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Una mesa de trabajo para frenar el tarifazo

Una movilización de fábricas recuperadas y cooperativas contra la suba de tarifas empujó a la conformación de una mesa de trabajo para definir qué hacer. Fue la primera medida que surgió luego de la conformación de la multisectorial en el Hotel Bauen. Las historias de los trabajadores que revelan el crudo impacto del ajuste del Gobierno.

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Una movilización de fábricas recuperadas y cooperativas contra la suba de tarifas empujó a la conformación de una mesa de trabajo para definir qué hacer. Fue la primera medida que surgió luego de la conformación de la multisectorial en el Hotel Bauen. Las historias de los trabajadores que revelan el crudo impacto del ajuste del Gobierno.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

Foto: Nacho Yuchark/lavaca


«Hablaron de pobreza cero y yo les creo: nos van a matar a todos», dice bajo el frío Angel Poggi, 53 años, presidente de la cooperativa La Nueva Unión, sosteniendo una bandera con los colores argentinos en Paseo Colón, al frente del Ministerio de Energía. La teoría de Poggi tiene su sustento en la práctica: la cooperativa pasó de recibir boletas de luz de 4 mil pesos a la arangunesca cifra de 11mil, «aún consumiendo la mitad de kilovatios que el año pasado», y reza por las boletas de gas y de agua que aún no llegaron. Todo queda resumido en otra tesis: «Es una carnicería».
Poggi es uno de los miles de trabajadores y trabajadoras de cooperativas y empresas recuperadas que este jueves marcharon hasta el Ministerio para denunciar el violento tarifazo aplicado por el Gobierno nacional. La medida fue la cristalización de una de las primeras acciones resueltas tras el encuentro del lunes en el Hotel Bauen, donde cooperativas, fábricas, pymes, comercios, clubes de barrio, centros de jubilados y sindicatos resolvieron la conformación de una multisectorial para diseñar estrategias colectivas ante el ajuste. La movilización al Ministerio no es azarosa, ya que los aumentos de tarifas significaron un incremento del 400%. En otros, la cifra trepó al 1000%. El impacto, en la mayoría de los casos entrevistados por lavaca, se registró de forma directa en los retiros mensuales de los trabajadores. Uno de los principales apuntados en la movilización fue Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, que en las últimas horas se vio envuelto en un escándalo al ser denunciado por estar de los dos lados del mostrador: posee $16 millones en acciones de Shell (corporación de la que fue CEO hasta el año pasado) mientras es el funcionario público que impulsó la suba de tarifas, el aumento de los combustibles y la compra de gas a Chile por medio de una empresa que, según la causa judicial, es propiedad de Shell.
La marcha tuvo sus frutos: las cooperativas pudieron reunirse con Andrés Chambouleyron, subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, y se avanzó en la conformación de una mesa de trabajo para discutir el cuadro tarifaria para el próximo martes. “Tienen un desconocimiento absoluto de lo que somos nosotros como sujetos productivos, políticos, sociales y culturales”, dice a lavaca Federico Tonarelli, vicepresidente del Bauen y presidente de FACTA (Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados), tras la reunión. “No tienen ni idea de lo que es un trabajador autogestionado o cooperativa de trabajo. El primer planteo que nos hicieron fue: les dejamos pagar una parte de las tarifas para que puedan trasladar el resto a los costos. Nosotros dijimos que era imposible, porque hay un mercado interno restringido, pérdida del poder adquisitivo del salario, todo enmarcado en una política global del Gobierno. Entonces acordamos que se abra una mesa de trabajo y que, en principio, no se paguen las facturas, mientras nos garantizan que no va a haber cortes”.
Foto: Nacho Yuchark/lavaca

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La locura y lo atroz

“Las tarifas nos están dañando demasiado”, cuenta Alberto, síndico de la cooperativa Envases Flexibles de Mataderos. “Tenemos más de siete años de vida y jamás hemos pasado un momento tan malo como éste. Nos han cortado también todos los tipos de planes que en algún momento nos ayudaban. Estamos corriendo riesgo como fábrica recuperada. Somos 100 trabajadores. Y el impacto fue tremendo: estábamos pagando entre 80 y 90 mil pesos de luz, pero nos vino 350 mil. ¡Y por mes! Lo mismo nos pasa con el gas: de 60 mil pesos pasamos a 180 mil. Y con el agua: estábamos pagando 7 mil, pero vino cerca de 80 mil pesos. Además, con la retracción del mercado y la apertura de las importaciones, no sólo bajó la producción sino que todo el combo viene a jorobar los pocos retiros que estábamos haciendo semanales. Una locura total”.
¿Qué le diría a Aranguren? “Que no tiene sentimientos. Lo único que le puedo explicar es que nos está destrozando”.
Antonia Argota, de la Cooperativa 10 de Noviembre, textil: “Estamos preocupados por el tema luz. La verdad que nos está golpeando duramente. Nos preocupa. Imaginate: veníamos bien, trabajando, y si bien trabajamos a fasón, el tarifazo nos está bajoneando demasiado, y no podés aumentar los precios porque no te lo quieren reconocer”. ¿De cuánto estamos hablando? “En luz pasamos de $7500 a $47 mil. Realmente es una cosa atroz. De gas pagábamos 500 y ahora nos vino 2300. Y el agua, casi igual. No tenemos una cuenta bancaria, somos trabajadores que nos levantamos a las 4 de la mañana. No somos vagos, somos gente de trabajo y queremos seguir trabajando”.

Trabajar para pagar

El ruido y el color lo pusieron las cooperativas curtidoras, que cuentan con el respaldo del Sindicato de Curtidores, hasta el punto de que algunos trabajadores forman parte de la comisión directiva. “Tuvimos que recortar hasta 2 mil pesos de nuestros retiros”, dice Jorge Reish, presidente de Cuero Flex. Rubén Rodríguez, de Curt Impex (Piñeyro, Avellaneda): “Nos pega muy duro. Somos 20 compañeros y la mayoría superan los 50 años. Es muy difícil insertarse en el mundo laboral. Y el impacto de las tarifas fue letal. Hoy los compañeros no están percibiendo ni un peso porque todo va a los servicios. Además, la actividad de curtido de pieles está en baja, no solo en Argentina, sino en el mundo. En base a eso nos vemos muy afectados por los aumentos”.
¿De cuánto estamos hablando? “De luz pagábamos 2800 pesos y hoy estamos en 13 mil. Es una barbaridad. Gas: de 800 pasamos a 6500. Todo el dinero que entra va destinado a pago de servicios. Nos costó mucho poner la cooperativa en regla, con todos los papeles. Tenemos cuenta bancaria pero no tenemos dinero. A eso sumale el agua: de 700 pesos se nos fue a 6 mil. No les interesa nada, el ser humano en sí. No miran las medidas. Esto es autogestión: es una fuente de trabajo y gracias a ella podemos comer muchas familias. Pero a ellos no les interesa”.
Otro de los colores lo puso la Federación Gráfica Bonaerense -que nuclea a más de 30 cooperativas- y la Red Gráfica. Plácido Peñarrieta, de Cooperativa Chilavert: “Sufrimos el impacto entre un 400 y 500 por ciento en luz y agua. ¿El gas? 800 por ciento. Es lo que está sufriendo toda la ciudadanía”. Peñarrieta da en el clavo: a la suma sideral que sufre cada cooperativa se acopla la suma sideral que cada uno percibe en sus propios hogares. “Por eso estamos acá. Este es el resultado de encuentros que hicimos para hacer frente a varias propuestas del Ejecutivo de dejarnos en la calle. Veníamos ya sufriendo dos o tres meses y estábamos esperando una respuesta de nuestros dirigentes. Felizmente, llegamos después de seis meses a reencontrarnos. No significa que solo un sector está mal: todos estamos mal. Sobre todo, la clase trabajadora. Están tratando de cerrar nuestras empresas”.
¿Por eso es importante los encuentros como el del Hotel Bauen, donde se habló de dejar atrás las “mezquindades” de cada sector? “Lo triste de todo esto es que la necesidad es la que une. Siempre digo: acá debe haber algo más sublime que nos una como un sector de laburantes, esas mezquindades que salieron a la luz lo están diciendo ellos mismos. Las mezquindades existieron, porque no nos reunimos antes. Pareciera como que queremos seguir sufriendo, ¿no? Los dirigentes se dividen entre ellos. Nosotros, los trabajadores, no”.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

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Una pregunta

Rubén y Pablo, de La Litoraleña: “El tema no es sencillo. La suba de todos los importes nos perjudica a los trabajadores. No solamente a las cooperativas, a las empresas también. De 9 mil pesos de luz pasamos a pagar 60 mil pesos. De gas, pasamos de 200 a 5 mil. El agua: de 500 a 8 mil. Nosotros somos 67 trabajadores. Y hay que ver si los funcionarios quieren entender: esta gente se cierra solamente en amparar a ciertos sectores económicos del país, porque a las pymes las está haciendo pelota. Muchas tuvieron que cerrar. Antes, mal que mal, la rueda económica giraba, uno podía comprar. Hoy no sabés si podés comprarte un par de zapatillas porque no sabés si vas a comer. Toda esta política es para que el trabajador tenga miedo y sólo trabaje. Si un trabajador no consume, las empresas no venden, y si las empresas no venden, el trabajador tiene menos trabajo. No sé qué estudios tendrán los funcionarios, pero lo sabemos nosotros, que algunos tenemos primaria, nomás. En esta marcha también tendría que estar el trabajador activo, pero le metieron miedo diciendo que sólo puede salir bajo el sindicato que pertenece, porque si no te descuentan el día o te pueden echar. Si eso no es miedo, ¿qué es?”.
La pregunta, lector y lectora, la responde usted.

La memoria

Francisco Godoy, de Cooperativa Suárez, imprenta en Liniers: “La falta de trabajo en el mercado nos bajó la producción un 50 por ciento. Eso, sumado a las tarifas, hace que los retiros estén peligrando. Somos nueve trabajadores. Y los números implican un 500 por ciento de aumento”.
¿Cuánto? “En agua, pasamos de 800 pesos a 3200. El gas todavía no vino. Y de luz, pasamos de 800 pesos a 35 mil”. Es decir, en cuanto a la luz, de pagar casi 100 pesos por trabajador, la cooperativa paga ahora 4 mil pesos por cada obrero. “No tienen conocimientos de cómo sobrevivimos, de qué manera estamos trabajando para el país. No estamos acá porque nos gusta sino por algo que nos está impactando, y porque vemos que si no se frena, se dispara. Tengo 55 años y ya viví todo este proceso. Lo hemos charlado en la cooperativa previo al 10 de diciembre, pero no todos pensamos igual. Lo único que pido es que tengamos un poquito de memoria”.

El noticiero

Luego de la reunión en el Ministerio de Energía, la marcha siguió hasta el Ministerio de Trabajo, donde se pidió una ampliación de la Línea 1 de Trabajo Autogestionado (uno de los programas institucionales para las recuperadas) a todas las cooperativas y fijar el monto en más de $3000. Por las calles sigue caminando Ángel Paggi, de La Nueva Unión: “Somos una cooperativa de encuadernación, y todo se afectó también con la importación de libros: nuestra producción cayó en un 50 por ciento. Es un conjunto de cosas que no sé en qué va a terminar, porque el tarifazo se suma a la caída del empleo, del trabajo. Es una situación muy grave. El punto de equilibrio de la cooperativa está hoy en 150 mil pesos. Con este tarifazo calculo que va a llegar a 400, pero la facturación más alta fue en abril: 465 mil pesos. El año pasado, a está altura, estábamos facturando casi 600 mil, sin haber aumentado los precios. Lo que veo es que, a fin de mes, no sé si vamos a seguir cobrando”.
¿Cómo le explicaría al ministro Aranguren lo que es una cooperativa? La respuesta de Poggi se convierte en un noticiero del país:

  • “No nos escucharía porque no le interesa. La cooperativa es una forma de mantener las fuentes laborales, una forma de resistencia al sistema, que te va dejando afuera de la cadena productiva y son métodos que va encontrando la clase trabajadora para resistir el capitalismo. Pero bueno, ya sabemos que a Macri no las quiere las cooperativas. Nos vetó dos veces la misma ley de expropiación. Nos dejó desamparados, seguimos estando dentro de la quiebra, pero el juez no nos puede sacar porque legalmente existe la ley de quiebras. Acá lo que queremos es trabajar”.
  • “El ministro Aranguren, CEO de la Shell, está comprando el gas importado de Chile tres veces más caro que el de Bolivia porque lo está trasladando la compañía donde es accionista. O sea, la Argentina manejada como empresa. Y nosotros los trabajadores somos un número. Son ellos y nada más. Nadie pide que hagan la revolución, pero déjennos vivir”.
  • “Esto del sinceramiento es mentira, es un brutal traspaso de recursos del pueblo a los sectores más concentrados. En diciembre Macri sacó las retenciones al campo, la minería, los autos de alta gama sin ningún tipo de ley ni nada. Y cuando el Congreso sanciona la ley antidespidos, la veta. Fíjate que no iba a despedir a nadie y ya tenemos mas de 15 mil compañeros desocupados en 17 dias después del veto. Tremendo”.
  • “No tienen idea lo que es ser trabajador, estar desesperado, no te alcanza la guita, te aumenta la carne, los supermercados. Es la revancha. Ya lo hemos escuchado a Gonzalez Fraga decir que nos vendieron 12 años de mentira porque es imposible vivir así. Ni hablar que nos aliamos a la Alianza del Pacífico: eso es volver al año 1900, un país agroexportador, donde el campo exporte y todo lo industria nacional va a desaparecer porque se la van a dar todos a los yanquis”.

La pregunta, luego, es cómo se sale de esto.
La respuesta, esta vez, no se ve en los noticieros.
“Con la gente en la calle, movilizándonos, porque estos no tienen corazón”.

Fotos: Nacho Yuchark/lavaca

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Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

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11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.  

Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo. 

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba. 

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio. 

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo. 

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate. 

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Las condenas:

  • Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos:  condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
  • Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
  • La oficial  Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
  • Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
  • El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
  • El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46)  el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
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Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

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Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

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Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

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Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.  

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban  conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

  • la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
  • el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
  • las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
  • el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
  • las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
  • las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
  • Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
  • Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

  • Sí: sí a la vida.
  • Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
  • Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
  • Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.

Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.  

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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