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La toma

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Por Raúl Zibechi
La irrupción de los más pobres de Buenos Aires en el escenario urbano, a través de tomas masivas de terrenos en reclamo de vivienda digna, estuvo al borde de generar una crisis política al desnudar los límites del actual modelo de acumulación. Finalmente, cuando la represión y el odio clasista se mostraron impotentes para contener lo que amenazaba convertirse en una oleada de ocupaciones, los gobiernos nacional y de la ciudad dejaron de lado su disputa preelectoral para firmar un acuerdo que no introduce soluciones de fondo pero establece una tensa tregua entre todos los actores.
La toma
El 7 de diciembre unas 200 familias de la Villa 20, una de los barrios informales de Buenos Aires, ocuparon una parte del Parque Indoamericano, uno de los mayores espacios verdes de la ciudad con algo más de cien hectáreas. En las horas siguientes la toma creció hasta superar las cinco mil personas, aunque el “censo” oficial posterior apunta 13 mil ocupantes, entre los que hay familias enteras con niños y ancianos. Esa misma noche las policías Federal y Metropolitana, la primera a cargo del gobierno nacional de Cristina Fernández y la segunda al mando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri, intentaron desalojar a los ocupantes asesinando a un joven paraguayo de 22 años y a una mujer boliviana de 28.
A partir de ese momento ambos gobiernos se culparon por los incidentes. Macri responsabilizó al gobierno nacional de fomentar la inmigración ilegal, en una intolerante actitud racista. “Hay una lógica perversa que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar terrenos”, dijo su portavoz. Vecinos de la ocupación, también pobres, atacaron a los ocupantes pidiendo que fueran expulsados a sus países. “Que se vayan todos”, volvió a escucharse casi una década después del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, con una dirección opuesta al reclamo original que pedía la expulsión de la clase política. A ellos se sumaron patotas armadas, dirigidas por el macrismo y el ex presidente Eduardo Duhalde según el gobierno, que asesinaron a un tercer ocupante -sacado de una ambulancia y rematado en el suelo- el mismo Día de los Derechos Humanos.
El gobierno nacional, por su parte, no reconoció su responsabilidad en los crímenes del primer día ejecutados por la Policía Federal, y culpó al gobierno de la ciudad de Macri, tanto por sus dichos racistas como por la falta de políticas públicas de vivienda, en ambos casos con entera razón. Por detrás y por debajo de este trágico sainete palaciego, cuyo trasfondo son las elecciones presidenciales a celebrarse en apenas diez meses, está la cruda realidad de los más pobres. Medio millón de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires a quienes Macri prometió terrenos y nunca cumplió. Por el contrario, el gobierno de la ciudad se jactó hace poco de haber desalojado 400 predios, muchos de ellos tomados en el entorno del levantamiento popular de 2001.
En los días siguientes se sucedieron diversas ocupaciones, una decena en la capital y un número aún desconocido en el área metropolitana y en ciudades del interior. Cuando la marea de la pobreza urbana amenazaba desbordarlos a todos, los enfrentadísimos gobiernos nacional y de la ciudad llegaron a un rápido acuerdo para construir viviendas. Con la advertencia de que “todo aquel que usurpe no tendrá derecho a formar parte de un plan de vivienda ni de ningún plan social de ninguna característica”, como descerrajó el jefe del gabinete del progresista gobierno nacional, cediendo al lenguaje de la derecha que critica.
Las organizaciones del campo popular presentes en la Villa 20 de Lugano, el Frente Popular Darío Santillén y la Corriente Clasista y Combativa, tomaron distancias del acuerdo pero una asamblea de los miles de ocupantes decidió retornar a sus viviendas precarias y a sus camas de alquiler para esperar, con mucho escepticismo, que algún día algún gobierno cumpla sus promesas. Los referentes del asentamiento vienen peleando desde hace por lo menos cinco años por las tierras destinadas a viviendas, que hoy son un enorme cementerio de coches de la Policía Federal desbordado de ratas cerca de sus casas.
La derecha denuncia, como hizo el diario La Nación, la multiplicación de la población en las más de 20 villas de la capital. Sólo la Villa 31, en el céntrico barrio de Retiro, duplicó su población de 25 a 50 mil personas en diez años. Los datos confirman un crecimiento exponencial: en 2006 había 819 villas entre capital y área metropolitana de Buenos Aires con un millón de habitantes. Hoy serían ya dos millones, mientras en la capital llegarían a 235 mil personas viviendo en villas, un 7% de la ciudad. Un estudio de la Universidad de General Sarmiento estima que la población en villas crece diez veces más rápido que la del país. “Un tsunami silencioso” se queja el diario de la derecha.
Lo que no dice ni la derecha ni el gobierno, es que ese tsunami es consecuencia del modelo extractivista que unos y otros apoyan. El modelo de los monocultivos de soya (20 millones de hectáreas de las mejores tierras argentinas) y de la minería a cielo abierto está expulsando millones de argentinos, en general campesinos pobres, de sus tierras. Ese mismo modelo ha expulsado a los dos millones de paraguayos y al millón de bolivianos que llegaron a Argentina en los últimos años, cuando ya no pudieron seguir viviendo en sus parcelas, quemadas por el glifosato o contaminadas sus aguas con mercurio.
En segundo lugar, las políticas sociales están empezando a mostrar limitaciones a la hora de contener la protesta de los de abajo, para lo que fueron creadas. Mientras no haya cambios estructurales, lo sucedido la segunda semana de diciembre en Argentina será apenas un tibio anticipo del fenomenal estallido social que está preparando un modelo de acumulación excluyente y depredador, que sólo se sostiene con el trabajo conjunto de los ministerios de Interior y Desarrollo Social .

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast 

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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