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“Chapucera”: así califica un dictamen fiscal a la investigación de Bullrich

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lavaca accedió en exclusiva a un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal que invalida la investigación que el Ministerio de Seguridad entregó a la Justicia Federal con las “actuaciones administrativas” a los efectivos de Gendarmería que participaron de la represión que culminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El dictamen denuncia el direccionamiento de las entrevistas y los diálogos actuados.  Describe algunas preguntas como de una “superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”. Cuestiona que no hace foco sobre el rol de Pablo Noceti, el funcionario de Bullrich presente en el lugar de los hechos.  Describe el uso que hizo el Gobierno de esta investigación, que presentó en los medios como si resolviera el caso. Y define como “chapucera” la forma en que el Estado eludió su responsabilidad de responder ¿dónde está Santiago Maldonado? Concluye el dictamen: “El erróneo cauce administrativo iniciado por el Ministerio de Seguridad, y la comunicación equívoca que la autoridad administrativa ha realizado a la comunidad respecto de esta actividad, atenta justamente contra la respuesta eficaz, regular, objetiva y oportuna que se pretende de la investigación de los hechos, reflejada en la forma chapucera en que el Ministerio de Justicia se ha referido reiteradamente a las actuaciones analizadas, como si se tratara justamente de la investigación regular, bajo la forma de sumario administrativo que, como se ve, aún no se ha dispuesto iniciar”.
“Chapucera”: así califica un dictamen fiscal a la investigación de Bullrich
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscal nacional Sergio Rodríguez, solicitó el 18 de agosto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que le remita “a la brevedad” todas las actuaciones administrativas que se hubieran realizado con motivo de la desaparición de Santiago Maldonado. Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio, el organismo reiteró el pedido el 24 de agosto, mismo día que la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, caratuló la causa como desaparición forzada. El Ministerio recién respondió el 28 de agosto con una carpeta confeccionada por la Dirección de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal. Es la misma carpeta que entregó el 3 de septiembre al titular del Juzgado Federal de Esquel, Guido Otranto. Son las “actuaciones administrativas” realizadas por la cartera y filtradas generosamente a los medios para construir la nueva hipótesis oficial: un grupo de gendarmes podrían haber cometido “excesos” en la bajada del río de la Pu Lof. La carpeta sirvió de base para que el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, manifestara que la investigación está avanzando y rechazara así la conformación de un grupo de expertos internacionales encabezados por el Alto Comisionado de la ONU para investigar de forma independiente la desaparición de Santiago.
El manojo de papeles
El dictamen fiscal cuestiona la investigación realizada por Bullrich y el ministerio de Seguridad y resalta sus graves defectos de forma y contenido. Advierte: “Lo remitido por el Ministerio de Seguridad en forma tardía, a simple vista se advierte que el manojo de papeles acompañado no responde a las formalidades previstas para la sustanciación de una investigación administrativa”. Lo que sigue es una descripción que denuncia la forma, el contenido y el uso de esta investigación, que  el Gobierno nacional convirtió en una operación de prensa para eludir que el delito de desaparición forzada sea debidamente investigado:

  • “Su informalidad es tal que aparecen múltiples entrevistas al personal que participó del operativo sin ningún tipo de resguardo legal, llegándose al extremo de producirse diálogos donde el entrevistador le recuerda al entrevistado que debe decirle la verdad y, en algún caso, describiéndole incluso una supuesta conducta ilícita en la que el entrevistado habría tomado parte, que el entrevistado niega”.
  • “En algunas de esas entrevistas, que se encuentran grabadas, la reproducción de los audios permite advertir que hubo diálogo previo sobre aspectos del caso entre entrevistado y entrevistador que no han quedado registrados”.
  •  Califica las entrevistas como un material “contaminado y sin resguardos legales; puede agregarse que ciertos pasajes de las entrevistas se asemejan más a un diálogo actuado, cercano al ridículo”.
  •  “Las preguntas formuladas no exhiben, por otra parte, ninguna sofisticación, más bien una superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”.
  • “No hace foco en ningún momento en las circunstancias que rodearon la presencia del Dr. Pablo Noceti en el lugar, cuando no puede soslayarse, a juicio de esta Unidad, dicha circunstancia. El Dr. Noceti es el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, su presencia en el lugar lo convirtió automáticamente en la referencia de quienes allí estaban, y resulta ineludible como así también inexplicable que no se busque deslindar correctamente el alcance de su presencia allí”.

Las conclusiones
Las conclusiones del dictamen fiscal sobre lo realizado por la ministra Bullrich para esclarecer la desaparición forzada de Santiago Maldonado:

  • “A la fecha no se ha iniciado una investigación administrativa conforme las reglas previstas para la sustanciación de sumarios administrativos. La carpeta autodenominada ‘investigación preliminar’, no constituye ni podría serlo una actuación regular ajustada a las reglas establecidas por el Estado para este tipo de actuaciones”.
  • “El cuestionamiento a la validez de lo actuado se extiende a lo actuado bajo la forma de entrevistas, de las cuales se aprecia, a primera vista, se han efectuado sin mínimos recaudos legales, y en algunos casos, con exteriorización de interrogatorios que vulnerarían garantías esenciales de las personas sometidas a esas llamadas ´entrevistas´”.
  • “Se aprecia que la forma emprendida por el Ministerio de Seguridad para formar opinión acerca de las circunstancias que rodearon los hechos acaecidos el día 1 de agosto pasado, no resulta ni adecuada ni proporcional a la gravedad de la imputación que se formula a distintos agentes que revisten bajo la órbita del Ministerio de Seguridad”.
  • “Es deber del Estado argentino de investigar y esclarecer el caso, en la rama administrativa de gobierno, no puede enmascararse bajo formas de actuación informales y poco transparentes, sujetas al único control discrecional de la autoridad política, sino que por el contrario debe llevarse adelante con las mejores herramientas legales disponibles”.
  • “El erróneo cauce administrativo iniciado por el Ministerio de Seguridad, y la comunicación equívoca que la autoridad administrativa ha realizado a la comunidad respecto de esta actividad, atenta justamente contra la respuesta eficaz, regular, objetiva y oportuna que se pretende de la investigación de los hechos, reflejada en la forma chapucera en que el Ministerio de Justicia se ha referido reiteradamente a las actuaciones analizadas, como si se tratara justamente de la investigación regular, bajo la forma de sumario administrativo que, como se ve, aún no se ha dispuesto iniciar”.

“Chapucera”: así califica un dictamen fiscal a la investigación de Bullrich
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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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