Nota

Declaró Vanesa en la segunda jornada del juicio: “Le quebraron la vida”

Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, prestó declaración ante el Tribunal en la segunda jornada del juicio.

Publicada

hace 9 años

05/05/2015

El reloj marcaba las 10:45 cuando los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño, del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza, ingresaron a la escena, subieron los pequeños escalones y se sentaron frente a una audiencia repleta.

Declaró Vanesa en la segunda jornada del juicio: “Le quebraron la vida”

Vanesa declara ante el Tribunal. Foto: Leandro Alba, de El1 Digital

El público, como parece ser habitual en los juicios, se paró y se sentó al mismo tiempo que los magistrados. Algunos se quedaron en sus asientos, omitiendo ese detalle puramente formal.
Volpicina, presidenta del TOC, saludó dando inicio a la segunda jornada del juicio por torturas a Luciano Arruga en el galpón especialmente acondicionado de la Unión Industrial de La Matanza: “La fiscalía dirá cuál es el primer testigo”.
El fiscal José Luis Longobardi respondió: “Vanesa Romina Orieta”.
La sala hizo silencio y miró hacia la única dirección posible. La hermana de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue detenido ilegalmente el 22 de septiembre de 2008 en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa entró y dejó el bolso al lado de la puerta. Caminó, seria, hasta el banquillo, y se sentó mientras se sacaba el abrigo. Su testimonio era lo más esperado de la segunda jornada del juicio por torturas y, por lo que ocurrió después, también fue lo único. Miró hacia el Tribunal, que le pidió nombre completo, oficio u ocupación, y respondió: “Desde la desaparición de mi hermano hago lo que puedo. A veces ayudo a mi mamá con las artesanías”.
Se dio paso a las preguntas del fiscal Longobardi, quien le pidió que reconstruyera aquel 22 de septiembre de 2008 con la mayor precisión posible.

La bandera

La jornada comenzó más temprano que el día anterior. A partir de las 9:06 los secretarios del juzgado y oficiales salieron a informar que el público podía ir entrando. En ese momento no había organizaciones sociales ni políticas, que llegaron después. Tampoco la policía había desplegado el excesivo operativo del día anterior. La calle no estaba cortada, y sobre la valla reposaba una bandera con el rostro de Luciano que lo decía todo: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”. Luciano fue torturado aquel 22 de agosto de 2008, tema que se juzga ahora. Además, desapareció en enero de 2009. Su cuerpo fue encontrado como NN en octubre de 2014.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH) estaba presente y luego llegaron las representantes del SUTEBA local. No estaban las cámaras de televisión y había menor presencia periodística. Sin embargo, la sala se llenó: más de 70 personas. Entre el público estaban Alberto y Leonardo Santillán, papá y hermano de Darío Santillán, uno de los piqueteros asesinados en junio de 2002.
También estaban en la sala los abogados defensores de Julio Diego Torales, el policía al que se juzga por torturador: Juan Grimberg e hijo, Gastón Jordanes, y un ayudante. El propio Torales se ubicó allí, suspirando mientras se acomodaba el traje. Hablaba con Jordanes, que le explicaba algo. Torales asentía.
A las 10 las partes ya estaban acomodadas.
Cuarenta y cinco minutos después entraron los jueces.

El cuaderno

Vanesa Orieta se tomó unos segundos antes de contestar la pregunta del fiscal.
“Era 22 de septiembre del año 2008. Me acerqué por la mañana al destacamento. No puedo precisar el horario exacto. Llegué al hall de entrada. Me atiende una persona femenina. ‘Vengo a retirar a mi hermano’, digo. Ella tenía mala predisposición. Entonces pido hablar con el responsable a cargo”. Vanesa remarcó que el tono con que se expresó ese día tenía que ver con otras experiencias con la policía, que luego relataría: “Mi hermano era perseguido por la gente de ese destacamento”). Recordó que la oficial le dijo: “Esperá acá”.
Continuó Vanesa: “Se acerca una persona masculina que se presenta como Diego Torales. Lo anoté en un cuaderno. Me dijo que no podía ver a mi hermano. Le dije que era menor de edad y quería ver si estaba bien. Torales no estaba de buen humor. No contestaba bien. Me dice algo así como: ‘Vos sabés lo que hizo. Es un chorro’. Le dije: ‘¿Y vos quién sos para decirme eso?’”.
La hermana de Luciano contó que el oficial le preguntó si quería ver lo que había robado. “Decime lo que quieras, pero si no veo a mi hermano, yo no te creo”, le respondió. Vanesa dijo al Tribunal: “Los policías se estaban zarpando con él. La única persona a la que iba a creer era mi hermano, y todo me daba a entender que era una detención más de las que venía sufriendo”.
Ese día le preguntó a Torales quién era el juez, quién era el denunciante. “Torales ya estaba enjuiciando a mi hermano de hecho”, señaló Vanesa. Y le demostró una ilegalidad: “Mi hermano es menor de edad, tendría que estar en el hall”. Luciano estaba en la cocina. Nuevamente surge en el juicio que la dependencia policial no estaba acondicionada para llevar detenidos.
Vanesa dijo que estaba nerviosa: “Tenía miedo por mi hermano. Tenía mucha rabia pero sentía que no tenía la fuerza para pelear con esas personas que eran el doble de grandes que yo y tenían un arma”. La hermana de Luciano señaló que Torales le pedía algún documento de identidad de Luciano para soltarlo (lo que Mónica Alegre, mamá de Luciano y Vanesa, había contado en la primer audiencia). Relató la secuencia. “Se lo dimos, Torales dijo que no le servía, que necesitaba una fotocopia. Tenía una fotocopiadora atrás. Dijo que no le andaba. Fuimos a hacer la copia. Pero después nos dijo que no le servía porque no podían constatar que mi mamá era la mamá de Luciano”.
Por eso Mónica viajó hasta Puente La Noria a encontrarse con la hermana, para llevar el acta de nacimiento de Luciano, tal como relató.

El verdugueo

Vanesa narró que Torales hablaba por teléfono en el hall del destacamento. Iba y venía. “Le dije que era mi derecho verlo (a Luciano), que corría riesgo su vida”. Evocó que Torales se corrió el teléfono de la oreja, tapó el auricular y dijo: “¿Te podés callar que estoy hablando con el juez?”. Siguió la joven: “En ese momento se abre la puerta de la cocina y escucho que mi hermano gritaba…”.
Vanesa detuvo el relato. Silencio.
Siguió: “Escucho que gritaba: ‘Vanesa, sacame de acá porque me están pegando’”.
En la sala muda, Vanesa se quebró.
Le ofrecieron un vaso de agua. “No, gracias”, respondió.
Continuó: “Le grito al juez que le estaban pegando a mi hermano”. Su tono de voz se acentuó: rebotó por toda la sala. “¿Cómo explicar las emociones que empiezan a correr por el cuerpo de uno?”, preguntó a la sala. “Quería romper todo. Y así y todo tenía que pensar que tenía a mi hermano encerrado”.
Vanesa expresó que los policías “verdugueaban” a Luciano desde antes de aquel 22 de septiembre.
El Tribunal le preguntó a qué se refería con verduguear.
Longobardi: “Explique para que el Tribunal la entienda. Yo soy de barrio y me puedo dar una idea”.
Vanesa: “Que lo paren en la vía pública, que le pusieran un arma en la espalda y le digan ‘quedate quieto, negrito, que te meto un tiro’, que le digan ‘negro villero´”. La joven hizo un corte en su propio relato para explicar que sabía a qué se estaban refiriendo los jueces: expresó que estaba diferenciando el “verdugueo sistemático” que sufría su hermano con el que padeció en el destacamento. Sobre ese día, explicó: “Me refiero a ostentar el poder policía, el tono violento. Eso lo va dejando a uno en un lugar chiquito, en el que no sos ciudadana. Me estaban humillando. Estaba en desigualdad de condiciones”.
Reconoció Vanesa que ese día tuvo miedo. El fiscal le pidió más detalles. “A medida que pasaba el tiempo uno iba teniendo más inseguridad de no saber si iba a salir bien (por Luciano). Sentía miedo que le pasara algo. A ver: cuando uno viene de un barrio humilde, está acostumbrado a naturalizar esas formas”.
Ante una pregunta del fiscal, dijo que no podía especificar si a Luciano le estaban pegando en aquel mismo momento. “No tenía contacto con él. Eso me daba terror”.
La jueza Liliana Logroño le preguntó qué actitud tomaba Torales ante sus reclamos. “Siguió ahí. Maltrataba mi vida, la de mi mamá, la de mi hermano (volvió a quebrarse). Yo tenía miedo de reaccionar mal. Me estaban haciendo mal. Ahí le dije: ‘Torales, lo que estás haciendo está mal’. Yo estaba nerviosa, como cualquiera que tiene un familiar encerrado al que le están pegando. ¿Qué va a hacer uno?”.
Su pregunta rebotó por el Tribunal buscando alguna respuesta.
El relato siguió: “Eso es verduguear. Pensar que porque son dos mujeres indefensas las trato como quiero; creer que por ser mujer una está en desigualdad de condiciones”.

Los 20 pesos

Vanesa pudo referir algunos horarios ya que en ese momento estaba trabajando en un call center en Morón. Contó que había aceptado ese trabajo porque era de cuatro horas, y que también le permitía estar en su casa más tiempo con su hermano. “Era un lugar donde se sentía seguro”, dijo.
El 22 de septiembre se tendría que haber ido a las 15 para poder llegar a horario: “A esa hora todavía estaba ahí. Llamé y dije que llegaba más tarde. Sabía que mi vieja se tenía que ir (a buscar la documentación), pero yo no podía perder el trabajo porque no podía pagar el alquiler ni ayudar a mi vieja”. Se terminó yendo a las 16. “Todavía no lo había podido ver”, especificó.
Logroño le preguntó si le dijeron quién era el juez.
Vanesa: “No me decían nada”. Lloró.
Relató que salió alrededor de las 20.30 de trabajar, aproximadamente. Fue a lo de Mónica. “Vivía en una casa de 4 metros por 3. Una cama cucheta de frente a la puerta, otra cruzada. Luciano estaba sentado de frente a la puerta. Le digo: ‘Negro, la puta madre, ¿vos te robaste ese teléfono de mierda?’”.
Silencio.
Contó que Luciano levantó la cabeza. “Me dice: ‘Vos sos una pelotuda: no robé nada y encima me pegaron’”.
Luciano lloraba, le dijo que lo agarraron cuando estaba yendo a trabajar, y que lo golpearon adentro del destacamento. “Me nombró gente”, recordó su hermana. “El único nombre que retuve fue Diego Torales. Era el único con el que me relacioné”.
Vanesa recordó la frase de Luciano: “Mientras uno me agarraba, el otro me pegaba”.
Siguió: “Me decía que lo humilló”. Su mamá le contó que había salido muy nervioso, y que empezó a señalar a quienes le habían pegado. Uno de ellos era Torales. “Después el me contó que le dijeron que si no se tranquilizaba lo iban a mandar a la Comisaría 8º donde había violadores que se iban a encargar de él”.
Siguió: “Luciano me dijo que Torales era un forro, un hijo de puta”.
Siguió llorando y contando: “Nos contó que pidió de comer, le dieron un sandwich y se lo escupieron”.
Vanesa especificó que Luciano se tocó la parte baja de la espalda para decirle que le dolía. “Y un poco la cara y la cabeza”, le agregó. Se veía la hinchazón en el rostro. No en el cuerpo: “No lo examiné”. Fueron al Policlínico de San Justo. “Negro, hay que hacer la denuncia porque no podemos seguir así. No es vida”, le dijo Vanesa.
Fueron en colectivo. En el Policlínico le dijeron que tenía que sacar turno. Vanesa paró a un médico y le explicó que su hermano había salido de un destacamento y tenía dolores. Lo sentaron en la camilla. “El médico tuvo una actitud solidaria”, reconoció Vanesa, en lo que habrá sido el único gesto de esas características que recibieron ese día. Le pidió un certificado y que quedara constancia en el libro de guardias ya que tenían pensado hacer la denuncia. El médico no le sacó radiografías.
Volvieron del Policlínico caminando, 20 cuadras, casi a medianoche, porque no tenían plata.
“Luciano también me cuenta que había entrado (al destacamento) con 20 pesos y no se los devolvieron”, recordó Vanesa.
Y se rió: “Supuestamente lo detienen por un delito y fue la policía la que no le devolvió los 20 mugrosos pesos”. Por eso precisó que al día siguiente llamó a la dependencia y pidió hablar con Torales. Le recriminó que no le hayan devuelto la plata. “No tenía nada”, fue la respuesta.
Vanesa, al Tribunal: “Era lo único que teníamos. Con eso no nos íbamos caminando del hospital”. Nunca se los devolvieron.
“Era muy reiterada la tortura psicológica sobre mi hermano”, remarcó.
El fiscal dijo que no tenía más preguntas.

“De repente fue un chico triste”

Maximiliano Medina, del CELS, le pidió algunas precisiones sobre la persona que la atendió ese día: “Era mujer, pelo tirando a rubio, enrulado, robusta. Con pantalón y borcegos de policía”.
Sobre el horario: “A las 16 todavía estaba en la cocina. Así me dijeron cuando llegué. Yo tenía muy claro que no era un lugar acondicionado para alojar detenidos. Luciano después me dijo que estuvo en la cocina todo el tiempo, con las manos atadas, que lo tuvieron un rato con las esposas y después se las sacaron”.
La defensa pidió que constara en actas.
“¿Estuvo más de dos horas allí?”, preguntó la querella. “Más de dos horas seguro”, dijo Vanesa, que remarcó un detalle: “Si hubiera estado el juez de menores podría haber hecho un retrato mejor”.
Describió luego cómo Luciano cambió tras la detención. “Era un pibe con una risa tremenda, porque tenía 16 años, porque estaba viviendo. Y de repente fue un chico triste. ¿Cómo explicar las veces que vi llorando a mi hermano?”.
Se quebró. “¿Cómo te sentís si no podés salir de tu casa? ¿Cómo saldrían los hijos de ustedes si les pasa eso? En el último tiempo mi hermano estaba mal. Esa detención es cruel. Es una situación límite”.
Sobre qué pasó con la denuncia: “No la hicimos. Asumo la responsabilidad. Pensaba en la seguridad de mi familia. Mi vieja estaba sola. La situación estaba terrible: ella estaba viviendo mal”. Miró al Tribunal: “Perdón, pero los tiempos de la justicia son lentos para la urgencia que uno tiene”.
Ilustró a los presentes: “Uno hace la denuncia, la policía se entera y la cosa se pone peor”.

“Le quebraron la vida”

La defensa pidió la palabra. Habló Juan Grimberg. Quiso apuntar una supuesta contradicción. Mientras buscaba con las dos manos la foja exacta en el expediente, su hijo le sostenía el micrófono para que hablara. Le especificó al Tribunal qué línea debía leer.
Para el fiscal no había contradicción. “Sólo aclaró más un punto sobre el que antes había expresado dudas”, dijo Longobardi.
La jueza Volpicina tampoco consideró la contradicción. Le sugirió que reformulara una pregunta. “Algo ya dijo de eso”, remarcó. Nadie en la sala sabía a qué se estaban refiriendo.
Grimberg finalmente dijo: “Usted hizo referencia a que Luciano dijo que Torales fue uno de los que le pegó”.
Vanesa: “Me cita nombres. En un momento me dice Torales”.
Grimberg: “Simplemente recuerde lo que le dijo su hermano”.
La jueza Logroño intervino: “Acaba de decirlo”.
Grimberg pasó a otro tema. Le preguntó en qué momento fue esposado Luciano.
Vanesa: “Pasaron 6 años y voy a decir lo que me acuerdo”.
Volpicina hacía gestos con las manos: “Disculpe, hay una mosca. Siga”.
Vanesa: “Hay cosas que me dijo en una situación traumática que no te puedo afirmar. Pero Torales una de las dos acciones la hizo, y te puedo decir que una u otra es violatoria de sus derechos. Él podía haber frenado la situación. A mi hermano le quebraron la vida. Es un daño irreparable. Y él (Torales) era testigo”.
Grimberg hizo un silencio. Le preguntó luego si tenían asesoría legal. Vanesa: “No, pero es una buena pregunta. No teníamos un mango, señora (mirando al Tribunal). Y si ese día iba un abogado, Torales tendría que haber hecho lo que tenía que hacer. Los dos somos laburantes (Torales y ella): pero él estaba en otra relación de poder”.
Así, en 5 segundos y en una línea, Vanesa Orieta resumió la bibliografía entera de investigadores, sociólogos, filósofos y académicos que se dictan en las carreras de ciencias sociales.

Impertinente

“¿Militabas?”, preguntó Gastón Jordanes, otro de los abogados.
La pregunta desató algunas risas inesperadas en la audiencia. “No, trabajaba”, dijo Vanesa.
Luego Grimberg pidió la reserva de la testigo. Esto es: cuando un testigo termina de declarar, puede integrarse al público de la audiencia, pero si una parte pide su reserva, la persona vuelve al recinto para una eventual ampliación de su testimonio.
El fiscal le preguntó a qué efectos realizó la petición.
Volpicina: “No tiene por qué decirle. Es una estrategia. Me sorprende que lo pregunte”.
El Tribunal inquirió si alguno tenía otra pregunta.
Grimberg buscó pegar bajo y embarrar a las víctimas: se metió en preguntas sobre la vida personal de Vanesa Orieta, sobre su ex pareja, sobre si era abogado, que motivaron la queja del fiscal y los abogados de la familia Arruga. “Es manifiestamente impertinente”, dijo Medina, que subrayó que no tenía ninguna relación con el objeto procesal.
Esto es: las torturas que sufrió Luciano el 22 de septiembre de 2008.
Grimberg insistió en preguntar con quién fue Vanesa al destacamento luego de la desaparición de su hermano el 31 de enero de 2009. Es decir, se remontó a un hecho posterior al que se juzgaba. La estrategia -puede suponerse- consistía en saber si contaba con asesoría legal. Más quejas de las partes. Logroño sostuvo que Grimberg se refería a una secuencia que consta en la causa por torturas, que en todo caso el fiscal después debería valorarla o no. Más quejas.
“Perdón, ¿puedo decir algo?”, preguntó Vanesa.
Volpicina: “No, todavía no”.
Debatieron un rato. Finalmente, Volpicina dijo que el Tribunal, con la disidencia de Logroño, le daba la razón a la fiscalía. Le recordaron a Vanesa que debía volver al cuarto porque pidieron su reserva. “Por favor, déjenme fumar un cigarrillo”, pidió Vanesa. Le dijeron que sí.
Cuando Vanesa Orieta se levantó, la sala explotó en aplausos. Los ojos de los jueces desorbitaban. Los jueces se pararon, el público se paró. Volpicina llamó a un cuarto intermedio. El público comenzaba a enfilar hacia la puerta cuando la presidenta del Tribunal elevó la voz: “Primero los jueces, después el público”.
Eran las 13 pasadas.

¿Testigos o sospechosos?

Volvieron a las 13:27.
Ya no quedaban más testigos. Grimberg leyó la lista de testigos que llamarán los próximos días.
Volpicina: “Ayer dijimos que hoy se iban a escuchar a los de la defensa”.
Grimberg: “Tuvimos problemas con las notificaciones. Al único que podía lo estaban operando”.
La jueza recordó que, por común acuerdo de las partes, las audiencias se llevarían en 5 días. Le sugirió que procurara los testigos el miércoles: “El viernes se termina el debate”.
El fiscal Longobardi se opuso a llamar como testigos a las personas que leyó Grimberg. Seis de ellos eran policías que estaban de servicio el día que detuvieron a Luciano Arruga. “Hay una causa abierta para saber quiénes son los otros dos que denunció que le pegaron”, argumentó el fiscal. “Y, según surge de los lineamientos, más que testigos pueden resultar que sean sospechosos”.
Los abogados de la familia sostuvieron lo mismo. Medina, del CELS, leyó los horarios que cada uno de los oficiales cumplió ese día: todos estuvieron en el destacamento mientras Luciano estuvo detenido y denunció que lo golpearon, que le escupieron la comida y amenazaron con violarlo. “Ellos no son testigos, porque no son ajenos al hecho”, sostuvo, y recalcó que no sólo pueden ser coautores, sino sospechosos de omitir y ocultar lo que denunció la familia. Además, apuntaron que puede incurrirse en una violación de sus propios derechos y en la garantía de sus debidos procesos.
Los policías:

Néstor Guillermo Díaz.
Miguel Ángel Olmos.
Damián Marcelo Sotelo.
Miguel Osvaldo Soraire.
Mónica Viviana Chapero.
Sergio Oscar Fékter.

Nota aparte: Díaz, Sotelo y Fékter son denunciados como tres de los 8 policías implicados en la deasparición de Luciano Arruga el 31 de enero de 2009.
La fiscalía y los abogados también se opusieron a llamar a otros tres testigos referidos al supuesto robo por el que detuvieron a Luciano. De este llamamiento se desprende que la intención de la defensa es desacreditar a Luciano Arruga y su familia. ¿Qué pueden aportar en un juicio donde se evalúa si un joven de 16 años fue torturado física y psicológicamente en una dependencia policial?
Desde el Ministerio Público Fiscal, alguien comentó: “Así sea Bin Laden, no se lo puede ni tocar”.
El Tribunal llamó a un cuarto intermedio para decidir. Eran las 13:45.
Volvieron 14:12. Le dieron la razón a la defensa.
Desde la fiscalía adelantaron que si la sentencia concluye en absolución y toma en cuenta esa prueba, presentarán un agravio en Casación por aceptar “pruebas que no podrían producirse”.
Finalmente, el Tribunal cerró la jornada hasta el jueves a las 9 de la mañana.

Temas:

Tercera audiencia por Luciano Arruga: el turno de los policías

Luciano Arruga: detalles y sorpresas de la primera jornada del juicio

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: