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Luciano Arruga: detalles y sorpresas de la primera jornada del juicio

Comenzó el juicio por las torturas cometidas contra el joven de 16 años que luego fue desaparecido y en 2014 apareció muerto. El clima en la sala, los testimonios, las piruetas de los abogados, y los enigmas pendientes.

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Comenzó el juicio por las torturas cometidas contra el joven de 16 años que luego fue desaparecido y en 2014 apareció muerto. El clima en la sala, los testimonios, las piruetas de los abogados, y los enigmas pendientes.

Fotos: Leandro Alba, de El1 Digital

Fotos: Leandro Alba, de El1 Digital


Desde bien temprano, el operativo de seguridad desplegado este lunes 4 de mayo en la sede de la Unión Industrial de La Matanza levantó vallas que sirvieron como mural para colgar diversas clases de banderas con el rostro de Luciano Arruga. Un móvil de la Bonaerense cortaba la calle Juan Florio en dirección a la avenida Illia, en pleno San Justo. Por una cuestión de capacidad, ese fue el lugar elegido para realizar el juicio por torturas a Luciano Arruga, el joven de 16 años de Lomas del Mirador que fue detenido ilegalmente durante nueve horas en el destacamento policial de esa localidad, que no estaba acondicionado para alojar detenidos, mucho menos un menor. Allí, aquel 22 de septiembre de 2008, lo golpearon, le escupieron la comida y amenazaron con violarlo, según denunció la familia en esta primera audiencia.

Móviles y galletitas

De a poco, las organizaciones sociales y políticas comenzaron a llegar y poblar lo que sería un escenario histórico: por primera vez en democracia un policía llegaba a juicio por torturas. Se trata de Julio Diego Torales, quien el 22 de septiembre de 2008 estaba a cargo del destacamento, y a quien Luciano señaló como uno de los tres policías que lo torturaron ese día. Se espera que, en el desarrollo de las audiencias, surjan elementos para saber la identidad de los otros dos oficiales.
En esta primera audiencia hubo cámaras periodísticas frente a la Unión Industrial: TV Pública, Crónica, 360 TV, CN23 y TN filmaban la llegada de los móviles policiales mientras se acreditaban periodistas de El 1 Digital (de la Universidad Nacional de La Matanza), La Retaguardia, InfoJus, Cosecha roja y FM En Tránsito. Eran las 11 de la mañana. Había también integrantes de organizaciones como Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires), Apdh (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), H.I.J.O.S y Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional).
La sala se armó en un galpón de la Unión Industrial distrital especialmente acondicionado.  El Tribunal Oral en lo Criminal N°3, es presidido por Diana Nora Volpicina, con Liliana Logroño y Gustavo Navarrine como vocales. Y buscó otorgar la solemnidad que se espera en estos casos, en medio de carteles con publicidad de galletitas, resortes y productos eléctricos.
A las 11:39 ingresaron los jueces.

Fotos: Leandro Alba, de El1 Digital

Fotos: Leandro Alba, de El1 Digital

¿Preso político?

El silencio en la sala sólo era perturbado por los murmullos y las cámaras de fotos. Un batallón se puso delante de Torales: no paraban de fotografiarlo.
Los jueces llamaron a Torales, nacido el 16/6/1980, DNI 28.003.616, secundario completo, de Florencio Varela.  Se sentó en el banquillo.
Le preguntaron nombre, apellido, si tiene algún apodo, y dónde se desempeñaba hasta el momento de ser detenido. Respondió que era oficial principal en Laferrere.
Se levantó y se instaló en medio de su equipo de abogados, conformado por Juan Grimberg y su hijo; y Gastón Jordanes y otro ayudante.  Algunos firmaron a último momento sus cargos.
Luego se leyeron los lineamientos de las partes.
El Ministerio Público Fiscal, representado en el juicio por José Luis Longobardi, especificó que Luciano Arruga fue conducido y detenido al destacamento de Lomas del Mirador entre las 11 y las 19.30 de aquel día, y que allí fue “maltratado” por tres oficiales, entre ellos Torales. Fue amenazado: “Te van a llevar a la Comisaría 8 º donde están los violines” (en referencia a los violadores). Además, Longobardi agregó que el traumatismo que sufrió Luciano producto del maltrato debe ser encuadrado como torturas, ya que “se lo intentó humillar, se lo destrató como persona”.
A su lado estaban los tres abogados que representan a la familia de Luciano. María Dinard y Maximiliano Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Dinard argumentó que Luciano estuvo incomunicado, en un “extremo estado de vulnerabilidad, y aislado”. Que Torales “lo golpeó en el rostro y cuerpo”. Y que el joven de 16 años sufrió “amenazas contra su integridad sexual”.
Finalmente, los lineamientos de la defensa de Torales, argumentados por el abogado Juan Grimberg, despertaron algunas risas en la sala: “Mi defendido tiene que cargar por ser un detenido por razones políticas, influenciado por un organismo con llegada al Poder Ejecutivo Nacional”.  Además, tildó al proceso de “exótico” y de “engendro jurídico”, ya que la “imputación no responde a los derechos humanos” porque la acusación era “inexistente”.
Entonces el TOC llamó a la primera testigo del juicio: Mónica Alegre, mamá de Luciano.

Fotos: Leandro Alba, de El1 Digital

Fotos: Leandro Alba, de El1 Digital

“Me están matando a palos”

La jueza le pidió nombre completo, domicilio, le recordó que la ley castiga con 10 años de prisión a los que mienten. Mónica Alegre miraba. Sobre su profesión u oficio, sencillamente respondió: “Trabajo como artesana”.
Le preguntaron si conocía a Torales: “Lo conozco de ese día”. Contó que Luciano salió el 22 de septiembre temprano, entre las 7 y las 7.30 de la mañana a trabajar a la fundidora donde iba con su hermano menor. Pasado el mediodía un móvil policial llegó a su casa, en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, y le informó que su hijo estaba preso por robo, supuestamente de un mp3 y un celular). Mónica fue al destacamento. “Me hicieron esperar ahí”, dice. Cuenta que lo vio al propio Torales, que le dio la mano. “Quiero ver a mi hijo”, repitió sus propias palabras Mónica. Le dijeron que su hijo estaba “incomunicado, detenido por robo”.
Mónica: “Atiné a llamar a mi hija. No sabía de leyes”. La hija de Mónica es Vanesa Orieta.
Recordó que alrededor de las 14.30, nerviosa, pidió ver a Luciano. Escucharon un grito. Relató Mónica: “Vane dice que lo suelten. Se ve que Luciano escucha la voz, y dice: ´Vane, sacame de acá que me están matando a palos´. Se escucha que se cierra una puerta. Se escucharon ruidos, gritos: ´Salí, no me pegues´. Pido sacarlo, pero no tenía la documentación. Entonces fui a buscar la partida de nacimiento: necesitaba ese papel”. Lo tenía su hermana.
Mónica fue a buscarlo hasta Puente La Noria. Se tomó dos colectivos (“Habré tardado dos horas”). Volvió y lo presentó. Serían las 19. Cuando entregaba la documentación, salió un policía. “No me acuerdo el rostro, tenía la cabeza gacha”. Luciano lo señaló: “Él me pegó –recuerda Mónica- y Torales le pregunta: ´¿Quién te pegó´. Luciano dice: ‘Vos. Y él también’”.
La mamá de Luciano recordó un diálogo que tuvo con su hijo en aquel momento y durante la vuelta. Ella le decía que se calle, que no dijera nada. Luciano le respondió: “A vos porque no te recagaron a palos, no te reventaron los huesos, no te escupieron gargajos al sánguche ni te pegaban mientras lo comías”.
Mónica también recordó cuando Torales le dijo “negro rastrero” a Luciano. Ella estaba enfrente. Fue después de que Luciano agarrara el celular que el policía estaba cargando para arrojarlo, nervioso. “Cuando salimos lo quise abrazar y me dice que no lo toque, que le dolía”. Agrega: “Le vi marcas en el pómulo, rojo, como hinchado”.
Esa misma noche Vanesa llevó a Luciano al Policlínico de San Justo a constatar las heridas.
A partir de las preguntas del fiscal, Mónica recordó más detalles:

  • Recuerda que Torales le dijo a Luciano: “Te callás o te meto de vuelta adentro. Te voy a mandar al pabellón rosa. ¿Ya lo conocés, no?”
  • Luciano tenía mucho miedo después de esa detención. “Cambió: ya no quería salir. Se volvió cuidadoso”.

Ofrecimiento para robar

El fiscal pidió que quede constancia por omisión de un párrafo del expediente. Citó la foja y la línea. «¿Empezando de arriba o de abajo?» consultó la jueza. El fiscal pidió además agregar al testimonio una frase de Luciano: “Vos me pegaste mientras otros dos me sostenían” y la de la amenaza de llevarlo a la Comisaría 8º “donde estaban los violines”.
Mónica agregó, mirando al Tribunal: “Todo empezó cuando tuvo el ofrecimiento de robar para la policía. Lo amenazaban. Le pusieron una escopeta al pecho. Lo estaban ahogando de a poco, hasta que llegó el 22 de septiembre. Ahí empezó una persecución”.
A pedido de sus abogados, Mónica dibujó un croquis del destacamento. Recuerda otra frase de su hijo tras el hostigamiento: “Cuando veas un patrullero, cruzate de calle”. Mónica respira. Le dan un vaso del agua. Desde el Tribunal le preguntan si quiere esperar para seguir.
Responde: “No. Ya estoy acostumbrada”.
La sala la escuchaba citar a Luciano: “El día que yo me vaya cuidá a mi hermana. Es mi vida. Y a mis hermanos. Yo me voy a ir antes que vos, ma. Poné mi camiseta de River. Prometeme que me vas a envolver con mi bandera”. Agregó Mónica: “Los sueños de conocer el mar y de terminar el estudio, ya no estaban”.
La defensa pidió la palabra. Grimberg le preguntó por qué se fue esa tarde del destacamento e intentó confundir los horarios respecto a su partida. Mónica respondió: “Ninguna persona tiene un reloj para marcar que tiene que ir a la comisaría a buscar a su hijo”. Grimberg insistió con planteos confusos. Maximiliano Medina, del CELS, se lo apuntó a la jueza. La jueza lo obligó a reformular.
“¿Por qué se retiró?”, insistió Grimberg.
“Usted ya la hizo (la pregunta). Ya contestó”, dijo la jueza Volpicina.
“Yo le contesto”, resolvió Moni, con total paciencia. “Señor abogado: era la única manera de sacar a mi hijo” (al ir a buscar la partida de nacimiento).
Medina pidió que quede constancia de ello.
Grimberg le preguntó luego si habló con algún funcionario en el momento para sacar a Luciano. Mónica dijo que no. Le preguntó si tenía asesoría legal en ese instante. Tampoco.
Pidió el micrófono fue otro de los abogados de Torales, Gastón Jordanes. Le preguntó a Mónica por qué cree que a Luciano le ofrecieron robar. La querella apuntó que se limitara al objeto procesal. “De eso me encargo yo”, dijo Volpicina que, finalmente, le dio la razón.
Luego Grimberg desató una risotada en la sala. Preguntó qué hacía Luciano con el carro un carro y “¿qué opinaba de que un chico de 16 años esté obligado a cartonear?”.
La presidenta del Tribunal: “Es impertinente. No sé a qué apunta”.
Mónica, de todas maneras, contestó, tranquila: “Me sentía orgullosa, porque él había rechazado dignamente una oferta de robar para la policía, con el mismo orgullo con el que hasta ahora soy la madre de Luciano Arruga”.
A las 13.30, los jueces ordenaron un cuarto intermedio.

“Todo político”

Volvieron a las 13.50.
El fiscal convocó a la testigo específica de la defensa, la mamá de Torales: Zulma Noemí Robles de Torales. Dijo que es profesora de Economía. Grimberg le preguntó, concretamente, la “circunstancia” por la que está pasando su hijo.
Zulma: “Es horrendo. Lo han tratado como un verdadero delincuente. Se le ha negado todo derecho como persona y ser humano. Dijeron que se podía fugar, que podía tomar represalias. Lo trataron peor que a un asesino”. Contó que fue a hablar con el juez Gustavo Banco (el mismo que tiene un jury de enjuiciamiento por haber pinchado los teléfonos de la familia Arruga), y que éste le dijo: “Tené paciencia, tu hijo es un perejil”. El juez le dijo que el tema era “todo político” y le dijo también: “No justifico estar 6 meses por un moretón” y “yo hago lo que mis jefes me ordenan”.
La presidenta del Tribunal la interrumpió: “Las decisiones judiciales no están en tela de juicio cuando se juzgan otras cosas”.
Grimberg le preguntó cómo se compone su familia. Además de Torales, hay otros dos miembros que pertenecen a Policía Bonaerense. Dijo que Torales desde chiquito quiso ser policía.
La mujer agregó: “La Policía no me preguntó nada. Le corresponde esto también”.
No más preguntas.

Traumatismos

Luego fue el turno -por separado- de dos profesionales de la salud.
La primera fue la médica legista María Fontela, que en septiembre de 2008 trabajaba en el Cuerpo Médico Forense de La Matanza. De su informe surge que Luciano “no presentaba lesiones traumáticas”, apuntó el fiscal Longobardi. “Es así”, respondió ella. “Cuando un aprehendido es acompañado, se le saca a ropa, los pantalones hasta los tobillos”. Explica que se lo ve con luz especial, se le hace levantar los brazos y que gire. Ella no vio nada.
Ante la pregunta del fiscal, Fontela apuntó que “hay heridas que si son muy recientes o añejas no se pueden notar”, y “que no siempre los hematomas colorean la piel”, sino que “hay tocarlo”. Pero si las heridas no se notan, entonces no hay tacto. Ella afirmó que no tocó a Luciano.
Después de Fontela, pasó el médico Gabriel González, que el 22 de septiembre 2008 hacía guardias en el Policlínico de San Justo. Él firmó el certificado donde constaban las lesiones que sufrió Luciano. Cuenta que a las 23 horas de ese día atendió al “paciente” Luciano Nahuel Arruga. “Traumatismo región facial, de frente y lado izquierdo”, anotó. Le pidieron describir la lesión: “Es un golpe, simple, no hay hematoma. Es inflamatorio”.
Especificó que sin “marca” no consignan golpes pese al dolor del paciente.
La querella le pidió más especificidad. “Se produce con golpe con un artefacto romo. Puede ser puño o superficie lisa”. No recuerda más detalles. La defensa de Torales pregunta si pudo ser un cachetazo. González remarca: “Es raro que sólo un cachetazo deje un traumatismo”. Dinard, del CELS, pide que esa respuesta conste en actas.

Medio rengo

Se llamó al estrado a Juan Gabriel Apud, amigo de Luciano desde los 5 años. Vivía a la vuelta de su casa. Él fue uno de los que vio llegar al barrio a Luciano con Mónica luego de la detención. Él también charló con el joven en los días posteriores. Es zapatero. “Luciano fue detenido en varias ocasiones, solo o con amigos”, declaró. “Esa vez lo habían culpado de un ilícito y apareció golpeado, con lágrimas en los ojos”.
Apud recuordó: “Tenía un moretón en el pómulo”. En ese momento no contó nada. “Caminaba medio rengo. Tenía un golpe en uno de los tobillos”. Contó que al otro día pudieron hablar un poco más. “Lo golpearon mucho”, señaló. “En la espalda tenía rayas, como si fueran con el bastón que usa la policía. Lo tiraron al piso, lo golpearon, lo escupieron. Desde ahí empezó a cambiar su modo de ser. Ya no quería salir con el carro. Tenía miedo por los policías, que le decían que vaya a laburar a otra zona”.
Grimberg, al igual que a lo largo de toda la audiencia, pidió leer fojas del expediente para marcar una contradicción. Para la fiscalía y el particular damnificado no había tal contradicción: eran dos formas distintas de expresar lo mismo El Tribunal dio lugar. El abogado ancló en un detalle menor: Apud había declarado en un principio que Mónica traía a Luciano como “arrastrando” porque “no podía caminar”. El joven: “Es una forma de decir. Estaba apoyado alrededor del cuello de su madre”.
El último testimonio fue de Rocío Gallegos, quien vivía con Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, cuando fue la detención ilegal del adolescente. “Vanesa estaba preocupada por cómo le habían pegado a su hermano”, declaró. “Ella habló con Torales, le dijo: ‘Vos le dijiste que lo iban a violar’”. Gallegos recordó los diálogos que mantuvo con Luciano en los días posteriores, cuando el joven estaba asustado tras la detención. “No sé qué hacer porque la policía no me deja circular cerca de mi casa”, decía Luciano.
Al igual que cada uno de los testigos, Gallegos señaló que Luciano cambió después de la detención: “Lo empecé a ver diferente, venía más tiempo a casa. Con el tiempo me di cuenta que estaba pidiendo ayuda”.

Condena social y justicia

A Luciano lo desaparecieron cuatro meses después de esta detención ilegal. Desde el 31 de enero de 2009 la familia lo buscó incansablemente.
La noticia de la identificación de su cuerpo llegó el 17 de octubre de 2014, luego de que se aprobara el habeas corpus que obligó al Estado a poner en marcha los mecanismos para su búsqueda. En todo ese tiempo, quien impulsó la investigación fue la propia familia. A raíz de ese descubrimiento, se supo que Luciano había sido atropellado a las 3.21 de la madrugada en el cruce de General Paz y Emilio Castro en un episodio al menos confuso, mientras parecía querer escapar cruzando a la carrera la General Paz, que fue trasladado por el SAME, que falleció el 1º de febrero de 2009 a las 8 de la mañana en el Hospital Santojanni,. Allí lo catalogaron como NN y ese fue su destino en la Morgue Judicial y el Cementerio de la Chacarita hasta 2014.
Después de años de construcción de condena social, este lunes comenzó otra instancia.
Se espera para este martes el testimonio de Vanesa Orieta.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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