Se abrió el juicio oral y público que investiga la participación del Prefecto Héctor Febres en la aplicación de torturas a cuatro desaparecidos que estuvieron detenidos clandestinamente en la Esma, durante la última dictadura. El acusado negó los cargos y se negó a declarar. Los querellantes exigieron sin éxito que se lo trate como a un preso común y que se acaben sus privilegios de los que goza en su lugar de detención, una dependencia de la Prefectura Naval de Tigre. Se trata del primer juicio a un represor que actuó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, lugar paradigmático del terrorismo de Estado.

– ¿Tiene apodos o alias? –quiso saber el presidente del Tribunal Oral 5, Guillermo Gordo, después de preguntarle el nombre completo a Héctor Antonio Febres, primer represor de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) llevado a juicio oral y público por su actuación durante la última dictadura.
– No –mintió sin sonrojarse el hombre que durante las sesiones de tortura se hacía llamar El Gordo Daniel, Orlando o Selva, un sobrenombre que connotaba a todos los animales juntos en medio de un grupo de tareas (sucias) que incluía al Cuervo Alfredo Astiz, al Tigre Jorge Acosta y al Puma Jorge Perrén.
Febres hizo uso del derecho que todo ciudadano tiene de no declarar en su contra. Por esa misma razón, apoltronado en el banquillo de los acusados, a continuación dijo:
– Niego todos los hechos que acá se me han imputado. Lo que ratifico es la presentación que hice personalmente al Tribunal el 5 del corriente.
Esa presentación esgrimía un curioso argumento: pedía la suspensión del juicio porque en esta audiencia se lo juzga por sólo cuatro casos de torturas cuando en realidad está procesado, en diferentes causas, por más de 300. En aquel escrito elevado a principios de mes también se quejaba de ser la única persona juzgada cuando había otros oficiales de diferentes jerarquías acusados de los mismos crímenes. Febres aprovechó el uso de la palabra para negar la veracidad del testimonio que brindó a mediados de los 80 ante los tribunales militares donde admitía haber formado parte de los grupos de tareas de la ESMA.
Así se cerró la primera jornada del juicio oral que se le sigue a Febres, acusado de cometer tormentos y malos tratos a Carlos Lordkipanidse, Josefa Prada de Oliveri, Julio Margali y Carlos Alberto García, todos secuestrados durante la última dictadura, llevados al centro de detención clandestino que funcionaba en la ESMA, torturados y obligados a colaborar en tareas de falsificación de documentación.
La audiencia se había iniciado a las 10:52, cuando Febres se desparramó en una silla que le quedaba chica de sisa a espaldas de su abogado, el defensor oficial Víctor Valle, quien ya tiene experiencia en este tipo de casos: fue defensor adjunto del dictador Jorge Rafael Videla en el juicio que condenó a las juntas militares en 1985.
La lectura del procesamiento demoró más de seis horas. En el escrito, las acciones de Febres quedaron encuadradas como delitos de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles. En dos de los cuatro casos por los que se lo juzga se le adjudicó la figura de autoría mediata –la misma que se le atribuyó a las juntas militares, por tener dominio de los hechos- y en otros dos casos se lo responsabiliza como autor material directo de torturas y golpes.
El auto de elevación describió el papel de “enlace” que Febres, integrante de la Prefectura Naval, jugó con los grupos de tarea en la ESMA. Entre otras cosas, el acusado era –según los testimonios reunidos por la querella- el responsable del destino de los bebés que nacían en la maternidad clandestina que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. De hecho, Febres también está procesado en la causa que investiga el plan sistemático de apropiación de bebés. Por esta razón, en la puerta de los tribunales de Comodoro Py miembros de la agrupación H.I.J.O.S portaban una pancarta que mostraba las caras de decenas de mujeres embarazadas que parieron en la ESMA. Varios testimonios signan a Febres como responsable del ajuar de los recién nacidos y de las embarazadas.
Lordkipanidse, el único de los querellantes que presenció la audiencia, denunció que cuando lo detuvieron lo llevaron a un sótano del predio, lo desnudaron y lo empezaron a torturar exigiéndole información sobre un compañero de la Juventud Peronista. Como no respondía satisfactoriamente, Febres ingresó con el hijo del detenido, de apenas 20 días, sostenido de los pies. “Si no colaborás le reviento la cabeza contra la pared”, le dijo El Gordo Daniel que finalmente colocó al niño sobre el abdomen del interrogado en el mismo momento en que le aplicaban tormentos mediante una picana eléctrica.
Mientras el secretario del juzgado leía con tono monocorde cada una de estas historias que lo involucraban, Febres permanecía tieso, inmutable, con la mirada clavada en el piso. Muy cada tanto se acodaba su cabello canoso y matizado.
Una vez que la lectura finalizó, la Fiscalía pidió la palabra y solicitó que se amplíe el peritaje sobre el legajo que el imputado tiene en la Prefectura, ya que en un estudio preliminar se detectaron enmiendas y adulteraciones en datos esenciales para lo que se investiga en este juicio, como los destinos del acusado y las fechas en la que revistió en las distintas reparticiones.
A su turno, Rodolfo Yanzón, uno de los abogados de la querella, exigió al tribunal –integrado por Gordo, Ricardo Farías y Daniel Delgado- para que arbitre los medios para que “este sea el último juicio tan flaco. La Corte debería hacer algo para unificar las actuaciones”.
Los organismos de derechos humanos cuestionaron que el primer juicio a un responsable por las violaciones a los derechos humaos acontecidas en la ESMA –por donde se estima pasaron unos cinco mil desaparecidos- sea por solo cuatro casos y contra un solo represor. No obstante estas críticas, las victimas decidieron seguir adelante con el juicio, porque estiman que un juicio más abarcativo, que incluya al resto de los represores, demoraría no menos de dos años. A la vez, consideran que como el Estado no puede garantizar la continuidad de los juicios es necesario aprovechar cuanta oportunidad surja.
La fiscal Mirna Goransky había impulsado la suspensión de la audiencia, con el argumento de que esta causa implica una exposición innecesaria de los testigos, que tendrán que volver a contar una y otra vez las mismas historias dolorosas cuando se realicen los juicios que investigarán a otros represores.
Yanzón también exigió que el acusado llegue esposado, como suele suceder con todos los procesados con prisión preventiva, a la sala de audiencia. Se quejó del trato dispendioso que tiene Febres, detenido en una sede de la Prefectura situada en la zona del Delta, en Tigre. Miriam Bregman, otra de las abogadas querellantes, también pidió que el imputado sea trasladado a una cárcel común, sin ningún tipo de privilegios. El tribunal consideró que “no era necesario mientras dure el proceso”, con lo que deja abierta la posibilidad de hacer lugar en el caso de que exista condena. Febres –que pidió autorización para no presenciar las audiencias hasta la lectura de los alegatos- podría llegar a recibir un castigo de hasta 25 años de prisión. La abogada también reclamó que se arbitren todas las medidas de protección necesarias para los testigos, recordando que hace más de un año desapareció Jorge Julio López, uno de los principales testigos en la causa que terminó con reclusión perpetua del represor de la policía bonaerense Miguel Etchecolaz.