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5.000 millones y 52 mil efectivos sin control: el diagnóstico del Cels sobre la policía bonaerense

Publicada

hace 15 años

21/02/2011

«En los últimos días, la policía bonaerense ejecutó a dos adolescentes en José León Suárez y a un joven en Baradero, y disparó por la espalda a otro joven en Mar del Plata que se encuentra herido de gravedad. Estos hechos requieren respuestas estructurales y enérgicas del gobierno provincial que reemplacen de manera definitiva el modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes. A las respuestas judiciales hay que sumarle respuestas políticas». Así comienza el documento que en cuatro páginas resume el diagnóstico que el CELS, la Comisión Por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y la CTA bonaerense presentaron ayer en la Cámara de Diputados de La Plata. Sintetiza una crítica contundente a la política de seguridad del gobernador Daniel Scioli. «El autogobierno significa traspasar potestades a los propios efectivos policiales y habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad, que constituyen el trasfondo de hechos gravísimos como las ejecuciones policiales o la desaparición de Luciano Arruga en enero de 2009».
Define también el alcance del problema: » El poder estratégico y administrativo sobre una fuerza de 52 mil efectivos y un presupuesto anual de casi 5.000 millones de pesos no puede recaer en una jefatura cuyo poder se encuentra concentrado en un Jefe de Policía y unos pocos comisarios generales». Y propone:

Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas
Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad: diseño de una estructura de
gestión civil y conducción estratégica de la Policía Bonaerense.
Desarrollar la capacidad de investigación judicial y terminar con la impunidad.
Creación de la Policía Judicial.
Implementar protocolos de actuación y de uso de fuerza
Implementar instancias de control interno y externo
Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud
Financiar con fondos específicos el Sistema de Promoción y Protección Integral
de Derechos

Aquí el texto completo:
Violencia policial: el agotamiento del modelo de autogobierno y la necesidad de respuestas políticas urgentes.
Propuestas para una agenda de seguridad en la provincia de Buenos Aires.
En los últimos días, la policía bonaerense ejecutó a dos adolescentes en José León Suárez y a un joven en Baradero, y disparó por la espalda a otro joven en Mar del Plata que se encuentra herido de gravedad. Estos hechos requieren respuestas estructurales y enérgicas del gobierno provincial que reemplacen de manera definitiva el modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes. A las respuestas judiciales hay que sumarle respuestas políticas.
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito de modo eficiente y respetuoso de los derechos humanos demanda un sistema policial subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. Ha quedado demostrado que la autonomía policial como forma de gobernabilidad conduce a respuestas policiales violentas y represivas.
No sólo se desentiende del control de las fuerzas de seguridad sino también de contar con las herramientas de gestión que permiten el monitoreo del delito y del trabajo policial necesarias para la formulación de las políticas y estrategias de seguridad.
Además, desdibuja toda posibilidad de que se implementen iniciativas serias de participación ciudadana y prevención comunitaria de la violencia.
El ejercicio de las funciones de auditoría interna en la policía bonaerense a cargo de civiles especializados en investigación administrativa ha revelado mayor efectividad en los breves lapsos en que fue aplicado. Se lograron investigaciones más rápidas y completas que las realizadas por la propia justicia, a la vez que fueron expulsados de la fuerza aquellos que incurrían en abusos funcionales y actividades delictivas. El autogobierno significa traspasar esas potestades a los propios efectivos policiales y habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad, que constituyen el trasfondo de hechos gravísimos como las ejecuciones policiales o la desaparición de Luciano Arruga en enero de 2009.
En ese contexto, la unificación de las responsabilidades de seguridad y de justicia en un solo ministerio contribuye a sostener el autogobierno policial, en la medida que reduce las capacidades institucionales del área de seguridad y profundiza la delegación de la gestión en las cúpulas policiales. El poder estratégico y administrativo sobre una fuerza de 52 mil efectivos y un presupuesto anual de casi
5.000 millones de pesos no pueden recaer en una jefatura cuyo poder se encuentra concentrado en un Jefe de Policía y unos pocos comisarios generales.
Las respuestas que pretenden encarar los problemas de seguridad con medidas que profundizan la autogestión policial conducen a cuerpos no profesionalizados, con pocas herramientas para perseguir el delito complejo, funcionales a la reproducción de las redes de ilegalidad y con altos grados de violencia institucional.
Por lo tanto, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
La convocatoria a la discusión, el debate y las propuestas democráticas debe incluir a las diversas fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, sindicales y religiosas, a las universidades, entre muchas otras, de modo de fortalecer acuerdos y promover medidas puntuales que permitan construir soluciones duraderas, plurales e inclusivas.
En el marco de los principios que guían el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) proponemos algunos de los lineamientos que deberían formar parte de la agenda de seguridad y de reforma policial de la provincia de Buenos Aires.
Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas
En primer lugar es imprescindible que el gobierno provincial muestre un fuerte compromiso con el avance de las investigaciones judiciales y administrativas para individualizar y sancionar a los responsables de las ejecuciones de José León Suárez y Baradero. En materia de ejecuciones policiales, el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones del derecho a la vida de manera completa, independiente e imparcial.
Es imperioso avanzar en la delimitación de las conductas de todos los policías involucrados en los hechos de José León Suárez y Baradero. Por ello, se debe profundizar la investigación para esclarecer la autoría material y directa del hecho y a su vez la responsabilidad indirecta y funcional en el procedimiento policial.
Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad: diseño de una estructura de gestión civil y conducción estratégica de la Policía Bonaerense.
Se necesitan respuestas políticas concretas para retomar el gobierno y el control civil de la gestión de la seguridad en lo vinculado con la autoridad disciplinaria, la producción de información y la administración de emergencias y de evaluación operativa de la fuerza policial. Con un programa reformador y democratizador, se debe enfocar en la especialización, la modernización funcional y la descentralización de la gestión policial bajo la dirección de las autoridades políticas.
Los procesos de reforma y modernización del sistema de seguridad provincial suponen la construcción de un liderazgo político eficiente que conlleve un profundo cambio en sus formas tradicionales de funcionamiento y organización.
Para llevar adelante ese proceso, es necesaria la conformación de un Ministerio de Seguridad responsable de la gestión gubernamental de los asuntos de la seguridad pública, en particular de lo referido a la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias del sector.
Por cierto, tal exigencia no se satisface con la mera creación de dicho Ministerio sino con la reforma de la ley que regula las diferentes competencias de cada una de sus dependencias para dotarlo de una estructura que haga posible y cierto el control y la conducción estratégica de la agencia policial. Es fundamental contar con subsecretarías y direcciones que tengan incumbencia en cada una de las áreas o cuerpos en que la institución policial se encuentra dividida.
Desarrollar la capacidad de investigación judicial y terminar con la impunidad.
Creación de la Policía Judicial.
Los problemas de seguridad que vive la provincia de Buenos Aires también están ligados a fuertes condiciones estructurales que garantizan impunidad. Una de ellas es la delegación de la investigación penal de los fiscales a la policía bonaerense, una fuerza sospechada de contener grupos delictivos en su seno que gerencian o regulan el delito. En muchos casos la policía ha sido separada de las investigaciones, que quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional.
Este cuadro exige cumplir la norma constitucional que dispone la creación por ley de una policía judicial dependiente de la Procuración de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Ello permitirá aumentar el grado de independencia y eficacia de las investigaciones judiciales y disminuir el ámbito de discrecionalidad policial para el armado de causas o venta de resultados de las investigaciones por personal policial.
Implementar protocolos de actuación y de uso de fuerza
Otra medida concreta es la reglamentación y control del uso de la fuerza, la forma de proceder en las detenciones y el diseño y la conducción de operativos frente a grandes concentraciones de personas, ya sea en ocasión de espectáculos, de desalojos, de protestas sociales o en formas combinadas de resistencia a una acción policial que deriva en una protesta como forma de acción directa.
Para ello es fundamental establecer estándares de actuación en el espacio público con rango normativo, de modo de asegurar un uso proporcional, racional y subsidiario de la fuerza y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
No alcanza con la mención retórica de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es preciso avanzar en la reglamentación específica de estas cuestiones, la definición de responsabilidades concretas, la formación y capacitación de los policías y la sanción efectiva de quienes actúan en contradicción con esos principios.
Implementar instancias de control interno y externo
A su vez, resulta esencial la creación de un organismo independiente de investigación administrativa compuesto por civiles para poner fin a uno de los mayores problemas que presenta la institución: policías que se investigan entre sí y encubren su accionar ilegal en lugar de sancionarlo. La potestad de realizar sumarios y de aplicar sanciones disciplinarias no debe estar en manos del jefe de la fuerza sino de la dirección civil.
Por otra parte, es necesario recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la seguridad pública establecidos por la ley 12.154.
Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud
Los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar descontrolado de las fuerzas policiales. Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Las respuestas violentas de las fuerzas de seguridad y la intervención policial en las escuelas tampoco solucionan la problemática de la niñez y la juventud.
Sobre la base de la Asignación Universal por Hijo es indispensable que el gobierno provincial avance en la implementación de políticas universales que promuevan y protejan sus derechos sin discriminación alguna. Son las iniciativas dirigidas a la inclusión social las que posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida.
El Estado tiene la obligación de estructurar políticas de carácter público concretas para protegerlos sin represión ni encierro, respetando la mirada integral de sus derechos y el interés superior del niño.
El gobierno provincial debe fortalecer la constitución del sistema de promoción y protección de derechos establecido por la ley 13.298 partiendo del piso de la asignación presupuestaria prevista por la Legislatura Bonaerense e impulsada por organizaciones de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, el Defensor del Niño y el Observatorio Social prescriptos en los artículos 16 y 24 de esa ley deben constituirse en dispositivos estratégicos para asegurar el pleno ejercicio de derechos.
Financiar con fondos específicos el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos
Es imprescindible contar con el financiamiento necesario para la implementación de políticas públicas activas que desarrollen una intervención social protectora de derechos de los colectivos sociales más desfavorecidos en el esquema de distribución del ingreso y de bienes materiales y simbólicos, que sufren de manera más directa, frecuente y traumática los efectos de la violencia social y policial. Para ello es impostergable tomar la decisión política de avanzar en la sanción de una Ley de
Financiamiento para el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos que garantice la afectación de un fondo específico para garantizar su funcionamiento.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 2 semanas

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 2 semanas

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 2 semanas

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.