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Una mesa de trabajo para frenar el tarifazo

Una movilización de fábricas recuperadas y cooperativas contra la suba de tarifas empujó a la conformación de una mesa de trabajo para definir qué hacer. Fue la primera medida que surgió luego de la conformación de la multisectorial en el Hotel Bauen. Las historias de los trabajadores que revelan el crudo impacto del ajuste del Gobierno.

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Una movilización de fábricas recuperadas y cooperativas contra la suba de tarifas empujó a la conformación de una mesa de trabajo para definir qué hacer. Fue la primera medida que surgió luego de la conformación de la multisectorial en el Hotel Bauen. Las historias de los trabajadores que revelan el crudo impacto del ajuste del Gobierno.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

Foto: Nacho Yuchark/lavaca


«Hablaron de pobreza cero y yo les creo: nos van a matar a todos», dice bajo el frío Angel Poggi, 53 años, presidente de la cooperativa La Nueva Unión, sosteniendo una bandera con los colores argentinos en Paseo Colón, al frente del Ministerio de Energía. La teoría de Poggi tiene su sustento en la práctica: la cooperativa pasó de recibir boletas de luz de 4 mil pesos a la arangunesca cifra de 11mil, «aún consumiendo la mitad de kilovatios que el año pasado», y reza por las boletas de gas y de agua que aún no llegaron. Todo queda resumido en otra tesis: «Es una carnicería».
Poggi es uno de los miles de trabajadores y trabajadoras de cooperativas y empresas recuperadas que este jueves marcharon hasta el Ministerio para denunciar el violento tarifazo aplicado por el Gobierno nacional. La medida fue la cristalización de una de las primeras acciones resueltas tras el encuentro del lunes en el Hotel Bauen, donde cooperativas, fábricas, pymes, comercios, clubes de barrio, centros de jubilados y sindicatos resolvieron la conformación de una multisectorial para diseñar estrategias colectivas ante el ajuste. La movilización al Ministerio no es azarosa, ya que los aumentos de tarifas significaron un incremento del 400%. En otros, la cifra trepó al 1000%. El impacto, en la mayoría de los casos entrevistados por lavaca, se registró de forma directa en los retiros mensuales de los trabajadores. Uno de los principales apuntados en la movilización fue Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, que en las últimas horas se vio envuelto en un escándalo al ser denunciado por estar de los dos lados del mostrador: posee $16 millones en acciones de Shell (corporación de la que fue CEO hasta el año pasado) mientras es el funcionario público que impulsó la suba de tarifas, el aumento de los combustibles y la compra de gas a Chile por medio de una empresa que, según la causa judicial, es propiedad de Shell.
La marcha tuvo sus frutos: las cooperativas pudieron reunirse con Andrés Chambouleyron, subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, y se avanzó en la conformación de una mesa de trabajo para discutir el cuadro tarifaria para el próximo martes. “Tienen un desconocimiento absoluto de lo que somos nosotros como sujetos productivos, políticos, sociales y culturales”, dice a lavaca Federico Tonarelli, vicepresidente del Bauen y presidente de FACTA (Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados), tras la reunión. “No tienen ni idea de lo que es un trabajador autogestionado o cooperativa de trabajo. El primer planteo que nos hicieron fue: les dejamos pagar una parte de las tarifas para que puedan trasladar el resto a los costos. Nosotros dijimos que era imposible, porque hay un mercado interno restringido, pérdida del poder adquisitivo del salario, todo enmarcado en una política global del Gobierno. Entonces acordamos que se abra una mesa de trabajo y que, en principio, no se paguen las facturas, mientras nos garantizan que no va a haber cortes”.
Foto: Nacho Yuchark/lavaca

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

La locura y lo atroz

“Las tarifas nos están dañando demasiado”, cuenta Alberto, síndico de la cooperativa Envases Flexibles de Mataderos. “Tenemos más de siete años de vida y jamás hemos pasado un momento tan malo como éste. Nos han cortado también todos los tipos de planes que en algún momento nos ayudaban. Estamos corriendo riesgo como fábrica recuperada. Somos 100 trabajadores. Y el impacto fue tremendo: estábamos pagando entre 80 y 90 mil pesos de luz, pero nos vino 350 mil. ¡Y por mes! Lo mismo nos pasa con el gas: de 60 mil pesos pasamos a 180 mil. Y con el agua: estábamos pagando 7 mil, pero vino cerca de 80 mil pesos. Además, con la retracción del mercado y la apertura de las importaciones, no sólo bajó la producción sino que todo el combo viene a jorobar los pocos retiros que estábamos haciendo semanales. Una locura total”.
¿Qué le diría a Aranguren? “Que no tiene sentimientos. Lo único que le puedo explicar es que nos está destrozando”.
Antonia Argota, de la Cooperativa 10 de Noviembre, textil: “Estamos preocupados por el tema luz. La verdad que nos está golpeando duramente. Nos preocupa. Imaginate: veníamos bien, trabajando, y si bien trabajamos a fasón, el tarifazo nos está bajoneando demasiado, y no podés aumentar los precios porque no te lo quieren reconocer”. ¿De cuánto estamos hablando? “En luz pasamos de $7500 a $47 mil. Realmente es una cosa atroz. De gas pagábamos 500 y ahora nos vino 2300. Y el agua, casi igual. No tenemos una cuenta bancaria, somos trabajadores que nos levantamos a las 4 de la mañana. No somos vagos, somos gente de trabajo y queremos seguir trabajando”.

Trabajar para pagar

El ruido y el color lo pusieron las cooperativas curtidoras, que cuentan con el respaldo del Sindicato de Curtidores, hasta el punto de que algunos trabajadores forman parte de la comisión directiva. “Tuvimos que recortar hasta 2 mil pesos de nuestros retiros”, dice Jorge Reish, presidente de Cuero Flex. Rubén Rodríguez, de Curt Impex (Piñeyro, Avellaneda): “Nos pega muy duro. Somos 20 compañeros y la mayoría superan los 50 años. Es muy difícil insertarse en el mundo laboral. Y el impacto de las tarifas fue letal. Hoy los compañeros no están percibiendo ni un peso porque todo va a los servicios. Además, la actividad de curtido de pieles está en baja, no solo en Argentina, sino en el mundo. En base a eso nos vemos muy afectados por los aumentos”.
¿De cuánto estamos hablando? “De luz pagábamos 2800 pesos y hoy estamos en 13 mil. Es una barbaridad. Gas: de 800 pasamos a 6500. Todo el dinero que entra va destinado a pago de servicios. Nos costó mucho poner la cooperativa en regla, con todos los papeles. Tenemos cuenta bancaria pero no tenemos dinero. A eso sumale el agua: de 700 pesos se nos fue a 6 mil. No les interesa nada, el ser humano en sí. No miran las medidas. Esto es autogestión: es una fuente de trabajo y gracias a ella podemos comer muchas familias. Pero a ellos no les interesa”.
Otro de los colores lo puso la Federación Gráfica Bonaerense -que nuclea a más de 30 cooperativas- y la Red Gráfica. Plácido Peñarrieta, de Cooperativa Chilavert: “Sufrimos el impacto entre un 400 y 500 por ciento en luz y agua. ¿El gas? 800 por ciento. Es lo que está sufriendo toda la ciudadanía”. Peñarrieta da en el clavo: a la suma sideral que sufre cada cooperativa se acopla la suma sideral que cada uno percibe en sus propios hogares. “Por eso estamos acá. Este es el resultado de encuentros que hicimos para hacer frente a varias propuestas del Ejecutivo de dejarnos en la calle. Veníamos ya sufriendo dos o tres meses y estábamos esperando una respuesta de nuestros dirigentes. Felizmente, llegamos después de seis meses a reencontrarnos. No significa que solo un sector está mal: todos estamos mal. Sobre todo, la clase trabajadora. Están tratando de cerrar nuestras empresas”.
¿Por eso es importante los encuentros como el del Hotel Bauen, donde se habló de dejar atrás las “mezquindades” de cada sector? “Lo triste de todo esto es que la necesidad es la que une. Siempre digo: acá debe haber algo más sublime que nos una como un sector de laburantes, esas mezquindades que salieron a la luz lo están diciendo ellos mismos. Las mezquindades existieron, porque no nos reunimos antes. Pareciera como que queremos seguir sufriendo, ¿no? Los dirigentes se dividen entre ellos. Nosotros, los trabajadores, no”.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

Una pregunta

Rubén y Pablo, de La Litoraleña: “El tema no es sencillo. La suba de todos los importes nos perjudica a los trabajadores. No solamente a las cooperativas, a las empresas también. De 9 mil pesos de luz pasamos a pagar 60 mil pesos. De gas, pasamos de 200 a 5 mil. El agua: de 500 a 8 mil. Nosotros somos 67 trabajadores. Y hay que ver si los funcionarios quieren entender: esta gente se cierra solamente en amparar a ciertos sectores económicos del país, porque a las pymes las está haciendo pelota. Muchas tuvieron que cerrar. Antes, mal que mal, la rueda económica giraba, uno podía comprar. Hoy no sabés si podés comprarte un par de zapatillas porque no sabés si vas a comer. Toda esta política es para que el trabajador tenga miedo y sólo trabaje. Si un trabajador no consume, las empresas no venden, y si las empresas no venden, el trabajador tiene menos trabajo. No sé qué estudios tendrán los funcionarios, pero lo sabemos nosotros, que algunos tenemos primaria, nomás. En esta marcha también tendría que estar el trabajador activo, pero le metieron miedo diciendo que sólo puede salir bajo el sindicato que pertenece, porque si no te descuentan el día o te pueden echar. Si eso no es miedo, ¿qué es?”.
La pregunta, lector y lectora, la responde usted.

La memoria

Francisco Godoy, de Cooperativa Suárez, imprenta en Liniers: “La falta de trabajo en el mercado nos bajó la producción un 50 por ciento. Eso, sumado a las tarifas, hace que los retiros estén peligrando. Somos nueve trabajadores. Y los números implican un 500 por ciento de aumento”.
¿Cuánto? “En agua, pasamos de 800 pesos a 3200. El gas todavía no vino. Y de luz, pasamos de 800 pesos a 35 mil”. Es decir, en cuanto a la luz, de pagar casi 100 pesos por trabajador, la cooperativa paga ahora 4 mil pesos por cada obrero. “No tienen conocimientos de cómo sobrevivimos, de qué manera estamos trabajando para el país. No estamos acá porque nos gusta sino por algo que nos está impactando, y porque vemos que si no se frena, se dispara. Tengo 55 años y ya viví todo este proceso. Lo hemos charlado en la cooperativa previo al 10 de diciembre, pero no todos pensamos igual. Lo único que pido es que tengamos un poquito de memoria”.

El noticiero

Luego de la reunión en el Ministerio de Energía, la marcha siguió hasta el Ministerio de Trabajo, donde se pidió una ampliación de la Línea 1 de Trabajo Autogestionado (uno de los programas institucionales para las recuperadas) a todas las cooperativas y fijar el monto en más de $3000. Por las calles sigue caminando Ángel Paggi, de La Nueva Unión: “Somos una cooperativa de encuadernación, y todo se afectó también con la importación de libros: nuestra producción cayó en un 50 por ciento. Es un conjunto de cosas que no sé en qué va a terminar, porque el tarifazo se suma a la caída del empleo, del trabajo. Es una situación muy grave. El punto de equilibrio de la cooperativa está hoy en 150 mil pesos. Con este tarifazo calculo que va a llegar a 400, pero la facturación más alta fue en abril: 465 mil pesos. El año pasado, a está altura, estábamos facturando casi 600 mil, sin haber aumentado los precios. Lo que veo es que, a fin de mes, no sé si vamos a seguir cobrando”.
¿Cómo le explicaría al ministro Aranguren lo que es una cooperativa? La respuesta de Poggi se convierte en un noticiero del país:

  • “No nos escucharía porque no le interesa. La cooperativa es una forma de mantener las fuentes laborales, una forma de resistencia al sistema, que te va dejando afuera de la cadena productiva y son métodos que va encontrando la clase trabajadora para resistir el capitalismo. Pero bueno, ya sabemos que a Macri no las quiere las cooperativas. Nos vetó dos veces la misma ley de expropiación. Nos dejó desamparados, seguimos estando dentro de la quiebra, pero el juez no nos puede sacar porque legalmente existe la ley de quiebras. Acá lo que queremos es trabajar”.
  • “El ministro Aranguren, CEO de la Shell, está comprando el gas importado de Chile tres veces más caro que el de Bolivia porque lo está trasladando la compañía donde es accionista. O sea, la Argentina manejada como empresa. Y nosotros los trabajadores somos un número. Son ellos y nada más. Nadie pide que hagan la revolución, pero déjennos vivir”.
  • “Esto del sinceramiento es mentira, es un brutal traspaso de recursos del pueblo a los sectores más concentrados. En diciembre Macri sacó las retenciones al campo, la minería, los autos de alta gama sin ningún tipo de ley ni nada. Y cuando el Congreso sanciona la ley antidespidos, la veta. Fíjate que no iba a despedir a nadie y ya tenemos mas de 15 mil compañeros desocupados en 17 dias después del veto. Tremendo”.
  • “No tienen idea lo que es ser trabajador, estar desesperado, no te alcanza la guita, te aumenta la carne, los supermercados. Es la revancha. Ya lo hemos escuchado a Gonzalez Fraga decir que nos vendieron 12 años de mentira porque es imposible vivir así. Ni hablar que nos aliamos a la Alianza del Pacífico: eso es volver al año 1900, un país agroexportador, donde el campo exporte y todo lo industria nacional va a desaparecer porque se la van a dar todos a los yanquis”.

La pregunta, luego, es cómo se sale de esto.
La respuesta, esta vez, no se ve en los noticieros.
“Con la gente en la calle, movilizándonos, porque estos no tienen corazón”.

Fotos: Nacho Yuchark/lavaca

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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