CABA

La reforma agraria, al revés

Publicada

hace 14 años

27/04/2011

Desmontes masivos, pérdida de biodiversidad, desalojos violentos, concentración de tierras y asesinatos. El lado silenciado del modelo sojero es revelado en esta investigación de Darío Aranda, especial para mu.

La reforma agraria, al revés Sandra Elisabeth Juárez, la Ely Juárez, campesina santiagueña, de palabra firme y sonrisa sincera. El lunes 25 de marzo de 1996, a 1200 kilómetros de su casa, sucedió un hecho que ella nunca conoció, pero cambiaría su vida y la de miles de campesinos. El gobierno de Carlos Menem firmó la autorización para la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Una década y media después ese cultivo pasó a ocupar de seis millones a 19 millones de hectáreas, lo que ya representa el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Otro dato: en 1997 las exportaciones de soja sumaban 3200 millones de dólares; diez años después, 16.000 millones de dólares. Un negocio millonario en el cual siete cerealeras concentran el 83 por ciento de las exportaciones y el Estado obtiene el 35 por ciento en concepto de retenciones. El modelo sojero tiene un rostro menos difundido: 200.000 familias fueron expulsadas de sus territorios, existen al menos ocho millones de hectáreas en conflicto con campesinos e indígenas, hubo un aumento exponencial del desmonte y se acentuó la concentración de tierras en pocas manos. A 15 años del hecho que más cambios provocó en la agricultura contemporánea, la Ely Juárez, como la llaman en su pago, 32 años, madre de dos niños, ya no sonríe: falleció al enfrentar una topadora que pretendía expulsarla de su tierra. El costo humano de un modelo publicitado como exitoso.
Ruidos y nueces de la 125
El lunes 21 de marzo de 2011, el Ministerio de Agricultura de Nación envió una gacetilla que era esperada desde hace años por los actores vinculados a los agronegocios. “La cosecha 2010/2011 supera las 100 millones de toneladas”. Es la mayor de la historia. La soja representa ya la mitad: 50 millones de toneladas. Apenas 10 años antes solo representaba el 10 por ciento de la producción de granos del país. El fenómeno tiene una explicación: “Se trata de un modelo basado en la extrema sojización, motorizado por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el libro Del paro agrario a las elecciones de 2009. Estos economistas hacen un detallado análisis de la estructura agraria argentina. Afirman que ninguno de los actores de la Resolución 125 cuestionó el modelo sojero y aseguran que esa polémica medida de ninguna manera ocasionaría la quiebra de los chacareros (como sostenía la Mesa de Enlace) ni tampoco implicaba una medida distributiva (como prometía el Gobierno). En base a datos del Ministerio de Agricultura, aportan cifras precisas:
Entre 1997 y 2008 las exportaciones pasaron de 3.232 millones de dólares a 16.298.
En once años, el complejo sojero representó exportaciones por 86.338 millones de dólares. Equivalente a 96 veces el presupuesto anual del Ministerio de Salud de la Nación.
Un puñado de empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja: Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera.
El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías: Bunge, LDC-Dreyfus, Cargill, AGD y Molinos Río de la Plata.
El 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores: Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata.
Ninguna de estas compañías sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la Resolución 125. “Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávits de la balanza comercial y fiscal, necesarios para –entre otras razones– hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo, al ´campo´ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguna de las dos partes en conflicto criticó al modelo sojero, que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Teubal y Palmisano.
32 hectáreas por día
Doña Ramona Bustamante tiene 82 años. Siempre vivió y trabajó en el mismo campo, Puesto de Castro, al norte de Córdoba. En 2004 llegó hasta el lugar un grupo de chacareros que echó de sus parcelas históricas a decenas de campesinos. A doña Ramona le derribaron el rancho con una topadora, mataron sus animales y contaminaron el pozo de agua con gasoil. Semanas de vivir a la intemperie, meses de intimidaciones y una decisión: “Ni un metro menos. La tierra es nuestra”, gritó la abuela, quien junto al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) recuperó su tierra y se transformó en una referente de la lucha contra empresarios y productores sojeros.
Córdoba es una de las provincias pilares de este modelo. El monocultivo creció de forma geométrica y avanzó sobre bosques y territorios que se destinaban a la ganadería. El avance de la soja y el desplazamiento ganadero acentuó dos consecuencias, desalojos y desmontes. Marcelo Cabido y Marcelo Zak son investigadores principales del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv) de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet. En su investigación Deforestación, agricultura y biodiversidad analizan la situación y alertan:
La tasa de deforestación de Argentina es del 0,8 por ciento anual, según datos la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), el doble que el Amazonas (0,38 por ciento).
Córdoba registra una tasa de deforestación del 2,93 por ciento, casi cuadriplica la media nacional y es trece veces mayor que la media mundial (0,23 por ciento).
“Las tasas de deforestación sufridas año a año por los bosques cordobeses no tienen parangón a nivel mundial, superando incluso a las correspondientes a bosques tropicales en otros países pobres”, denuncian y remarcan la directa relación con el avance de la frontera agrícola. “Lamentablemente Córdoba constituye el más dramático ejemplo del desmonte. Por ejemplo, los procesos de expansión de la agricultura en los departamentos del norte cordobés, entre 1970 y 2000, ocasionaron la pérdida de más de un millón de hectáreas de bosques por conversión a cultivos anuales, principalmente soja”, detallan los investigadores.
A nivel nacional, en panorama no es mejor. El último Inventario Nacional de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación revela que, en el periodo 2002-2006, en el país dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas por hora. La misma Secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja.
En todas las provincias con monocultivo se observa el mismo fenómeno. Según la Secretaría de Ambiente, en Santiago del Estero, en el período 2002-2006, se arrasaron 515.228 hectáreas de bosque, un 71,61 por ciento más que entre 1998 y 2002. En Salta, entre 2002 y 2006, dejaron de existir 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998 y 2002.
Un avance sostenido
La Secretaría de Ambiente de Nación nunca se expresó formalmente sobre el avance de la soja transgénica. Recién en marzo de 2008, en pleno conflicto por la resolución 125 entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, la Secretaría difundió un documento de doce carillas titulado El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias y confirmó lo que desde hacía tiempo denunciaban movimientos campesinos y organizaciones ambientales: “La producción de soja conlleva también a problemas ambientales como la deforestación, la degradación de suelos (…). La expansión de la soja representa una reciente y poderosa amenaza sobre la biodiversidad de Argentina”.
La resolución 125, que aumentaba el impuesto a la exportación de soja, no pudo ser aplicada, votación en el Congreso mediante. La disputa entre Gobierno y Mesa de Enlace continuó, pero eso no impidió que la superficie de soja aumente: de 16,6 millones de hectáreas sembradas en 2008 se saltó a 19 millones en la campaña 2010, acompañada del incremento del precio internacional de la oleaginosa.
Nunca más la Secretaría de Ambiente, ni ningún otro ámbito del Estado nacional, elaboraron informes críticos al avance del monocultivo de soja.
La tierra en disputa
Argentina es visto como un alumno modelo en el mercado de agronegocios mundial. En 1997 se cosecharon en el país 11 millones de toneladas de soja transgénica. Catorce años después, se esperan 50 millones de toneladas. Consecuencia directa: según el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), 200 mil familias fueron expulsadas de sus territorios ancestrales con destino a los barrios empobrecidos de las grandes ciudades. Hasta el gobernador de la sojera Santa Fe, Hermes Binner, reconoció en marzo de 2008 que “el proceso de sojización ha vaciado los campos”.
El Foro por la Tierra del Chaco advierte desde 2006 sobre el fenómeno. En 1991 la población rural provincial representaba el 28,5 por ciento y en 2001 sólo era del 16,5. El éxodo tuvo un solo destino: los márgenes de las grandes ciudades.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena remarca otro dato silenciado. El modelo agropecuario actual, basado en la exportación y la producción intensiva, produce mayor concentración. El Censo Agropecuario 2002 pareciera darle la razón. El diez por ciento de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.
El censo se realizó en 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. Aportaría datos precisos, luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec: no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos obtenidos. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
Según el relevamiento de 1988 había en el país 422.000 chacras, que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos). La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), titulada La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y, en base a un entrecruce de estudios oficiales, revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
De la mano de la soja, y durante todos los gobierno de los últimos quince años, en Argentina se ejecutó una reforma agraria al revés: en beneficio de terratenientes y pooles siembra, en perjuicio de campesinos e indígenas.
Desalojos y represión
Domingo Leguizamón tiene 18 hijos, más de treinta nietos, medio cuerpo paralizado por una hemiplejia y un bastón con el que se ayuda para caminar. Nació, se crió y vive en el paraje El Calderón-Lote 5, a 60 kilómetros de la ciudad de Quimilí, pleno monte santiagueño. Integra la comunidad indígena Guaycurú y cuenta con 400 hectáreas, de donde obtiene leña y cría animales. Su parcela exhibe una particularidad: está rodeada de sembradíos de soja, que desde hace tiempo pretenden avanzar sobre el bosque nativo que preserva Leguizamón.
El 2 de noviembre de 2007, se quebró la tranquilidad del monte santiagueño. Cuarenta efectivos de infantería, con pasamontañas, chalecos antibalas y armas largas patearon la precaria puerta, se abalanzaron sobre don Leguizamón, lo esposaron, interrogaron a punta de fusil y detuvieron. Leguizamón estuvo seis días incomunicado, acusado de usurpar la tierra donde siempre vivió. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde milita la familia, denunciaron que “el actual gobierno provincial, y el sistema judicial, actúan coordinados según los intereses de empresarios sojeros, que quieren hacerse de las tierras de las familias”.
El Mocase-VC explica que el avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. “Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras santiagueñas un paraíso para grandes empresarios. Con la soja, las tierras se tornaron un bien preciado”, afirman.
No existen estadísticas oficiales de conflictos por tierras en ámbitos rurales. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, oenegés ambientales, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino, que contabilizó 164 disputas de tierras y ambientales, que afectaban a casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino: Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba.
El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y falta de respuestas estatales”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 La violencia rural en la Argentina de los agronegocios, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física. “La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd. Y señala el rol del Estado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal”.
El futuro no es prometedor. El gobierno nacional ya dio a conocer su Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016, proyecto que apuesta a aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que en lenguaje técnico se denomina “correr la frontera agropecuaria”, pero que en la vida cotidiana se traduce en desmontes y desalojos. Y a veces en algo peor.
El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, Sandra, la “Ely” Juárez falleció luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familia. Ocho meses después, el 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, en un corte ruta en el que reclamaba por el derecho a habitar sus tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.

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Monólogo de la tijera

El otro choque urbano

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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hace 1 semana

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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hace 1 semana

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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hace 1 semana

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.