En los últimos veinte años aumentó un 1.000% el uso de agrotóxicos en Argentina. Ya existen estudios científicos que prueban los efectos en la salud y la justicia ya prohibió en siete casos el uso de pesticidas en cercanías de pueblos de seis provincias. Darío Aranda radiografía un modelo contaminante y excluyente.

A ilén conoció el modelo agropecuario a los cinco días de nacer: fumigaron el campo de soja vecino y tuvo su primera intoxicación con agroquímicos.
Viviana Peralta, ama de casa, mamá de Ailén, se organizó junto a sus vecinos del humilde barrio Urquiza, de la localidad de San Jorge, Santa Fe, y presentó en marzo de 2009 un recurso de amparo ante el Poder Judicial.
En primera instancia, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral N° 11 le dio la razón a Viviana y los vecinos: prohibió fumigar a con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares si el método utilizado era terrestre, y a 1.500 metros si la aspersión era mediante avionetas. En diciembre de 2009, segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial volvió a darle la razón y solicitó al gobierno provincial y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no eran perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en su salud, pero la Cámara resolvió que serían los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Y solicitaron al juez de primera instancia que determine si —estudios en mano— dejaba firme la prohibición.
En febrero de 2011, el juez Tristán Martínez falló y dejó firme la prohibición de fumigar. En diez carillas, concluyó que de los informes científicos “no surge, con grado alguno de convicción, que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario”. Explicó que luego de haber “leído y releído” los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral dejó atrás la “duda relevante” y tenía la “certeza” de que era necesario limitar las fumigaciones: “El resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta. De lo aportado no surgen elementos que avalen otra solución”.
San Jorge forma parte de la codiciada pampa húmeda, donde el modelo agropecuario, de cultivos intensivos, rara vez es cuestionado. No llamó la atención que a Viviana y sus vecinas las llamaran “locas” al señalar a las fumigaciones como responsables de las enfermedades de los niños.
Creer o reventar: desde que la justicia limitó las fumigaciones ni Ailén ni sus vecinos volvieron a padecer intoxicaciones ni problemas respiratorios.
Será justicia
Es común en el campo y en zonas periurbanas que los habitantes apunten contra los agroquímicos por las enfermedades y por la ausencia de animales que antaño eran comunes: desde pájaros hasta zorros, pasando por los peces. “Esas denuncias tienen asidero científico. Muchas veces lo observacional de la gente local es clave para que los científicos investiguen. Y es un grave error subestimar las alertas que dan los lugareños. Ellos son rehenes de un modelo productivo poco sustentable y debieran ser el primer llamado de atención para productores, políticos y científicos. Pero sobre todo, el llamado de atención, más que nada, tiene que ser tomado en cuenta por los organismos del Estado (comunal, municipal, provincial, nacional) que son los encargados de velar por la salud humana y ambiental, regulando el uso de sustancias que pueden ser peligrosas en las cercanías de los pueblos, escuelas y fuentes de agua, entre otros”, afirma Rafael Lajmanovich, responsable del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), especializado en bioecología y ecotoxicología de anfibios, licenciado en biodiversidad y doctor en Ciencias Naturales. Este investigador del Conicet tiene 47 años, hace quince que aborda el tema agroquímicos y es autor de 85 publicaciones científicas.
San Jorge no es un caso aislado.
En 2003, cuando la soja comenzaba su crecimiento geómetrico sobre el norte argentino, campesinos formoseños de Colonia Lomas Senés, al sureste de la provincia, denunciaron ante la Justicia que las fumigaciones de un empresario vecino les arruinaban sus chacras y morían sus animales. En una medida inédita para Formosa la jueza, Silvia Amanda Sevilla, prohibió las fumigaciones en la zona. Fue declarada enemiga de los empresarios agropecuarios, entre quienes había políticos. Comenzó entonces un proceso de hostigamiento que finalizó en 2007 con su destitución. Sevilla jamás lo dudó: “Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones”. Ningún otro juez de Formosa volvió a limitarlas.
En marzo de 2008, el Tribunal en lo Criminal N°2 de Mercedes prohibió las fumigaciones en la zona periurbana de la localidad de Alberti. Estableció un límite para las fumigaciones aéreas: a dos kilómetros de centros urbanos. También dispuso que la Asesoría Pericial Departamental elaborara un informe médico “que ilustre sobre las consecuencias que puede acarrear a las personas y bienes animales y vegetales la fumigación con glifosato”.
El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, ganó notoriedad en 2002 por la gran cantidad de enfermos de cáncer (200 casos en 5.000 habitantes) y niños con malformaciones. Al este, norte y sur estaban rodeados de campos de soja y las fumigaciones llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. En diciembre de 2008, la justicia cordobesa prohibió a los productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio. Estableció que la infracción a esta norma era un delito penal y apuntó contra el glifosato y el endosulfán. La medida impidió utilizar agroquímicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones eran aéreas, la distancia mínima debía ser de 1.500 metros.
La Leonesa y Las Palmas son municipios ubicados a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian, desde el año 2002, el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en las plantaciones de arroz que lindan con el barrio. Alertaron sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntaron al glifosato, al endosulfán, al metamidofos, el picloran y el clopirifos. En agosto de 2011, luego de una primera y segunda instancia favorable a los vecinos, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco confirmó una medida cautelar que fijó límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si eran aspersiones terrestres, y a dos mil metros para las aéreas. El máximo tribunal chaqueño también protegió, por primera vez en esta instancia, los cursos de agua. Remarcó la vigencia del principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras. Priorizó la salud por sobre la rentabilidad, llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios y exhortó a los municipios a dar respuesta urgente a la población.
Antillas es un pequeño pueblo de Salta rodeado, literalmente, de soja, en el límite con Santiago del Estero. Allí viven mil personas. Las fumigaciones llegaban hasta la escuela primaria N°4.413 y hasta la sala de primeros auxilios. Ante una denuncia de los vecinos, el Juzgado Correccional N°2 prohibió, en septiembre de 2011, las fumigaciones en las cercanías de las viviendas. Desde entonces no se puede fumigar con avioneta a menos de 1.500 metros y a no menos de 300 si las aspersiones son terrestres. La demanda apuntó al glifosato y al endosulfán, pero la sentencia prohibió todo tipo de fumigaciones.
Cristina Monsalvo y Víctor Fernández presentaron en diciembre de 2008 un recurso de amparo para que su vecino de la localidad bonaerense de Alberti deje de fumigar frente a su casa. Solicitaron que la justicia fije un límite mínimo de 200 metros. La Cámara Penal de Mercedes denegó la prohibición y los denunciantes recurrieron a la Suprema Corte de Buenos Aires. El 8 de agosto pasado el máximo tribunal provincial falló a favor de la familia denunciante. Prohibió fumigar al productor a menos de 1.000 metros de las viviendas. En los fundamentos. El fallo resaltó la importancia del “principio precautorio” establecido en la Ley 25.675, según la cual “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberán utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.
El primer caso que llegó a juicio penal, luego de dos meses de audiencias, terminó condenando aun productor agropecuario y un aerofumigador. Fueron encontrados culpables de contaminar y afectar la salud de la población. Recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión condicional: no es de cumplimiento en cárcel. Fue por el caso del barrio cordobés Ituzaingó Anexo. La condena se fundamentó en base a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051. Las Madres de Ituzaingó cuestionaron el fallo porque exigían cárcel efectiva. La organización Paren de Fumigar de Córdoba y uno de los denunciantes, el doctor Medardo Ávila Vásquez, coincidieron en que fue el primer fallo de este tipo en Argentina. Remarcaron que el tribunal consideró que la fumigación con agrotóxicos es delito y tiene condena.
Estudios
“No hay pruebas”, suelen argumentar las empresas, los periodistas y los funcionarios que defienden el modelo agropecuario. La Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco (espacio gubernamental, creado en diciembre de 2009) realizó un relevamiento en base a datos oficiales. Sus Conclusiones:
Los casos de cáncer en niños se triplicaron.
Las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400%.
Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas.
Las malformaciones corresponden a datos de toda la provincia.
“Respecto de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos anuales a partir de 2002.
En La Leonesa, en el período 2000-2009, se comprueba un incremento notable que triplica la ocurrencia de cánceres en niños”, afirma el trabajo de la Comisión oficial.
En la década de 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año: 1 caso cada 60 meses.
En el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año: 1 caso cada 20 meses.
“Los valores se encuentran por encima de lo esperado, incrementándose notablemente en los últimos diez años, período en el que los casos registrados triplican la ocurrencia de cáncer en niños menores de diez años”, detalló la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. De esta comisión participa el Ministerio de Salud Pública, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Salud de Nación, la Universidad Nacional del Nordeste y el Ministerio de Producción.
Otro dato preocupante: en una década se cuadruplicaron en toda la provincia del Chaco los casos de malformaciones en recién nacidos.
En el lapso de un año, entre 1997-1998, hubo 24.030 nacimientos, entre los cuales se contabilizaron 46 malformaciones.
Una década después, entre 2008 y 2009, se registraron menos nacimientos: 21.808. Pero se multiplicaron las malformaciones: 186 casos.
El informe oficial detalla que se pasó de un índice de malformaciones de 19,1 a 85,3 por cada 10.000 nacidos.
De 1997 a 1998 hubo un promedio de 4,9 casos por mes. De 2001 a 2002 creció a 7,5 casos. Entre 2008 y 2009 aumentó a 16,8 casos mensuales.
Los datos corresponden a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia. Luego de divulgarlos en este primer informe, la Comisión investigadora fue desactivada por el gobernador Jorge Capitanich.
Pero no fue el único estudio. Rafael Lajmanovich, del Conicet, y la Universidad del Litoral, probó cómo los agroquímicos afectan a los anfibios: disminuyen la población y producen malformaciones. Lajmanovich aclaró que es distinto el efecto en anfibios que en humanos, pero recordó que los anfibios son reconocidos mundialmente como “los canarios de la mina”, es decir, indicadores ambientales altamente sensibles para prevenir efectos en poblaciones humanas.
En la Universidad Nacional de Río Cuarto un grupo de investigadores, dirigido por Delia Aiassa y Fernando Mañas, realizaron estudios en grupos de personas y confirmaron: las personas expuestas a agroquímicos tienen mayores valores de daño genético que la población general. Estas alteraciones pueden conducir a numerosas enfermedades: alergias, trastornos reproductivos y tumores cancerígenos.
Revelaciones
Este año, en el marco del juicio por fumigaciones en el barrio Ituzaingó, se conoció un estudio oficial en el que se analizó a 142 niños del barrio. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre”, explicó la médica Inés Flamini, de la Unidad de Pronta Atención N° 28, el centro de salud vecinal. La médica reveló que hay niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo. El trabajo, llamado Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del barrio Ituzaingó Anexo, fue realizado en el marco de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos del Ministerio de Salud de Nación.
Sin dudas la investigación que más nervios provocó en los defensores del modelo agropecuario -desde productores y empresas, hasta funcionarios nacionales- fue el trabajo de Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Medicina e investigador principal del Conicet. Carrasco investigó el efecto del glifosato en embriones anfibios y en abril de 2009 lanzó el alerta: “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión”. Sobrevino una campaña de desprestigio mediática, política y científica, que incluyó al propio ministro de Ciencia, Lino Barañao, férreo defensor del modelo transgénico.
Modelo
En 1990 en Argentina se utilizaron 35 millones de litros de agroquímicos. En 1996, cuando se aprobó la soja transgénica, ya se utilizaban 98 millones de litros. En 2011, los campos argentinos se rociaron con 370 millones de litros. En 20 años, aumentó 1.057% el uso de agrotóxicos. Los datos corresponden a la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), en base a datos de las propias empresas.
Javier Souza Casadinho, referente de Rapal y docente de Extensión y Sociología Rural en la Facultad de Agronomía (UBA), explicó que no se trata sólo de la soja y el glifosato, aunque la extensión del cultivo —56 por ciento del suelo cultivado del país— lo impone como el enemigo más popular. El problema incluye también al maíz, las plantaciones forestales, la horticultura, el tabaco, floricultura y los frutales, entre otros. Además del glifosato, que es el agroquímico más usado en el país, tienen incidencia el clorpirifos, bromuro de metilo, 24D, paraquat y endosulfán.
“La utilización desaprensiva y sin atender a criterios ecológicos se da en todas las actividades agrícolas y tiene que ver con el modo de producción vigente. El modelo productivo imperante basado en la producción de monocultivos relacionado con la utilización de semillas mejoradas (a veces transgénicas), fertilizantes y obviamente los plaguicidas trasciende a la producción de granos”, explica Souza Casadinho. Recuerda que, de igual manera que en la pampa húmeda con la soja, la lógica tóxica se verifica en la producción de hortalizas del área metropolitana de Buenos Aires, en la de manzanas y peras, en el Alto Valle de Río Negro y en la producción de tomate y tabaco en el norte del país.
El fondo del asunto: “Un modo de producción agropecuario excluyente y altamente demandante de capital que determina una creciente expulsión de productores, una pauperización en las condiciones de vida y trabajo de la mano de obra y contaminación ambiental, seres humanos incluidos”.