de Becas con Monsanto

Con Monsanto también se firmó el convenio 228939/2012 para un «programa de becas» de posgrado de hasta 1000 dólares mensuales. Por un total de 168.000 dólares.

Voces desde adentro

Una docena de docentes expresan críticas desde hace años al perfil pro agronegocio de la Fauba. Pero, ante la consulta periodística, ninguno quiso hablar públicamente. Las respuestas fueron similares: la Fauba está volcada al modelo de agricultura industrial desde siempre, pero la última gestión no es la peor. O, dicho de otro modo, cuestionar públicamente a la gestión es beneficiar a otros peores. El trillado «hacer el juego a la derecha».
El decano de la Facultad, Rodolfo Golluscio, no respondió las consultas de MU (aunque las preguntas fueron enviadas incluso por escrito y se había comprometido a contestar).
Carlos Carballo, coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) argumentó que la Fauba «tiene muchos convenios, de todo tipo, con organismos públicos, empresas de los agronegocios y también organizaciones sociales». Consideró que los convenios con compañías «no son determinantes de la orientación en la formación y en las actividades de investigación-extensión».
Javier Souza Casadinho, docente de la cátedra de extensión y sociología rural, cuestionó la relación universidad-sector privado: «Si bien la firma de convenios de la Facultad con empresas se ajusta al marco legal y posibilitó continuar realizando investigación durante coyunturas económicas en las cuales primaba el desfinanciamiento educativo, constituye una estrategia cuestionable y muy controvertida, ya que se utilizan recursos públicos para la consecuente producción de bienes y servicios al servicio de las empresas privadas».
Souza Casadinho, que también es coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), destacó que también existen líneas de investigación y proyectos de extensión junto con «personas con discapacidad, productores familiares y personas privadas de su libertad». Sin embargo, consideró que la Facultad de Agronomía y la Universidad de Buenos Aires «deberían brindar más recursos y realizar más acciones de investigación y extensión frente problemáticas como el uso y efecto de los plaguicidas, y prácticas agroecológicas. La Facultad se financia con fondos públicos aportados por los ciudadanos y a ellos y sus necesidades debemos atender».
El centro de estudiantes está controlado desde hace años por LAI (Línea de Agronomía Independiente), agrupación de la derecha agraria. En el otro extremo, ideológico y de votos, está Abriendo Caminos, del Partido Obrero. Ante la consulta de MU, respondieron con un escrito. «Rechazamos los convenios con las empresas contaminantes y la orientación privatista que desarrollan las autoridades, las cuales representan intereses completamente antagónicos a un modelo productivo que plantee la utilización de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la población y que se desarrolle cuidando el ambiente y la salud».
Afirmaron que los convenios «son la forma en que se materializan los compromisos con las empresas y en un marco de ajuste es una herramienta para acallar las voces críticas ya que priman las cátedras que investigan y aplican desarrollos en favor del agronegocio. Por ende los convenios y el ajuste van de la mano». La agrupación Abriendo Caminos también denunció que la Fauba mantiene convenios con la Compañía Tierras Sud Argentina (Benetton) y la UBA con Gendarmería Nacional.
Fernando Frank es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar y parte de la organización Campesinos del Valle de Conlara (San Luis). Fue quién arrojó a MU la primera señal sobre el perfil de la Fauba. No tiene dudas de que Agronomía de la UBA es una «productora de cuadros del agronegocio».
«La Fauba irradia muchas cosas. Irradia en libros, programas, temas de investigación, priorización de problemas. Irradia incluso hacia otros países vecinos: los agronegocios en el Cono Sur son hegemónicos en muchos territorios, y Argentina y Brasil son los principales productores de agrónomos reproductores de esa hegemonía», afirmó Frank.
Cuestionó el modelo dominante: «Lo hegemónico, la reproducción del sistema, hace que de la Fauba egresen todos los años más y más agrónomos que van a cada provincia a impulsar un modelo que desmonta, aplica los paquetes de siembra directa, agrotóxicos, transgénicos y los monocultivos».
También remarcó que las facultades tienen muchas contradicciones dentro, con agrupaciones estudiantiles independientes y críticas, profesores e investigadores contrahegemónicos, y las cátedras libres que muestran otro modelo. Consideró imprescindible que haya cientos de agrónomos para el desarrollo rural agroecológico,con enfoque de soberanía alimentaria e independiente de las transnacionales.

Menemismo y Banco Mundial

La vinculación universidad-empresas tiene su referencia inicial en Estados Unidos, acentuada luego de la Segunda Guerra Mundial, y comenzó su mayor avance en América Latina a partir de la década del 80. En 1994, el Banco Mundial emitió políticas de educación superior para los «países en desarrollo». En Argentina tuvo su mayor expresión durante el menemismo, con la Ley de Educación Superior (LES), que incluyó financiamiento del Banco Mundial.
La LES amplió las posibilidades de fuentes de financiamiento con empresas y el perfil mercantilista. Ventas de servicios, subsidios, convenios de colaboración y cobro de aranceles fueron instalándose con cada vez mayor frecuencia en la educación pública de Argentina. Los eufemismos utilizados fueron (y son) «recursos adicionales» o «recursos propios».
Amplios sectores naturalizan en la actualidad el financiamiento privado en las universidades públicas. Pero también académicos críticos y agrupaciones estudiantiles cuestionan que la educación esté influenciada (cuando no al servicio) del mercado.
La LES fue sostenida por los sucesivos gobiernos. Incluso el Ministerio de Ciencia de la Nación profundizó la política de estado al fomentar la «vinculación» de investigadores y compañías, y llama a construir «incubadoras de empresas» desde la universidad pública. Entre sus pilares de política científica y educativa sobresale la biotecnología, la misma que sostiene e impulsa la Facultad de Agronomía.

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Más allá de tu vereda: un documental sobre personas en situación de calle en CABA

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Más allá de tu vereda.

Así, a secas, es el nombre del documental que acaba de estrenarse. 

No es un documental más. Así se llama el programa de radio de y para personas que viven o vivieron en la calle, que se realiza semanalmente en la organización Sopa de Letras. Esta cobija y aborda la problemática así como la salud mental, desde hace más de 10 años en el barrio porteño de Parque Patricios.

El documental explicita la importancia de la radio, el valor de la comunicación, la potencia de lo colectivo, la necesidad de comunicarse, y que alguien escuche del otro lado, o mejor aún: al lado. Y también refleja la historia de Víctor Rodríguez Lizama, su director, que tiene 64 años y vivió varios en situación de calle.

El Cuervo, como le dicen a Víctor por su fanatismo por San Lorenzo, visibiliza en primera persona junto a otrxs protagonistas lo que se ve a diario, pero no tanto. Lo que se sabe, pero no tanto. 

En Más allá de tu vereda, Víctor entrevista a muchos de los integrantes del programa que se emite en Radio Parque Vida (105.9) desde hace más de tres años.

Marcela dice que antes sólo escuchaba. Y que ahora se animó a decir.

Luciana dice que perdió un poco la timidez. Y que, quizá, eso la ayudó a crear la sección “la música que nos hizo”. 

Cata dice que encontró un espacio para hacer arte. Para animarse a leer sus poesías.

Alicia dice que antes hablaba “poquito”. Y que ahora “habla un poquito más”. 

Lautaro habla cuando llora, emocionado. Dice que no tenía experiencia. Y que ahora se sorprende de sí mismo.

Juan Bautista dice que es el encargado de informar las noticias. Y que ahora sí, alguien escucha su punto de vista.

Cristian dice que está más atento a su alrededor. Tanto, que ahora se anima a opinar.

Víctor dice que hasta no hace mucho, había personas que no agarraban el micrófono. Y que ahora no lo quieren soltar.

Termina el documental, con una última imagen; pantalla en blanco y una sola línea en letras negras.

«A todos los que estuvieron en situación de calle y ya no están».

Hay aplausos, hay felicidad, hay valoración. 

Hay orgullo.

Luego, se abre el micrófono para que quien quiera diga lo que quiera. 

Jorgelina: “Hagamos más radios”.

Adrián: “Podría estar en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa en este momento y gracias a ustedes estoy acá, me ayudaron un montón desde lo emocional”.

Cierra Víctor Rodríguez Lizama, con la remera puesta de su San Lorenzo querido y su pelo repleto de canas:

“La finalidad de este documental es mostrar cómo a través de la salud mental podemos llegar a la gente invisibilizada, que está ignorada. Ojalá que se reproduzca en otros lugares, que sirva de herramienta para salir adelante. Hoy hay mucha más gente viviendo en situación de calle. Además de haber vivido mucho tiempo, participé de los censos populares. Recientemente censamos en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y sólo acá contamos 1480 personas, por donde vos camines están. En la olla popular que hacemos en el Parque Lezama se ve algo similar al 2001. Más personas en calle y más hambre”.

Detrás del Cuervo hay un pizarrón donde se completa al nombre de su documental: 

“Más allá de tu vereda,

hay otra realidad,

atrás de tu puerta”.

Al costado, un mural con un puñado de palabras escritas en letra cursiva: 

“Hasta que no quede ni una sola persona en situación de calle, 

allí seguiremos estando”.

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

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Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

  • su salud era cada vez más delicada;
  • los medicamentos oncológicos no llegaban;
  • y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
En Plaza de Mayo, con una bandera contra la megaminería contaminente en Chubut.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

  • “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
  • “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
    También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Lidia y Mary, durante el acampe del Malón de la Paz en Buenos Aires, hace dos años.

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

  • “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
  • Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Carlos Ponce, Mary y Lidia Campos: una amistad atravesada por la lucha ambiental del sur del país.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Un cartelito que le hicieron tras su muerte, Clarisa y Agus, que lo dice todo: «Se lo hicimos porque ella era doña cartelitos, y lo dejamos con ella».

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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