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Tercera audiencia por Luciano Arruga: el turno de los policías

Uno de los ex policías del destacamento donde fue torturado Luciano reconoció que fue encerrado en la cocina. La polémica sobre si los sospechosos pueden ser testigos. Este viernes se escucharán los alegatos, a partir de las 12.

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Uno de los ex policías del destacamento donde fue torturado Luciano reconoció que fue encerrado en la cocina. La polémica sobre si los sospechosos pueden ser testigos. Este viernes se escucharán los alegatos, a partir de las 12.

La señora con cara de maestra de primaria cruzó la calle vallada a un trote cansino. Eran las 8:45 y el frío congelaba los dedos. La señora, petisa y con lentes, le habló a los hombres que cargaban materiales en un camión estacionado exactamente al frente de la Unión Industrial de La Matanza, el lugar donde desde el lunes se está realizando el juicio contra el policía Julio Diego Torales por las torturas a Luciano Arruga el 22 de septiembre de 2008.
juicio por luciano
-Mañana cierran. Si llegan a fallar en contra de lo que el público quiere, no sabemos qué es lo que puede pasar.
La señora volvió a cruzar la calle y se metió en la sede local de la Unión Industrial.
La mujer estaba equivocada: mañana viernes no será el día de la sentencia, sino de los alegatos. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza (TOC), presidido por Diana Volpicina, y seguida por Gustavo Navarrine y Liliana Logroño, tendrá hasta cinco días para decidir si encuentra culpable a Torales de las torturas a un chico de 16 años, realizadas donde nunca tuvo que estar: una dependencia policial.

¿Testigos o sospechosos?

Había expectativa y nervios en la previa. Por pedido de la defensa estaba previsto que el Tribunal citara a declarar a seis policías en carácter de testigos. Tanto el fiscal José Luis Longobardi como los abogados de la familia Arruga (María Dinard y Maximiliano Medina, por el CELS, y Juan Manuel Combi, por la APDH-La Matanza) se opusieron. “No son testigos porque no son ajenos al hecho”, manifestaron, y subrayaron que pueden ser coautores de la tortura y sospechosos de omitir y ocultar lo que denunció la familia.
Dos de los policías (Miguel Ángel Olmos y Miguel Osvaldo Soraire) ya han sido condenados por encubrimiento: fueron los que llevaron en el patrullero a Luciano Arruga hasta el destacamento.
Otros tres (Néstor Díaz, Damián Sotelo y Sergio Fékter) están siendo investigados por la desaparición de Luciano, perpetrada aquel 31 de enero de 2009. Estos cinco oficiales, además, estuvieron cumpliendo funciones el día que torturaron a Luciano, al igual que Mónica Viviana Chapero, otra de las citadas. De este grupo sólo declararon Olmos y Chapero. La defensa (comandada por Juan Grimberg e hijo, más Gastón Jordanes y otro ayudante) desistió del resto.
El otro testigo al que la fiscalía y la querella se opusieron es Joel Colla, la víctima del supuesto robo por el que detuvieron a Luciano, excusa con la cual lo llevaron de forma ilegal al destacamento. Del llamamiento se desprendía que la intención de la defensa era desacreditar al joven de 16 años y su familia. Si no: ¿cuál es la prueba que pueden aportar al proceso si lo que se está evaluando es si un chico fue torturado física y psicológicamente en una dependencia policial?
Cuando a las 9:30 el público comenzó a entrar, las dudas ya flotaban en el ambiente.

La moción

A las 10:37 entraron los jueces.
El fiscal Longobardi, antes de convocar al primer testigo, solicitó una moción sobre lo expresado en la audiencia anterior: “Dos de los testigos, Olmos y Soraire, fueron condenados por un encubrimiento que está íntimamente relacionado. El hecho, según se desprende de la sentencia del tribunal de primera instancia, se habría producido desde el lugar de aprehensión hasta el destacamento”. Además, sostuvo que, en la causa madre por torturas, los policías sindicados son tres (además de Torales), y ya fueron solicitadas ruedas de conocimiento para Olmos y Soraire, aunque no se han realizado. El fiscal concluyó con lo evidente: hasta pueden ser coautores de lo que se investiga en esta causa. “Puede ser autoincriminatorio”, precisó.
El juez Navarrine respondió: “Estos testigos fueron propuestos por la fiscalía ya teniendo en cuenta esto. Nos sorprende la contradicción”.
Fiscal Longobardi: “Es una contradicción y hasta lo asumo. Pero prefiero advertirlo antes de que se produzca una vulneración constitucional”.
Jueza Volpicina: “Ya lo sabemos, pero fueron propuestos por la fiscalía y la querella”.
Medina, del CELS, intervino: “No: no propusimosa ningún funcionario policial”.
Los jueces se miraron entre sí, confusos.
Finalmente, procedieron a llamar el primer testigo: Joel Iván Colla.
juicio por luciano 2

Pertinencia

Colla es joven, peinado con jopo, un piercing en su ceja izquierda. Trabaja de forma independiente en la construcción y, en septiembre de 2008, iba al colegio Pablo VI de Lomas del Mirador.
¿Algún vínculo con Julio Diego Torales?
“No”, respondió.
¿Algún vínculo con Luciano Arruga?
“No”, repitió.
La primera pregunta de la defensa estuvo referida al colegio al que iba.
“Me opongo”, dijo Medina. “Es impertinente. No hace al objeto procesal”.
El fiscal coincidió.
Jueza Volpicina: “Disculpe, las valoraciones son de ustedes. Acá nosotros no sabemos nada”.
Jueza Logroño: “No insista porque ya lo decidimos”.
Medina (CELS): “Es un hecho ocurrido en un colegio: no forma parte del objeto procesal”.
Los tres jueces se acercaron a dialogar. La jueza Volpicina apuntó que antes de decidir, corría vista de la queja a la defensa.
Defensor Grimberg: “Improcedente. Fue ofrecido por la fiscalía. Estamos en un debate donde el único interés es conocer la verdad”.
El fiscal Longobardi quiso contestar, pero la jueza Volpicina le advirtió que no tenía réplica. El fiscal le citó el Código y apuntó que tiene que correr vista a las partes. “Bueno, a ver”, aceptó la jueza.
El fiscal elevó la voz: “¿Cuál es la pertinencia? ¿Qué importa si robó o no? ¡Lo que se decide es si le pegaron o no, y las consecuencias físicas y psicológicas! ¡No podemos hablar de alguien que no está acá!”.
Los jueces volvieron a juntarse y debatir entre sí. El juez Navarrine tapaba el micrófono para que no se escuchara la deliberación. Finalmente, la jueza Volpicina le corrió vista a los abogados. Medina (CELS): “La pregunta tiene que estar dirigida al objeto del debate (torturas), no del que fue víctima”.
Los jueces se juntaron a hablar por tercera vez.
Silencio absoluto.
Sólo una puerta mal cerrada chirriaba.
La jueza Volpicina comunicó la decisión: “Por unanimidad el tribunal resuelve rechazarlo. Desconocemos al testigo. Me entero ahora de las alegaciones del fiscal. Nosotros no conocemos nada y tenemos que respetar la estrategia de la defensa”.
La presidenta del TOC le pidió entonces al defensor Grimberg que reformulara la pregunta.
Grimberg le pidió que describiera lo que le ocurrió el 22 de septiembre de 2008.
El resumen de lo que declaró Colla: que eran aproximadamente las 10 de la mañana, que estaba con dos amigos, que alguien les dijo “denme todo”, que no le vio la cara, que hizo la denuncia en el colegio, que a la tarde le dijeron que habían detenido a una persona, que aproximadamente a las 15 fue al destacamento con su madre, que le devolvieron los objetos.
Sólo eso.
Nada referido a las torturas que padeció Luciano Arruga.
Nada referido a Luciano Arruga, en realidad.

La remera y el chico

La defensa desistió de otra de las testigos referidas al robo. Su siguiente convocado fue el ex policía Miguel Ángel Olmos.
¿Profesión?
“Estoy desocupado.
¿Y en septiembre de 2008?
“Estaba en el destacamento: era subteniente”.
¿Vínculo con Torales?
“En el horario de trabajo”.
¿Con Luciano Arruga?
“Con la aprehensión”.
Grimberg le pidió que contara qué sucedió ese día.
Olmos relató entonces que hacía una “parada fija”, junto a Soraire, en Ruta 3, frente a Santos Vega (un asentamiento de Lomas del Mirador), “por los ilícitos del semáforo”. Contó que por una llamada del 911 los hacen desplazar al colegio, que de ahí dieron con “la persona” a partir de la “descripción de la vestimenta”, que lo dejaron en el destacamento y volvieron a la “parada fija”.
El defensor Grimberg le pidió que contara una “circunstancia” que le pasó en la dependencia.
Olmos hizo referencia a que tenía otro trabajo, que volvió a las 17 al destacamento para vestirse de civil y que no encontraba una remera que había dejado en el baño. Dijo que le preguntó a su compañera Mónica Viviana Chapero por si alguien se la hubiera escondido, y que ella le respondió que se fijara “en el chico”, que había estado en el baño. “La tenía él, la tenía puesta”, concluyó Olmos.
La abogada Dinard, del CELS, le preguntó si estaba solo.
Olmos le dijo que estaba con Soraire.
¿Quién realizó la aprehensión?
“Soraire”.
¿Dónde fue?
“En la villita, la 12…”. Se refiere al barrio 12 de Octubre, donde vivía Luciano.
¿Testigos?
“No se puede, por la gente que se te viene arriba del patrullero”.
¿Dejaron constancia de ese detalle en el acta?
“No recuerdo”.
Olmos dijo que al llevar “al chico” se notificó al oficial y luego se volvieron. “Quedó a cargo de la oficial Chapero”, contó.
¿En qué lugar?
“El único lugar para tener a una persona es la cocina”.
(Nota: nuevamente surgió en las audiencias que el destacamento policial de Lomas del Mirador no era una dependencia acorde para detenciones. Mucho menos, un menor.)
(Segunda nota: Chapero confirmó que Luciano Arruga estuvo ese día en la cocina.)
Sobre la detención, Olmos dijo que “el chico” estaba “parado en el barrio”.
No recuerda si estaba solo.
Tampoco la calle.
Medina señala una omisión del lugar y, luego, una contradicción con los datos que está dando respecto a los que había declarado en instrucción. Le leyó la declaración: “Al llegar a la calle Perú y Bolivia, costeando Perú, fue que vieron a dos masculinos”. ¿Recuerda ahora?
Olmos dijo que no, pero contó que se metieron por los pasillos y que Soraire fue el que lo tomó de la mano. Apuntó que se lo palpó de armas y se encontró “un celular y un mp3”.
El abogado Combi, de la APDH La Matanza, le preguntó por la remera. “Él me la dio”, contestó. “Chapero me dijo que era el único que había entrado al baño era el chico”.
¿Con quién estaba, dónde? Olmos: “En la cocina, con Chapero”.
Combi pidió que constara en actas.
Luego le preguntó cómo quedó vestido: “Con lo que tenía puesto”. ¿Se puso otra remera?
“Tenía un buzo, mi remera y otro buzo”.
Combi volvió a pedir que constara en actas.

“Torales”

El primero de los jueces que habló fue Navarrine. Le preguntó por qué estaba desocupado.
Olmos le contestó que lo echaron hace 4 años, “por encubrimiento”, cuando le faltaba un mes para cumplir 24 años como policía.
Luego le consultó si era “normal” que un aprehendido fuera al baño, ya que “hay medidas de seguridad” para que no se autoagreda.
Olmos dijo que en ese momento estaba Chapero, la ayudante de guardia Sandra García y el propio Torales.
Juez Navarrine: “¿Le sacaron los cordones?”.
Olmos: “No”.
Luego le consultó si tenía algo que destacar de la familia del joven.
No recordó.
Jueza Logroño: “¿A quién le entregó el aprehendido con los objetos?”.
Olmos: “A la oficina”.
La jueza: “Es un habitáculo. Yo pregunto a quién”.
Olmos: “Al oficial de servicio”.
La jueza: “¿Quién?”.
Olmos: “Torales”.
La jueza Logroño le preguntó luego por el examen médico que se debe realizar en todas las aprehensiones.
El ex policía respondió que llevaron con Soraire “al chico” al Cuerpo Médico. Era mediodía.
Ninguno tuvo más preguntas.
Nadie preguntó si era normal llevar chicos a una dependencia que no podía albergar detenidos.

El problemita

Miguel Osvaldo Soraire, el otro policía que estaba con Olmos ese día, también condenado por encubrimiento, fue desistido como testigo por la defensa de Torales.
Llamaron a Mónica Viviana Chapero.
Entró, caminó, se sentó.
¿Dónde trabaja?
“Comisaría de Altos de Laferrere”.
¿En 2008?
“Destacamento de Lomas del Mirador: teniente”.
¿Vínculo con Torales?
“Compañero”.
¿Vínculo con Luciano Arruga?
“No”.
El defensor Grimberg le pidió que contara qué pasó ese día.
“Pasaron muchos años”, comenzó Chapero.
El 22 de septiembre ella estaba como ayudante de guardia (por falta de personal) y Torales como oficial de servicio.“Cerca del mediodía, baja el móvil con un chico. Lo pasan al oficial y yo me retiro”.
Siguió: “Lo requisan, se lo llevan al Cuerpo Médico y lo dejan en la cocina. Yo estaba ahí”. El defensor Grimberg pidió que constara en actas.
Le pidieron las dimensiones de la cocina. “Grandecita”, dijo. “Como de 4 metros por 3”.
Defensor Grimberg: “¿Estuvo ese tiempo permanentemente con él?”.
El fiscal Longobardi intervino: “Me opongo. De surgir lo que sugirió la postura de la fiscalía…”.
La jueza Volpicina interrumpió. Le dio la razón: “Sí, tratemos de evitar para no caer en un problemita”.
Chapero dijo que fue un día normal (“como siempre que se trae una persona demorada”), que después llegaron “los chicos del colegio a denunciar”, y “la mamá y la hermana”. Dijo: “Gritaba, pero estoy acostumbrada”.
Nuevamente intervino el fiscal Longobardi: “Solicito la nulidad del testimonio en base a que todo puede ser utilizado como elementos autoincriminantes”.
La jueza Logroño lo retó: “¡No puede hacerlo con la testigo adelante!”.
La jueza Volpicina ordenó: “Terminemos y luego hace la petición”.

“Torales”

La jueza Logroño le preguntó a Chapero si es normal que griten.
“Hay veces. Hay mujeres que se enojan y entran gritando”.
¿Por qué gritaban?
La oficial: “Entró enojada. No me acuerdo. Le hablaba a Luciano y le contestaba”.
Chapero dijo que no recordaba el diálogo.
Navarrine le preguntó quiénes estaban presentes ese día en el descatamento.
“Sosa, Olmos, Soraire”, respondió. “No me acuerdo quién recorría con Sosa”.
El juez: “¿Quién estaba a cargo ese día?”.
Chapero: “Torales”.
El juez: “¿Qué tiempo estuvo con él?”.
Chapero: “Desde que lo trajeron del Cuerpo Médico hasta que vino el tercio entrante”. Les pidió que se hagan cargo, porque ella tenía que hacer otras cosas. Según especificó, eran las 17 horas.
Logroño: “¿Qué es un tercio?”.
La oficial: “Hay 4 efectivos que trabajan hasta las 17. Después entran otros de 17 a 09”. Chapero se agarró la cara, nerviosa, cuando le preguntaron por los relevos y ella se confundió.
Logroño le preguntó a quiénes relevaban.
Chapero: “Al personal que recorre el móvil y al ayudante de guardia”.
No se acuerda quién entró, pero dijo: “El oficial de servicio no cambia. Laburan día de por medio”.
El defensor Grimberg pidió que constara en actas. Luego le preguntó a qué horario se retiró. Chapero dijo que todavía era de día: 18:30 o 19 horas.
Luego, el defensor Grimberg dijo que liberaban de reserva a Vanesa Orieta (no podía estar entre el público porque la defensa pidió su reserva) y que desistían del testigo Damián Marcelo Sotelo.
No hubo más preguntas.
Chapero se levantó y se fue.

La sospecha

La jueza Volpicina miró al fiscal Longobardi y le dijo: “Ahora sí”.
Longobardi insistió con sus planteos. “Pedimos la nulidad y/o exclusión probatoria”, subrayó, en referencia al testimonio de Chapero, ya que se ubica en el mismo espacio y en la misma hora con Luciano Arruga. “Puede ser autoincriminatorio en caso de condena”, sostuvo. “Se ubica en tiempo, espacio y lugar, no haciendo nada ante los hechos”. Además, agregó que la declaración que la oficial prestó “bajo juramento de ley” podría “generar o frustrar” cualquier otra investigación.
Los abogados de la familia Arruga adhirieron. “Lo que preveíamos, ocurrió”, agregó Medina, del CELS. “Independientemente de la sentencia, hay una posible y grave sospecha sobre Chapero. El testigo debe ser una persona ajena al hecho. Y acá hubo una transgresión a la norma sobre quién es testigo”.
El defensor Grimberg los chicaneó: dijo estar “perplejo”, ya que la querella y la fiscalía “estaba defendiendo” a una persona que “participó de una tortura”.
La jueza Volpicina comunicó que el Tribunal difería de la nulidad planteada.
La presidenta del Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta mañana viernes, a las 12.
Será el turno, finalmente, de los alegatos.
Eran las 12:17 cuando los jueces abandonaron la sala.

Nota

Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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