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La ley del abuso

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Marta Pelloni. Creó una red en defensa de la infancia, en un paisaje donde el abuso sexual y la trata, protegidos por el poder, son cosa de todos los días. Instalada en Goya, recorre toda la provincia correntina para denunciar ante la justicia y los medios lo que todos callan. Para ella un flagelo es el machismo. La mejor defensa: crear poder social.

La ley del abuso
En la plaza central de Goya se puede ver de un lado a la Municipalidad. Y enfrentada a ese edificio, la escuela Santa Teresa, que alberga a la Red Infancia Robada, la Fundación creada por la hermana carmelita Marta Pelloni. Hace mucho que Marta está acostumbrada a mirar desde enfrente al poder, que en Corrientes no es sólo político ni municipal.
Por eso esta monja que en los 90 menemistas movilizó a la sociedad catamarqueña y ayudó a liberarla de la dinastía política de los Saadi, a partir del caso María Soledad, hoy puede hablar sobre homicidios de niños por agrotóxicos, abuso sexual infantil, trata de personas, machismo patriarcal, y una especie de naturalización de la violencia en dos lugares crecientemente peligrosos: la propia casa, y el llamado segundo hogar, la escuela.
El saqueo
El tema de los chicos intoxicados y muertos por agroquímicos dispara la charla: “Lo único que importa es que la cosecha rinda más, por eso se usan agrotóxicos, empezando por el intendente de Lavalle, que también tiene campos tomateros. El resultado posterior es tremendo: hemos constatado nacimientos con malformaciones, casos de cáncer que abundan en determinadas zonas de nuestro campo. Otra causa de enfermedades son los transformadores eléctricos, que han provocado en vecinos casos de cáncer de hígado, de pulmón, y leucemia”.
¿Y qué se hace frente a eso?
A nivel sanitario no se está haciendo nada. A nivel nacional no hay decisiones políticas. De lo contrario Monsanto no estaría instalada en el país. Si nuestra Presidenta dice que Monsanto siga con el gran comercio de la soja y los agrotóxicos, vamos a seguir comiendo veneno. Y va a morir gente. No hay decisión de cambiar esto porque los intereses económicos son muy grandes.
¿Y aquí en Corrientes?
Tampoco se hace nada, porque los que manejan el poder son los mismos que manejan los campos. Hemos naturalizado todos los antivalores que nos destruyen como seres humanos, en este caso la salud. Y no digamos en el orden ético, de la violencia. En todos los órdenes. Por eso creamos la Red Infancia Robada. ¿Sabés por qué es el nombre? Por todo lo que le roban a la niñez: salud, educación, familia, contención, felicidad.
Ley, educación y pedofilia
Infancia Robada ya creó 27 Foros Sociales en distintas ciudades del país. El pasado 30 y 31 de octubre hicieron su primer congreso nacional, en Santa Fe, donde 200 delegados compartieron la experiencia de trabajo de abogados, asistentes sociales, comunicadores y colaboradores. Al abrir el encuentro, la hermana les dio un consejo. “Traten de evitar hacer capacitaciones sobre trata y abuso en espacios donde el convocante sea el gobierno, llamese municipio, provincia o Nación. Tienen que participar, por supuesto, pero no convocar, porque no sabemos nunca al lado de quien nos estaremos sentando”. Como ejemplo, ofreció la reciente denuncia del caso de la localidad correntina de Empedradro, sobre violaciones y abusos que involucran a altos funcionarios locales.
Uno de los temas con los que más trabaja es con mujeres explotadas sexualmente. En su página web hay al menos 21 testimonios de casos de trata de chicas para prostitución. “Es un modo de socializar los temas, que se conozcan y se discutan. Pero si uno habla de trata, tiene que tener en cuenta que el antecedente es el abuso sexual. Y aquí en Corrientes ese tema es tremendo. Tenemos una causa contra un docente y abogado que estuvo 25 años canjeando calificaciones por sexo en la escuela secundaria. Abogado y docente. Fue en Curuzú Cuatiá. Como era bisexual, lo hacía con chicas y chicos. Pero además aparece lo corporativo. Todos en la escuela lo sabían y nadie lo decía. Y no era el único. Empezaron a aparecer datos de otros profesores y de preceptores”.
Martha recuerda otro caso: “Profesor de Ciencias de la Educación, o sea que de noche trabajaba en un colegio de formación docente. A los 8 años había sido violado en las vías del tren. Era una víctima, pero como pasa con todas las víctimas de abuso en este provincia, fue silenciada. Trabajaba en un colegio secundario, y las chicas contaban que sus compañeros iban a ver a este profesor para canjear entradas al boliche por sexo”.
¿Hay más abuso, o hay más difusión de estos casos?
Creo que se sabe más. Pero sigue siendo difícil cambiar la mentalidad del poder. Cuando llevamos niñas y niños abusados a tribunales, muchas veces los jueces me han dicho: “Pero esto es cultural, hermana”. Yo les contesto: “Pero usted y yo tenemos una formación y sabemos que los antivalores hay que tratar de transformarlos en valores. Yo le vengo a pedir justicia, y una responsabilidad en la prevención”. Pero claro, qué puedo esperar si me he encontrado con jueces pedófilos: me lo contaron las mismas esposas.
Poder/tener/placer
La hermana Pelloni se formó en los sectores más comprometidos de la Iglesia, conoció a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, desaparecidas en diciembre de 1977 por trabajar junto a las Madres de Plaza de Mayo y los familiares de las víctimas de la dictadura. Martha hizo méritos para ganarse una ficha de los servicios de inteligencia militar. “Muy interesante, me catalogaban como tercermundista, izquierdista, esas cosas”.
¿Cómo entender esta situación de abuso que describe?
Hay tres cosas: el poder, el tener y el placer. La persona se vuelve poderosa y ambiciosa, y el poder corrompe, empezás a pisar gente, a quitarle la tierra. Te convertís en aplastador de seres humanos. El poder puede ser un valor que me hace grande en dignidad, o esa corrupción que te digo. Lo mismo con el dinero. Podés ser muy feliz y hacer cosas buenas. Pero cuando sos egoísta, te morís con el dinero.
Puerto Madero: niños en oferta
¿Y el placer?
Pasa lo mismo. Se degenera. Es instintivo, y si no lo conducís querés siempre lo nuevo. Si sos un viejo querés una chica de 15, y un degenerado quiere un bebé. Yo soy muy amplia con respecto a la diversidad, pero que me degeneren un niño… Yo te puedo decir que en Puerto Madero hay un hotel –un hotel, no un prostíbulo– que reparte tarjetas vip y tienen chiquitos en exposición. Me lo confirmaron policías que están en esto. Y aquí en Corrientes para custodiar los locales donde prostituyen menores, los policías cobran 8 mil pesos por fin de semana.
¿Quién le contó todo esto?
Un policía, que a su vez abusó de sus hijitos. Yo lo tenía trabajando porque era uno de los que rescataba menores de los prostíbulos hasta que me enteré de todo esto. Tampoco es una cuestión solamente de policías. El gobierno provincial jamás dice nada sobre los abusos, los prostíbulos o los nombramientos de jefes policiales de la peor calaña.
Cámara oculta
La hermana y su fundación vienen denunciando desde hace años los casos de trata de personas y pedofilia. El año pasado, por nota pública, la Red Infancia Robada señaló al profesor y pedófilo Julio Maldonado, que en una escuela del Paraje Cebollas fue denunciado por varios alumnos que recibieron mensajes en los que les proponía tener relaciones, les pedía dinero y les enviaba fotos en las que aparecía desnudo. Las autoridades institucionales no hicieron nada. La monja tuvo que enviar la carta al ministerio de Educación y al propio gremio docente (SUTECO), debiendo aclarar que lo hacía por el “interés superior de los niños”. Deja constancia de que en un viaje en el colectivo desde el paraje Maldonado abusó de un niño de seis años, tema que no tuvo empacho en reconocer en la propia escuela (“lo estaba ayudando”, dijo en referencia a haber manoseado a un niño). Todo quedó asentado en la escuela, frente a lo cual la rectora del establecimiento no hizo absolutamente nada.
El caso del otro docente y abogado pedófilo (el que canjeaba sexo por calificaciones) tuvo una derivación inesperada, que la hermana Pelloni relata del siguiente modo: “No tenía pruebas para denunciarlo, pero un día me crucé con un productor que vivía con una jovencita de 20 años. Habían tenido un hijo, y este hombre me cuenta que la joven había sido violada por ese profesor. Y se le pudo hacer una cámara oculta”
Así, andando y conversando, Infancia Robada ha logrado meterse en las zonas más oscuras y reunir testimonios sobre la trama más difícil de la explotación sexual, que es la relacionada con la pobreza y la destrucción de los vínculos más básicos: “He tenido varios casos de madres que venden a sus hijas. Volvemos al tema cultural, una cosa terrible donde aparece el abuso sexual por parte del padre, del hijo, de los hermanos, de la madre”.
El cambio
Metida en medio de un panorama tan desolador, la hermana Martha no peca de pesimista. Dice con su eterna media sonrisa: “No todo está perdido. Creo que lo necesario es organizarse y crear poder social. Ese poder construye cosas que ni esperamos conseguir. Nos ha pasado hasta que un jefe militar nos pida la capacitación para los soldados, los oficiales y suboficiales y así dimos una charla sobre abuso sexual doméstico, y sobre explotación y trata.
¿Cómo se crea poder social?
Difundiendo los temas, hablándolos, dándolos a conocer. Ustedes, los medios de comunicación, son para nosotros una herramienta indispensable. A mi me costó ganarme la credibilidad social en mi propio entorno porque todos pensaban: “Esta monjita lo que quiere es terminar en un cargo político”. Pero no es así. Nunca lo fue. Acá no hay ningún color partidario. Es algo que cuido justamente porque trabajamos para todos. Porque estamos hablando de la dignidad del ser humano, sobre todo de las mujeres y de los niños.
Marta Pelloni tiene convicciones fuertes y una de ellas es la siguiente: no existe decisión política para luchar contra la explotación sexual: “La mentalidad machista patriarcal que tienen los dueños del poder y la plata no tiene arreglo por ahora. El que tiene plata paga por sexo. Pero creo que la mentalización de la sociedad puede lograrse. Somos abolicionistas, creemos que hay que lograr que se penalice al que paga por sexo, y al que explota a las mujeres. Y creemos que a las mujeres hay que darles todo para que tengan dignidad en su trabajo, en su familia, en su ser mujer”.

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7 años sin Lucía: Salvando el corazón

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Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.

Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre,  Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

Por Anabella Arrascaeta

Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.

Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año. 

Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?

Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos. 

Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso? 

Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron. 

En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata? 

La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

7 años sin Lucía: Salvando el corazón

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?

Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando. 

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

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Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

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