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Dunga dunga laboral: una noticia que no es chiste

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El dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego y diputado nacional, Oscar Martínez, firmó un acuerdo que congela los salarios por dos años. Se justificó alegando que la opción era despidos o dunga dunga. Qué revela esta negociación sobre la situación del sindicalismo y cómo impacta en los gremios que intentan resistir la reforma laboral con la que el gobierno amenaza destruir derechos. En esta primera nota responden estas preguntas Roberto Pianelli (subte), Gustavo Martínez (CTA Santa Fe) y Hugo Godoy (ATE nacional).

Oscar Lobo Martínez, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego y diputado nacional por el Movimiento Solidario Popular, denunció una extorsión del gobierno que lo llevó a firmar un acuerdo que congela los salarios de los trabajadores metalúrgicos de esa provincia hasta junio de 2020, a cambio de detener despidos y suspensiones en la industria. Así graficó Martínez la situación: “Es como el chiste del prisionero que está condenado a muerte y acepta el ‘dunga dunga’”.
En crudo, el chiste narra la historia de un prisionero que debe optar entre que lo maten o lo violen.
¿Cómo interpretar esta noticia?
Roberto Beto Pianelli, del sindicato del subte, explica a lavaca: “Conozco al Lobo de nuestra vieja militancia de izquierda. Es un tipo duro. Pero acá hay una arremetida que quiere liquidar al sindicalismo. Y lo hace con parte de la dirigencia que juega con el gobierno o está extorsionada por los servicios de inteligencia: no es que les pueden tirar carpetas, sino biblioratos”.
Desde Rosario, Gustavo Martínez, secretario general de la CTA de Santa Fe, toma el desafío: “Si te plantean dunga dunga, no se puede pensar el tema individualmente. La respuesta es la que dan miles y miles de mujeres que salen a la calle y rechazan no sólo el dunga dunga, la violencia o los maltratos, sino los insultos, los piropos que no son piropos, los elogios perversos. Crean una cosa nueva. Pero sacan el problema a la calle. De eso hay que aprender también en el tema gremial. En el caso de Tierra del Fuego yo no juzgo a nadie: no sé cómo se llegó a esa decisión. Pero hay que saber que ningún camino que represente concesiones en estos temas es un buen camino”.
Hugo Cachorro Godoy, secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional sintetiza: “Lo de Tierra del Fuego lo plantearía como una asociación ilícita. El gobierno amenaza reducir los impuestos a los importadores de insumos electrónicos. Los empresarios dicen ‘vamos a cerrar’. El sindicato dice que hay que defender las fuentes de trabajo. Los empresarios entonces dicen ‘hay que bajar los salarios’. Y el sindicato acepta. Lo que es totalmente falso es pensar que con la precarización laboral se genera más trabajo”.
Anuncia Godoy que el 6 de diciembre habrá marchas en todo el país que la CTA ha coordinado con las organizaciones sociales de San Cayetano; CTEP, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa.
La que se viene
Beto Pianelli diseña el contexto de Tierra del Fuego: “Aquí hubo dos grandes reformas laborales: la de la dictadura con Martínez de Hoz, y la de Menem. Ahora van por el resto: los horarios de trabajo, las indemnizaciones, el control absoluto de las empresas sobre sus trabajadores y la idea de crear la figura del trabajador autónomo en relación de dependencia, un monotributista que puede ser contratado o despedido por fuera del marco de protección de derechos que otorga la Ley de Contrato de Trabajo”.
Un ejemplo: “Casi todos los camarógrafos de Canal 13 son monotributistas. Pero si echan a alguno, hace juicio y lo gana demostrando la relación de dependencia. Si se creara la figura del autónomo en relación de dependencia, ya no ganarían el juicio. Es un modo de avanzar en la precarización laboral. Y esos monotributistas, a su vez, podrían contratar a cinco personas más, con lo cual se escalona la precarización cada vez más para abajo”.
Sobre Tierra del Fuego: “Si te aíslan, si no hay protección de la producción, van generando las condiciones de que aceptes cualquier cosa. Mientras tanto, el proceso es endeudarse como nunca en la historia y precarizar el trabajo para maximizar las  ganancias y poder pagar la deuda que están generando. Recemos para que no haya algún cimbronazo en Estados Unidos o Europa porque si aumentan las tasas allá, se derrumba la economía argentina”.
¿Cuáles serían las claves para no verse atrapado en el dunga dunga?
“Organizarse, juntarse con otros, hablar de los temas para poder enfrentarlos. Y saber que nunca este tipo de planes generaron trabajo. Lo único que se logra es más precarización, más pobreza y menos capacidad para defendernos”, dice Pianelli.
La reforma ya está
“El 40% de los que tenemos empleo estamos en condiciones precarias, pero el gobierno espera incrementar esa precarización con la reforma laboral”, dice Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional.  “La reforma ya se está aplicando. En Neuquén los petroleros acoraron un convenio a la baja. Andrés Rodríguez, de UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) firmó un convenio con aplicación de presentismo y productividad. El sindicato lechero aceptó la baja patronal en sus aportes al sistema de seguridad social”.
Para Godoy “vivimos una época extorsiva que no tendrá solución hasta que no se modifiquen las relaciones de poder. Por eso Tierra del Fuego deja la sensación de una pistola en la cabeza. Y frente a la extorsión, habrá sectores que la acepten y otros que la rechacen. Estos últimos serán los que confíen en su capacidad de acción. Y creo que va a existir un reagrupamiento, nuevos liderazgos, nuevas formas de articulación. Espero que eso no sea para enfrentar a Macri desde la oposición partidista, sino para crear nuevas propuestas democráticas y participativas. Ahí sí existiría un cambio real”.
El 6 de diciembre están preparando marchas en todo el país. “Tenemos que plasmar formas de solidaridad y de organización. En esa solidaridad y en la capacidad de pelea, estará nuestra capacidad de salir adelante, como lo hemos hecho tantas veces”.
Una agenda caliente
“No es que quieren eliminar en la práctica las conquistas sociales y laborales: no quieren ni verlas escritas” sostiene Gustavo Martínez, secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe.  “En 1983 recuperamos al democracia. Los militares habían dejado un 18% de pobres. Hoy estamos en el 30%. Quiere decir que hay gran parte de trabajadores asalariados que son pobres y, en muchos casos, hasta indigentes. Imaginate para los que ni tienen salario”. En Santa Fe se pagan como asignaciones familiares 170 pesos. ”Pero al gobierno nacional le molesta dar eso también. Entonces hay una batalla práctica y una batalla simbólica y cultural. No se conforman con habernos robado palabras como ‘cambio’”.
Martínez: “Yo imagino que la situación en Tierra del Fuego no es fácil, pero quiero suponer que tal vez los dirigentes firman hoy para después abrir algún tipo de lucha. El camino de las concesiones nunca es un buen camino. Y sentarse a la mesa para ver cómo los demás devoran el banquete, no te convierte en comensal”, dice recordando una frase de Malcolm X.
“Hay situaciones evidentes: el 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo está precarizado. Y el Estado desprecia áreas que le han dado prestigio al país, como INTA, INTI, CONICET, porque todo lo ven como un gasto que hay que recortar”.
Sobre sindicalismo: “Más que haya negocios, gangsters, pungas y toda la variedad de delincuencia que haya aterrizado en el sindicalismo, hay algo más fuerte que son los trabajadores en movimiento. Se viene una época especial. El acto del 6 de diciembre, la reunión de la Organización Mundial de Comercio, y hasta el 19 y 20, que siempre va a estar relacionado a calles, plazas, memoria y dignidad”.
Un detalle: “El 1° de noviembre el gobierno firmó un decreto que evita a los grandes exportadores la obligación de liquidar las divisas en el país. Eso no lo habían hecho ni los Alsogaray, Alemann, Celestino Rodrigo, Martínez de Hoz, Cavallo ni todos los neoliberales que se te ocurran. Lo hizo este gobierno. Pero además en esa batalla simbólica y cultural, logra que sectores como los pequeños comerciantes y empresarios dejen de ver que su futuro está atado a los asalariados. Pero se trata de una promesa: le reprochábamos a Menem que mintió con el salariazo y la revolución productiva, pero esta gente fue muy clara de entrada y ha tenido apoyo electoral”.
Para Martínez el futuro consiste en la creación de nuevas opciones para evitar los dunga dunga: “Para eso hay que juntarse. Los trabajadores juntos pueden pescarle la vuelta a los problemas”.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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La última Mu: Movete

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